El veredicto se dio a conocer este martes a las 10:40 en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, donde se llevó adelante todo el proceso desencadenado por el escándalo del documental “Justicia Divina” que Makintach protagonizaba durante el debate oral por el fallecimiento del Diez.

Según supo Infobae, los 11 integrantes del jurado de Enjuiciamiento, encabezado por la Presidenta de la Suprema Corte Bonaerense, Hilda Hogan, definieron el veredicto por mayoría durante el fin de semana, en una sentencia de 115 páginas. El jueves había sido la última audiencia del jury, que terminó con los alegatos de las partes.

Verónica Ojeda, su hijo Dieguito Fernando y su pareja Mario Baudry -también abogado del caso Maradona- vinieron por primera vez al jury este martes y escucharon la resolución en primera fila.

Con la destitución, Makintach no podrá volver a desempeñar funciones en el ámbito judicial, como así tampoco percibirá la jubilación de magistrada.

Es un escenario muy distinto al que Makintach esperaba: su intención siempre fue que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le aceptara la renuncia que presentó en junio. Eso le daba la posibilidad de que, en algún futuro cercano, la jueza del escándalo volviera a trabajar en algún otro cargo de la Justicia.

Hasta el jueves, cuando fueron los alegatos, la hasta hoy jueza confiaba en que el fallo resultaría favorable para ella. En diálogo con Infobae dijo que ella deseaba que no la destituyeran, pero que sí le aceptaran su renuncia.

“Yo después de lo que viví como imputada no quiero pertenecer al poder judicial. Me negaron prueba, ocultaron prueba, yo no que no quiero saber más nada con la justicia, pero quiero reinventarme tranquila. Me quiero ir en paz. Básicamente, me quiero ir en paz”, había dicho.

El jueves en los alegatos, la fiscal Analía Duarte, que encabezó la acusación a la jueza del escándalo, fue clara y contundente: “La doctora Makintach ha perdido las condiciones que exige la Constitución para el ejercicio de la magistratura y entiendo que corresponde su destitución”, dijo la representante de la Procuración Bonaerense mirando al jurado de Enjuiciamiento.

A su turno, Duarte explicó que quedó probado que Makintach aceptó la propuesta que le hizo su amiga sobre el documental, pero con la condición que sea bajo su aprobación y supervisión.

“Makintach conocía el trailer. Que el guion ya estaba agregado en febrero. En marzo ya estaban los 6 títulos de los 6 capítulos. Ya estaba el título “la Justicia y la sentencia”. En marzo la doctora ya sabía que había una condena», aseguró en su alegato. Y agregó: “El testigo Arnal (dueño de la productora) dijo textual ‘era una miniserie sobre el juicio por Maradona y nosotros teníamos a la jueza’. Es decir, todo esto no se podría haber llevado a cabo sin la doctora Makintach”.

Guillermo Sagues, que encabezó al Colegio de Abogados de San Isidro en la acusación, dijo a Infobae tras el veredicto: “Se ha comprobado en este debate y en la prueba que es el daño enorme que se le ha hecho a la justicia de la provincia, pero no solamente a la justicia de la provincia sino a toda la justicia argentina que ha quedado ridiculizada”.

En los próximos días, la resolución sobre la destitución será remitida a la Suprema Corte.

Los fundamentos del jurado

La presidenta de la Suprema Corte Bonaerense, Hilda Hogan, fundamentó su voto a favor de la destitución al señalar: “La magistrada llevó adelante conductas alejadas de la sobriedad, prudencia y moderación exigibles a todo servidor del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires”

El senador bonaerense y conjuez del jury, Sergio Vargas, expuso en el veredicto en La Plata que “cuando se encienden las cámaras, corre peligro que el ego de un juez apague la justicia”.

“Cuando un juez hace de sus actos una búsqueda de atención mediática, con claros fines de fama o notoriedad, genera una sospecha fundada, de que las decisiones o acciones del juez, no están motivadas únicamente por la ley, sino por el deseo de ser la jueza del caso”, sostuvo el legislador.

Pablo Agustín Grillo Ciocchini coincidió en que la conducta de la jueza privó a los acusados de un tribunal imparcial y que sus motivaciones eran ajenas a la función judicial.

Fabián Ramón González, otro de los conjueces, subrayó: “Quien no distingue, por sí, lo que está bien de lo que está mal, no posee las condiciones suficientes para el ejercicio de la Magistratura”.

Guillermo Ricardo Castello, Ariel Martínez Bordaisco, Mirta Daniela Greco, Maite Milagros Alvado y María Victoria Lorences, por su parte, adhirieron a los fundamentos de la Presidenta, remarcando su “sincera convicción sobre la gravedad de los hechos”.

Álvaro García Orsi señaló: “Las faltas que se reprochan revisten la misma gravedad desde el punto de vista de la conservación o pérdida de las calidades requeridas para el ejercicio de la magistratura, ya se trate del proceso por la muerte de Diego Armando Maradona o del más anónimo de los individuos”.

En Comodoro Py se dice que Stornelli de nuevo no concurrirá y el rumor es que Ramos Padilla lo declararía en rebeldía. Esto sería un verdadero escándalo: un integrante del Poder Judicial esquivando el accionar de la justicia. Hay juristas que afirman incluso que el magistrado tiene facultades para detenerlo, pero no sería el camino a seguir por Ramos Padilla. El juez le notificaría la situación al procurador, Eduardo Casal, informando la rebeldía. No fue el único respaldo que recibió ayer Ramos Padilla, quien ayer tuvo el apoyo de Human Rights Watch y de un importante grupo de jueces, fiscales y asesores letrados que firmaron comunicados rechazando el pedido de juicio político presentado por el Gobierno (ver recuadro).

Hasta el momento, el establishment judicial miró para otro lado tratando de amortiguar el estallido de la causa por espionaje ilegal, extorsiones y coacciones en torno al falso investigador Marcelo D’Alessio. Allí apuestan a que le quiten el expediente a Ramos Padilla, lo trasladen y lo ahoguen en el pantano de Comodoro Py.

La reacción del gobierno fue aún peor. El propio Presidente Mauricio Macri se lanzó a pedir la destitución del juez en la entrevista del domingo. “Ramos Padilla ya hizo varias”, se despachó, recriminándole seguramente por sus fallos en contra de los aumentos del gas o en contra de la designación por decreto de jueces en la Corte Suprema. También un viejo contencioso en el que Macri, presidente de Boca, demandó por calumnias e injurias al periodista Ernesto Cherquis Bialo, quien le terminó ganando el duelo con Ramos Padilla padre como abogado, en primer lugar, y Alejo Ramos Padilla como abogado en la estocada final. Siguiendo las instrucciones del presidente, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se lanzó a reclamar la destitución del magistrado a través de un pedido de juicio político con poco futuro. Una patoteada.

Este martes, la Corte Suprema rompió la tendencia otorgándole los dos contratos y el vehículo que Ramos Padilla pidió en su visita a la Comisión de Libertad de Expresión. Por supuesto que no se trata de un cheque en blanco, pero los cortesanos podrían haber optado por retrasar el pedido o hacerse los distraídos –según publica Página 12-.

Un detalle no menor es que durante su extenso mandato al frente de la Corte, era el propio Ricardo Lorenzetti quien decidía el otorgamiento de contratos adicionales. Constituía un enorme factor de poder. Pero tras el golpe palaciego judicial que encumbró a la presidencia del máximo tribunal a Carlos Rosenkrantz, el trinomio que componen Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, logró imponer que la adjudicación de cargos se haga por voto del tribunal. Por eso en el refuerzo dado a Ramos Padilla figuran las firmas de todos los ministros. Se ve que nadie quiso quedarse afuera. Todo indica que la Corte Suprema intentó evitar que se la acusara también de tapar los escándalos que fueron apareciendo en Dolores, más todavía si en el lanzamiento del año judicial se habló de la escasa credibilidad de la justicia.

El respaldo a Ramos Padilla se produjo cuando el fiscal Stornelli tiene cita para hoy a las 11 en Dolores. Su abogado, Roberto Ribas, dejó trascender que mantendrá la misma actitud que en la primera citación: no concurrirá alegando que el juez no es competente porque la causa debería instruirse en Comodoro Py. Stornelli –curiosamente al igual que D’Alessio– sostiene que los protagonistas viven en la Ciudad de Buenos Aires o en el Conurbano, que los dos pagos de la extorsión se hicieron en Puerto Madero y Saavedra, por lo que el ámbito del expediente debe ser el edificio de Retiro, donde tanto Stornelli como D’Alessio juegan de locales. Ayer por la tarde, Ribas viajó a Dolores para presentar un nuevo escrito ampliando los fundamentos de la recusación de Ramos Padilla. Ribas anticipó que Stornelli no se presentará y tampoco va a entregar su celular como viene pidiendo el magistrado.

Si se traza un paralelismo con Cristina Kirchner, las razones para no concurrir de Stornelli no son consistentes. La ex Presidenta y su abogado, Carlos Alberto Beraldi, recusaron a Claudio Bonadio en decenas de oportunidades, pero CFK nunca faltó a una indagatoria, incluso teniendo fueros. O sea la recusación sigue su trámite, pero permanece la obligación de concurrir. Más todavía tratándose de un fiscal.

Aunque los cargos contra Stornelli no están formalmente presentados, algo que se hace al comienzo de la indagatoria, está claro que el juez tiene elementos para sospechar que tuvo participación en los hechos extorsivos que afectaron a Pedro Etchebest, los aprietes al ex empleado de Pdvsa, Gonzalo Brusa Dovat; al ex secretario Pablo Barreiro –que ayer declaró durante horas en Dolores–, el pedido de una cámara oculta al defensor José Manuel Ubeira y varias irregularidades más. En conjunto, se le imputará que recurrió a un aparato ilegal de espionaje.

El rumor en Dolores es que si Stornelli no concurre esta vez, el juez lo va a declarar en rebeldía. Es decir, que el fiscal dejará de estar a derecho en esta causa, lo contrario de lo que él mismo le exigió durante años a todos los imputados en las causas en las que intervino. El paso siguiente sería que el juez notifique al procurador de esa declaración. Hasta el momento, Casal –alineado con el Gobierno– viene esquivando pronunciarse. Habrá que ver si lo hace esta vez.

El ambiente en Comodoro Py está enrarecido alrededor de Stornelli. Se dice que el camarista Martín Irurzun se reunió con el fiscal y le sugirió que se presente en Dolores. Stornelli habría rechazado de plano esa alternativa y hubo un encontronazo. Tampoco aceptó la sugerencia de otros fiscales que le pidieron que “descomprima” la situación concurriendo al despacho de Ramos Padilla. Stornelli no escuchó esas recomendaciones y mandó a su abogado a reiterar la recusación contra el juez. Hay un hecho objetivo: ni su jefe, el fiscal de Cámara Germán Moldes, ni el procurador Casal, ni ninguno de los voceros de Comodoro Py, salió a defender públicamente al fiscal. Por lo bajo, todos ellos comentan que Stornelli minimizó los hechos al principio y no les advirtió sobre las dimensiones de sus relaciones promiscuas.

Hoy por hoy está en debate si un fiscal puede ser detenido o no. La mayoría de los juristas coincide en que los integrantes del ministerio público tienen inmunidad. De todas maneras no es una alternativa que baraje el magistrado, la declaración de Stornelli en rebeldía ya sería de enorme impacto. No hay antecedentes de un fiscal esquivando a la justicia de manera tan alevosa: ni se presenta a la indagatoria ni entrega su celular.

Siguiendo la directiva presidencial, Mahíques presentó un escrito de cinco carillas –a las que tuvo acceso Página 12– en las que le solicita al presidente del Consejo, Ricardo Recondo, que dé intervención a la comisión de Disciplina para destituir al juez Ramos Padilla. Mahíques advierte que la denuncia la hace por orden del ministro de Justicia, Germán Garavano. En el sorteo, la instrucción de la acusación quedó en manos del macrista Pablo Tonelli, uno de los más fervientes  defensores de la destitución.

En el texto, asegura que en su presentación ante el Congreso Ramos Padilla

“reveló cuestiones vinculadas a dicha investigación en curso, lo que demuestra una irregular actuación, violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”.

“Durante el transcurso de la audiencia, el magistrado expuso acerca de detalles de la causa en trámite, lo que representa una evidente infracción al deber de reserva”, sostuvo el representante del Ejecutivo, que insistió en que “el magistrado hizo de su investigación una cuestión pública, política y mediática, alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial, poniendo gravemente en crisis la confianza de los habitantes”.

No hay en el texto otros elementos para acusar a Ramos Padilla. Toda la presentación está basada en distintas consideraciones y adjetivaciones sobre su paso por el Congreso, donde denunció una red de espionaje que podría involucrar a sectores de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, ya que habría diputados involucrados, como Paula Oliveto, de la Coalición Cívica. Sobre todo esto, el juez mostró parte de la prueba que existe en la causa.

No obstante, para el representante del Ejecutivo Ramos Padilla tuvo “una actitud confrontativa para con algunos legisladores, lo que demuestra un accionar contrario con la prudencia y el decoro que se espera de un juez federal”. No aclaró a qué legisladores se refería, dado que el bloque oficialista vació la exposición, a la que calificó de “farsa”. “Después de su insólitamente extensa exposición ante la comisión, Ramos Padilla afirmó como verdaderos diversos extremos de la investigación que, según sus propios dichos, todavía no han sido verificados”, sostuvo Mahíques, sumando adjetivos al texto. “Cuestionó e involucró a otros magistrados y diputados, lo que resulta, además de imprudente, contradictorio y constitutivo de inaceptable prejuzgamiento”, arguyó, en línea con la defensa del fiscal Carlos Stornelli. Sostuvo que su “actuación habla de una pérdida total de ecuanimidad”.

En el escrito, también cuestiona que el juez se haya presentado en la comisión de Libertad de Expresión y no en la comisión bicameral de Inteligencia, pero omite un detalle: el oficialismo venía bloqueando la exposición de juez en esta última. Recién después de que reveló la gravedad de los hechos investigados, el presidente de esa comisión, el radical Juan Carlos Marino, lo citó. Tampoco se explica desde el oficialismo cómo lo citan de nuevo al Congreso y, al mismo tiempo, lo acusan por haber ido al Poder Legislativo.

En suma, no hay otra prueba  que no sea la presentación de Ramos Padilla ante el Congreso. En su primera declaración al respecto, Macri sostuvo que el juez “ya se había mandado varias”, pero el Poder Ejecutivo no pudo informar al Consejo de la Magistratura cuales serían esas “varias”. Solo mencionó un hecho.

El ministro Garavano aseguró que “es extraño que un juez vaya al Congreso y haga presentaciones extrañas y pedidos extraños que no siguen lo que marca la ley”. “No es una causa que perturbe al Gobierno: el Gobierno ve que alguien lo quiere involucrar en una causa en la que no tenemos ninguna vinculación. Se hace un show político en un año electoral”, dijo, aunque las acciones del Ejecutivo parecen indicar lo contrario.