Con lo justo y luego de que el bloque radical amenazara con no bajar el recinto, el oficialismo logró reunir el quórum para habilitar la sesión en la que el Senado se apresta a sancionar la ley que suspende las primarias abiertas y simultáneas (PASO) y en la que un sector de la oposición impulsa la creación de una comisión especial investigadora sobre el escándalo con la criptomoneda $LIBRA en la que quedó envuelto el presidente Javier Milei al difundir, el viernes pasado, el lanzamiento del activo digital.

La sesión se celebra en un clima de tensión, con duras críticas al Gobierno, y con una fuerte presión política de parte de varios gobernadores, en particular de la UCR, para boicotear la creación de una comisión investigadora del affaire que protagonizó el jefe del Estado al difundir el lanzamiento de un “meme coin” el viernes de la semana pasada.

El kirchnerismo, por su parte, anticipó que pedirá la interpelación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por su participación en el escándalo de la criptomoneda y las denuncias sobre el supuesto cobro de dinero a cambio de otorgar audiencias con el jefe del Estado, publicó La Nación.

“El presidente confesó ser un corrupto y la hermana otra corrupta. No hablen más de corrupción, no pueden hablar más de corrupción porque tienen un presidente corrupto. Vamos a pedir la interpelación de la secretaria general de la Presidencia. Karina Milei, para que venga al recinto a dar explicaciones”, anunció José Mayans (Formosa), jefe del bloque de Unión por la Patria.

El proyecto de resolución para crear una comisión especial fue presentado por el radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego), quien al ingresar al Senado denunció al Gobierno nacional de “presionar a los gobernadores” para evitar que el Senado abra un proceso de investigación sobre el escándalo que abrió mantiene en crisis desde hace una semana al círculo íntimo de Milei.

Con 130 votos afirmativos, 38 negativos y 8 abstenciones, el proyecto que eleva el mínimo no imponible de Bienes Personales a 2.000.000 pesos fue girada al Senado, en el marco de una sesión tensa en la que el plato fuerte fue la votación del Presupuesto 2019.

La iniciativa de Bienes Personales no consiguió el respaldo de buena parte de la oposición, por considerar que el piso no imponible fijado «golpea a la clase media». Para la aprobación del proyecto, Cambiemos tuvo el respaldo de una parte del interbloque Argentina Federal (Justicialista y aliados), mientras que tanto que el Frente para la Victoria, como el Frente Renovador y el interbloque Red por Argentina lo rechazaron.

La iniciativa plantea que a partir de 2019 la base no imponible pase de 1.050.000 pesos -correspondiente al 2018- a 2.000.000 en 2019. En tanto, la alícuota que en 2018 fue del 0,25 por ciento (a pagar sobre el excedente), se mantendrá en ese nivel si el valor total de los bienes declarados fuera de entre 2.000.000 y 5.000.000, pero subirá al 0,5 por ciento entre 5.000.000 y 20.000.000, y al 0,75 cuando la suma declarada fuera superior a los 20.000.000.

Luego de varias idas y vueltas, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda y miembro informante del oficialismo, Luciano Laspina, aceptó un pedido de la oposición para que los inmuebles rurales continúen exentos del pago de este tributo.

El dictamen original preveía que los propietarios del campo dejaran de percibir este beneficio, pero en el tratamiento en particular primó el pedido de un sector de la oposición y del oficialismo para que sigan afuera del régimen.  El argumento que se esgrimió es que el campo ya viene realizando un «esfuerzo» por la suspensión de la rebaja prevista en retenciones, por lo que no sería prudente incrementarle la presión impositiva.

La aprobación de la reforma de Bienes Personales es parte de un paquete fiscal que incluyó también la sanción del proyecto de revalúo de Ganancias por inflación, la adenda al Consenso Fiscal y el nuevo régimen del monotributo social para pequeños productores tabacaleros y cañeros.

La adenda, que desarma parcialmente el Pacto Fiscal firmado el año pasado por los gobernadores, flexibiliza ese acuerdo de manera tal de incrementar la recaudación de las provincias, por ejemplo postergando la rebaja del impuesto a los Sellos.

Esta reforma de la ley de Ganancias fue avalada por 140 votos afirmativos, 22 negativos y 23 abstenciones, mientras que el revalúo de Ganancias por inflación cosechó 139 afirmativos, 36 negativos y 8 abstenciones.

El año pasado, el Congreso había modificado la ley de Ganancias de manera tal de habilitar a las empresas a ajustar sus balances a la inflación por única vez cuando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) superara el 100 por ciento en tres años, o cuando en cada período se superara el 33 por ciento anual.   Como ese porcentaje de inflación se superó en agosto último, la reforma dictaminada eleva el tope que activa la cláusula gatillo del ajuste por inflación, pasando del 33 por ciento al 55 por ciento para este año, al 30 por ciento para 2019 y al 15 por ciento para 2020.

Finalmente, el nuevo régimen de monotributo social para pequeños productores cañeros y tabacaleros recibió un amplio apoyo, con 183 votos positivos, uno sólo negativo y una abstención.

De acuerdo a lo que prevé la Constitución en su artículo 81 todo proyecto de ley que es “desechado” por una de las Cámaras solo podrá “repetirse” durante las sesiones del año siguiente. El inconveniente que prevé un nuevo intento es la continuidad de los actuales legisladores en sus bancas que complica la posibilidad de que se modifiquen los votos que se expresaron tanto en Diputados como en el Senado. Es más, en el ámbito parlamentario los años no siempre iguales y menos cuando hay un proceso electoral y eso es lo que se vivirá en 2019.

Los años electorales de por sí son complejos. Cuando se renuevan las Cámaras la actividad se resiente, disminuyen las sesiones y por lo general para guardar las formas los bloques acuerdan sesionar por temas que no sean urticantes como para no distraer el trabajo proselitista. A estas complicaciones el próximo año le suma la elección presidencial y de gobernadores por lo que es más que probable que la actividad en el Congreso llegue a su mínima expresión por lo que una ley como la del aborto, que exigirá un largo tratamiento y debate, es complicado que se arriesguen a intentar llevarlo al recinto.

Las próximas elecciones pero sobre todo el impacto que puede tener el apoyo o el rechazo al proyecto entre el electorado es uno de los argumentos no dichos de los senadores o senadoras que votaron en contra. Esta especulación la tienen en cuenta tanto los que tienen que renovar sus curules el próximo año como aquellos que aspiran a competir por la gobernación de sus distritos. Si esta fue la razón que los llevó a oponerse, entonces el próximo año ni siquiera les generará la menor duda. Con crudeza lo reconoció el senador por Tierra del Fuego, Julio Catalán Magni al sostener que “va a ser muy difícil que el año que viene este tema prospere, es un año electoral”. El fueguino votó a favor y tendrá que competir para renovar su banca el próximo año como tendrán que hacer los representantes de la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta y Santiago del Estero. En los próximos comicios la Cámara de Diputados renovará la mitad de sus miembros y eso también hace prever que muchos piensen dos veces en sumarse a este tema.

El gobierno nacional, en tanto, presentará antes que finalice este mes el proyecto de reforma del Código Penal donde, se comenta, incorporará el fallo F.A.L. de la Corte Suprema que apenas despenaliza el aborto pero está lejos de ser suficiente (ver nota aparte).

Sin embargo, hay una realidad que no se puede obviar porque hay un cambio innegable en la sociedad y es que el movimiento de mujeres incorporó el aborto a la agenda política por lo tanto los especuladores tendrán muchos problemas para evitarlo y, como ocurrió durante décadas, no podrán barrerlo debajo de alguna alfombra.

Afuera del Congreso, miles de personas celebraron el histórico avance en los derechos de las mujeres, logrado tras años de lucha del movimiento feminista.

Tras más de veinte horas de debate y una sesión histórica, finalmente, pasadas las 10 de la mañana, los diputados votaron a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, el proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito que por primera vez en la historia consiguió consenso en el Congreso.

Con una diferencia de apenas cuatro votos (129 a 125), la balanza terminó de inclinarse por la aprobación de la ley. Los últimos recuentos daban una pequeña diferencia por el No pero el cambio de postura de último momento de dos diputados pampeanos definió el panorama a favor de la marea verde. En la calle miles de mujeres mantienen una vigilia desde ayer a la tarde.

“Este es el siglo de los derecho de las mujeres, más tarde o más temprano las jóvenes que portan los pañuelos verdes van a conquistar lo que reclaman. Saquemos de la clandestinidad al aborto. Unidas en nuestras diferencias, que el aborto sea ley”, pidió al borde de las lágrimas la diputada oficialista Silvia Lospennato, la última oradora a favor del proyecto antes de la votación.

Según publica Página12, reclamaron “mayor voluntad política” de parte del Ejecutivo en el respaldo a su decisión inicial de habilitar un debate que atraviesa a todos las bancadas y que ayer movilizó en las calles “un millón de mujeres”, al tiempo que pidieron “paz” y “calma” a quienes se movilizaron y mantuvieron la vigilia durante toda la noche a la espera que la Cámara baja de media sanción a la despenalización del aborto. Por esas horas, el conteo daba ventaja de dos votos a los legisladores que se pronunciaron por el rechazo en una votación pareja durante todo el debate de la extensa jornada.

Frente a las cámaras de TV y grabadores, se plantaron las diputadas Victoria Donda (Libres del Sur), Karina Banfi y Brenda Austín (UCR- Cambiemos), Mayra Mendoza y Mónica Macha (FpV-PJ), Cecilia Moreau (FR), Romina Del Plá y Nathalia González Seligra (FIT) y Lucila De Ponti (ME). Todas ellas sumaron motivos para reclamar. “Pedimos al Gobierno que asuma una mayor voluntad política”, insistió Mendoza ante el proyecto que también cruza a toda la sociedad, como en sus oportunidades “lo hicieron Raúl Alfonsín con la ley de divorcio y Cristina Kirchner con el matrimonio igualitario”. A esa hora, el PRO –el partido del presidente Mauricio Macri— era la fuerza parlamentaria que más votos aportaba para el rechazo.

Donda destacó que “un millón de mujeres” se movilizaron ayer en todo el país y pidió “calma” y “paz” a quienes mantenían la vigilia en las puertas del Congreso. Al tiempo que todas afirmaban el “compromiso” por dar la pelea hasta el final. Del Plá, explicaba que desde el oficialismo habían escuchado su reclamo pero que “no habían avanzado para resolverlo” en toda la jornada.

Moreau recordó las presiones que “soportamos” a lo largo de toda la jornada. Una lista que incluyó “presiones de los gobernadores” para torcer el voto de los diputados de sus provincias que acompañan el proyecto para despenalizar el aborto; médicos del cuasi confesional “Hospital Austral”, que abordaba a los diputados pro aborto para proponerle una “opinión profesional” en contra. “A los médicos los trajo (el macrista) Nicolás Massot, que estuvo ofreciendo viajes y contratos a diputados para cambiar su postura”, dijo Moreau, que despegó de la “maniobra” al presidente de la Cámara, Emilio Monzó. Una versión que circuló durante toda la jornada y que Massot había intentado desmentir.

Según publicó el diario La Nación, hay acuerdo político en el Senado de la Nación donde ingresó el jueves un proyecto de ley y que será anunciado por el presidente Mauricio Macri y el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, en un acto previsto para este lunes al que asistirán gobernadores.

Con este proyecto se propone cubrir una falencia en el funcionamiento de la Justicia Federal del interior, desbordada de causas y con falta de magistrados. De hecho, el 40% de los cargos de jueces federales del interior del país está vacante y, de ellos, el 60% están en zonas de frontera. Con el plan que prepara Nación se sumarán dos nuevos jueces federales en Chubut.

El plan prevé que los juzgados federales del interior, que en su mayoría reúnen en un solo juez múltiples secretarías con diversas especialidades (penal, civil, laboral, previsional, contencioso), alberguen el trabajo de más de un juez. Así, cada secretaría será elevada al rango de juzgado y se le dará al juez la posibilidad de elegir con qué especialidad se queda. En el resto serán convocados concursos para elegir un juez para las otras especialidades.

Esos concursos, según la nueva ley, deberán estar listos en seis meses y tendrán una sola instancia de examen que será oral. Se transmitirán en directo por Internet.