El tiempo dirá si esa propuesta se cumple o no. Por lo pronto, han sido varias las reducciones que se han aplicado sobre diferentes tributos existentes. Uno de los más recientes y resonantes fue la baja parcial y temporaria de las retenciones para el campo, que en algunos productos fue total y definitiva. A eso se suma la baja de tasas para la compra de autos y motos 0 km, el fin del impuesto PAIS y la reducción de los aranceles para la importación de productos de uso personal.

A continuación, un repaso de las principales medidas de baja de impuestos en orden cronológico:

Importación vía courier

El Gobierno elevó a partir de diciembre de USD 1.000 a USD 3.000 los límites de importación de productos a través de compras a través del sistema courier, en línea con otros países de la región, y eliminó desde ese mismo mes los aranceles por los primeros USD 400 para las compras de bienes destinados a uso personal. En este último caso, los bienes sólo tributan ahora el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

«Queremos que todos los argentinos puedan acceder a precios más competitivos, no solo los que tienen la oportunidad de viajar y traerse ropa, juguetes y/o pequeños electrodomésticos del exterior. Con estas medidas estamos dándole la oportunidad a millones de ciudadanos de elegir qué quieren comprar y dónde, recibiendo los productos en la puerta de su casa, y apuntando a ampliar la oferta para todos», declaró el ministro de Economía, Luis Caputo.

Un relevamiento realizado por la Fundación Ecosur arrojó datos relevantes sobre las diferencias de precios entre productos adquiridos en plataformas internacionales como Amazon y los mismos artículos disponibles en el mercado local. En el trabajo, se analizaron 24 productos pertenecientes a las categorías de electrónica e indumentaria, tomando en cuenta las nuevas disposiciones que redujeron los costos de importación a partir de diciembre.

Las conclusiones del relevamiento privado reflejaron que importar bienes desde el exterior vía courier resultaría más económico en el 88% de los casos analizados, según los valores medidos al dólar MEP. En promedio, los precios de los productos relevados resultan 40% más baratos al traerlos de afuera en comparación con las tiendas locales. Este porcentaje aumenta significativamente en categorías como la tecnología, donde algunos artículos alcanzan diferencias de hasta el 73%.

Impuesto PAIS

El impuesto PAIS dejó de cobrarse desde el 23 de diciembre de 2024, aunque que se mantuvo un 30% de retención a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

La extinción del impuesto PAIS, que cumplió su ciclo de cinco años tal como había sido aprobado en la ley de emergencia que sancionó el Congreso al iniciar el mandato de Alberto Fernández, tuvo impactos en distintas direcciones, tanto en aspectos macroeconómicos, como en el gasto turístico o el pago de importaciones de servicios como las plataformas de streaming.

La «onda expansiva» del impuesto PAIS había alcanzado dimensiones como el financiamiento de la construcción de viviendas, el fomento del turismo y del sistema previsional, fue objeto de tira y afloje entre la Casa Rosada y los gobernadores provinciales para establecer su coparticipación por ley, impactó en el precio de las importaciones de bienes y servicios con subas y bajas de alícuotas (las últimas, a lo largo de este primer año de mandato de Javier Milei), llegó a representar casi el 10% de la recaudación tributaria en 2024 y dejará un hueco de ingresos al fisco para compensar en 2025 cercano al 1% del PBI.

Eliminación y baja de retenciones

Este lunes el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto que establece la baja temporal de retenciones a las exportaciones agropecuarias. De esta manera, las nuevas alícuotas de pago de retenciones comenzaron a aplicarse esta semana, impactando en las operaciones comerciales de productos como la soja en poroto, sus derivados —aceite y harina—, además de trigo, sorgo, maíz, girasol y las economías regionales.

Hasta el 30 de junio, los porcentajes sobre los principales cultivos, quedarán establecidos de la siguiente manera: la soja (poroto) pasará del 33 al 26% y sus derivados bajarán del 31 al 24,5%, los derechos para la exportación del trigo quedarán en 9,5, del 12% que se venía aplicando, al igual que la cebada, el maíz y el sorgo. El girasol pasará de 7 a 5,5%.

En el caso de las economías regionales, había productos con alícuotas residuales de retenciones que serán llevadas a cero de manera permanente. Se trata del azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, foresto industria y arroz, las cuales generaron más de 1.100 millones de dólares en exportaciones durante 2024.

El costo fiscal de la medida alcanzará aproximadamente 800 millones de dólares, lo que equivale al 0,13% del Producto Bruto Interno (PBI), según estimaciones del economista de Analytica, Claudio Caprarulo. Este monto representa cerca de la mitad del superávit financiero obtenido por el sector público nacional en 2024, que fue del 0,3% del PBI.

Impuesto a la compra de autos y motos

A partir de la próxima semana, el Gobierno implementará una serie de medidas destinadas a reducir el costo de autos y motos, al tiempo que fomentará la importación de vehículos eléctricos e híbridos de bajo costo. Según lo anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, se trata de un ajuste en la política tributaria que busca estimular el consumo interno y la transición hacia tecnologías más limpias. Estas iniciativas incluyen la eliminación y reducción de impuestos internos y aranceles de importación, impactando directamente en los precios al consumidor.

La medida más destacada es la eliminación de los impuestos internos para los vehículos que actualmente se encuentran en el rango de precios entre 41 y 75 millones de pesos, que hasta ahora tributaban un 20 por ciento. De manera adicional, los autos cuyo precio supera los 75 millones de pesos, que enfrentaban un gravamen del 35%, verán reducida su alícuota al 18%. Según las estimaciones oficiales, esta política reducirá los precios de venta entre un 15% y un 20%, lo que se espera impacte positivamente en la demanda del mercado automotor.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en conjunto con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, inició la auditoría de aproximadamente 400.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Estas auditorías se centraron inicialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luego extenderse a la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país.

Según estimaciones de la ANDIS, entre el 30% y el 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de los haberes otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esto significa que entre 120.000 y 160.000 personas podrían perder este beneficio, que representa el 70% del valor de la jubilación mínima en Argentina.

Criterios de suspensión

Las decisiones de suspensión se basan en la identificación de irregularidades en el otorgamiento de estas pensiones durante las gestiones anteriores. Una revisión inicial de 2.559 casos reveló -según publica Infobae– que solo el 7% cumplía con los requisitos legales para recibir la pensión, lo que motivó la intensificación de las auditorías. Entre las irregularidades detectadas, se incluyen la presentación de documentación médica falsificada, el uso de una misma radiografía en múltiples expedientes, y casos en los que se concedieron pensiones a personas que no cumplían con las condiciones de invalidez laboral.

Además, se identificaron incompatibilidades significativas en alrededor del 35% de las pensiones otorgadas. Estas incompatibilidades se refieren principalmente a la posesión de bienes no declarados, empleo formal, y condiciones médicas que no justifican la invalidez laboral.

Quiénes serán los afectados

Las personas más afectadas por esta medida serán aquellos que actualmente reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral sin cumplir con los criterios establecidos por la normativa vigente. Este tipo de pensión está destinada a personas que, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos. Es importante destacar que estas pensiones son incompatibles con otros beneficios del Estado, como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.

Los principales afectados incluyen a aquellos beneficiarios cuyas condiciones de salud no justifican la pensión, quienes poseen bienes significativos (como vehículos, propiedades, o incluso aviones y embarcaciones) o quienes cuentan con un empleo formal. También se encuentran bajo revisión aquellos casos en los que la documentación presentada para justificar la discapacidad es sospechosa o claramente fraudulenta, como lo demuestran las radiografías de animales que fueron usadas para obtener pensiones.

Montos y requisitos para acceder a las pensiones

Para solicitar una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, es necesario cumplir con ciertos requisitos:

-no recibir otros ingresos del Estado

-no tener empleo formal

-contar con ingresos insuficientes

-ser ciudadano argentino o residente con más de 10 años de antigüedad en el país

-no estar privado de libertad en un establecimiento penitenciario

El monto de esta pensión equivale al 70% de la jubilación mínima. En agosto de 2024, este valor era de $157.878, con un aumento previsto a $164.240 en septiembre, tras un incremento del 4,03% en las jubilaciones.

Proceso de revisión y consecuencias legales

El proceso de auditoría, que ya comenzó en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, se extenderá a otras regiones del país en los próximos meses. En paralelo a estas auditorías, se iniciaron denuncias penales para investigar y sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas. La Agencia Nacional de Discapacidad, en coordinación con el Ministerio de Salud y la justicia, busca no solo depurar el sistema de pensiones sino también responsabilizar a quienes participaron en la gestión indebida de estos recursos.

El Director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ha destacado que estas auditorías no buscan perjudicar a quienes realmente necesitan el beneficio, sino eliminar aquellos casos en los que la pensión fue otorgada de manera fraudulenta. Según Spagnuolo, el objetivo es restaurar la transparencia en el sistema y asegurar que los recursos del Estado se destinen a quienes realmente lo requieren.

Según la Resolución 14/2018 firmada por el secretario de Energía Javier Igaucel y publicada este jueves en el Boletín Oficial, este combo de medidas que entran en vigencia el primero de octubre próximo permitirá reducir hasta 2.350 millones de pesos de los gastos energéticos previstos para el 2019, por lo cual esa diferencia será afrontada por los usuarios.

En concreto, quedó sin efecto la una bonificación del 10% en el precio del Gas Natural por redes y del Gas Propano Indiluido por redes para todas las categorías de usuarios Residenciales que registren un ahorro en su consumo igual o superior 20% con respecto al mismo período del año 2015.

Para la Casa Rosada, el «esquema de incentivos» aplicada con la «normalización» de precios iniciada en 2016 para fomentar un «uso eficiente» del gas en los hogares ya logró provocar una «señal real de escasez» del recurso y una caída en la demanda, por lo que el descuento ya no tiene razón de ser.

Además, ante los inminentes aumentos anunciados para el mes que viene, se eliminaron los topes porcentuales de aumentos máximos previstos en comparación con las facturaciones del año anterior. Esos topes mitigaban el impacto de los tarifazos y prohibían cobrar incrementos mayores al 300% para los usuarios R1-R23; de 350% para los R31-R33; de 400% para los R34 y de 500% SGP.

«Los límites de incremento así previstos carecen en la actualidad de efectos prácticos, toda vez que las variaciones tarifarias no tienen una significatividad tal que tornen operativo el tope en la factura antes previsto para la mayoría de los usuarios residenciales», explicaron.

La Resolución 14 también elevó el valor del excedente de gas consumido por los beneficiarios de la tarifa social. La normativa mantiene la bonificación del 100% del «bloque de consumo base» que le corresponde a cada familia según la zona donde vive, pero ordenó que desde ahora deberán pagar 100% del precio del gas que consuman por encima de los metros cúbicos subsidiados. Antes, solo pagaban el 75% del valor del consumo extra.

Asimismo, se modificaron las «tarifas máximas» para las entidades de bien público, que eran equivalentes a las de la categoría «Residencial», con una reducción del consumo de 15% o mayor. Desde octubre, a estas entidades se les aplicará el cuadro tarifario para usuarios con reducción del consumo igual o superior al 10%.

En este punto, la Resolución sostuvo que «el espíritu del esquema de bonificación por ahorro en consumo no fue proporcionar una forma de subsidio adicional a usuarios que por su situación socio-económica particular tuvieran dificultad en el pago del servicio público, sino reducir progresivamente los subsidios al sistema de gas natural, transmitiendo a la demanda una señal real de la escasez del recurso».

Para solicitar la «Tarifa Diferencial» las Entidades de Bien Público deben inscribirse en el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad. «El CENOC es el organismo de la Nación en el que se inscriben aquellas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de todo el país que buscan darle visibilidad a su trabajo, y aquellas que participan o desean participar de manera articulada en planes, programas y proyectos impulsados desde el Estado nacional orientados a la promoción de políticas de inclusión y desarrollo social», aclararon en la web del ministerio de Carolina Stanley.

Por último, la medida incrementó de 2,58% a 2,96% el recargo sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que se cobra de más en cada factura. El artículo 75 de la Ley N° 25.565 establece que este «recargo» se debe destinar al pago de viejas deudas del Estado nacional con distribuidoras de gas, a subsidiar a la garra social y solventar a las empresas que aplican «tarifas diferenciales» en Tierra Del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Rio Negro, La Pampa, Carmen de Patagones y Malargüe –según publica Ámbito-.

En esta línea, la Secretaría de Gobierno de Energía remarcó que los beneficios en el gas eran «medidas excepcionales» que buscaban «mitigar» el impacto en las economías familiares de las readecuaciones de tarifas, una vez finalizado el período de emergencia.

Según la Resolución 14/2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía, se dejan sin efecto el artículo 10 de la Resolución No 212 del 6 de octubre de 2016 y los artículos 3°, 6° y 9° de la Resolución N° 474 del 30 de noviembre de 2017, ambas del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA.

RESOLUCIÓN Nº 212 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2016

ARTÍCULO 10. – Instrúyese al ENARGAS a que, en el ejercicio de sus facultades, disponga las medidas necesarias a fin de que, el monto total, impuestos incluidos, de las facturas que emitan las prestadoras del servicio público de distribución de gas por redes de todo el país, que los usuarios deban abonar por consumos realizados a partir de la fecha de entrada en vigencia de los precios de gas en PIST establecidos en la presente resolución, no superen los montos máximos equivalentes a los porcentajes que se indican a continuación, considerados como porcentajes de incremento sobre el monto total, impuestos incluidos, de la factura emitida al mismo usuario con relación al mismo período de facturación correspondiente al año anterior:

Usuarios R1-R23: 300%

Usuarios R31-R33: 350%.

Usuarios R34: 400%.

Usuarios SGP: 500%

Los límites de incremento establecidos precedentemente sobre los montos finales facturados se aplicarán siempre que el monto total de la factura supere la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (250).

RESOLUCIÓN N° 474 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

ARTÍCULO 3°.– Determínase una bonificación del DIEZ POR CIENTO (10%) en el precio del Gas Natural por redes y del Gas Propano Indiluido por redes para todas las categorías de usuarios Residenciales que registren un ahorro en su consumo igual o superior al VEINTE POR CIENTO (20%) con respecto al mismo período del año 2015.

ARTÍCULO 6°.– Requiérese al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) que, en el marco de sus competencias, realice los procedimientos que correspondan a los efectos de que, para los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social, la bonificación por ahorro que se indica en el Artículo 3° de la presente sea calculada sobre el precio del gas que efectivamente deban pagar en cada tramo de consumo según se indica en el Artículo 4°.

ARTÍCULO 9°.– En todos los casos, la facturación resultante de la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios deberá respetar los límites establecidos en el Artículo 10 de la Resolución N° 212 de fecha 6 de octubre de 2016 de este Ministerio.

RESOLUCIÓN N° 218 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2016 (TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1°)

ARTÍCULO 1° – A los fines de la aplicación del Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público creado por la Ley N° 27.218, se instruye al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) a incorporar en los cuadros tarifarios de los servicios de distribución de energía eléctrica y de gas natural, respectivamente, la categoría «Entidades de Bien Público», fijando para dicha categoría, tarifas máximas equivalentes a las correspondientes a la categoría «Residencial» de dichos servicios, de acuerdo a los rangos de consumo que correspondan.

En el caso del servicio de distribución de energía eléctrica, la categoría que se agregue a los cuadros tarifarios deberá asimilarse, en sus componentes fijo y variable, a la categoría Tarifa T1-R «Pequeñas Demandas de Uso Residencial» correspondientes al rango de consumo de la entidad que solicita el beneficio.

En el caso de las tarifas de gas por redes, la tarifa que se agregue a los cuadros tarifarios deberá observar la misma estructura de valores unitarios máximos y rangos de consumo que el conjunto identificado como «Tarifa Residencial» correspondiente al cuadro tarifario establecido para usuarios con reducción del consumo igual o superior QUINCE POR CIENTO (15%).

El argumento para poner el tema en discusión es que la elección intermedia cuesta -según los números que repiten en la Rosada- unos 6.000 millones de pesos. Un monto desmesurado para el discurso de austeridad que quiere instalar Mauricio Macri.

La preocupación real es mantener dividido al peronismo hasta la elección general y no permitirle resolver su interna en las primarias para llegar fortalecido a los comicios.

Como supo La Política Online, la propuesta de Jorge Macri cayó especialmente bien en las filas de la gobernadora. «Estamos trabajando para eso», dijo una fuente cercana a Vidal. No obstante, el sector del Gobierno que responde a Emilio Monzó ya salió a oponerse, al creer que no tendrán consenso político para lograrlo. «No hay chances ni apoyo para derogarlas», dicen cerca del presidente de la Cámara baja.

Cerca de Jorge Macri hacen oídos sordos a esos argumentos. Creen que pueden tratarlo después de que salga el Presupuesto y -contra lo que dice el propio Sergio Massa- piensan que pueden contar con los votos del Frente Renovador y algunos votos del PJ más dialoguista con la Rosada.

«A las expresiones de izquierda les conviene eliminar las PASO y probablemente al massismo también, porque así no perderían votos por migración del voto útil. También les conviene a los medios de comunicación que se liberan de los espacios cedidos a los partidos políticos que no les reditúan y les espanta a los anunciantes habituales que no quieren quedar atrapados en medio de la campaña electoral», analizaron en diálogo con LPO desde el círculo íntimo de un intendente de Cambiemos.

En el massismo y en el PJ no hay consenso para que voten a favor de la iniciativa. Por eso, otro sector de Cambiemos explora la posibilidad de hacerlo por decreto. Las reformas políticas no pueden hacerse por esa vía, pero en la oposición creen que podrían llegar a hacerlo igual, por la incidencia en la Corte y la Justicia.

Como supo este medio, además de la Provincia hay un sector de legisladores del PRO que también estarían a favor de anular las PASO con el argumento de que son inservibles. En ese grupo está Federico Pinedo, que lo repite en su círculo íntimo, aunque asegura que el tema debe pasar por el Congreso.

Si bien en la Rosada insisten en que todavía el tema no está en discusión, es sabido que la idea desde hace tiempo entusiasmaba a Marcos Peña, que el año pasado después de las legislativas fue claro al afirmar que las PASO no cumplían su objetivo. El argumento de fondo, que todos comparten, es que la anulación de las primarias beneficiaría tanto a Macri como a Vidal, porque el peronismo llegaría atomizado y más débil a las elecciones generales.

El decreto del Presidente Mauricio Macri por el cual se elimina el Fondo Federal Solidario causó gran malestar en la región por las cifras millonarias que dejarán de percibir las Provincias y en especial los Municipios. Esto se vio reflejado en la cantidad de dirigentes opositores que salieron al cruce de Nación por la iniciativa, desde gobernadores hasta concejales. En tanto, desde Cambiemos defienden la medida.

Al respecto, La Tecla Patagonia se comunicó con el diputado nacional Gustavo Menna, quien apuntó que “el decreto hay que verlo en detalle, pero esto hace a la relación financiera entre el Gobierno y Provincia. La verdad que desde que el Presidente Macri restituyó el 15% de coparticipación que se le venía reteniendo durante todo el gobierno de Cristina Kirchner, la relación fiscal entre Provincia y Nación quedó recompuesta”.

Asimismo, Menna señaló que “Chubut creció casi el 50% las remesas de coparticipación como consecuencia de esa decisión. A la luz de eso, lo del fondo sojero no parece inequitativo. Además, son derechos de exportación, por constitución de competencia exclusiva del Estado nacional. Ese fondo sojero había surgido en la época de la disputa de la 125 como un modo de compensar a algunas provincias que adherían al reclamo del sector agropecuario”. Y sentenció: “en algún momento ese fondo iba a desaparecer”.

En sus fundamentos el diputado sostiene que “con el Decreto Nacional N° 206/2009, el Estado Nacional entendió que el establecimiento de un fondo de esta naturaleza, que directamente deriva del Tesoro Nacional a las Provincias y Municipios en forma automática, fortalece a los presupuestos de esos niveles de gobierno a la vez que aporta una rápida aplicación directa en mejora de la infraestructura, con una fuerte incidencia en la calidad de vida de quienes viven en los ámbitos urbanos o rurales”.

Ahorro fiscal

Espinosa expresó que “esta decisión se funda en el presunto ahorro fiscal para la Nación de alrededor de 8.500 millones de pesos en 2018 y 26.500 millones de pesos en 2019. Este ahorro fiscal va en detrimento de los intereses de las provincias y municipios que se verán afectados por la falta de envío del Fondo Solidario”.

“En un marco de crisis socioeconómica como la que atraviesa la Provincia del Chubut, la decisión del Ministerio de Hacienda de la Nación afecta las arcas públicas, limitando el normal desenvolvimiento del Estado Provincial y Municipal”, sostuvo.

Dufour: “Reventaran las economías regionales”

Por su parte, la diputada Gabriela Dufour dijo que el Fondo Solidario se distribuía entre las provincias y solidariamente a los municipios para la construcción “por lo tanto atenta contra los trabajadores de la construcción e implica menos obras, por lo que es sumamente dañino”.

Dijo que otra de las medidas fue el anuncio de la suspensión de los reintegros por exportación en un 66% “por lo tanto van a terminar reventando y fundiendo las economías regionales porque aumentan los costos internos como un 10% más los combustibles la semana que viene y todos los servicios, no tengo términos para calificar este Gobierno Nacional que terminará fundiendo a los argentinos con la escalada del dólar”.

Lamento que Macri no tome una medida que ayude al pueblo, “debemos unirnos todos porque esto no es un problema ideológico, es de gente que piensa en sus intereses y hoy está en riesgo el interés de la población”.