Esta pena se unificó con una condena anterior, resultando en una pena única de tres años y tres meses de prisión efectiva, manteniendo la condición de reincidente de Hernández.

El fiscal general, Ariel Corredera, y los defensores oficiales, María Cristina Sadino y Gustavo Oyarzun, solicitaron la homologación del acuerdo, la cual fue adelantada por el juez penal Ariel Tedesco.

Cabe recordar que Hernández había sido condenado en mayo de 2024 por un tribunal colegiado a tres años de prisión efectiva. Esta sentencia fue impugnada por la defensa ante la Cámara en lo Penal local, pero luego confirmada, produciéndose el doble conforme.

La fiscalía apeló en impugnación extraordinaria ante la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia, quienes dejaron sin efecto el sobreseimiento por seis hechos, tal como lo solicitó la fiscalía. Estos seis hechos son los que se juzgaron en este juicio abreviado.

Los hechos juzgados se llevaron a cabo con diversas modalidades, dependiendo del tipo de bienes ofrecidos para la venta. Sin embargo, todos tenían puntos en común: conversaciones iniciales por Messenger y luego por WhatsApp. Hernández utilizaba publicaciones en Facebook para ofrecer elementos como cubiertas, materiales de construcción y teléfonos celulares. Las víctimas, de distintas localidades de Chubut, se contactaban con él, acordaban la entrega y realizaban pagos por adelantado en una cuenta bancaria a su nombre, pero nunca recibían los productos.

Hernández creaba perfiles falsos en Facebook, haciéndose pasar por el encargado de un corralón de materiales de construcción o por un vendedor de cubiertas o celulares, para engañar a sus víctimas. La oferta era inexistente y las víctimas sufrían un perjuicio patrimonial. Los hechos fueron calificados jurídicamente como “estafas simples, seis hechos en concurso real”, en calidad de “autor” para Hernández.

El caso se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado, en el cual los acusados aceptaron su responsabilidad penal y la pena impuesta. La resolución fue homologada por la Justicia, estableciendo además restricciones específicas para los condenados.

Un procedimiento violento y una brutal golpiza

Según la investigación, la víctima se encontraba en su domicilio en el barrio Juan XXIII cuando, pasada la medianoche, un patrullero se estacionó frente a su casa y los policías comenzaron a insultarlo y amenazarlo. Al salir a preguntar qué ocurría, los efectivos lo sujetaron a la fuerza, lo golpearon y lo subieron desnudo al patrullero con la excusa de una supuesta infracción al Código de Convivencia Ciudadana.

Durante el traslado a la comisaría, los policías continuaron golpeándolo. Una vez en la dependencia, lo llevaron a un sector aislado, donde lo esposaron y lo golpearon con puños, patadas, una cadena y un palo. La agresión incluyó intentos de ahorcamiento y amenazas de muerte.

Las lesiones de la víctima y la intervención médica

Horas después, el hombre fue trasladado al Hospital Regional, donde le diagnosticaron múltiples hematomas en el rostro, el tórax, los brazos y las piernas, además de fracturas en las costillas y el maxilar. También presentaba neumotórax, lo que indica que una de sus costillas fracturadas perforó su pulmón. Luego fue derivado al Sanatorio La Española, donde quedó internado.

La sentencia y las restricciones

Los policías condenados son Norberto Tolaba, Secundino Nahuelquir, Paolo Torres y Marcelo Otero Lagos. En el juicio abreviado, aceptaron su culpabilidad en los delitos de “vejaciones en concurso ideal con lesiones graves cometidas en el ejercicio de la fuerza pública”. Como parte de la sentencia, recibieron la pena de tres años de prisión en suspenso, lo que significa que no irán a la cárcel a menos que incumplan con las condiciones impuestas por la Justicia. Además, se les prohibió ejercer cualquier función policial por el doble del tiempo de la condena (seis años) y se les impuso la prohibición de acercarse o contactar a la víctima.

El juez Miguel Caviglia estuvo a cargo del juicio, mientras que la fiscal general Verona Dagotto representó al Ministerio Público Fiscal. La querella fue llevada adelante por Luciana Risso, del área de Violencia Institucional de la Defensa Pública. La investigación del caso estuvo a cargo de la fiscal Cecilia Codina.