La herramienta puede ser usada por cualquier empresa privada que entienda que su capacidad de trabajo se ve afectada por fuerza mayor o a causa de terceros y, si la Secretaría de Trabajo acepta el procedimiento, las autoridades de la compañía quedan autorizadas a modificar los convenios de trabajo, suspender empleados y despedir a trabajadores incluso con indemnizaciones más chicas.

«Con el PPC la empresa es más vendible, en un escenario ideal se llega a un acuerdo con los gremios y se ajusta la planta y se modifican convenios de trabajo, se mejoran las condiciones para el mercado», dicen desde la Casa Rosada, que junto con la Secretaría de Transporte y las actuales autoridades de Aerolíneas Argentinas ya trabajan en la eventual privatización de la compañía.

El déficit de Aerolíneas Argentinas es de US$38 millones y ya hubo contacto con cuatro potenciales compradores

Según pudo saber TN de fuentes oficiales, ya son tres las líneas aéreas que preguntaron condiciones por Aerolíneas Argentinas. Estas son Avianca (Colombia), Latam (Chile) y Azul Linhas Aéreas (Brasil), a las que también se le suma un empresario con negocios en Bolivia que también se mostró interesado en adquirir la línea estatal. En Aerolíneas Argentinas se mantienen cautos respecto de dar nombres propios, pero aceptan que «hay grandes compañías aéreas interesadas».

La empresa tiene, a la fecha, un déficit de 38 millones de dólares, que es la cantidad total de dinero que recibió del Estado para gastos corrientes en lo que va del 2024. «Sin ese dinero no podría funcionar», insisten. Además, el Tesoro Nacional transfirió a las cuentas de la Aerolínea unos US$50 millones para retiros de empleados. Aerolíneas Argentinas posee unos 10.500 empleados y 81 aeronaves, que hacen que posea una estructura costosa.

En el decreto del 2 de octubre pasado en el que se declaró a la empresa «sujeta a privatización» se detalló que AA cuenta con una dotación de 1107 pilotos, lo que da un total de 14 pilotos por avión que para el oficialismo es «un número desproporcionado con relación a los estándares de la industria a nivel mundial».

En el Gobierno entienden que esa estructura se podría reducir en caso de llevar adelante el Proceso Preventivo de Crisis (PPC), aunque antes de llegar a esa instancia le dieron a los gremios aeronáuticos la oportunidad de que presenten un plan de trabajo consistente que evite asambleas y permita el normal funcionamiento de las empresas Aerolíneas Argentinas, Austral e Intercargo. Los gremios adelantaron que no acatarán esta orden y el futuro, vislumbra, entonces, la posibilidad de llevar a cabo esta herramienta ante la Secretaría de Trabajo.

Los tres escenarios para definir el futuro de Aerolíneas Argentinas

Para privatizar Aerolíneas Argentinas se requiere de una ley en el Congreso de la Nación. Todo lo que se haga antes solo servirá para hacer más atractiva a la compañía para los eventuales compradores. Actualmente, hay un proyecto legislativo presentado por el PRO, que no tiene garantías de ser aprobado, pero que eventualmente podría ser la iniciativa que obtenga luz verde en ambas cámaras. Una vez sancionada la normativa, el Gobierno estudia tres grandes escenarios:

–Venta total o parcial de las acciones de la compañía a uno o más compradores. Se estima que la firma tiene un valor de mercado que oscila entre los US$800 y US$1700 millones.

-Cesión total o parcial de las acciones representativas del capital social de la compañía a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas; Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus empresas controladas (Optar S.A., Jet Paq S.A., Aerohandling S.A.).

–Cierre de la firma: el Tesoro Nacional no tiene obligación de asistir a Aerolíneas Argentinas, por lo que podría quebrar.

El Gobierno de Javier Milei sabe que sin la asistencia del Estado, la firma no logra sostener su nivel de operación. A modo de ejemplo, según cifras oficiales a las que accedió este medio, en 2019 el Tesoro la asistió en US$ 426 millones; US$ 594 millones, en 2020; US$ 664 millones, en 2021; US$ 353 millones, en 2022 y US$ 30 millones en 2023. La cifra da un total de 2105 millones de dólares en asistencia del Estado en los últimos años.

En este sentido, señaló que “entre ayer y hoy tuvimos las últimas entrevistas con la mayoría de los representantes de la SCPL. Así que estimamos que para febrero ya tendríamos el resultado final del informe de la auditoria”.

“En el informe preliminar detectamos que hay dos ítems que se están cobrando que no tienen sustento legal”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “una auditoría es para determinar el estado de situación en el que se encuentra una entidad determinada”.

“La última vez que se hizo una auditoría en la SCPL fue para pedirle la renuncia a las autoridades. Yo vi esa auditoría y no tenía ninguna firma”, indicó.

En esta línea, aseveró que “cuando los distintos Poderes nos ponemos de acuerdo para resolver cuestiones que le hacen bien a la gente los resultados tienen que estar a la vista”

“El resultado de esta auditoría debería servir para pensar y repensar la Cooperativa: qué queremos de esta Institución, ver cómo está funcionando”, indicó.

A su vez, comentó que “la deuda con CAMMESA es millonaria. Hay un déficit presupuestario muy grande”.

Finalmente, Acevedo concluyó que “fue un gran error que los Partidos Políticos se hayan metido en la Cooperativa. Hay que democratizar aún más la vida de estas Instituciones”.

Asimismo, explicó que el déficit “es el mismo escenario que el año anterior. Nuestro gran problema es la agilidad de los mecanismos para que las tarifas cubran los costos de servicios. Eso hace que se generen baches y hay meses que se prestan servicios perdiendo dinero, y cuando se equilibra, no se alcanza a cubrir”.

“El año pasado con la emergencia climática, se generó la pérdida y si bien este año la perdida es menor, sigue siendo significativa y tiene que ver con la no actualización de la tarifa. Los precios mayoristas aumentaron en diciembre, febrero y pudimos terminar el proceso de actualización de tarifa recién el 1 de julio, con lo cual, el último semestre tuvimos un déficit importante”, resaltó.

En este maro, explicó que “en noviembre de 2017 estábamos equilibrados económicamente y gracias a ese equilibrio que duró 3 o 4 meses pudimos cerrar el acuerdo de pago con CAMMESA que permitió resolver parte importante de la deuda con la empresa”.

“En los últimos dos años nos endeudamos con CAMMESA nuevamente y producto de esto, la factura pasó de 80 a 119 millones de pesos, y hoy todavía no hemos podido compensar con tarifas o lo que fuere ese adicional de 40 millones que tenemos que mandar a la compañía administradora, con lo cual pagamos parcialmente”, remarcó.

Respecto a la deuda, indicó que “estamos en alrededor de los $700 millones. 250 millones nos debe Provincia por las obligaciones del cumplimiento de contrato de concesión”.

“El plan de pago es una cuota mínima fija por 90 meses. Estuve en la Legislatura cuando se presentó este mecanismo de compensación de deuda. El escenario es el conjunto de Cooperativas de Chubut que debemos 2 mil millones en CAMMESA y tiene todas las penalidades previstas, la Provincia debe a las Cooperativas 500 millones de pesos, más las tasas de interés, hace que el Gobierno Provincial deba la mitad de lo que se le debe a CAMMESA. En ese marco, la Provincia recibe regalías de la distribuidora por la energía de las represas”.

“Cuando se habla de que Provincia refinanciaría, lo que debe poner en juego son las regalías hidroeléctricas, para que en un mecanismo parecido a las regalías petroleras, los valores económicos sean físicos. Es decir, que en vez de recibirlos en plata, se pongan en kilovatios hora”, explicó –según publica ADN Sur-.

A su vez, Lebrún añadió que “la diferencia de los 7.800 millones que seguirá recibiendo la Provincia y el nuevo valor económico de esa transacción, permitiría armar un plan de pagos que a cada Cooperativa -de acuerdo a su participación en la transacción global- le permitiría descontar deuda y en un plazo de 10 años poder cancelarla”.

“Ahora viene la etapa de acuerdos políticos; es una solución no definitiva pero sí a una gran parte del problema. Se habló de los acuerdos que definan que esto avance”, remarcó.

“Todos estamos preocupados en encontrar alternativas que permitan resolver esta coyuntura con el menor perjuicio para los vecinos de la ciudad. Estoy un poco cambiando mi óptica porque si no parece que desde la cooperativa siempre solicitamos aumento de tarifas, pero la cooperativa tiene que defender a sus asociados y la intención no es aumentar la tarifa pero los costos de prestación de servicio siguen subiendo y determina que no nos sigan cerrando los números”, resumió.

Finalmente, Lebrún concluyó que “podemos buscar alternativas, pero de cualquier manera tenemos la obligación de presentar formalmente cómo inciden”.

El mes pasado las importaciones ascendieron hasta 6174 millones de dólares, con un aumento del 2,2 por ciento. La evolución de las compras externas se explica por una suba de los precios de 6,5 por ciento mientras que las cantidades retrocedieron 4,0 por ciento. El comportamiento es consistente con la combinación entre el salto cambiario y la contracción del mercado interno frente a la caída del poder adquisitivo. Sin embargo, el proceso de apertura y desregulación lograron imponerse al combo recesivo: las cantidades importadas de bienes de consumo aumentaron 11,1 por ciento en julio frente al mismo mes del año pasado. Es decir que el proceso de desplazamiento de producción nacional por bienes del exterior siguió incluso en medio de la recesión y complicó aún más al dañado tejido industrial argentino. La caída interanual en las cantidades estuvo concentrada en los bienes de capital y las partes y piezas para esas máquinas, que cedieron 12,5 y 10 por ciento, respectivamente. Semejante desempeño ofrece una aproximación al desplome de la inversión privada asociada a la incertidumbre que generan el programa de austeridad acordado con el FMI, la errática política económica del gobierno y la creciente vulnerabilidad externa del país.

«La caída de las importaciones en julio fue menor a lo esperado», expresaron desde la consultora Radar al advertir que el mes pasado «el balance comercial siguió implicando una demanda de dólares, a pesar de la suba del tipo de cambio». La sostenida demanda de divisas en el frente  comercial se suma a la fuga de capitales que se acelera con las tensiones cambiarias.

Entre los aumentos de las importaciones destacados por el Indec figuran los porotos de soja excluidos para siembra. La compra al exterior de productos de un rubro donde la producción argentina es líder global se explica por la caída del 37,4 por ciento en la cosecha de soja a raíz de la sequía, que dio lugar a una campaña que este año rondará las 36 millones de toneladas, la recolección más baja desde la sequía del período 2008-2009, cuando se registraron 32 millones de toneladas –según publica Página 12-.

Las exportaciones, por su parte, llegaron hasta los 5385 millones de dólares, un alza del 1,7 por ciento interanual. Aunque las cantidades vendidas retrocedieron 8,4 por ciento, fundamentalmente por la caída de los envíos del complejo sojero, el aumento de los precios de 11,1 por ciento fue suficiente para cambiar el signo. Las exportaciones se vieron impulsadas por los envíos de manufacturas industriales a Brasil, explicado casi en su totalidad por el sector automotor, que creció 68,6 por ciento. También marcaron una suba significativa las ventas de carne bovina a China y Rusia, que escalaron 89,4 por ciento en el mes.

«El nuevo tipo de cambio es un impulso para varios sectores exportadores. Vale señalar, de todas formas, que si bien es mucho más ventajoso para los sectores transables, una condición necesaria para que haya un salto importante en la actividad exportadora, logrando que se sumen nuevas empresas o sectores, es que su nivel sea percibido como sostenible y estable», expresaron desde Radar. Es una condición que por el momento no se cumple.

Los datos acumulados para los primeros siete meses de 2018 muestran que las exportaciones aumentan un 4,9 por ciento mientras que las importaciones lo hacen al 11,3 por ciento. En ese escenario donde se contabilizan 19 meses consecutivos de déficit, la importación de bienes de consumo marca una escalada acumulada del 11 por ciento que responde en su totalidad a los aumentos en las cantidades ingresadas al país. Si bien las importaciones demoran en ajustar ya que en la actualidad están ingresando al país los pedidos realizados en meses anteriores, el aluvión de containers de bienes finales suma tensiones sobre el resentido empleo en las industrias que lentamente afecta, también, al comercio.

Si bien el resultado fiscal primario consolidado de las provincias en 2017 terminó prácticamente en equilibrio (con un rojo de apenas 0,3%, de acuerdo con los datos actualizados recientemente por el Ministerio de Hacienda), en el detalle no todas están con las cuentas saneadas. En 2017 sólo cerraron con superávit primario siete de los 23 distritos. Las que mostraron que los ingresos primarios finalizaron por arriba de los gastos primarios fueron Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Catamarca, Formosa, Mendoza y La Pampa.

Se estima que en lo que va de 2018 los números mejoraron. Estos resultados son los que desde Nación tienen en cuenta a la hora de sentarse a negociar, en grupos, tal como lo están haciendo con gobernadores y ministros provinciales. Tanto el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como el de Interior, Rogelio Frigerio, están manteniendo encuentros para definir en qué partidas recortar y cuánto. Se sabe que las provincias deberán recortar en $ 100.000 millones. «Hay consenso de que el 1,3% hay que lograrlo, lo que es un punto importante», sostuvieron desde el Gobierno.

Desde las provincias que peor situación están registrando contaron que están en plenas idas y venidas con el Gobierno nacional para llegar a un acuerdo de dónde ajustar: «No tenemos espacio para nada; tenemos déficit fiscal, no podemos financiarnos afuera, por lo que es complicado el panorama».

El 1,3% de déficit primario consolidado (Nación y provincias) para 2019 es el punto más relevante de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Y también sobre el que aún hay algunas dudas de si se logrará alcanzar. Por esa razón, lo que se acuerde en pos de alcanzar un acuerdo para el Presupuesto del año próximo resulta clave –según publica El Cronista-.

Cuando al déficit primario de 0,3% de todas las provincias el año pasado se le suman los intereses de la deuda, el rojo financiero llega a 0,9% del PBI, aún en un nivel aceptable. El economista Federico Muñoz resaltó que en los últimos años «los problemas fiscales tienden a concentrarse en cabeza del Estado nacional, mientras que las finanzas provinciales lucen bastante más saludables».

No obstante, además de que varias aún tienen déficit, cuando se lo pone en perspectiva en el conjunto de las provincias se da que la mejor performance respondió más a un incremento de los recursos fiscales que un recorte de los gastos. De hecho, ambos alcanzaron en 2017 sus máximos históricos respecto al PBI, con un 15,6% del producto en el caso de los ingresos y un 16,3% en el gasto.

En este punto, tanto las transferencias automáticas a las provincias (que incluyen a la coparticipación y demás leyes especiales), los recursos tributarios propios y aún las transferencias discrecionales desde Nación fueron creciendo. Así, al tomar el resultado financiero de cada una de ellas como porcentaje de los ingresos totales, sólo seis están en terreno positivo. «El mayor desequilibrio es el de Chubut, que en 2017 presentó un déficit fiscal equivalente a casi el 25% de sus ingresos totales. Jujuy y Neuquén también presentan rojos inquietantes (superiores al 15% de sus ingresos), aunque declinantes. Hay que seguir con cierta atención a otras cinco provincias con un déficit mayor al 10% de sus ingresos», destacó Federico Muñoz.

En mayo, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), las exportaciones sumaron 5.162 millones de dólares y las importaciones registraron 6.447 millones de dólares.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en Olivos, el presidente Mauricio Macri dio por superada “la turbulencia cambiaria”, que le costó al país 10.000 millones de dólares en las últimas semanas, definió al déficit fiscal como “una mochila que nos ha aplastado” durante más de 70 años, advirtió que el mundo “ha desaprobado la velocidad con la cual estamos reduciendo nuestro déficit”, prometió 20 años de crecimiento continuo, y convocó a la oposición, a los empresarios, a los sindicalistas y a las organizaciones sociales a un gran acuerdo nacional.

Luego de reconocer falta de coordinación entre la autoridad monetaria y el equipo económico, Macri confirmó lo que ya había adelantado el ministro Hacienda, que habrá “más inflación y menos crecimiento”, y delegó la lucha contra la inflación en el Banco Central.

Respecto de la media sanción que ya consiguió la oposición en la Cámara baja a su proyecto de retrotraer las tarifas de la luz, el gas y el agua a diciembre de 2017, el Presidente repitió que “hay que pagar lo que cuesta la energía”, y afirmó que será la Argentina la que decida cómo llegar a las metas que el Gobierno acuerde con el Fondo Monetario Internacional. “Fuimos nosotros los que fuimos a pedir dinero”, y el Fondo, “como cualquier prestamista, querrá saber cómo le vamos a devolver el dinero”, agregó el mandatario, quien definió el Stand-By del organismo internacional como una “una gran oportunidad, una herramienta que nos dará más estabilidad”.

Sin aludir en ningún momento el costo que debió pagar el Gobierno para frenar la corrida, Macri dijo que la única autocrítica que se haría era “haber sido demasiado optimista”. Entre las razones de la crisis mencionó el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, que absorbió parte de los capitales especulativos que estaban en la Argentina, razón por la cual su ministro de Finanzas colocó más deuda de la necesaria a principios de enero en el mercado internacional «previendo lo que pasaría». “Nadie puede vivir gastando más que lo que gana», insistió más adelante.

Por último, defendió la transparencia de la negociación con el FMI, dijo que “ahora no hay nadie tirando bolsos en un convento”, y negó que el organismo internacional fuera a imponer condiciones. En relación a su exhortación a un gran acuerdo nacional, sostuvo que “estamos más abiertos que nunca” y reclamó a la oposición que respetara el presupuesto que se votó en diciembre pasado, cuya meta de inflación (del 10 por ciento) modificó el propio Ejecutivo menos de 24 horas después de que hubiera sido aprobado en el Congreso Nacional, llevándola al 15 por ciento, meta ya incumplible teniendo en cuenta que la inflación del primer cuatrimestre ya trepó al 9,6 por ciento.

Según ese trabajo -elaborado por esa entidad junto con la consultora Econviews- «una destacable merma en la liquidez global y en la confianza entre bancos del exterior, llevó a estas dos variables a zona de estrés en los últimos meses y a marcar en abril sus peores registros desde la crisis financiera de 2008».

«Estas dos variables especialmente estuvieron detrás del reciente deterioro en las condiciones externas», puntualizó el IAEF, que a la vez señaló que, en el plano local, «ese desarme global significó una fuerte volatilidad cambiaria, con pérdida de reservas, suba de tasas de interés, un salto en el tipo de cambio y una suba en el riesgo país».

La entidad alertó que «a las vulnerabilidades estructurales de Argentina, como el alto déficit fiscal, se le sumaron factores coyunturales, como la discusión en el Congreso y también en el seno del Gobierno respecto a la política tarifaria, la entrada en vigencia del impuesto a la renta financiera para los inversores no residentes y la demora en la aprobación de la reforma al mercado de capitales, entre otros».

«Este deterioro comenzó a partir de la segunda mitad de abril y se intensificó durante los primeros días de mayo. Si la volatilidad cambiaria y financiera de los primeros días de mayo no cede en lo que resta del mes, cabe esperar un importante deterioro en las condiciones financieras locales en mayo», estimó.

En este contexto, el IAEF detalló que en abril las condiciones financieras relevantes para la economía argentina tuvieron un deterioro de 3.2 puntos, por condiciones tanto locales como externas menos favorables.

Así, el Índice de Condiciones Financieras (ICF) se ubicó en 33.2 puntos, volviendo a valores similares a los de septiembre de 2016 y recortando todas las ganancias que tuvo en 2017.

El ICF -elaborado por el IAEF y Econviews- se encuentra 25.7 puntos por debajo de un año atrás, un deterioro anual explicado por un retroceso de 9.3 puntos en las condiciones externas y de 16.4 puntos en las condiciones locales.

Las condiciones locales, que permanecen en zona de confort desde febrero de 2016, alcanzaron los 21.2 puntos en abril, mostrando una caída mensual de 1.7 punto.

Por su parte, las condiciones externas, que se encuentran en zona de confort desde diciembre de 2016, tuvieron un deterioro de 1.5 punto, y alcanzaron los 12 puntos, de acuerdo con el informe.

El IAEF explicó que «si bien hubo una merma en la volatilidad financiera en general, especialmente en acciones y monedas emergentes, aumentó la volatilidad de los commodities y nuevamente hubo un marcado deterioro en la confianza entre los bancos del exterior y una merma en la liquidez global».