Ricardo Echegaray fue exonerado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) luego de que quedara firme la posibilidad de ejecutar la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le impuso la Justicia en la causa en la que lo condenó por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

La decisión fue comunicada a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el organismo especializado en la investigación de hechos de corrupción y control de integridad en el Estado que conduce el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. 

Según la documentación a la que accedió Infobae, ARCA informó que resolvió hacer efectiva la orden judicial de inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública y, como consecuencia, dispuso la exoneración del ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el gobierno de Cristina Kirchner.

ARCA fue consultada sobre la decisión, pero el organismo declinó hacer declaraciones.

Lo cierto es que la medida fue adoptada mediante una disposición firmada ayer y comunicada hoy a la PIA, en el marco de un expediente que seguía la situación administrativa del ex funcionario kirchnerista. En esa presentación, el organismo recaudador informó formalmente que dio cumplimiento a la orden judicial derivada de la condena que pesa sobre Echegaray y que, por ese motivo, correspondía su desvinculación definitiva de la estructura estatal.

La información fue remitida a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en respuesta a un requerimiento formulado en el expediente PIA N.º 32074. Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso al trámite, la actuación se abrió para monitorear las consecuencias administrativas derivadas de la condena y de la inhabilitación que impuso la Justicia Federal.

La decisión de ARCA no implicó una nueva valoración sobre la conducta del ex titular de la AFIP ni la reapertura de un procedimiento disciplinario autónomo. Por el contrario, el organismo entendió que debía ejecutar una consecuencia administrativa que surge directamente de una condena judicial que incluye una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los fundamentos de la medida aparecen detallados en la disposición administrativa que dio origen a la exoneración. Allí se recuerda que Echegaray fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3, que lo consideró autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometido en perjuicio de la Administración Pública. Como consecuencia de esa decisión, recibió una pena de cuatro años y ocho meses de prisión y la accesoria de inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.

La resolución administrativa reconstruyó además el derrotero judicial posterior. Luego de la sentencia condenatoria, la defensa del ex funcionario presentó distintos recursos para revertir el fallo. Sin embargo, el 12 de mayo de este año la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa particular de Echegaray.

Ese dato resultó determinante para la situación administrativa del ex titular de la AFIP.

Los fundamentos normativos y el expediente en la PIA

Según surge de los fundamentos analizados por ARCA, la situación de Echegaray quedó alcanzada por una causal específica prevista en el Régimen Disciplinario Unificado del organismo. El artículo 10 de esa normativa establece que corresponde aplicar la sanción de exoneración cuando exista imposición de pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de la función pública.

A criterio del organismo, la inhabilitación perpetua impuesta por la Justicia ya posee fuerza ejecutoria. Además, la administración concluyó que no existen recursos judiciales pendientes con efecto suspensivo que impidan hacer efectiva esa consecuencia jurídica.

De acuerdo con la interpretación realizada por las áreas técnicas y jurídicas que intervinieron en el expediente, una vez agotadas las instancias ordinarias y sin medidas judiciales que suspendan los efectos de la condena, corresponde dar cumplimiento a la inhabilitación mediante el dictado del acto administrativo pertinente. Ese acto fue, precisamente, la disposición que ordenó la exoneración.

La medida constituye uno de los efectos institucionales más relevantes derivados de la condena confirmada por la Justicia contra quien fue uno de los funcionarios más poderosos de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

En aquel entonces, hace ya casi un mes y medio, en las puertas de la corrida cambiaria de mayo que obligó a la alianza gobernante a recurrir una vez más la FMI, los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi consideraron que, mediante una “compleja maniobra delictiva”, los imputados desviaron plata que debían entregar a la AFIP y la usaron para financiar al Grupo Indalo. El agravamiento de la acusación mediante el cambio de carátula, pedido el día anterior por el fiscal Raúl Pleé, incluyó en la causa al ex titular de la AFIP, aunque en su caso no se ordenó la prisión preventiva. La jueza Ana María Figueroa, en disidencia, consideró que no había ningún motivo que justificara la intervención de Casación y priorizó “respetar el debido proceso y las garantías constitucionales y convencionales”.

Caras visibles del Grupo Indalo, que incluye a uno de los pocos canales (C5N) con espacios críticos al gobierno de Mauricio Macri, López había sido detenido el 20 de diciembre pasado por orden del juez federal Julián Ercolini, quien les había negado la libertad a pesar de que los delitos de los que eran acusados eran excarcelables.

A fines de abril la Cámara Federal de Casación dispuso la vuelta a prisión de López que fuera considerado autor del delito de «administración fraudulenta», al igual que Echegaray. En paralelo el juez federal Julián Ercolini, a cargo del caso, ya inició los trámites para el envío a juicio oral de la causa, y ahora ya le fue presentado el dictamen de elevación con la acusación de Pollicita.

López, y Echegaray están procesados por el no pago de $ 8 mil millones que debían ser destinados al ITC de parte de Oil Combustibles entre 2013 y 2015, fondos que según las acusaciones se usaron para capitalizar a otras empresas del grupo.

«Tanto López, como Echegaray, deberían ser considerados coautores del ilícito, porque justamente ellos eran los obligados de receptar, cuidar, administrar y dar destino legal a los dineros públicos que dolosamente desviaron con fines espurios», indicó en su fallo el camarista Eduardo Riggi, que coincidió con su colega Gustavo Hornos que en la causa podría sumarse el delito de asociación ilícita.

Para Pollicita hubo una «asociación ilícita encabezada desde la cúspide del Poder Ejecutivo por los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner», junto a funcionarios y «un reducido número de empresarios amigos ligados personal y comercialmente» a los expresidentes, como lo planteó el fiscal en otra causa, la de direccionamiento y corrupción en la obra pública en Santa Cruz. Para el fiscal, López está dentro de ese entramado de empresarios beneficiados por los Kirchner.

El fiscal ya había pedido identificar los activos de Echegaray para concretar el embargo de sus bienes, en su condición de procesado en la causa, además de reiterar su solicitud para que se levante el secreto fiscal sobre los bienes de López. El fiscal además había advertido sobre «una posible dilapidación» de bienes que «conspire contra el eventual decomiso de los bienes producto del delito».

La AFIP ya había pedido el juicio oral

Un mes atrás la AFIP, que es querellante en la causa, ya había pedido el juicio oral y público a los procesados, acusados de defraudación al Estado. En el escrito presentado por el abogado Ricardo Gil Lavedra ante Ercolini el organismo pidió que se los juzgue por «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».

Para el organismo recaudador hubo en la maniobra investigada «un plan sistemático urdido desde la propia AFIP en los más altos niveles de conducción», durante el kirchnerismo, consideró al exfuncionario K como autor del delito y a los empresarios como partícipes necesarios. La AFIP consideró que durante la gestión de Echegaray hubo una «planificación destinada a que los imputados pudieran desarrollar la maniobra sin ser molestados», como lo planteó el abogado del organismo al pedir el envío a juicio oral de los procesados en este expediente.

«Cristóbal Manuel López, a través de la sociedad Oil Combustibles SA, utilizó indebidamente y en su propio beneficio el dinero no ingresado para capitalizar otras sociedades del grupo económico», advirtió la AFIP en el escrito. «La maniobra imputada consistió en la irregular incorporación mensual, en diferentes planes de pago generales y en el otorgamiento, por parte del ex Administrador Federal, de planes particulares, a la vez que se omitió ejecutar la deuda», afirmó Gil Lavedra.