En este sentido, señaló que “desde nuestra postura el tema del juicio por la coparticipación con el Gobierno Nacional, es un tema federal porque el planteo se hizo en el Juzgado Federal de Rawson”.

“Hay sobrados antecedentes que estos temas se pueden tramitar en primera instancia federal”, dijo

Asimismo, aclaró que “la opinión de la procuradora adjunta de la Corte es un dictamen no vinculante. Es solo una opinión de partes, no es un fallo judicial”.

“Y que la cuestión es debatible, lo demuestra la circunstancia de que el Gobierno Nacional apeló el fallo ante el Juez federal, con lo cual -a nuestro juicio- consintió a nuestro juicio la competencia del Juez”, indicó.

En este marco, destacó que “es un tema cuanto menos debatible y nosotros estamos convencidos que es de competencia de la Justicia Federal de grado, no de la Corte Suprema. La Corte Suprema podrá ser, en ultima instancia, como vía recursiva”.

“La Corte no tiene plazos para resolver, pero los planteos son llamativos”, afirmó.

A su vez, añadió que “no hay que olvidarse que el fallo fue favorable para el Gobierno del Chubut”.

“Lo relevante es que el Gobernador Torres hizo lo que no hicieron los mandatarios anteriores, que fue defender a la Provincia del Chubut en todos los planos, en el debate público y en al Justicia y el fallo que se obtuvo fue favorable a la posición de Chubut”, expresó.

Finalmente, Menna concluyó que “lo cierto es que hoy hay un fallo que establece una orden de no hacer mas retenciones indebidas que son un derecho de Chubut”.

El Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, acudió hace varias semanas a la Justicia federal con asiento en la provincia para tratar de revertir el recorte de los fondos que percibe el distrito en concepto de coparticipación. Uno de los puntos de la demanda solicitaba la devolución de 13.500 millones de pesos que debían girarse a Chubut y que el Estado retuvo, lo cual dio origen a la denuncia de Chubut y luego, al conflicto entre la Nación y los gobernadores.

El juez Hugo Sastre ordenó -según publica Diario Clarín– el «cese de la retención que, en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial», que viene haciendo el Gobierno Nacional.

El fallo decía que el cese de esa retención aplicada por la administración de Milei, «deberá hacerse hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el período máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso».

Pero además, el Gobierno de Javier Milei sostuvo que el fallo “ocasiona un gravamen de imposible reparación ulterior y configura un evidente caso de gravedad institucional, habida cuenta que se encuentra comprometido el interés público”.

Por ese motivo se pidió que la apelación sea aceptada con efecto suspensivo.

El Gobierno aduce que el juez “omitió correr traslado previo al Estado Nacional para que pueda ejercer su derecho de defensa y exponer el interés público comprometido afectado”.

En otro tramo de la apelación, se indicó que la decisión del juez Sastre “afecta y compromete los recursos propios del Estado Nacional”.

A esos argumentos, el Estado Nacional sumó el “exceso jurisdiccional” por parte del juez al “poner en riesgo la defensa en juicio del Estado Nacional”.

Cuando Chubut acudió a la justicia, sostuvo que la Nación no les contestó las solicitudes de refinanciación y autorización de endeudamiento efectuadas por la provincia. Por eso, dice la denuncia, el Estado Nacional «habría perdido de vista los principios constitucionales de buena fe y lealtad federal, que impedían adoptar medidas intempestivas que afecten seriamente a las provincias».

En su fallo, Sastre expresó que ante este escenario resulta indispensable «estimular el mejoramiento de las cuentas públicas provinciales a través de medidas coordinadas con el Gobierno Nacional».

Esta tarea, continuó el juez, implica «un esfuerzo de organización y financiero, que en muchos casos podía exceder las posibilidades de las propias provincias, por sus limitaciones para acceder a los mercados voluntarios de crédito en dichas circunstancias».

Fue en este aspecto que habló de la relación «indisoluble y permanente» de las provincias con el Estado Nacional, y consideró que es éste el que «tiene el deber de agotar sus esfuerzos en tal sentido, sin relevar a las provincias de sus responsabilidades ni de sus atribuciones constitucionales, lo que permitiría aliviar la situación financiera».

En este sentido, Adorni consideró que la resolución del Juez federal de Rawson, Hugo Sastre, “parece estar más fundada en una invocación a la piedad que al derecho aplicable”.

En pleno enfrentamiento del Gobierno con las provincias, el funcionario nacional aseguró: “Los fondos transferidos a Chubut por coparticipación en el mes de febrero fueron de $21.971 millones”.

“Durante este mismo lapso la Provincia realizó 25 festivales: la Fiesta Nacional del Tren a Vapor, la Fiesta Regional de la Tortilla al Rescoldo, la Fiesta de la Doma y el Folclore, la Fiesta Regional de la Flecha, la Fiesta provincial del Caballo, entre otras fiestas locales populares”, expresó.

El Juez federal Huho Sastre le ordenó al Gobierno Nacional la suspensión de la retención de fondos coparticipables a Chubut para el cobro de una deuda de la provincia con Nación y les pidió a las partes que arbitren los medios necesarios para avanzar hasta lograr la cancelación o la refinanciación del préstamo por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) analiza los datos de este año porque señala asimetrías significativas con lo que sucedería en la Ciudad de Buenos Aires si se cumpliera correctamente la medida cautelar de la Corte Suprema que obliga a la Nación a restituir parte de los fondos recortados al gobierno porteño, a partir de los valores de diciembre de 2022.

“Se observa que no hay cambios significativos en los montos de las transferencias, a excepción de CABA, que de cumplirse la medida cautelar de la SCJ, en el 2023 duplicaría los montos que recibió en el 2022. Al contabilizarse dichos montos, CABA lograría recibir más transferencias per cápita reales que Buenos Aires, quedando esta última jurisdicción en el último lugar del ranking como la que menos recibiría”, señala el documento -según publica TN-.

De esta manera, la provincia que menos fondos por habitante recibirá en 2023, entonces, será la Provincia de Buenos Aires, la más habitada del país. Allí, el monto de las transferencias per cápita será de $115.000. Luego, en la Ciudad de Buenos Aires, que quedó en segundo lugar entre las que menos reciben, ese número será de $128.000.

Continúa en la lista Mendoza con $172.000 y Córdoba con $184.000. Neuquén ($201.000) y Santa Fe ($223.000) son las siguientes.

En contrapartida, entonces, la provincia que más fondos recibirá será Tierra del Fuego, la más austral y menos habitada del país, donde la cifra es de $523.000 por habitante. En segundo lugar de los territorios que más recibirán se ubica Catamarca, con $520.000 per cápita y Formosa con $499.000. La Rioja ($442.000) y La Pampa ($428.000) son la cuarta y la quinta que más reciben per cápita.

Recientemente, otro informe de la Bolsa de Comercio de Córdoba dio cuenta de lo que sucedió con la coparticipación en la última década. Allí, el hallazgo fue que durante la última década, en promedio, las transferencias totales por habitante de Nación a las provincias cayeron 4,4%, mientras el nivel de empleo público cada 1000 habitantes aumentó 11%.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, Tierra del Fuego “lidera el ranking de distritos con mayor nivel de transferencias per cápita y que, a la vez, cuentan con más cantidad de empleados públicos cada 1000 habitantes”.

Completan el grupo de mayores transferencias y empleo público, Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, La Pampa y Jujuy, que están por encima del promedio en ambos indicadores.

En el otro extremo están las provincias con menor dependencia de Nación y también con menos peso del empleo público. La Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Misiones figuran en esa lista.

El estudio elaborado por la Bolsa de Comercio de Córdoba demuestra -según publica TN– que “mientras mayor sea el nivel de transferencias per cápita recibidas por las jurisdicciones, mayor es el nivel de empleo público”. De acuerdo con los últimos datos disponibles, Tierra del Fuego “lidera el ranking de distritos con mayor nivel de transferencias per cápita y que, a la vez, cuentan con más cantidad de empleados públicos cada 1000 habitantes”.

Completan el grupo de mayores transferencias y empleo público Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, La Pampa y Jujuy, que están por encima del promedio en ambos indicadores.

En el otro extremo están las Provincias con menor dependencia de Nación y también con menos peso del empleo público. La Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Misiones figuran en esa lista.

“Se cumplieron 35 años de la entrada en vigencia de la Ley 23.548, la de coparticipación. Esa norma estableció, desde el 1 de enero de 1988, un régimen transitorio de distribución de recursos entre la Nación y las Provincias. Nunca se cumplió con la actualización prevista en la reforma constitucional de 1994″, señala el informe.

En esa reforma se planteaba que la distribución entre la Nación, las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires y entre estas, se efectuaría en relación directa con las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto y que sería “equitativa, solidaria y daría prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

Sin embargo, todos los meses, la Nación transfiere recursos a las provincias y a CABA, la mayor parte son por coparticipación, aunque también hay envíos discrecionales por fuera de esa Ley.

“El resultado del comportamiento descripto es que el plantel de empleados públicos en las Provincias está sobredimensionado en comparación con su recaudación tributaria. Por ejemplo, ninguna Provincia podría cubrir todo su gasto en personal con esos recursos, mientras que el promedio de las jurisdicciones sólo llega a cubrir 45% de ese ítem. Quince jurisdicciones se encuentran por debajo de este promedio”, señala el documento elaborado por la bolsa cordobesa.

En ese sentido, el informe destaca que Nación y provincias llevan a cabo “políticas de ingresos y gastos públicos descoordinadas, con un marco legal claramente desbordado por la realidad” que tiene consecuencias negativas para la sociedad, como la “elevada presión fiscal sobre el sector formal de la economía para financiar el tamaño del Estado creciente” que no logra dar servicios públicos eficientes.

«Este es el resultado de un desequilibrio regional en la asignación de recursos que debe ser tenido en cuenta en las discusiones para una futura modificación del régimen de Coparticipación, que amerita entre otras cosas estudiar la posibilidad de disminuir la importancia de las transferencias de libre disponibilidad a las Provincias en el marco de una rediscusión de las potestades fiscales de los distintos niveles de gobierno”, concluye el informe.

En este sentido, señaló que “a mí me preocupan los números que arrojó el Censo 2022 porque más allá que dicen que es provisional, puede tener un margen de error que es muy contradictorio”.

“Antes éramos 47.327.407 millones de argentinos, y ahora resulta que somo 1.245.000 habitantes menos. Realmente la diferencia es muy grande”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “me preocupa sobremanera el resultado que arrojó en Escalante porque el Censo -más allá de conocer la densidad poblacional para la generación de políticas públicas- también tiene una incidencia en la coparticipación y en la distribución de regalías”.

“Me parece sin dudas que hay que plantarse. Necesitamos de forma urgente que el INDEC de a conocer los datos desagregados”, indicó.

En este marco, aseveró que “Comodoro sigue siendo una de las cuidadas mas pujantes de la Provincia. Por eso llama la atención que no se refleje el crecimiento que esto amerita en los datos arrojados en el Censo”.

“Nosotros hace mucho tiempo venimos planteando la situación de la Cuenca del Golfo San Jorge. Para mí hay que pelear por el dólar petrolero y pedir la compensación a través de obras por lo que venimos perdiendo con el precio del barril criollo. No sé si la Ley de Hidrocarburos es la mejor salida”, aseveró.

A su vez, añadió: “Más allá de la cuestión partidaria, como Provincia estos resultados del Censo no nos convienen y por lo que podemos ver, son erróneos. No podemos creer que nuestra población no se haya incrementado”.

“Hay que entender que nadie sale solo de estas situaciones, hay que empezar a construir otros vínculos y otros intercambios de posturas”, concluyó finalmente Romero.

Así lo expresó el economista local, César Herrera, luego de conocer el resultado del censo nacional, en donde se presentaron las cifras de la cantidad de habitantes tanto en el departamento de Escalante como en la Provincia del Chubut en general. «Cuando se confirmen estos números, hay que redistribuir la coparticipación y ver cuál es la nueva», sostuvo.

«Esperaba más cantidad de gente en la encuesta de hogares, daba menos de 238 mil habitantes estimados. Superó un poco la cantidad de hogares en Escalante, pero en líneas generales era de 600 mil la cantidad que se esperaba para Chubut«, señaló esta mañana en comunicación con La Petrolera 89.3, dando su visión del resultado que debió haberse presentado hace varios meses.

En estos términos, recordó un trabajo similar que se hizo en el municipio local. «Si vemos el censo anterior, el municipio anterior intentó armar otro explicando que ‘se había medido menos’ y que esto iba a impactar en la coparticipación en las finanzas de la ciudad, algo que terminó siendo cierto«, puntualizó.

En medio de la polémica por el resultado final del Censo 2022, siendo que se esperaba una medición por encima de los 250 mil comodorenses, Herrera explicó: «hay muchos indicadores que dicen que no somos 300 mil«. Y al respecto, apuntó hacia la coparticipación: «cuando se confirmen estos números, hay que redistribuirla y ver cuál es la nueva. Tenemos un crecimiento bastante interesante en cuanto a lo demográfico», añadió el economista.

Por último, y refiriéndose a este último tema mencionado, el profesional en la materia se dirigió hacia los funcionarios que, a pesar del constante crecimiento de la población nacional, continúan realizando maniobras equivocadas. «Los políticos no se ponen de acuerdo en las cuestiones centrales y ahí está uno de los elementos de porqué vamos de debacle en debacle», concluyó.

El artículo 90 del presupuesto de la nación que envió Sergio Massa al Congreso le permite retener coparticipación a las provincias que adeuden a Cammesa, la empresa mayorista de energía que cubre sus déficit con fondos del Tesoro nacional.

El texto obliga a los gobernadores a hacerse cargo de las deudas de empresas públicas o privadas que brinden el servicio en sus provincias. Como anticipó LPO,  en la primera reunión de comisión pidieron eliminarlo, pero el secretario de Hacienda Raúl Rigo lo defendió y el martes hará lo propio el titular de Cammesa, Sebastián Bonetto.

«Hay situaciones donde una empresa provincial acumula deuda con Cammesa y la provincia tiene superávit primario, que no es la situación del tesoro nacional. Y este artículo nos pareció una manera ordenada de abordar ese problema», sostuvo Rigo, ante una pregunta del diputado de Juntos Somos Río Negro Agustín Domingo, habitual aliado del Frente de Todos. 

El polémico artículo 90 obliga a provincias y municipios «como titulares de  servicio público de distribución de energía eléctrica de su respectiva jurisdicción», a «controlar y garantizar el estricto cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía, potencia y sus conceptos  asociados, por parte de los prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica de cada  jurisdicción».

Se les otorga a las provincias 6 meses para adecuar legislación local para asegurar el pago a Cammesa y establece que el Gobierno nacional podrá «retener, de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del sector público que por consumos de energía y potencia adeuda a Cammesa el prestador del servicio público de distribución a su cargo».

Hay situaciones donde una empresa provincial acumula deuda con Cammesa y la provincia tiene superávit primario, que no es la situación del tesoro nacional. Este artículo del presupuesto nos pareció una manera ordenada de abordar ese problema. 

De esta manera, si una empresa distribuidora no le paga a Cammesa el gobernador de la provincia en la que presta servicio deberá afrontar la deuda como un descuento de la coparticipación federal, que se gira en forma automática a la recaudación. 

La principal queja de los mandatarios, por ahora en off the récord, es que el artículo deja afuera a las concesiones nacionales como las de Edenor y Edesur, que nunca fueron transferidas a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Pero en su visita a Diputados, Rigo se mostró firme en mantenerlo. «Es un gran problema y muy incómodo. En muchas jurisdicciones tenemos empresas o cooperativas que acumulan deudas a Cammesa, que cuando no puede tolerarla se da vuelta y le pide al Tesoro y se incrementan los subsidios energéticos. Creemos que la forma jurídica del artículo es idónea, porque la concesión de servicios públicos es de la provincia».

El rionegrino Domingo, cuyo voto es clave para que el gobierno tenga una mayoría, presentó un proyecto de ley para que en las boletas se discrimine el costo de abastecimiento energético y se le gire en forma automática a Cammesa. 

De esta manera, un gobernador no debería controlar a un prestador privado, aunque no se evitaría una deuda en caso de que la recaudación no coincida con el costo total a pagar. El artículo 90 garantiza que Cammesa cobre cada mes en tiempo y forma.

El debate seguirá el martes con el titular de Cammesa, el último funcionario previsto para la reunión de la comisión de presupuesto, que empezará a las 11 horas y se iniciará con los ministros Jaime Perzcyk (Educación) y Daniel Filmus (Ciencia, Tecnología e Innovación).

Luego expondrán el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié; y los secretarios de Economía, Flavia Royón (Energía), José de Mendiguren (Producción) y Juan José Bahillo (Agricultura). Terminará con los titulares de CAMMESA y ENARSA, Bonetto y Agustín Gerez. 

El miércoles expondrán los ministros de Defensa (Jorge Taiana) y Trabajo (Claudio Moroni), y de los titulares de Aduana (Guillermo Michel) y AFIP (Carlos Castagneto) y algunos otros funcionarios que deberán confirmar durante el fin de semana.

La otra semana seguirá el desfile de funcionarios, con la expectativa de tratar el presupuesto en el recinto el 26 de octubre, después de las modificaciones definidas por los diputados y Massa. Los gobernadores quieren que el artículo 90 esté entre ellas.

El intendente de la ciudad recibió hoy en la capital de la provincia, un porcentaje de los fondos que envió Nación al gobierno provincial. “Es una gestión que realizó el gobierno provincial desde hace algunos meses con el nacional. Con el Ministro de Economía y el Ministro de Gabinete se dialogó y se accedió a que Tucumán y Chubut tengan un préstamo en dos cuotas” dijo Luque.

“Los intendentes planteamos que todo tipo de ayuda es buena, cada ciudad con su magnitud tienen mayor cantidad de recursos que se distribuyen por coparticipación. Pudimos cada uno expresar lo que pensaba en la reunión porque la realidad de la provincia es muy complicada. Los recursos que llegan del gobierno nacional, se destina a pagar la gran deuda que se tiene con los empleados estatales. Cada uno de los intendentes que participamos de las reuniones tenemos los reclamos que se elevan al gobierno provincial. Fue una buena reunión donde cada uno dijo lo que pensaba y aceptamos lo que nos toca en este contexto” comentó Luque.

Luque además fue consultado sobre la actual economía de la ciudad teniendo en cuenta la baja del barril del petróleo y explicó que “estamos complicados porque la baja del barril y de la actividad ha caído muchísimo ya que las exportaciones han bajado en forma sistemática. Junto con las operadoras y el gobierno nacional han logrado sacar un barril criollo que nos mantenga durante un tiempo. Esta semana tuvimos reuniones con YPF y PAE para ver cómo se levanta la producción. Van a empezar con los workover y en julio con los equipos de producción, porque hasta que no haya una demanda de hidrocarburos no va a haber una normalidad en la producción”.

El Programa para la Emergencia Financiera Provincial se creó a través del Decreto 352/2020, y consta de $ 120.000 millones de pesos para destinar a las provincias, $ 60.000 millones a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) canalizados por el Ministerio del Interior, y los $ 60.000 millones restantes por el Fondo Fiduciario, mediante el Ministerio de Economía. Son préstamos en 36 cuotas para las provincias, que se empiezan a pagar en enero de 2021.

El gobernador Mariano Arcioni, mantuvo un encuentro la semana pasada con autoridades nacionales, donde firmaron un acuerdo en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. En la oportunidad el mandatario detalló que los fondos “serán muy importantes para afrontar la delicada situación que está atravesando Chubut”.

El convenio establece que serán 350 millones de pesos los que girará el gobierno provincial a los municipios.