Petrone y Barroetaveña «analizaron hace más de dos años la sentencia de diciembre 2021 del Tribunal Oral Federal 3, que había marcado la absolución de Cristóbal López y Fabián De Sousa», explicó el periodista Gabriel Morini.

El fallo en primera instancia había sido en respuesta a la denuncia presentada en marzo de 2016 por el funcionario macrista Abad en base a un artículo del diario La Nación sobre una supuesta deuda de $ 8.000 millones que los empresarios mantenían con el Estado argentino, más específicamente con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Pero este lunes el máximo tribunal penal de la Argentina determinó, tras leer el fallo de 160 carillas, que la absolución de Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron correctas y que también correspondía bajar la pena impuesta al extitular de la AFIP Ricardo Etchegaray -según publica MinutoUno-.

El fallo «se revela como una suerte de punto final porque Casación se tomó un tiempo considerable para llevar adelante una audiencia y analizar las pruebas del caso», agregó el periodista especializado en judiciales.

En este sentido, señaló -a través de su cuenta oficial de Twitter- que “por si faltaba alguna prueba de que el gobierno de Mauricio Macri tuvo un plan para quedarse con C5N y las empresas del Grupo Indalo, Federico Sturzenegger lo cuenta explícitamente en una nota publicada por el Diario Perfil”.

“No solo Sturzenegger confiesa el plan para expropiarnos las empresas, sino que dice, en el último párrafo de la nota, que es lo que deberían volver a hacer si fueran Gobierno”, indica.

“Recuerdo que el primer ítem de la lista Roberto Dromi de fue ‘expropiar C5N’; el segundo, ‘intervenir los hoteles de Cristina’, y así. La lista no era una de tareas a realizar, sino de cómo licuar los recursos y el poder de quienes él pensaba los usarían en contra del futuro gobierno. En ese momento pensé que aquello era una locura. Creía que ganaríamos las elecciones, que demostraríamos que las cosas se podían lograr sin hacer bullying a nadie, y que los resultados nos permitirían consolidar los cambios con el tiempo”, comenta explícitamente Sturzenegger.

Asimismo, el empresario argentino aclara que “todo lo termina de coronar el diputado macrista Fernando Iglesias, que insiste con un argumento tan falso que no pudieron probar ante el Poder Judicial. Nosotros no nos quedamos con ningún impuesto”.

“C5N, el canal pagado con los impuestos a la nafta que se robó Cristóbal López y fueron condonados por ley del vergonzoso Congreso peronista”, asegura en un tweet el diputado de JxC, Fernando Iglesias.

“Fernando Iglesias no es un diputado más: fue elegido para ese lugar por el ex Presidente Mauricio Macri y el prófugo de la justicia argentina, ‘Pepín’ Rodríguez Simón”, indicó.

Finalmente, López concluyó: “Alertamos a las organizaciones periodísticas locales e internacionales sobre las intenciones del proyecto de Juntos por el Cambio de expropiar empresas del Grupo Indalo en caso de que vuelvan al Gobierno. Sería un retroceso para la democracia que este año cumple 40 años de vigencia”.

Un jugoso debate se produjo entre Astete y el empresario López. El primero lo acusó de haber estafado su padre por el incumplimiento de un contrato de compra y venta. En tanto, Cristóbal aseguró que Astete “pidió coimas de 400 mil dólares a través de Ricardo Benedicto -dueño del Casino Club- para no hablar más de él”.

En este sentido, el empresario Cristóbal López señaló que “a mí no me adjudicaron nada porque CPC esta intervenida por la Justicia. No puedo ni pisar las oficinas. Yo soy accionista de la sociedad y cuando una empresa está concursada los dueños no pueden manejar más nada”.

“La Dra. Silvina Martínez es parte de un entramado de persecución contra mí del Gobierno anterior. Deberías explicarme por qué estuve preso durante 22 meses”, dijo en diálogo con Radiovisión.

Asimismo, aclaró que “yo me dedico a laburar, no tengo tiempo de andar ensuciando a la gente. Vos me trataste de estafador, quiero que me digas en que estafe a tu padre”.

“Los periodistas tienen la ventaja de decir lo que se les dé la gana. No tenés hombría de nada, yo las cosas las puedo decir delante de la gente cuando quiera”, indicó.

En ese marco, destacó que “muy buen lugar tenés, se ve que la extorsión sirvió para algo. El peronismo permite que los periodistas digan lo que quieran. No hay represalias como en el caso del macrismo”.

“Yo necesito que me digas en qué estafe a tu padre para poder defenderme. Cuando las personas no están presentes vos te la pasas hablando pero cuando estamos cara a cara no decís nada”, aseveró el empresario.

A su vez, recordó que “durante 22 meses te llenaste la boca diciendo por qué estuve preso y ahora no me lo querés decir en la cara”.

“Yo no hablo desde hace seis meses con mis socios, vos sí hablás con ellos, así que decime vos cómo están”, expresó.

“Yo voy a venir como reportero de C5N para que me digas en la cara porque estuve preso”, resaltó.

Finalmente, López concluyó que “para estar en la radio, sí servís, ahora para escribir un libro la verdad es que no tenés la capacidad intelectual para hacerlo”.

Duelo picantísimo. ¿Habrá segunda parte?

“La gran diferencia entre la forma de negociar de Alberto Fernández y Martín Guzmán es que estos privilegiaron los intereses del país antes que las comisiones y los negocios personales”, señaló López comparándolos.

Y agregó siempre en su cuenta de Twitter que “el Gobierno de Macri fue el de una banda dedicada a los negocios financieros y así terminamos pagando una tasa del 7%”.

“Este Gobierno no consiguió el 3% porque fueran magos: lo consiguieron porque sus gobernantes actúan honradamente y no están de los dos lados del mostrador”, determinó.

En este sentido, señaló que “el nombre muy poco nos importa en el Ministerio de Seguridad, estamos hablando de un ganadero, una persona que tiene un campo, que está exento por el DNU”.

“Lo que ocurrió ayer en Alto Río Senguer nos llamó muchísimo la atención por lo peligroso que es. Hay una paranoia que se está gestando y nosotros como Estado seremos contundentes en no permitir esto”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, aclaró que “nadie tiene el derecho de prohibirle a alguien en una actividad que está permitida, realizar este tipo de prohibición que se realizó ayer”.

“Nos enteramos que la frente de esta movida estuvieron algunos concejales. Por instrucción del Gobernador me comunicare con el Intendente de la localidad”, indicó.

Finalmente, Massoni concluyó que “le pedimos tranquilidad al ciudadano chubutense. no empecemos un frenesí de paranoia total”.

El empresario detenido del Grupo Indalo Fabián De Sousa denunció ante la jueza María Servini el vínculo del presidente Mauricio Macri en su detención y en la extorsión para que el grupo de medios cambie su línea editorial para perjudicar a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Según detalló el investigador Horacio Verbitsky en el programa Habrá Consecuencias porEl Destape Radio, el empresario detenido presentó una denuncia ante la jueza Servini, quien delegó la instrucción en el fiscal Guillermo Marijuan y se comenzó la investigación.  

“Se tomó en serio la denuncia, no se cerró ni se archivó. Se está investigando. Marijuan citó a De Sousa para tomarle declaración testimonial”, indicó el periodista.

Y reveló: “De Sousa denunció que toda la operación para modificar la línea editorial de los medios y desapoderar a él y a López de los medios, lo encabezó Mauricio Macri”.

En su declaración, el empresario contó “sobre tres reuniones en las que participó el Presidente, quien planteó poner los medios del Grupo Indalo al servicio del objetivo de encarcelar a la ex presidenta Cristina Kirchner” y mencionó “las circunstancias” de cada encuentro.

“En dos reuniones participó De Sousa y Macri, una fue en la Usina del Arte y la otra en la sede de Parque Patricios del Gobierno de la Ciudad. La tercera, de la cual no participó el empresario sino que fue su socio, Cristóbal López, fue en la casa de Franco Macri con Mauricio Macri y ahí le planteó que tenían que alinearse para lograr el objetivo de detener a la ex mandataria”, completó el investigador.

La denuncia está registrada ante el fiscal Marijuan y la investigación sigue avanzando. No es casual, que ambos empresarios, De Sousa y López, se encuentran detenidos por “administración fraudulenta”.

El 4 de junio comenzará el juicio oral contra Ricardo Echegaray, el ex titular de la AFIP, y el empresario Cristóbal López, acusado de haber llevado adelante un fraude millonario a la entidad.

El tribunal aceptó la prueba que se analizará durante las audiencias y fijó la fecha de inicio de juicio. Declararán 50 testigos, la acusación estará a cargo del fiscal Juan García Elorrio y se prevé que el juicio -en principio se hará todos los martes- dure cuatro meses.

Se los acusa de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública. Se los embargó por $17.042.509.692 a cada uno y se congelaron sus cuentas bancarias y cajas de seguridad.

En la causa se atribuyó a Echegaray, en su carácter de administrador federal, «haber otorgado de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a su cargo, planes de pago -especiales y generales a Oil Combustibles SA -de la cual era responsable López- por el impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural (ICL)».

A López se le reprocha haber realizado un aporte imprescindible con la estructura societaria necesaria para beneficiarse de aquella maniobra. Se sospecha que el dinero que se le retenía a los conductores y debía ser aportado al Estado, se utilizaba para hacer negocios vinculados a otras empresas del grupo empresario.

Se prevé que el juicio oral dure cuatro meses pero dependerá de la dinámica del proceso. En el tribunal analizan la posibilidad de incorporar un día más de audiencia por semana. Antes de fin de año habrá veredicto.

El decreto 1.400/18, fechado el 26 de diciembre último, es el referido a la medida de reversión del área Cerro Negro, que había sido adjudicada a la empresa Clear SRL en el año 2005. Tres años después hubo una decisión de contrato entre esa firma y la compañía “Petrolera Cerro Negro S.A”, que se hizo cargo de la operación.

Se trata de una de las áreas marginales, así denominadas por su baja productividad, pero que fueron adjudicadas a mediados de la década pasada, ante el interés de empresas regionales y medianas compañías.

El empresario santacruceño actualmente detenido, Lázaro Báez, recibió una adjudicación en aquel tiempo a través de la empresa Epsur, que se hizo con la concesión de Mata Magallanes, que también terminó revertida por su baja productividad e incumplimientos del contrato, en el año 2012.

El decreto intima a Petrolera Cerro Negro a que en el término de diez días hábiles, “haga entrega formal del área”, al tiempo que la medida aclara que la caducidad de la concesión no significa librar a la empresa de las multas y sanciones correspondientes.

Entre los argumentos de la decisión, se menciona que la firma adeuda regalías y canon petrolero desde el año 2016, además de que “su conducta y proceder ha afectado la producción y reserva del yacimiento, generando el perjuicio a la provincia”. El decreto instruye al Ministerio de Ambiente de la provincia para que realice el inventario de los pasivos ambientales del área revertida, cuya reparación debe ser asumida por la empresa a la que se quita la concesión –según publica Diario El Chubut-.

El Ministerio de Hidrocarburos debe realizar el dictamen para aplicación de las sanciones y multas pertinentes, según dispone el decreto que lleva la firma del gobernador Mariano Arcioni.

El Juzgado, cuyo juez titular es el doctor Manuel Pis Diez, debe resolver en los recursos de amparo impulsados bajo los expedientes 283 y 284/2018, por el que se interponen medidas cautelares en contra del Banco Santander Río, que había inmovilizado fondos detectados en las cuentas de Nazareno y Emiliano López.

El juez Javier Cosentino, a cargo de la quiebra de Oil Combustibles, dispuso la inhibición general de bienes, lo que fue formalizado por el Banco Central a través de la Resolución D2716. Al detectar el Banco Río la existencia de fondos por un monto que, según fuentes consultadas por esta agencia, serían de 2 millones de dólares, los retuvo y comunicó al juez de la quiebra, quien ordenó a la entidad que se abstuviera de posibilitar el retiro de dinero de la cuenta, como también el rechazo cheques girados contra las mismas.

Frente a esa situación, tanto los hijos de Cristóbal López como uno de sus abogados, Daniel Herrera, quien ejerció como director de Oil Combustibles (y por lo tanto, también fue alcanzado por el embargo bancario), interpusieron los recursos de amparo contra la entidad bancaria. Según observadores judiciales que siguen de cerca el caso y conocen la investigación desde sus inicios, la maniobra apuntaría a evitar que esos fondos deban responder a los acreedores de la empresa en quiebra, entre los que se cuenta el fisco, con una deuda que supera los 16.000 millones de pesos.

De acuerdo a lo que pudo saberse en fuentes vinculadas al sistema judicial, los recursos de amparo apuntan a cuestionar la decisión del banco, por entender que habría ido más allá de la inhibición, al trabar embargo y pesificar el monto que originalmente se encontraba en dólares, impidiendo el resto de operaciones habituales para el desenvolvimiento de las personas físicas y jurídicas. “No es plata que se sustrae a la quiebra, sino una medida para evitar que el banco los convierta en un muerto civil”, dijeron voceros cercanos al grupo empresario.

Respecto de la elección del juzgado en Comodoro Rivadavia, que generó todo tipo de suspicacias en ámbitos de los tribunales capitalinos (ya que la medida podría haberse presentado también ante el mismo juez de la quiebra), fuentes judiciales coincidieron en señalar que la vía de amparo no va a sorteo, sino que se puede elegir libremente en qué juzgado se presenta.

Anteriormente, también se intentó tramitar el concurso preventivo de Oil Combustibles en Comodoro Rivadavia, cuando se hizo la presentación en el Juzgado del juez Gustavo Toquier, quien abrió la posibilidad del procedimiento pese a una notificación en contrario. Como consecuencia, el juez cumple hoy una suspensión de un mes, tras haber sido denunciado por la AFIP y la DGI ante el Consejo de la Magistratura, que ahora abrió una nueva investigación contra el mismo magistrado, en base a una denuncia formulada por el Superior Tribunal de Justicia.

Según publica el diario Clarín, Cristóbal López se prepara para afrontar el primer juicio oral y público por defraudación, junto a Fabián De Sousa su socio y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. En ese juicio también se tratará la demanda por daños y perjuicios que el Estado le realizó al empresario K por haber generado una deuda multimillonaria. Junto a sus abogados, entre ellos Aníbal Fernández, López prepara su defensa: responsabilizar a Mauricio Macri de la quiebra de su principal empresa.

«La AFIP hizo todo para mandar a la quiebra a Oil Combustibles SA y la detención de Cristóbal López y Fabián De Sousa no se decidió en la justicia, sino en la Casa Rosada», señalaron desde la defensa de Cristóbal López a Clarín.

Así, y bajo este principal argumento, se defenderá el empresario K ante la demanda por más de $ 22.000 millones que impulsa la AFIP que dirige Leandro Cuccioli, contra los dueños del Grupo Indalo y Echegaray. Los tres acusados deberán responder con sus respectivos patrimonios ante el reclamo por daños y perjuicios.

La defensa del empresario K, integrada entre otros abogados por Aníbal Fernández, enfocará la ofensiva en el accionar del Gobierno de Cambiemos. El último componente fue la valuación que los interventores judiciales realizaron, en el marco de la quiebra, sobre la petrolera Oil Combustibles.

Según el informe oficial, se le otorgó un valor de mercado de 42,5 millones de dólares, cifra con la que disiente Cristóbal López. «Su principal malestar es con el valor que es muy por debajo del que tiene la empresa, él quiso venderla y el valor de entonces hace más de un año era de más de 500 millones de dólares», señalaron desde su entorno a Clarín.

«Ante el juez Julián Ercolini (que procesó al empresario K y lo detuvo), se presentó una presentación con cuatro definiciones de valuaciones de especialistas, donde se determinó que el Puerto de Oil valía 115 millones de dólares, el stock se cotizó en 100 millones de dólares, un reconocimiento de flujo a tres años por 135 millones de dólares y tres años más por 135 millones de dólares y las estaciones de servicio por 22 millones de dólares», plantearon desde la defensa de López.

La sumatoria de dichas valuaciones, arrojó una valor de 507 millones de dólares para la petrolera que utilizó López para no pagar a la AFIP $ 8.000 millones del impuesto a los Combustibles durante el último gobierno de Cristina Kirchner. Sin embargo, tras el pedido del juez comercial Javier Cosentino, los veedores le asignaron un valor actual de 42,5 millones de dólares, al contemplar diversos factores como el «deterioro de la red de estaciones de servicios y la inactividad de la refinería», entre otros puntos detallados en el informe oficial

López y De Sousa presos ambos en el Penal de Ezeiza, plantearon a sus abogados la semana pasada que el valor de Oil es «muy bajo a propósito» y que de haberlos dejado vender hace un año como propusieron «se hacía por más de 500 millones de dólares y se cancelaba parte de la deuda».

Este planteo para la justicia resulta insuficiente. «Ellos se financiaron con el dinero del Estado y en vez de pagar mes a mes, cuando podían, el impuesto a los combustibles decidieron financiarse y ampliar el conglomerado empresarial», remarcaron fuentes judiciales. La defensa de López insiste que a diciembre de 2015 parte de los planes de pagos estaban cancelados, «hicieron todo el daño para que dejaran de pagar y que Oil quiebre», repitieron.

A través de la demanda, se exige que los acusados respondan por «la totalidad de las sumas dejadas de percibir por el Fisco en función de la maniobra defraudatoria», ante «los perjuicios causados por la afectación de la institucionalidad de la AFIP por la pública burla a los controles del Fisco» y por «el lucro cesante que supone para el Estado Nacional la indisponibilidad de las sumas lisa y llanamente sustraídas al erario público».

Durante la etapa de la demanda civil, López buscará «exhibir que el Estado empujó a la empresa a la quiebra». Mientras, la AFIP se prepara para reclamarle más de 22.000 millones de pesos.

La Justicia adjudicó a Destilería Argentina de Petroleo S.A e YPF la gestión de la empresa en marcha Oil Combustibles, la firma de Cristóbal López .

La resolución fue adoptada por el juez comercial Javier Cosentino, al considerar que la oferta de YPF y DAPSA es la más conveniente para los intereses de la quiebra, de acuerdo a lo informado por los interventores al juzgado.

YPF ofreció pagar mensualmente tres millones y medio de dólares para la administración de la empresa, lo que permite pagar los sueldos y todavía quedarse con un fondo para la producción de la compañía.

En los próximos cuatro meses, la Justicia deberá llamar a una licitación para vender definitivamente Oil Combustibles y en esa puja YPF se reservó el derecho de igualar la mejor oferta, con lo que probablemente se quede con la empresa.

Otras empresas que también estaban detrás de la fallida petrolera de Cristóbal López y su Grupo Indalo eran los trabajadores de la empresa a través de una cooperativa y las firmas Vitol, Trafigura y Lukoil.

Gendarmería Nacional realizó allanamientos en la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) y en el área de Catastro Municipal con el objetivo de encontrar documentación relacionada a los terrenos donde se levanta el frustrado shopping y que cuya construcción estaba a cargo de CPC, empresa constructura de de Cristóbal López. Es en el marco de una investigación del juez federal Sebastián Ramos, que investiga presuntas maniobras de lavado entre este empresario y Lázaro Báez, en base a los terrenos ubicados en playa Sur, que antes pertenecieron a la SCPL.

La investigación había tenido un capítulo anterior cuando se solicitó documentación al área de Catastro. “Hemos entregado toda la documentación solicitada, sin ningún inconveniente, porque para el Municipio está todo claro”, dijo el asesor letrado del Municipio, Miguel Criado Arrieta, en Radio del Mar.

La investigación se vincula a un terreno de 3.200 metros cuadrados que se vendieron entre ambos empresarios, según el tenor de la investigación que trascendió en medios nacionales, incrementando llamativamente el precio de las tierras. Según esa Clarín, el terreno fue adquirido por 800.000 pesos por parte de Báez, mientras que luego se lo habría vendido en un millón de dólares a Cristóbal López.

“Hoy en nuestro país todo activo proveniente de una actividad ilícita está amparada por esta normativa. Específicamente buscaban la evolución del proyecto de la empresa, cada integrante de la sociedad anónima y el entramado societario con el que se construye. Se suministró lo mismo que la vez pasada porque no se necesita una orden de allanamiento para obtener esta documentación”, remarcó Criado Arrieta.