Olazábal explicó a El Comodorense Radio que se detectaron numerosos casos de denuncias infundadas, especialmente vinculadas a robos de neumáticos y usurpaciones de inmuebles. En muchos de estos hechos, lo que se presentaba como delito era en realidad un conflicto contractual o de convivencia.

Consecuencias legales y económicas

El fiscal remarcó: “cualquier tipo de falsa denuncia que constatemos, cada vez que verificamos en el marco de las actuaciones policiales que los hechos denunciados oportunamente son inexistentes, analizamos y estamos en presencia de lo que prevé y sanciona el artículo 245 del Código Penal, que es el delito de falsa denuncia”.

Además, subrayó que la movilización de recursos policiales y judiciales en estos casos desvía la atención de delitos reales y genera un gasto innecesario para el Estado. Por ello, la política criminal de la fiscalía es avanzar en las imputaciones contra quienes incurran en estas prácticas para disuadirlas.

Olazábal detalló: “Cualquier tipo de falsa denuncia que constatemos es política criminal, al menos de esta fiscalía, avanzar en las imputaciones para evitar o disuadir este tipo de comportamientos”, concluyó.

“En Comodoro hemos constatado que varias veces se han denunciado hechos que no ocurrieron, particularmente relacionados con la sustracción de cubiertas o usurpaciones que no fueron tales, sino que previo a ello había un contrato de locación o quizás un permiso para habitar, y ante diferencias que mantenían las personas que no podían ser resueltas en los términos acordados, se denunciaba que se había ingresado al inmueble valiéndose de medios violentos clandestinos», comentó.

Además señaló: «cuando se constata y verifica que esto no fue así, disponemos la apertura de la investigación en orden al delito de falsa denuncia. Hemos procesado a varias personas».

En consecuencia, el denunciante quedará imputado por el delito de falsa denuncia, una figura legal que contempla penas de prisión de entre dos meses y un año.

«En algunos casos han reparado el perjuicio que se le ha ocasionado a la administración pública provincial porque activar el sistema de justicia y también el sistema policial genera un costo, un costo que debe ser soportado por el Estado que sale del bolsillo de los contribuyentes. Por lo tanto, cualquier tipo de falsa denuncia que constatemos es política criminal, al menos de esta fiscalía, avanzar en las imputaciones para evitar o disuadir este tipo de comportamientos” concluyó.

Esta tarde en la plaza de la Escuela 83, un grupo de padres y madres, se acercó a visibilizar la situación que atraviesan a diario, no pueden ver a sus hijos a causa de denuncias falsas y la lentitud de la Justicia en resolver el caso.

«Pasa en todo el país, lo que pasa es que no tiene mucha difusión, y queremos que esto se conozca, reclamamos reestablecer el vínculo con nuestros hijos y para que los juzgados de una buena vez por todas se pongan a trabajar, como tendrían y no pasarian cosas evitables como los suicidios, femicidios; también es un caso muy duro y fuerte pero es real»

Al respecto uno de ellos manifestó » si se trabajara bien desde los Juzgados de familia, se podrían evitar varias situaciones y vamos a seguir en la lucha porque necesitamos que esto se arregle de una buena vez, que sea para todos iguales»

«Necesitamos que trabajen del juzgado de familia, esto desgasta mucho», expresó un padre.