La Justicia declaró como inválidos los artículos 2 y 3 de ese DNU, que declaraban como servicio esencial al transporte marítimo y fluvial y exigían una prestación mínima obligatoria de entre 50 y 75% en caso de conflictos.

Justamente la Confederación General del Trabajo (CGT) había promovido una acción de amparo contra el Estado Nacional para que la Justicia declarara la inconstitucionalidad de estos artículos de la resolución.

Entre sus argumentos la jueza consignó que al momento del dictado y publicación del mencionado DNU el Congreso estaba en pleno funcionamiento y con sesiones ordinarias en ambas cámaras.

El paquete normativo total involucra cuatro decretos -tres publicados hoy y otro previsto para la próxima edición- que modifican el marco normativo para las compras, contrataciones y el manejo presupuestario en las universidades públicas. Estas reformas implican la adopción obligatoria de sistemas electrónicos nacionales como COMPR.AR, CONTRAT.AR y el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF). Además, se restringe al mínimo la posibilidad de firmar “convenios interadministrativos” con entes públicos o cooperativas, que quedaban fuera de los controles del Estado Nacional.

Este último punto es clave, porque en las investigaciones de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), con quien la UBA mantiene una disputa en tribunales, se descubrieron unos 2.400 convenios por montos multimillonarios con diversas irregularidades. En la batería de decretos que elaboraron los ministerios de Capital Humano, Descentralización y Economía se dejó una instancia de negociación: no se establecieron cronogramas ni fechas límite para su implementación. «Queremos el diálogo», dijeron en el Gobierno.

El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, explicaron los detalles de los cambios en una rueda de prensa de la que participó Infobae. Ambos resaltaron que los cambios no avanzarán en modo alguno sobre la autonomía de esas instituciones, que está reconocida por la Constitución Nacional y las leyes, sino que las incorpora a los requerimientos de transparencia que rigen para la administración de fondos en todos los organismos públicos.

En el contacto con los medios, Fariña -virtual viceministro de Federico Sturzenegger- explicó que los decretos «se enmarcan en una lógica de la política de transparencia del gobierno nacional» y puso como ejemplo la disolución de 15 fondos fiduciarios, algunos de los cuales «gastaban el 70 u 80% de su dinero en salarios y no destinaban casi nada de los fondos al fin para el cual habían sido creados». Otro caso fue «el fin de los privilegios de las empresas públicas, que tenían un monopolio en la contratación del Estado, como YPF, Aerolíneas Argentinas, el Correo o la agencia Optar».

«Las universidades tienen autonomía total para definir cómo gastar su presupuesto y eso se respeta y nadie lo cuestiona. Pero los fondos a partir de los cuales funcionan son de la administración pública, que están aplicados dentro de la Ley de Administración Financiera. Las universidades son entes de la administración pública y la visión del Gobierno es que tienen que tener los mismos procesos de transparencia y control que cualquier otra entidad», indicó el secretario de Transformación del Estado y Función Pública.

El primer decreto estableció la obligación para todos los entes incluidos en el inciso a) del artículo 8 de la Ley Administración Financiera -dentro de los cuales están las universidades- de utilizar el Sistema de Compras Contrat.Ar y Compr.Ar y regirse por los requerimientos de la Oficina Nacional de Compras. «Hay algunas universidades que ya lo utilizan, otras universidades que no lo utilizan y que están fuera del marco normativo -porque forman parte de la administración pública y tendrían que utilizar estos sistemas de compras- y nos va a permitir tener un mecanismo de transparencia sobre el uso de todas las licitaciones y compras que realizan todas las universidades».

«De la misma forma que hoy, si el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Desregulación hace una compra y pueden ver la cantidad de oferentes, los precios, cuáles son las compras, queremos transparentar todos los gastos de las contrataciones que realicen las universidades, manteniendo la autonomía -ellas van a decidir cómo ejecutar su presupuesto- y lo único que estamos disponiendo es que van a tener que utilizar los mismos mecanismos que el resto», explicó el viceministro.

El segundo decreto está relacionado con el E-SIDIF, que es el sistema que se utiliza en el Estado nacional para la gestión de pagos, una licitación, un convenio, una transferencia directa a un ente o a una jurisdicción. «Ese proceso de tomar el Presupuesto, verificarlo, hacer la presentación de la factura, ejecutar el pago, todo se realiza por ese sistema que es el E-SIDIF y que depende de la Secretaría de Hacienda», indicó el funcionario.

Y resaltó que están instruyendo a la Secretaría, primero estableciendo la obligación de que todas las universidades, empresas públicas y fondos fiduciarios y todos los organismos que pertenecen a la Administración pública utilicen este sistema de forma obligatoria, mediante un cronograma para la implementación”.

«Todos los gastos y transferencias y pagos que realicen las universidades van a tener el mismo sistema de seguimiento y control y de auditoría que permite hoy en día o que tiene toda la administración pública y todo lo que son los fondos públicos que salen de los impuestos de cada uno de los ciudadanos», explicó.

El tercero, que es clave, es un DNU que modifica el decreto delegado de las contrataciones públicas, como puede ser una compra directa, una licitación internacional, una licitación pública. «Todas esas acciones tienen unas diferentes metodologías de adquisición de bienes y servicios y algo que se llama ‘convenios interadministrativos’, que es un proceso que es mucho más acelerado y que se utiliza para algunas situaciones en particular».

«Estamos eliminando la posibilidad de que haya convenios interadministrativos con universidades. Para que tomen la dimensión del tamaño de esto, con la SIGEN hicimos una auditoría respecto a los últimos dos años -2022 y 2023- y encontramos más de 2.400 convenios entre el Estado nacional y diferentes universidades de todo el país», explicó Fariña.

El viceministro reconoció que, «lamentablemente, a lo largo de la historia, se han utilizado esos convenios de formas incorrectas, con marcos que daban poca transparencia, organismos que hacían contrataciones por montos muy grandes con universidades, en las cuales no había un fin concreto, no se entendía claramente, cuál era el servicio que se estaba brindando, en algunos casos se ha llegado a hacer contrataciones de personal mediante este tipo de convenios».

«Queremos brindar la mayor transparencia en el funcionamiento de la administración pública. Esto no implica que se pueda hacer una contratación en una universidad. No lo prohíbe, pero lo único que establecemos que tiene que ser en el mismo marco de igualdad que cualquier empresa», agregó el secretario de Transformación del Estado.

Y aclaró: «Si un Estado o un organismo necesita hacer una consultoría específica sobre algún tema en particular, tendrá que ir a una licitación pública, se podrán presentar empresas privadas, se podrá presentar una universidad pública, se puede presentar una universidad privada y, en base a los criterios de los pliegos, se elegirá al mejor postor, pero que no exista la posibilidad de un camino indirecto, de un camino poco transparente, de directamente hacer un convenio interadministrativo con una universidad pública que permite una vía de gastos de dinero poco transparente».

«El cuarto decreto es un decreto reglamentario para adecuar los cambios que se tienen que hacer a partir del cambio en el DNU que mencioné recién y que se publicará en las próximas horas», explicó.

Los roces con la UBA

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, afirmó que en el sistema de compras que se va a poner en marcha a partir de estos decretos ya hay universidades. «Tenemos 35 universidades que están dentro del sistema, que es más o menos la mitad del sistema. La idea es que pasen a estar en el 100% de las universidades. Sabemos que es un proceso lento, porque tampoco podemos de un día para otro hacer que se cambien todos los sistemas».

El funcionario explicó que en el resto existe un sistema que es el SIU (Sistema de información universitaria) que tiene diferentes subsistemas, como el de administración de personal, un sistema de información de alumnos y un sistema de contratación y pago, que se llama Pilagá. El subsecretario aseguró que el titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, «está de acuerdo» con los cambios y que habían empezado a discutir la implementación.

«La idea era hacerlo en un proceso dialogado con el CIN para implementarlo», dijo Álvarez, aunque reconoció que con la Universidad de Buenos Aires el diálogo está interrumpido. «Hay 62 universidades, además de la UBA, hay otras 61. Nosotros tenemos que gobernar todo el sistema, no solamente la UBA, porque también esto es todo muy UBA dependiente. Es importante, es el 50% del sistema en cuanto al presupuesto, pero como me han escuchado a mí varias veces que lo dije, va a llegar un momento en que la UBA va a tener que aceptar que la Argentina tiene una Constitución y tiene un sistema legal que tiene que acatar. No puede ser que tengamos la Constitución Nacional, la Ley de Educación Superior y la UBA, que tiene su propio sistema legal», afirmó.

«La ley se interpreta según su propio beneficio. Estamos discutiendo ahora: la UBA tampoco quiere el sistema de créditos. Acaba de reunirse el Consejo de Universidades. Se votó por unanimidad la aplicación del sistema de crédito paulatinamente, tampoco es una cosa manu militari, sino que lentamente, y tampoco la UBA participó», consideró.

Por último, el subsecretario de Políticas Universitarias reveló que la última auditoría realizada sobre la cantidad de alumnos que tiene la UBA confirmó una disparidad entre los inscriptos y los estudiantes que efectivamente tienen actividad. «De los 300 mil, el 25% está en duda, no tiene datos. De esa matrícula, 25% que no tiene ningún dato en el sistema. No sé si son inventados, son remanentes, eso estamos investigando, a ver qué es lo que pasó con esos datos. Con tanta cantidad de alumnos sin ningún dato, sin ninguna materia rendida, sin inscribirse ninguna materia, nunca, es para observarlo», afirmó.

Los Decretos -el 825 y el 831- fueron suspendidos por tres meses por una medida cautelar en una causa que inició la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), el Gremio que conduce Pablo Biró. El Gobierno apeló esa resolución y la Cámara del Trabajo la ratificó excepto en el punto de la obligación de informar los paros con anticipación.

«Encuentro pertinente limitar los alcances de la suspensión cautelar dispuesta estableciendo la vigencia provisional de la obligación de preavisar la adopción de las medidas de acción directa que involucren a la actividad aeronáutica civil aerocomercial», señalaron los camaristas Alejandro Perugini y Diana Cañal en su resolución que dictaron la semana pasada y a la que accedió Infobae.

A mediados de septiembre, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial los dos Decretos en los que fijó al servicio de transporte aéreo como esencial. En los hechos eso implicaba que ante una medida de fuerza los gremios debían informarla con cinco días de anticipación y que en la huelga deben prestar como mínimo el 50% del servicio para no afectar a los pasajeros.

La decisión del Poder Ejecutivo se dio tras el paro de 24 horas de Gremios aeronáuticos en reclamo de aumentos salariales y de las fuertes críticas cruzadas entre el Gobierno de Milei y Biró -luego expulsado del directorio de Aerolíneas Argentinas-. APLA presentó en la justicia del trabajo un amparo en el que solicitó la inconstitucionalidad de los dos Decretos que fijaron como esencial el servicio de aeronavegación.

En su demanda, los abogados de APLA señalaron que la medida limita el derecho a huelga que tienen todos los trabajadores garantizado por la Constitución Nacional y que decretar una actividad como esencial se debe hacer por ley. El Gremio también señaló entre sus argumentos que en el conflicto con el Gobierno se aplicaron procedimientos obligatorios de conciliación, por lo que el Estado Nacional tiene mecanismos para intervenir ante un conflicto, y que es discriminatorio apartar al transporte aéreo del derecho de huelga. Y solicitaron una medida cautelar que suspende los decretos hasta que se resuelva el pedido de inconstitucionalidad.

El Gobierno de Milei contestó la demanda y le solicitó a la justicia que la rechace. Explicó que los Decretos no prohíben el derecho de huelga, sino que lo reglamentan para «evitar abusos de derecho, el cercenamiento de los derechos de los restantes ciudadanos, los daños irreversibles que pueden producir a la salud, la seguridad, a la vida y a los derechos de otras personas que merecen el mismo respeto a su dignidad».

El juez del trabajo de primera instancia Ricardo Hierrezuelo avaló la postura del Gremio y dictó una medida cautelar que suspendió por tres meses la vigencia de los decretos. Ahora debe resolver el reclamo de fondo, que es la constitucionalidad o no de la medida que tomó el Gobierno.

El Poder Ejecutivo apeló y la medida cautelar llegó a la Cámara del Trabajo. En su resolución, los camaristas Perugini y Cañal ratificaron que los Decretos pueden afectar el derecho a huelga de los trabajadores de los Gremios. También que la declaración de servicio esencial está en discusión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso es porque la misma medida había tomado el gobierno en el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia 70. Pero ese capítulo fue suspendido por la propia Cámara del Trabajo en distintos fallos que están apelados en la Corte Suprema.

Así los jueces mantuvieron la suspensión por tres meses de los Decretos. Pero aclararon: «No soslayo los intereses de orden general en los que el Estado Nacional pretende sostener la justificación de sus actos, básicamente vinculados a los cuestionables efectos que medidas adoptadas sin mayor responsabilidad podrían ocasionar a los derechos e intereses de terceros, fundamentalmente los usuarios del servicio de aeronavegación comercial».

En esa línea, entendieron que es «pertinente limitar los alcances de la suspensión cautelar dispuesta estableciendo la vigencia provisional de la obligación de preavisar la adopción de las medidas de acción directa que involucren a la actividad aeronáutica civil aerocomercial». Los jueces explicaron que eso es «acorde a la naturaleza del interés público comprometido en un servicio que podría ser considerado de ‘importancia trascendental’ y que no contradice los estándares fijados en los precedentes del Comité de Libertad Sindical de la OIT en la materia».

La medida solo rige para APLA y sus afiliados ya que así se estableció en primera instancia y lo ratificó la Cámara. Otros Gremios, que no iniciaron causas judiciales, tienen la vigencia plena de los Decretos.

“El Presidente de la Nación va a firmar un Decreto que declarará la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, tal como lo habilita el artículo 90 de la Ley 23.696 llamada ‘Ley de Reforma del Estado’”, indicó Adorni, mientras en la Cámara de Diputados avanzan dos proyectos de privatización en las comisiones de Transportes y Presupuesto.

Según estipula la mencionada ley que data del menemismo, “La declaración de ‘sujeta a privatización’ será hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso. Asígnase trámite parlamentario de preferencia a los proyectos de esta naturaleza”. Es decir que con esta jugada el Gobierno redobla la apuesta en su puja con los gremios aeronáuticos y busca acelerar el debate en el Congreso.

A modo de justificación, el vocero presidencial afirmó que “Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones que realizaron todos y cada uno de los gobiernos populistas, lo que provoca la necesidad de efectuar constantes transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal”.

En este sentido, Adorni manifestó que “desde su reestatización en el año 2008, los aportes del Estado nacional para cubrir el déficit de la compañía supera los 8.000 millones de dólares”.

“¿Por qué los argentinos, muchos de los cuales nunca han viajado en su vida, deben cubrir esta atrocidad? No tiene absolutamente ningún sentido la falta de empatía que ha reinado durante años”, sostuvo.

El vocero también criticó -según publica TN– lo que llamó la “estructura sobredimensionada” de Aerolíneas Argentinas, con “una dotación de 1204 pilotos de línea para volar 81 aviones activos, es decir casi 15 pilotos por avión operativo”, lo que calificó de “número excesivo” al compararlo con “el promedio de la industria”, sin revelar cuál sería esa cifra.

Adorni luego volvió a enumerar los “beneficios” de os que según el Gobierno “gozaba parte de la empresa a costas de una Argentina pobre”.

“Van desde salarios mínimos por encima de la industria, traslados, pago del tiempo de traslados, beneficios del día de cumpleaños, pasajes gratis, reprogramaciones pagas, límites en las guardias, uniformes y reposición de los mismos, bonos en dólares, condiciones de descanso diferentes a la industria, períodos festivos, compensaciones, comisiones, pasajes por matrimonio e hijos, si estaban jubilados seguían viajando a una mínima tarifa, etcétera”, afirmó.

La misma establece que los aviones con dos comandantes deben tener como máximo 90 horas de vuelo mensuales y dispone, además, que las tripulaciones no sumen más de 34 horas en una semana.

Fija además que cada miembro de la tripulación debe tener un mínimo de 36 horas consecutivas de sueño en base o fuera de ella en una semana completa de trabajo. Establece que cada avión puede realizar solo seis aterrizajes en 24 horas.

Con estas decisiones, el Ejecutivo busca presionar a los Gremios aeronáuticos y espera una escalada del conflicto como respuesta. La Casa Rosada quiere discutir en el mediano plazo el convenio colectivo de los trabajadores del sector junto con los beneficios de los empleados de Aerolíneas Argentinas. Buscan sancionar además el proyecto que propone la privatización de la empresa estatal en el Congreso.

Es parte de la reforma aerocomercial que trabajó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto con el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez.

El futuro de Aerolíneas Argentinas

El Gobierno acelera las reuniones con empresas privadas para que se hagan cargo de la capacidad operativa de Aerolíneas Argentinas en caso de que los gremios no firmen la paritaria antes del 17 de octubre. Se trata del día en que quedarían vacantes los puestos gerenciales.

Es por eso que Mogetta prepara encuentros con Avianca, Air Europa y Arajet. Busca concretarlos en esta semana y realizarlos con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Circuló la posibilidad de sumar a Azul, pero en Balcarce 50 expresaron que “no está en condiciones financieras de tomar riesgos”.

La Casa Rosada sostiene además que no habrá una concesión ni un acuerdo interempresarial entre Aerolíneas Argentinas y las empresas latinoamericanas en caso de que necesiten resolver la demanda. Asegura que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) cederá las rutas exclusivas de la línea de bandera.

“Lo que queremos es que las empresas privadas puedan sumar conexiones internas que previamente pertenecían únicamente a Aerolíneas Argentinas. No queremos que se pierdan rutas, sino que buscamos potenciar la competencia y que haya más rentabilidad”, expresó a TN un funcionario.

El Gobierno ya publicó este martes el Decreto 844/24, que impulsa a la ANAC a establecer los estándares para que los aviones matriculados en el extranjero puedan operar en la Argentina sin necesidad de registrarse nuevamente. Lo mismo aplica para la tripulación extranjera.

La norma busca “promover y agilizar el otorgamiento de las autorizaciones pertinentes con el fin de que personal extranjero pueda desempeñar funciones aeronáuticas en los servicios aerocomerciales, así como para permitir la utilización de aeronaves de matrícula extranjera para afectar a los servicios aerocomerciales y de aviación general”.

El Ejecutivo ya impulsó la eliminación de la audiencia pública, la incorporación de un nuevo régimen de autorizaciones de rutas, cambios en el registro de aeronaves y contratos y la digitalización de trámites.

Reglamentó además modificaciones en el marco de la atención al pasajero y en las infracciones aeronáuticas sobre los planes de vuelo y el accionar de los pilotos. Apuntan a darle un enfoque técnico de fiscalización a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y uno más político a la subsecretaría de Transporte Aéreo.

Por medio del Decreto 302 –que tiene fecha de hoy – quedan derogados el DNU 690/20 y también artículos de la Ley Argentina Digital N° 27.078, que se votó en 2014, en el segundo mandato de Cristina Fernández.

Como parte de su estrategia desreguladora, el Gobierno anuló un decreto con el que Alberto Fernández buscó controlar los precios de los principales servicios de cable, telefonía (fija y móvil) e Internet. Los había declarado como servicios públicos en competencia, congeló sus precios por un par de meses y puso al Estado como controlante de todas las subas.

Ahora, tras la anulación del DNU, es probable que aumenten estos servicios, pero actualmente no tienen el atraso que podrían mostrar en un esquema de congelamiento total. Por ejemplo, la tarifa celular está hoy dos puntos abajo de la inflación, según señaló Infobae.

“Resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios”, resume el nuevo DNU. Y fue derogado el artículo 48 de la mencionada ley que decía que “los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente”.

Esa parte seguirá vigente, pero se eliminó un segundo párrafo que indicaba que “las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia, las de los prestados en función del Servicio Universal y de aquellos que determine la Autoridad de Aplicación por razones de interés público, podrán ser reguladas por ésta”.

Esa autoridad de aplicación, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), ya no podrá interferir en los precios, ni por el decreto de Fernández, que ya no existe más, ni por ese artículo de la ley, que también quedó en el olvido. Ese es el eje central de las modificaciones: que el Estado no puede interferir en las políticas de precios de las empresas.

También se derogó el artículo 15 de la ley que reconocía “el carácter de servicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de Servicios de TIC”.

La decisión de mejorar la calidad del empleo público, había sido anunciada en el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura.

El ministro de Gobierno, Cristian Ayala, comentó -según publica Diario Jornada– que esta era una deuda que los gobiernos venían arrastrando desde hace décadas con los trabajadores de las diversas áreas de la administración pública, y este año, gracias al trabajo realizado, se ven plasmados los resultados.

«Arcioni tomó la decisión política de terminar con muchos años de inestabilidad de muchos chubutenses que son empleados públicos provinciales que no tenían las mismas condiciones que sus otros compañeros de trabajos«, comentó el espíritu de este decreto.

Ayala precisó que 8000 empleados que se desempeñaban en la planta temporaria, ahora verán plasmados todos sus derechos al pasar a la planta permanente. En tanto que otros 400 trabajadores que están en planta transitoria pasarán a planta temporaria.

Al ser consultado, el ministro señaló que estas modificaciones «no generan gastos» para las arcas de la provincia. «Más de 8000 venían cobrando el mismo sueldo, pero no tenían condiciones de trabajo similares a los de planta permanente. No hay ningún impacto presupuestario, no se genera ningún gasto más a la provincia», sostuvo.

En esta línea, explicó que «en primer lugar se elimina la planta transitoria, que era algo bastante irregular desde el punto de vista de la estabilidad laboral y quedan la planta permanente y temporaria, que es un paso previo para acceder a la primera».

Esta política se inscribe, además, en la incorporación de un nuevo Convenio Colectivo para los trabajadores de la administración pública, que remplaza al ex decreto ley 1897.

Al respecto, Ayala reparó en que hasta que llegó la actual gestión, «no había en la provincia una política de empleo público en la provincia. Hay trabajadores que estuvieron décadas con inestabilidad. Hay que terminar con prácticas que hacen a la precariedad y menor eficiencia del estado», concluyó.

El último decreto publicado, este sábado a la tarde, rige desde esta noche a partir de las 00 y hasta el 30 de mayo, 5 y 6 inclusive. Es solo para los departamentos que tienen un alto nivel de contagio epidemiológico y sanitario. El Municipio de Comodoro confirmó su adhesión y agregó que será sin modificaciones.

Lo más importante es lo siguiente:

Desde las 00 hs del 23 de Mayo y hasta el 30 de Mayo inclusive, y los días 5 y 6 de Junio, la restricción para circular será en el horario de 19 hs a 06 hs En los departamentos de Escalante, Sarmiento, Río Senguer, Futaleufú, Cushamen y Languiñeo.

Se suspenden los días 26, 27 y 28 de mayo, las actividades de los establecimientos educativos,  públicos y privados de todos los niveles y modalidades.

Suspensión de actividades, religiosas, sociales, reuniones, culturales y deportivas.

Quedan exceptuadas de las restricciones prevista, las siguientes actividades y servicios que podrán funcionar de 06 a 19 hs:

Atención médica y odontología programada con sistema de turno.

Laboratorio, análisis clínicos y centro de diagnóstico por imágenes con sistema de turnos.

Personal afectado a las obras públicas y tareas de seguridad.

Supermercados mayoristas y minoristas.

Comercios minoristas de proximidad de alimentos, higiene personal y limpieza.Ferreterías, veterinarias, provisión de garrafa y leña, servicios de lavandería, actividades vinculadas con la producción distribución y comercialización agropecuaria y pesca.

Traslados de niños/as y adolescentes para vinculación familiar.

Retiro de alimentos en locales de alimentos en la zona.

Gastronómicos hasta las 19 y luego Delivery y Take away hasta las 00 hs.

Podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos al aire libre, en cercanías y en el horario autorizado para circular.

Cuando se estaba por vencer el plazo de vigencia del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), el Gobierno anunció que continuará rigiendo en todo el país, con las mismas restricciones que hasta ahora. Por el momento, será hasta el próximo 12 de marzo inclusive. Lo hizo a través del Decreto 125/2021, publicado este domingo en el Boletín Oficial.

Luego de que la Argentina ya superara los 50 mil muertos por coronavirus, y en medio de un contexto de flexibilizaciones entre las que se encuentran, por ejemplo,el regreso de las clases presenciales, las autoridades nacionales advirtieron que recientemente se detectaron variantes del COVID-19 originarias del Reino Unido, de Brasil y de Sudáfrica.

Remarcaron que, si bien a nivel local hubo “una disminución de los casos confirmados” durante las últimas semanas, “en algunas jurisdicciones, principalmente del NEA y NOA, se comienza a observa un aumento” del número de infectados.

El Poder Ejecutivo consideró necesario que continúe vigente en todas las jurisdicciones argentinas la modalidad del DISPO, que vencía este lunes. Además, volvió a ratificar la potestad de las provincias para implementar restricciones de circulación si lo consideran necesario.

Así se mantendrá la libre circulación en todo el territorio nacional, aunque los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrán reglamentarla como consideren, estableciendo días, horas y zonas por razones epidemiológicas.

Además, las autoridades ratificaron la importancia de las clases presenciales al sostener la medida que indica que en aquellos casos en que resulte necesario disminuir la circulación de personas a fin de mitigar la propagación del coronavirus, “se deberán implementar políticas sanitarias que prioricen el funcionamiento de los establecimientos educativos” bajo esa modalidad.

Entre los considerandos, el Gobierno destacó que ya “se ha iniciado exitosamente la vacunación en las 24 jurisdicciones del país para el personal de salud y adultos mayores, y que se espera avanzar en la vacunación de los grupos definidos en las próximas semanas”.

También aseguró que “se incrementó la capacidad diagnóstica, incorporando más de 130 laboratorios al procesamiento de muestras para diagnóstico de COVID-19″ y “se han adquirido más de un millón de determinaciones de PCR”, además de varios “test de antígenos, que permiten resultados más rápidos y sin necesidad de equipamientos para su procesamiento”.

Por otra parte, las autoridades nacionales resaltaron que “se han fortalecido las acciones de búsqueda activa a través del DetectAr federal en las provincias de todo el país” y “se ha venido desplegando una protección económica” para personas y empresas ante esta situación.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, firmó este mediodía un decreto con su par de Río Negro, Arabela Carreras, para habilitar un “Corredor Seguro” de circulación para trabajadores esenciales, entre las ciudades limítrofes de la Comarca Andina –Lago Puelo, El Hoyo y El Bolsón-. 

La firma se llevó a cabo a través de una videoconferencia, en la cual también participaron el secretario general de Gobierno, Andrés Meiszner y los ministros de Gobierno y Justicia, José María Grazzini; de Seguridad, Federico Massoni y de Salud, Fabián Puratich. 

En diálogo con su par de Río Negro, Arcioni destacó la posibilidad de “llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta que uno tiende a proteger a los ciudadanos, intentando encontrar el equilibrio en todos los sectores. Agradecido a vos y tu equipo porque con el buen diálogo, respeto y cariño que tenemos podemos estar firmando este decreto”. 

Arcioni mencionó que “gran parte de la Provincia está muy flexibilizada, y hoy ya estamos volviendo a la ‘normalidad’. Coincido en lo importante de tratar de tener alguna reunión con el sector turístico para ver si podemos establecer algún corredor turístico seguro Patagónico pensando en una salida pos pandemia”. 

Acuerdo

Por su parte, la Gobernadora Carreras destacó que “es positivo por el funcionamiento de la Comarca y el Paralelo 42 en donde hay un vínculo histórico. Por eso me parece saludable que hayamos llegado a un entendimiento”. 

“Trabajamos en conjunto siempre, por eso me parece bueno que la Comarca pueda seguir trabajando, porque si paramos toda la producción vamos a tener un problema más grande que es el hambre”, mencionó la mandataria provincial de Río Negro. 

Carreras manifestó que “es un paso importante y que puede dar inicio a un encuentro con los demás gobernadores Patagónicos para charlar temas importante para la región”. 

Decreto 

En el Artículo 1º del Decreto se declara “la importancia estratégica regional y la instrumentación de medidas concordantes en las que sin desatender la protección de la salud de la población de sus provincias y las normas nacionales vigentes, se adecúe a criterios posibles de normalidad la circulación entre las provincias, que en virtud de la actividad o servicio que prestan, las personas residentes en las localidades de Lago Puelo y El Hoyo de la Provincia del Chubut, y de El Bolsón de la Provincia de Río Negro”. 

Asimismo, establece que “se exceptuará el cumplimiento del aislamiento preventivo y obligatorio (cuarentena) a las personas que desarrollen actividades o presten servicios en dichas localidades. Las personas exceptuadas deberán limitar su circulación a la actividad o servicio que sustentó la autorización conferida; y deberán cumplir las normas, las recomendaciones de protección y los protocolos sanitarios vigentes”. 

Como la fecha legal del despido es cuando se notifica fehacientemente al empleado, es decir, el momento en el que recibe el telegrama, el trabajador demandó a su empleador, una agencia de viajes, por considerar que se lo desvinculó por razones de fuerza mayor mientras regía el decreto.

La jueza laboral Ana Alejandra Barilaro obligó a la firma a «reinstalar el actor en su puesto de trabajo» bajo apercibimiento de «ordenar la aplicación de astreintes (multas)» y de elevar el caso a la Justicia por la posible comisión de un delito penal.

Juan Carlos Cerutti, abogado laboralista y director del Área de Derecho del Trabajo de Plan A, explica que este podría ser el primero de una serie de fallos que podrían dictarse cuando se flexibilice un poco más la circulación de las personas.

Serán demandas de casos de empleados que tal vez fueron despedidos antes del 31 de marzo, pero que recibieron su telegrama con días de retraso. «Sucedió que desde el 27 de marzo y durante el fin de semana anterior al decreto, muchas empresas mandaron notificaciones porque creían que se venía la prohibición de despidos, y luego hubo retrasos en la entrega», describe.

Las empresas, hasta ese entonces, se amparaban en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permitía a los empleadores pagar un cuarto de la indemnización vigente (hoy doble indemnización) cuando los despidos son «por fuerza mayor», una figura que se podía utilizar durante la cuarentena y en el marco de una caída abrupta de la demanda propiciada por la pandemia global.

Cerutti detalló que algunas compañías utilizaron esa figura en los últimos días previos al decreto que prohibió despidos sin justa causa o por fuerza mayor durante 180 días y que hoy se encuentran ante la posibilidad de fallos desfavorables. A su juicio, las empresas deben asesorarse de forma correcta para evitar, «además de la crisis económica y de pandemia, una serie de juicios y costos añadidos».

Mayores negociaciones con gremios

Apenas se anunció el decreto, los abogados laboralistas estuvieron de acuerdo en que, al menos en el sector formal, la prohibición aliviaría a los trabajadores que, en un contexto de pandemia y cuarentena total, no tendrían otra opción de percibir ingresos con otra actividad.

En ese momento, los especialistas en derecho laboral reconocían que, por esos días anteriores a la decisión, varias empresas tenían en carpeta la reducción de sus dotaciones como una manera de bajar gastos durante la paralización casi total de la economía.

La prohibición deja abierta una posibilidad de acuerdo entre las empresas y los trabajadores, antes de llegar a la instancia judicial: se trata del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Es el artículo que habilita el pago de prestaciones no remunerativas (a grandes rasgos, sin los beneficios del salario) en compensación por suspensiones fundadas en causales no imputables al empleador y pactadas «individual o colectivamente».

Es la excepción que se señala en el decreto que prohíbe los despidos y suspensiones y es una herramienta que ya se utilizó en otros momentos de crisis como en 2008, cuando empresas petroleras y automotrices utilizaron esa vía.

Entre las empresas que recurrieron a este tipo de acuerdos se encuentran la aerolínea Flybondi, en la que se acordaron reducciones de hasta el 35% del salario, y AUSA (Autopistas Urbanas). Los trabajadores de autopistas porteñas acordaron un esquema en el que en abril y mayo cobrarán el 70% de sus remuneraciones brutas.

Tras autorizarles un nuevo incremento del 5% a partir del mes de febrero, el Gobierno modificó este miércoles el Decreto 1993/2011, que reglamenta la Ley de Medicina Prepaga, y quitó a la Secretaría de Comercio Interior del proceso decisorio necesario para autorizar los aumentos de cuotas requeridos por las prestadoras.

Mediante el Decreto 66/2019, el Poder Ejecutivo resolvió «centralizar las actuales competencias en un número menor de jurisdicciones» y acotó el procedimiento administrativo a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, retirando al organismo que, en tiempos de Guillermo Moreno, tenía la potestad de autorizarles los aumentos.

En efecto, durante el kirchnerismo, las entidades debían elevar el requerimiento para incrementar la cuota a la SSS, que a su vez lo remitía al Ministerio de Salud para su aprobación, «previo dictamen vinculante» de la Secretaría Comercio Interior.

Según la norma publicada hoy con la firma de Presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y la ministra Carolina Stanley, la participación de ese organismo en la instancia en cuestión, «genera una innecesaria superposición de cometidos y funciones públicas, en detrimento de la simplicidad de los trámites administrativos».

Fundado en ese argumento, el Gobierno decidió, «con el fin de lograr una más ágil y fluida operatoria», solo los dos organismos antes mencionados intervendrán en el procedimiento de autorizaciones de incrementos de cuotas y valores diferenciales, «fijándole un plazo razonable para adoptar una resolución a los requerimientos que se presenten» las empresas –según publica El Cronista-.