El fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la causa que investiga a Callejero Fino por portación ilegal de arma de guerra, solicitó en las últimas horas que el cantante sea procesado con prisión preventiva. Lo hizo tras considerar que existe peligro de fuga.

El músico está detenido desde el pasado 30 de agosto, cuando fue descubierto durante un control vehicular con una pistola calibre .40 marca Glocken su Volkswagen Amarok V6, que circulaba sin patente por la zona de Villa La Ñata, Tigre.

Al momento del arresto, Callejero Fino aseguró desconocer que tenía el arma en el vehículo y explicó a las autoridades que se trata de una camioneta que suele compartir con algunos familiares y amigos, sugiriendo que podría ser de otra persona.

Sin embargo, según supo Infobae de fuentes del caso, la Justicia de San Isidro realizó distintas medidas de prueba que permitieron confirmar que el arma era de él. Para llegar a esa conclusión, el fiscal Iribarren reconstruyó las 48 horas previas a la detención a fin de esclarecer quién había manejado la camioneta durante ese fin de semana: había sido solo el músico.

En detalle, las autoridades lograron reconstruir que Callejero Fino manejó ese viernes hasta el Movistar Arena para ir a un recital y luego se movió por las zonas de Pilar y Tigre. El día de su detención, un domingo, iba al cumpleaños de J Rei, el novio de María Becerra. Nadie más usó el vehículo.

Con esa información, la Justicia consideró “imposible” que el cantante no supiera de la pistola hallada en el vehículo y ordenó que siga preso.

El hecho y la condena previa

El cantante tiene antecedentes que fueron determinantes para que la Justicia solicite su detención: seis años atrás, el cantante cumplió una condena por robo a mano armada.

El referente del género RKT fue capturado en el cruce de Italia y Ruta 27, en la zona de Villa La Ñata, mientras circulaba con una Volkswagen Amarok V6 sin patentes. Tras notar la falta de chapas en la camioneta, personal de la Comisaría 4° de Benavidez de la Policía Bonaerense -que depende de la Superintendencia AMBA Norte I, a cargo del comisario general Lucas Borge- le cortó el paso.

La productora Wesaisons, vinculada a Callejero Fino y a otras figuras de géneros urbanos, publicó un comunicado en su perfil de Instagram con respecto a la situación del cantante.

Alli, aseguraron que el músico se encuentra “atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”.

El conductor del rodado -un empresario de Villa Rada Tilly- dio positivo a alcoholemia con 1.57 g/l luego de ser aprehendido y en una inspección ocular al vehículo se encontró un arma 9 mm. 

La aprehensión surge dado que esta persona está sospechada de haberse introducido al campo de su ex pareja lindante a su estancia y haber efectuado disparos de armas de fuego.

El hecho fue denunciado en horas de la  tarde del domingo cuando la justicia ordeno un allanamiento a la estancia “Aguada El Bozal”, al arribar personal de fuerzas especiales un hombre -identificado con las iniciales A. S.- salió raudamente del lugar dándose a la fuga, por ese motivo se dio aviso a la Comisaria Fitz Roy y a las dependencias de Caleta Olivia donde se montaron distintos retenes hasta que finalmente fue aprehendido.

Lo llamativo es que el hombre, según lo informado por fuentes políciales, posee un su haber un gran prontuario de denuncias efectuada por su ex pareja por violencia de genero y daños a su propiedad- pero la Justicia solo lo deja detenido en su domicilio por un lapso corto de horas para luego recuperar su libertad. 

Cuando el personal policial procedió a realizar el allanamiento a la estancia “Aguada El Bozal”  el resultado por la causa fue negativo.

La Justicia ordenó que Callejero Fino quede detenido por portación de armas tras un pedido realizado en las últimas horas por el fiscal Cosme Iribarren. La decisión incluye el secuestro y la apertura de su celular que, según la fiscalía, podrían contener pruebas clave para la investigación.

El cantante de RKT fue arrestado el domingo en Villa La Ñata, Tigre, luego de que la Policía Bonaerense le descubriera en un control vehicular una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada dentro de su camioneta Volkswagen Amarok, que circulaba sin patente.

La decisión de que quede detenido fue fundada en la existencia de “indicios fuertes” aportados por el fiscal que permitirían sostener que tanto Callejero Fino como la persona que circulaba con el -también detenido- participaron en la conducta investigada. El fallo, al que accedió Infobae, también tuvo en cuenta que el cantante tenía una condena previa y advirtió que existen riesgos procesales de fuga y posible entorpecimiento de la investigación.

En un principio, el fiscal caratuló la causa como tenencia ilegal de arma de guerra. Sin embargo, al momento de indagar, Iribarren agravó la imputación a portación ilegal, que conlleva una pena más dura, con un mínimo es de tres años de cárcel ante una posible condena, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. Es excarcelable.

Al momento de ser interceptado por los agentes, Callejero Fino les explicó que se dirigía al cumpleaños del cantante J Rei, pareja de María Becerra.

Según relataron fuentes del caso a este medio, al advertir que sería detenido, el cantante reaccionó con una frase de preocupación: “Me quiero matar”, dijo.

Horas más tarde, el cantante -cuyo verdadero nombre es Natanael Alvarenga- aceptó declarar ante el fiscal y negó que el arma fuera suya. Sin embargo, su defensa no fue suficiente y tras la indagatoria volvió a su celda en una comisaría bonaerense. 

El hecho y la condena previa

Los antecedentes de Alvarenga se habían convertido en una preocupación para su defensa:seis años atrás, el cantante cumplió una condena por robo a mano armada.

Esta condena, precisamente, fue la clave que consideró el fiscal Iribarren para dejar preso al cantante. “En caso de condena, sería un reincidente”, asegura una alta fuente judicial.

El referente del género RKT fue capturado en el cruce de Italia y Ruta 27, en la zona de Villa La Ñata, mientras circulaba con una Volkswagen Amarok V6 sin patentes. Tras notar la falta de chapas en la camioneta, personal de la Comisaría 4° de Benavidez de la Policía Bonaerense -que depende de la Superintendencia AMBA Norte I, a cargo del comisario general Lucas Borge- le cortó el paso.

La productora Wesaisons, vinculada a Callejero Fino y a otras figuras de géneros urbanos, publicó un comunicado en su perfil de Instagram con respecto a la situación del cantante.

Alli, aseguraron que Alvarenga se encuentra “atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”.

Alrededor de las 01:48 horas de este sábado 16 de mayo, una patrulla de la Comisaría Seccional Tercera intervino en la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Sebastián Peral, tras recibir un reporte del Centro de Monitoreo local sobre un incidente en la vía pública.

De acuerdo a la información suministrada, las cámaras de vigilancia captaron a una pareja que circulaba a pie mientras mantenía una acalorada discusión. Ante el riesgo de que la situación escalara, una comitiva policial se constituyó en el lugar para identificar a los involucrados y verificar su estado.

Pedido de captura vigente

Al momento de proceder a la identificación de los ciudadanos y consultar sus datos en el sistema MinSeg, los efectivos constataron que el masculino, identificado por sus iniciales G. E. M., registraba una orden de captura y detención por rebeldía. Dicha medida había sido dispuesta por el Juzgado Federal, por lo que se procedió a su inmediata demora y traslado hacia la sede policial.

Resolución judicial

Una vez en la dependencia de la Comisaría Tercera, se mantuvo comunicación con las autoridades judiciales competentes para informar sobre la localización del buscado.

Finalmente, el magistrado interviniente dispuso que el ciudadano recupere la libertad ambulatoria, aunque supeditada a la previa constatación de su domicilio real. El procedimiento administrativo busca asegurar que el individuo quede a derecho y pueda ser citado formalmente por la Justicia Federal en el marco de la causa que originó el pedido de captura inicial.

En un procedimiento realizado el pasado 30 de mayo de 2026, la policía del Chubut logró dar con el paradero de un hombre intensamente buscado por las autoridades del norte del país. El operativo, encabezado por la División Búsqueda de Personas dependiente del área de investigaciones (RW), culminó con la detención de Leandro Emanuel Ávila, de 29 años.

La captura se concretó en la vía pública, específicamente sobre la calle Eva Duarte del barrio Máximo Abásolo. Según informaron fuentes policiales, la detención fue el resultado de intensas tareas investigativas que se extendieron durante varios meses hasta lograr establecer fehacientemente dónde se ocultaba el sospechoso. En el momento de la aprehensión, los efectivos contaron con la colaboración de personal de la Comisaría Seccional Séptima.

Un violento antecedente en Tafí Viejo

Ávila registraba un pedido de captura vigente desde el 30 de octubre de 2025, emitido por la Justicia de la provincia de Tucumán. Se encontraba prófugo en el marco de una causa penal por robo agravado con el uso de armas y lesiones graves.

El hecho que se le imputa ocurrió en el año 2021 en la localidad tucumana de Tafí Viejo. En aquella oportunidad, el asalto fue de extrema violencia, dejando como saldo una víctima con heridas de gravedad que pusieron en riesgo su vida.

Proceso de extradición

Tras su detención en Comodoro Rivadavia, el joven fue trasladado a una dependencia policial donde permanece alojado a disposición de las autoridades judiciales intervinientes. Durante la audiencia de control de detención, la autoridad judicial dispuso que Ávila permanezca privado de su libertad por un plazo de hasta 7 días. En este período, se completarán los trámites administrativos para su traslado hacia Tucumán. El proceso de extradición ya ha sido iniciado, y se espera que en el transcurso de la semana una comisión policial de la provincia solicitante arribe a la ciudad para proceder al traslado final del detenido.

La Oficina Judicial, a través de la secretaria Paula Cabaleiro, confirmó que Agüero debe cumplir una pena de prisión de dos meses. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Penal a cargo de la Dra. Lilian Borquez y alojado en la dependencia policial.

El hecho tuvo lugar a las 22:40 horas en la calle Patagonia al 881. Los agentes procedieron a identificar al sujeto, quien se encuentra desocupado. Al chequear su Documento Nacional de Identidad (DNI) en el sistema SKUA, se constató que el hombre tenía una orden de captura activa relacionada con la causa NIC 17356 NUF 148299, emitida desde el pasado 16 de marzo.

Tras el hallazgo, se dio aviso telefónico a la Oficina Judicial, donde la secretaria Dra. Paula Cabaleiro ratificó la vigencia de la medida. La autoridad judicial determinó que Agüero debe cumplir una pena de prisión por el término de dos meses.

El Juez Penal, Dra. Lilian Borquez, intervino en la causa. Como resultado, el causante quedó alojado en dependencias policiales a la espera de la celebración de la audiencia o la aplicación de la sentencia firme correspondiente a su condena.

La intervención policial estuvo a cargo del Oficial Ayudante Brian Carinao, bajo la supervisión de la Unidad Fiscal a cargo de la Dra. Micaela Haro.

Este miércoles se confirmó que Morena Rial fue trasladada al penal de Magdalena. La noticia fue dada por su amigo Alejandro Cipolla, quien no le suelta la mano en este momento tan delicado. “Seguiré informando los avances”, comentó a través de una historia de Instagram.

Horas antes se había conocido que Miguel Ángel Pierri dejó de representarla. Fue ella misma quien decidió no contar más con él tras esta nueva detención, que se dio por incumplir ciertas medidas procesales como asistir a un tratamiento psicológico y conseguir un trabajo estable.

En diálogo con TN, el mismo Cipolla contó que ningún profesional quería atenderla para no meterse en problemas, y dio por hecho que era Jorge Rial quien se hacía de cargo económicamente de ella y su hijo Amadeo.

El hecho ocurrió sobre la avenida Tehuelches, a la altura de la Farmacia Social. Según indicaron fuentes policiales, el chofer detuvo la marcha y pidió ayuda a los efectivos, quienes subieron al vehículo y encontraron al sujeto en la parte trasera, portando un cuchillo de 22 centímetros con mango de plástico negro.

El individuo, identificado como M.O.A., de 31 años, fue reducido de inmediato y trasladado a la dependencia policial. En el lugar trabajó personal de Criminalística, que secuestró el arma. La causa quedó a cargo de la fiscal de turno y de la Oficina Judicial.

Según pudo saber TN, la defensa de la expresidenta, encabezada por Carlos Beraldi, analiza realizar presentaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en segundo término, Amnistía Internacional.

Sobre la exvicepresidenta de Alberto Fernández pesa una pena a seis años de prisión por irregularidades en la asignación de obras viales al empresario Lázaro Báez, que para la Justicia representó una pérdida para el Estado de más de $85 mil millones.

Para intentar evitar que quede efectiva la prisión -que podría ser domiciliaria ya que Cristina Kirchner tiene 72 años- la exmandataria llegó en queja a la Corte. Pero si el máximo tribunal decide no hacer lugar a su recurso extraordinario o confirma su sentencia, la defensa de la titular del PJ tiene un recurso más: llegar a organismos internacionales de derechos humanos.

Allí planteará que durante el proceso judicial, es decir, la investigación, posterior elevación a juicio y el debate se produjeron «graves violaciones a las garantías convencionales» lo que podría «comprometer al Estado Argentino en el plano externo».

Es que la defensa de Cristina Kirchner entiende que hubo connivencia entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) durante el gobierno de Mauricio Macri con los jueces y fiscales que la investigaron y posteriormente juzgaron. Esto también formará parte de la prueba que se presente.

Ante los organismos internacionales la defensa de Cristina Kirchner hará foco en el rol que supuestamente tuvo el Estado argentino para que la Justicia la condena en el expediente en el que se encontraron diversas irregularidades en obras públicas del sur del país.

En el caso Vialidad Cristina Kirchner fue condenada por fraude al Estado a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. La fiscalía de Diego Luciani, y la del fiscal ante la Cámara Villar entienden que se debe sumar la figura de asociación ilícita y llevar esa pena a 12 años.

Si la Corte da su visto bueno para que se juzgue ese delito, esto retrasaría todo el proceso porque entonces el caso volvería a instancias de tribunal oral y mientras tanto no quedará efectiva la pena ya impuesta de 6 años. «Se debe volver a juzgar todo», dijo una fuente judicial.

Se espera que al igual que lo hizo ante la Corte, CFK sostenga que hubo una incorrecta interpretación y lectura de la prueba por parte de la Justicia, como ocurrió -dice su defensa- con el decreto 54/2009, al que los magistrados le asignaron supuestas irregularidades durante el juicio.

En este sentido, la defensa de Cristina Kirchner sostiene que «jamás se impartieron directivas para beneficiar a contratistas del Estado».

Por otra parte, la exjefa de Estado planteará que no se le dio tratamiento a las pericias sobre obras y otros contratistas que pidió. «El tribunal juzgó a Cristina Kirchner por supuestos sobreprecios sin haber hecho una pericia sobre la cuestión», se quejaron en el entorno de la exvice.

En su presentación, el abogado Beraldi también recusó al juez de la Corte Manuel García-Mansilla, designado en decreto en comisión por el gobierno de Javier Milei, lo que para el kirchnerismo fue una violación a la Constitución Nacional. «El referido personaje, en la audiencia pública oficial ante el Senado de la Nación celebrada el 28 de agosto del año pasado, había declarado, ante el requerimiento específico de una Senadora, que jamás aceptaría ser designado por decreto».

Para arremeter contra el integrante de la Corte, Cristina Kirchner utilizó declaraciones que formuló el propio Javier Milei, cuando la semana pasada había sostenido que Cristina Kirchner iba a terminar presa. «Lo repitió varias veces con certeza absoluta y en forma agresiva… casi como dando una orden. Esto repercute en forma directa en la situación de un juez nombrado en comisión quien ha sido emplazado en el cargo».

El fallo contra Urribarri, quien en 2020 había sido nombrado embajador en Israel por el Gobierno de Alberto Fernández y tuvo que renunciar a raíz de una primera sentencia en su contra, fue firmado este martes en forma unánime por las vocales de la Cámara, Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.

La Justicia entrerriana considera probado -según publica TN– que Urribarri usó de forma ilegal fondos públicos para, en algunos casos, financiar sus campañas electorales a través de contratos de imprenta y publicidad, entre otras maniobras.

Los fiscales habían pedido el cumplimiento efectivo de la condena vía prisión preventiva «fundada particularmente en el riesgo serio de fuga, en atención al monto de la pena y modo de ejecución«. Para los representantes del ministerio Público «han quedado comprobadas las facilidades que tienen los imputados para abandonar el país o permanecer ocultos: se trata de personas con recursos económicos, que además se encuentran íntimamente vinculados a personas que pueden ayudarlos económicamente, que tienen capacidad para trasladarse de un lugar a otro y vínculos en el extranjero».

El exmandatario había sido condenado en primera instancia el 7 de abril de 2022, sentencia confirmada por Casación de Entre Ríos en 2023. La fiscalía pidió la detención cuando el Superior Tribunal provincial le rechazó un recurso extraordinario local, pero en un primer momento la Cámara rechazó la solicitud. La fiscalía recurrió entonces esa decisión y este jueves finalmente, se ordenó la captura.

La orden fue comunicada al jefe de la Policía de Entre Ríos, que una vez que capture a Urribarri deberá «alojarlo» en la Unidad Penal 1.

Entre los hechos juzgados, se dio por probado un esquema de retornos en cada operación financiada por el Estado provincial, o las contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro de presidentes del Mercosur que se hizo en Paraná en 2014.

Quedó probado además que esas y otras contrataciones, como la de pautas publicitarias en medios nacionales y la instalación de un parador turístico en Mar del Plata, tuvieron por finalidad promocionar la precandidatura de Urribarri a presidente de la Nación en 2015, a un costo de más de 14 millones de pesos.

El Tribunal también condenó al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, a seis años y medio de prisión: se lo acusó de uno de los delitos contra la administración pública, por ser dueño de las imprentas a la que se giraron los trabajos financiados con dinero público y funcionario a la vez, pero también por ser parte activa de la cartelización de empresas que posibilitó el desvío de fondos.

El exministro Pedro Báez también fue condenado a seis años de prisión. Otro de los exministros del entonces gobernador, Hugo Marsó, fue absuelto.

Luego de identificar a dos ocupantes, los efectivos policiales son insultados e instados a pelear por un tercer hombre que se encontraba en el asiento trasero del vehículo, por lo que resulta demorado.

En primera instancia, la demora se hace por infracción a los Artículos 161, 183, 184 de la Ley XV N° 27. 

Una vez en la dependencia, se procede a realizar el palpado de seguridad, hallando en uno de los bolsillos 3 envoltorios con sustancia vegetal color pardo verduzca.

Se solicita la presencia del personal de DDP Y LE, quienes realizan el análisis químico de campo, arrojando resultados positivos para Cannabis Sativa. El demorado tenía en su posesión 2.8 gramos.

Se procedió al secuestro de la droga en presencia de los testigos de actuación y se hicieron las comunicaciones de rigor disponiendo la imputación del hecho.

Se dio intervención a la fiscal federal Dra. Silvina Ávila.

Sin embargo, no alcanzó a estar en una unidad penitenciaria, ya que al momento de someterse a la revisión médica, se descompensó y fue derivada al Hospital Santa Teresita de Rawson, donde quedó internada.

Su abogado Patricio Romero, señaló a Diario Jornada la posibilidad de solicitar algún tipo de “morigeración de la pena” porque el cuadro de salud es “complicado”, y porque es paciente de «riesgo de COVID», por lo que no puede compartir un espacio con otras personas.

El cuadro de salud de Huichaqueo podría ser determinante en las próximas horas, para definir si cumplirá la condena de cuatro años de prisión efectiva en un centro de reclusión o la transitará de manera domiciliaria o en otro espacio adecuado.

El Cuerpo Médico Forense será justamente quién deberá dirimir sobre su estado de salud para establecer dónde deberá cumplir la condena.

“Hay un ensañamiento hacia mi madre”

Mayra, hija de la exministra salió en defensa de su madre y cuestionó que el proceso que culminó condenando a su madre por corrupción «ha sido injusto».

La joven resaltó que la causa «no se trata de robo, sino de no cuidar los recursos del Estado» y en ese contexto, manifestó en diálogo con Radio 3 que no existen pruebas contundentes que respalden dichas acusaciones contra su madre.

Y por eso aseguró que hay un «ensañamiento» y un «odio personal» hacia su madre, sugiriendo que la exministra está siendo perseguida no solo por motivos políticos, sino también «por ser mujer, política y negra».

Finalmente, sostuvo que su madre tiene «la conciencia muy tranquila» y que enfrentará esta situación ante la justicia con la valentía que la caracteriza.