El Tribunal Oral Federal 4 condenó a Julio De Vido por uno de los primeros escándalos de corrupción del kirchnerismo relacionado con la adjudicación de obras de ampliación de gasoductos a la empresa sueca Skanska.

Los jueces determinaron que el ex ministro de Planificación Federal reciba una pena de 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua por el delito de cohecho pasivo en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de coautor.

Con este veredicto, De Vido sumó la quinta condena por hechos de corrupción, que se agregan a los 4 años por la compra de los Trenes Chatarra; los 4 años por sobreprecios en la importación de GNL; los 3 años en suspenso por la casa Odebrecht, y los 4 años confirmados por la Corte Suprema en Tragedia de Once, por la que cumple arresto domiciliario en su casa de Zárate.

Otro de los condenados fue el ex secretario de Obras Públicas, José López, a 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua por el delito de cohecho pasivo en concurso ideal con administración fraudulenta en carácter de coautor.

En tanto, para el resto de los procesados el TOF 4 resolvió las siguientes condenas:

El ex gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa: 5 años como responsable del delito de cohecho pasivo en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de coautor.

Los directivos y gerentes de Skanska, como Mario Piantoni, Gustavo Vago y Javier Azcárate: 4 años de prisión por considerarlos culpables de cohecho activo en calidad de coautores en concurso ideal con el de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública como partícipes necesarios.

Héctor Osvaldo Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Juan Gerlero, Roberto Antonio Zareba, Alfredo Greco, Adrián López: a 3 años de prisión por considerarlos responsables de cohecho activo en calidad de coautores en concurso ideal con el de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública como partícipes necesarios. Durante ese término deberán cumplir con las reglas de conducta relativas a fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.

Por otro lado, el tribunal ordenó el decomiso de $34.594.947,34 en concepto del producto del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública nacional, y de $14.017.588,69 por el producto del delito de cohecho, que deberá ser actualizado a la fecha de ejecución.

Los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gasethabían sostenido en su alegato que De Vido, López y Ulloa actuaron de manera conjunta y coordinada para direccionar licitaciones en favor de la constructora, utilizando concursos privados sin justificación y permitiendo así la maniobra fraudulenta.

El juicio Skanska se extendió a lo largo de 47 audiencias desde abril de 2024, involucró la presentación de pruebas por parte de 78 testigos y la exposición de los alegatos. El tribunal está integrado por Néstor Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez.

El veredicto obtuvo el voto mayoritario de Gorini y Costabel, mientras que la jueza López Iñiguez se pronunció en disidencia respecto de la calificación legal y el monto de la pena. Por otro lado, los jueces anunciaron la publicación de la sentencia para el día 22 de septiembre de 2026, a las 13:30 horas.

El caso

La investigación de Skanska representa un caso emblemático en el esquema de sobornos y sobreprecios que marcó el inicio de las investigaciones sobre corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. 

El objeto del caso fue determinar si existió un esquema de pagos de coimas a funcionarios públicos, a cambio de orientar la licitación de las obras de ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) hacia la empresa Skanska.

El expediente se abrió en el año 2006 con la instrucción del juez Ariel Lijo y la intervención del fiscal Carlos Stornelli. A partir de una extracción de testimonio de este sumario, se inició otra pesquisa, que fue Odebrecht, en la que se analizó otra serie de contratos para obras en los mismos gasoductos.

El dato lo confirmó a Radio Chubut el Procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena, quien dijo que la resolución de Bonadío llegó a la Fiscalía de Rawson y está siendo analizada para decidir si corresponde o no investigar el hecho.

La denuncia fue presentada en el año 2006 por el abogado Moner Sans e involucra directamente a De Vido por la administración de un fondo federal de viviendas que se distribuía a los Institutos Provinciales de Vivienda para financiar la construcción de casas.

“Será un tema de análisis del flamante jefe de fiscales de Rawson”, agregó el Procurador, que anunció que a partir de hoy se hará cargo de esa Fiscalía el Dr. Fernando Rivarola, proveniente de la ciudad de Esquel.

El primer paso lo dio el ex presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner. Ante el fiscal Carlos Stornelli buscó imponer esa versión, al declarar como «arrepentido». Por un lado, detalló que la coima era «entre el 10 y 20 por ciento del total de la obra». Por el otro, admitió que las constructoras se cartelizaron. «Las empresas se reunían en los lugares establecidos y determinaban el ganador de la licitación en función de su interés por la obra y del volumen de trabajo que tenían».

Sin embargo, las confesiones de Wagner y otros empresarios son incompletas o parciales, según coincidieron las fuentes consultadas por La Nación. Porque callaron sobre la doble remarcación de los precios y sobre el «doble conforme» de los gobernadores e intendentes, entre otros detalles de la operatoria de «el club de la obra pública».

¿Cómo era la doble remarcación? «El primer paso era conocer de antemano, por contactos, que el Gobierno estaba por llamar a una licitación para la construcción de un puente, por ejemplo, que debería costar 100», graficó un testigo de aquellos encuentros. «Entonces, las constructoras acordaban que iba a costar 120, cuál de ellas iba a ganar y cuáles iban a ‘acompañar’ la licitación, simulando que competían».

Para eso, claro, primero había que conocer qué empresas compraban los pliegos de la licitación. «Eso es fácil, si por 1000 pesos te tiran por izquierda el listado en Vialidad», cortó otro veterano de las lides del club.

Ya con ese listado y la primera remarcación -que los «arrepentidos» callaron hasta ahora-, luego llegaba la segunda remarcación de entre 10 y 20 puntos porcentuales fijados por el equipo de Julio De Vido. Es decir, que el puente terminaba por adjudicarse a un valor de 130 o 140.

Eso explicaría, según algunos de los consultados, por qué Wagner aludió a retornos del 10% al 20%, pero tanto el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich , como el entonces titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel , estimaron que los sobreprecios en la obra pública durante el kirchnerismo fueron de entre el 30% y hasta el 50%.

¿En qué bolsillos terminó la diferencia entre lo que declaró Wagner y los cálculos de Dietrich y de Iguacel? En los de varios receptores cuyas identidades los «arrepentidos» callaron hasta ahora. «Los empresarios se quedaron con una parte, pero no lo pueden admitir porque no serían ‘víctimas’ de los políticos, sino cómplices», contó un exalto ejecutivo de una constructora de ese club.

Esa diferencia de 20 puntos entre el valor real de la construcción de un puente (100) y la primera cotización presentada al equipo de De Vido (120) servía, además, como «colchón» para el empresario ganador, que de allí debía alimentar varias bocas. Entre ellas, las de aquellos constructores que lo «acompañaron» en la licitación simulada, en vez de «ir a la guerra», como le dicen a la idea de competir en la Cámara de la Construcción y la Cámara de Empresas Viales, más conocida como «la Camarita».

De esa primera remarcación también salían los fondos para pagarles a ciertos gobernadores e intendentes de las zonas receptoras de la obra pública. «¿Vos te creés que si vas a una provincia vas a poder construir sin el OK del gobernador del feudo o sin un mangazo del intendente del lugar?», desafió otro empresario que aún no fue citado por la Justicia. «A veces no te piden guita de frente, pero sí que subcontrates a una empresa ‘amiga’ o le alquiles las máquinas a tal o cual, o que les des laburo a sus ‘muchachos’ de la zona», resumió.

Ya con el proyecto en marcha, el cobro de los certificados de avance implicó otro «peaje» que los empresarios también debieron solventar con los fondos de la primera remarcación. «Para cobrar, tenías que tener el ‘doble conforme’. Es decir, que el gobernador o intendente dieran el primer OK a Nación y, luego, que la gente de De Vido te diera el segundo, entonces sí podías ir a cobrar a Vialidad», graficó un protagonista.

A menudo, sin embargo, los llamados para cobrar no provenían de Vialidad, sino del financista Ernesto Clarens, quien así lo confirmó en la Justicia, esta semana, cuando confesó parte de sus acciones con la esperanza de que lo acepten como «arrepentido», aunque evitó dar mayores precisiones sobre los roles de tres funcionarios de Vialidad durante el kirchnerismo: Sandro Férgola, Sergio Passacantando y Gustavo Gentili, quien luego pasó al Occovi en reemplazo del también ahora «arrepentido» Claudio Uberti.

«Férgola le pasaba a Clarens el listado de obras y Passacantando los certificados de obra que estaban para cobrar y era él quien nos llamaba», rememoró un contador, que detalló cuál era la condición que les comunicaba el financista a los empresarios: «El jefe [en alusión a Néstor Kirchner ] quiere dólares». Y de esa exigencia surgía una necesidad para las constructoras: de dónde sacar los dólares para pagar. «O los conseguías por tu lado en alguna cueva o como sea o él [por Clarens] te cobraba el 4% de comisión por encargarse». Y esa tajada también tenía que salir de la primera remarcación, aquella que llevó al puente de valer 100 a 120.

A todo esto, los sabuesos de la AFIP suman otra sospecha. Investigan si los empresarios le mintieron a la Justicia al afirmar que esos pagos ilegales a los políticos salieron de sus bolsillos, ya fuera de sus ahorros personales o como «adelantos de dividendos».

«Varios ‘arrepentidos’ buscaron proteger a sus empresas dejándolas fuera de la operatoria», explicó una alta fuente del organismo tributario. «Lo que estamos verificando es si en realidad están ocultando el uso de facturas apócrifas, de firmas reales o ficticias, por mucho más dinero, que terminaron en los balances de sus empresas, lo que podría traerles más problemas», estimó. Problemas para los ya arrepentidos -porque se caerían sus acuerdos con la Justicia y afrontarían mayores penas-, pero también porque alcanzarían a los restantes miembros de los directorios de sus empresas.