Con Buenos Aires y Jujuy, ambas de Cambiemos, en duda; Salta, Formosa y la Ciudad como las únicas que se unificarían con las nacionales; el resto de los distritos ya definió desdoblar sus comicios locales.

Mientras María Eugenia Vidal continúa evaluando si no convoca a los comicios en sintonía con la Casa Rosada para octubre, tal como reveló en Infobae que lo definirá en febrero con el jefe de Gabinete Marcos Peña, el PJ bonaerense ya hizo causa común para evitarlo: poniendo el costo del operativo propio sobre la mesa. La gobernadora de Cambiemos debería destinar $ 2.789.800.000 para poder desdoblar las elecciones locales. Es el 0,3% del Presupuesto 2019. Es mucho o poco dependiendo la vara con la que se lo mire.

Sin los recursos hoy previstos que salgan del Ministerio del Interior de Rogelio Frigerio, Vidal tendría que comprar las urnas, los sobres, costear la logística para transportar los votos, la fiscalización, el conteo y, entre otras cosas, la impresión de las boletas. Una de las opciones que se baraja en La Plata hoy es eliminar las PASO, un mecanismo que el oficialismo provincial no utilizó en 2015, para abaratar el gasto extra.

Ahora bien, la estimación surge del cálculo de los $ 5.200 millones ejecutados para las legislativas 2017, más la inflación desde entonces (aproximadamente un 45%), dividido el porcentaje del total país del padrón de cada distrito –según publica El Cronista-.

La fórmula, realizada en base a consultas a expertos electorales, es bastante precisa. Con el 1,3% de los electores nacionales, surge que el Chubut de Mariano Arcioni gastaría $ 98.020.000. Hace una semana, el ministro de Gobierno Provincial, Federico Massoni, admitió que costear su propio calendario electoral (que arranca el 7 de abril con las PASO) les demandará cerca de $ 100 millones.

Con el 8,6% del padrón nacional, Córdoba, cuyas primarias serán el 24 de febrero según fijo Juan Schiaretti, deberá abonar $ 648.440.000.

En tercer lugar, en costo por cantidad de electores es un distrito con historia en desdoblar. El socialismo en Santa Fe gastará al menos $ 618.280.000.

Si bien Horacio Rodríguez Larreta está enviando todas las señales de romper la tradición de comicios separados, si cambia de idea, el jefe de Gobierno porteño deberá desembolsar $ 610.740.000.

En Mendoza se especula que el radical Alfredo Cornejo podría llamar a elecciones propias en junio. Con el 4,3% del padrón, le costaría unos $ 324.220.000.

Ese mismo mes convocaría el peronista Juan Manzur a los tucumanos. El gasto: $ 271.440.000. Igual que en la Entre Ríos de Gustavo Bordet, donde deberían destinar $ 241.280.000 de recursos provinciales.

Las elecciones menos onerosas serán en Tierra del Fuego, cuyos 133.522 electores representan apenas el 0,4% del padrón nacional. Por $ 30.160.000, Rosana Bertone decretaría que se realicen en mayo, aún sin fecha definida. En Santa Cruz, Alicia Kirchner deberá costear $ 52.780.000, con un llamado previsto para ese mismo mes.

“Es un verdadero despropósito desde lo político e institucional que el Poder Ejecutivo Provincial pretenda fijar las fechas de las elecciones desdoblándolas de las nacionales”, comenzó expresando el presidente del Bloque, Eduardo Conde.

En este sentido especificó que desde el punto de vista jurídico-constitucional, “no existe ninguna atribución del Poder Ejecutivo para que pueda emitir un decreto fijando las elecciones. El régimen electoral en nuestra Constitución establece la potestad exclusiva y excluyente de la Legislatura para estos fines. La inexistencia de un Código Electoral le permite encubiertamente al Ejecutivo arrogarse esta potestad para fijar la fecha pero esto sería lo propio si hubiera una norma de fondo, y consecuentemente el único rol que cumpliría el Ejecutivo por vía de decreto sería formalizar desde el punto de vista administrativo las elecciones conforme al régimen sustancial. Pero no existe esa posibilidad”, explica.

Ante ello, “invoca la norma nacional del Código Electoral, y sobre esta base pretende fijar las fechas de las elecciones, contradiciendo la manda del ordenamiento nacional que dice que esa fecha es octubre”.

Costo excesivo en épocas de crisis

Por otra parte, remarcó el abogado el alto costo financiero que le generará la decisión de Arcioni al Estado, que ascendería a los $70 millones. “El costo de la elección tendrá que ser solventado por la provincia y no se compadece con la situación financiera que atravesamos”, expresó.

En el proyecto de ley fundamenta que “es de público y notorio conocimiento la gravedad de la crisis económica y financiera que atraviesa la Provincia del Chubut, afectando severamente el funcionamiento de todos los Poderes y organismos del Estado, entre cuyas consecuencias más visibles y emblemáticas se encuentran la imposibilidad de pagar en tiempo y forma los haberes de los trabajadores públicos y los créditos de los proveedores. La situación antedicha extiende sus efectos negativos sobre toda la población de la provincia”.

En el contexto indicado, la Legislatura sancionó la Ley VII N° 81 que declara la emergencia económica, financiera y administrativa del sector público provincial, tendiente a dotar al Poder Ejecutivo de herramientas eficaces para reducir el gasto público, especialmente en cuestiones improductivas o que no impliquen la satisfacción de necesidades prioritarias.

“La profundidad de la crisis impone el deber de todos los Poderes del Estado de contribuir en la adopción de todas las medidas necesarias para contribuir en la eliminación de gastos superfluos o innecesarios. En orden a los antecedentes en la materia que trata el presente proyecto, cabe mencionar que las elecciones de autoridades provinciales realizadas en los años 2007 y 2011 fueron convocadas por el Poder Ejecutivo para fechas distintas de las elecciones nacionales, mediante Decretos N° 457/07 y N° 630/11”, manifiesta.

Argumenta que “la atención se centraliza en el costo que implica para la Provincia del Chubut desarrollar un proceso eleccionario en fecha distinta de la establecida por el Estado Nacional el cual, según estimaciones objetivas, ascendería en la actualidad a $70 millones aproximadamente. En el escenario económico sintetizado, de extrema gravedad y compleja solución, tal gasto no puede ser justificado de manera alguna, por lo que resulta necesario establecer las medidas legislativas necesarias a fin de evitar el dispendio innecesario para las arcas públicas”.

Sin previsión presupuestaria

A su vez, el abogado recordó que no existe una previsión presupuestaria para tal medida. “Estaría fijando el adelantamiento de las fechas de las elecciones para afrontar el Ejecutivo los costos del proceso pero no hay presupuesto ni mucho menos partidas presupuestarias para ese fin. Es una cuestión ficticia”, recalcó.

Interés personal

Además, agregó que el actual Gobernador pretende repetir su mandato, por lo que hay un interés detrás de la decisión. “La única motivación que encuentra el Ejecutivo es velar por el interés sectorial, es decir, el interés del Gobernador que pretende la reelección y piensa que alejándose del escenario nacional sus posibilidades se aumentan, exponiendo al resto del conjunto de los sectores políticos que participaran de la contienda, a este riesgo eventual de hallarse en situación más favorable el titular del Poder Ejecutivo por estar ostentando el Poder y eventualmente utilizar este marco de situación para su beneficio”, subrayó.

“No hay ninguna posibilidad jurídica ni política para darle sustento a esta decisión. Creemos que las herramientas que canalizaremos por el parlamento van a impedir absolutamente la posibilidad que se pueda avanzar con un desdoblamiento para las elecciones. El FPV también impulsó un proyecto para ponerle fecha para agosto a las PASO por lo cual, de aprobarse esta norma, desvirtúa absolutamente toda posibilidad de que las generales se haga antes de esta fecha. Claramente acá no hay un interés colectivo sino que prima el interés del Gobierno”, concluyó.