El subsecretario de Control Urbano y Operativo de la Municipalidad, Miguel Gómez, se refirió a la denuncia que investiga la Fiscalía por un presunto pedido de coimas de inspectores que realizan controles de tránsito.

En este sentido, señaló: “confirmo que hay una denuncia de un particular por una situación lamentable sucedida en el marco de un operativo vehicular”.

“El hecho ocurrió hace algunos días atrás en el Camino Roque González”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “desde esta Secretaría se han allanado todas las medidas pertinentes para que se pueda investigar”.

“Hay que tener en cuenta que aquí está interviniendo un fiscal, por lo tanto, entendemos que la denuncia ya fue girada. La Secretaría no puede hacer otra cosa que cumplimentar con los requerimientos que tenga el señor fiscal”, indicó.

En este marco, destacó: “También tenemos entendido que la persona involucrada cuenta con varios años de antigüedad en el Municipio, no se descarta que haya más involucrados, pero mucho más no puedo decir porque es una causa que está en su etapa inicial y yo no soy la persona habilitada para hablar de los detalles investigativos”.

Al ser consultado sobre el delito que se cometió, explicó: “Se trata de un cohecho, un pedido de coima, como se dice vulgarmente, es decir, el pago de un monto de dinero para salir exento de alguna presunta infracción de tránsito o de transporte de mercadería”.

“La Constitución no avala la censura previa. En este país no puede haber censura, hay que defender la libertad de expresión. Si hubo una situación de espionaje, hay que investigar cómo se produjo y esclarecerla”, afirmó Vidal, subrayando que la corrupción y las prácticas ilegales siempre terminan afectando a los ciudadanos.

La exgobernadora bonaerense destacó además la gestión provincial de Ignacio Torres y el trabajo de la diputada nacional Ana Clara Romero. “Me da orgullo venir a una provincia que avanza en reformas electorales, eliminando fueros y apostando al trabajo en equipo. Se bajan regalías, se ordenan las cuencas y se mejora la educación. Acá se trabaja para la gente y se muestra que se puede tener un Estado presente sin cortar todo”, remarcó.

Vidal también habló sobre la mirada federal de la política: “A veces los porteños tenemos una visión ambacéntrica, pero la realidad es federal y cada provincia debe poder elegir lo que sea mejor. Chubut está marcando un ejemplo de gestión responsable y transparente”.

Por último, reflexionó sobre la importancia de las elecciones y los resultados recientes en Corrientes, que, según ella, reflejan la prioridad de la ciudadanía: “Cada elección es distinta, pero esto demuestra que la gente quiere transparencia, trabajo en equipo y resultados concretos”.

Tres efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fueron desafectados e imputados acusados de coimear a una persona cuando circulaba por la autopista Panamericana a la altura de la localidad de General Pacheco, partido de Tigre, quien abonó con una transferencia por la aplicación de Mercado Pago, informaron este domingo fuentes policiales y judiciales.

El hecho se registró el sábado por la mañana, cerca de las 9.30, a la altura del kilómetro 33.700 de la Autopista del Sol, a metros del peaje de la calle Henry Ford, en la localidad de General Pacheco, en el mencionado partido del noroeste del Gran Buenos Aires.

Según expresaron las fuentes a Télam, en dicho lugar se realizaba un operativo para prevención de delitos en el cual estaban destinados un oficial subayudante, un subteniente y un oficial de la Policía bonaerense.

En el contexto de dicho procedimiento, los oficiales detuvieron la marcha de un automóvil y, según la investigación, le solicitaron un pago de tres mil pesos para continuar su camino.

El hombre, según consta en la denuncia, le transfirió el dinero a través de la aplicación de Mercado Pago a uno de los oficiales, quedando constancia de su nombre, CUIL y código de la operación.

La víctima era conocido de la diputada nacional Agustina Propato, esposa del ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni, quien recibió en su teléfono celular la denuncia del hombre.

«Hola, compañera Agustina. Sé que no estás para estas cosas. Mirá, me acaban de coimear en el peaje de Pacheco en un operativo de Policía Bonaerense. No es mi costumbre ‘chapear’ y no lo hice, pero son tan idiotas que me permitieron pagarles la coima por Mercado Pago. Si le sirve a Sergio, estoy a disposición de él», decía el mensaje, según indicaron las fuentes.

La Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense tomó conocimiento del hecho cerca de la 1.30 de la madrugada del domingo y rápidamente la auditoria María Martínez ordenó la desafectación de los tres implicados.

«Se abrió un sumario y se está investigando el hecho y la actuación de los efectivos», expresó a Télam una fuente vinculada a la pesquisa.

En tanto, la fiscal María Virginia Toso, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Don Torcuato, imputó a los tres policías por el delito de «exacciones ilegales», que según el Código Penal prevé una pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a seis años.

«Se desconoce si el denunciante fue amenazado, coaccionado, o si intervinieron los tres efectivos imputados o solamente el titular de la cuenta. Las circunstancias del hecho no están claras porque el damnificado aún no se presentó en la justicia. Se lo citó para mañana a primera hora para poder obtener más detalles», señaló a Télam una fuente judicial.

La fiscal Toso ya solicitó el libro de guardia, la constancia de Mercado Pago de la transferencia realizada y se les secuestró el teléfono celular a los tres policías.

El ex juez federal salteño José Antonio Solá Torino, condenado a seis años de prisión en 2016, por cobrar una coima para beneficiar a un narcotraficante, fue encontrado muerto de un balazo este sábado a la madrugada y se investiga la posibilidad de un suicidio cuando iba a ser detenido para que cumpla la condena en un penal. La decisión fue ordenada por el Tribunal Oral Federal 1 de Salta, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de rechazar un recurso de queja presentado por su defensa para que Solá Torino pueda estar en su domicilio cumpliendo lo que le quedaba de pena detenido en su domicilio.

Los informantes contaron a Télam que el hecho ocurrió en los primeros minutos de hoy, luego de emitida la resolución del Tribunal Oral Federal 1 de Salta, de ordenar la inmediata detención de Solá Torino, para lo que se libró un oficio a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El tribunal actuó por pedido del fiscal federal general Carlos Amad, y le otorgó a la fuerza facultades para allanar el domicilio del ex juez y usar la fuerza pública en caso de ser necesario, al tiempo que ordenó su alojamiento en el Complejo III NOA del Servicio Penitenciario Federal, en la localidad salteña de General Güemes, a 55 kilómetros de Salta Capital.

Los efectivos de la PSA llegaron a la casa del ex juez, encontraron todo oscuro, por lo que golpearon la puerta, pero nadie les atendió y debieron consultar con el juez del Tribunal Oral Federal 1, Federico Díaz, y Amad, quienes los autorizó a hacer uso de la fuerza pública.

Al ingresar, los policías escucharon la detonación de un arma de fuego en un piso de arriba de la vivienda, por lo que subieron de inmediato y encontraron a Solá Torino ya sin vida. La investigación de la muerte del exjuez se encuentra a cargo de la fiscal penal Ana Salinas Odorisio, quien ordenó el levantamiento del cuerpo para el traslado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), para la realización de la autopsia destinada a establecer oficialmente la causa de la muerte. Además, trabajaron en el lugar del hecho peritos del CIF, en el levantamiento de muestras y en las pericias de rigor.

Este viernes, Amad había solicitado la detención de Solá Torino, tras conocer la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de desestimar la queja interpuesta por la defensa del imputado, en contra de la resolución que le denegó el recurso extraordinario en la instancia de casación.

En el año 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, condenó al ex magistrado a la pena de seis años de prisión, por ser considerado autor penalmente responsable del delito de cohecho pasivo agravado.

Para Amad, con esta decisión de la Corte Suprema la sentencia «adquirió la calidad de cosa juzgada, ya que se encuentra firme, toda vez que el imputado agotó todos los remedios procesales para impugnarla».

Por ello es que solicitó la detención y el alojamiento del ex camarista en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, para evitar su fuga y, por ende, el incumplimiento de la sentencia.

El juicio en contra de Solá Torino comenzó el 3 de noviembre de 2015 y estuvo a cargo de los jueces Marta Liliana Snopek, Federico Santiago Díaz y Gabriel Casas, quienes también le aplicaron a Solá Torino una multa de 90.000 pesos.

En ese proceso oral y público también fueron condenados Héctor Salazar, Graciela Ferreyra y Gabriela Vázquez, recibieron una pena de tres años de prisión y una multa de 30.000 pesos para cada uno, por ser considerados «partícipes necesarios» de «cohecho activo».

En tanto, el sindicado narcotraficante Miguel Farfán, que al momento del juicio estaba prófugo pero luego fue detenido, fue declarado en rebeldía ya que no se sometió al proceso.

El juicio tiene como acusados al ex comisario Alejandro Pulley, al ex secretario de Seguridad de la Municipalidad, Antonio Zúñiga, ex empleado municipal Andrés «Maga» Velásquez, la regenteadora de un vip Guillermina Ferreira Almada y su pareja.

Durante la primera audiencia que se llevó a cabo la semana pasada, el abogado defensor de Antonio Zúñiga realizó un llamativo planteo: aseguró que el ex funcionario municipal se golpeó la cabeza en agosto del 2018 y perdió la memoria.

El fiscal Martín Cárcamo manifestó que «Zúñiga debe acreditar que se encuentra con plena capacidad de afrontar la posibilidad de estar en juicio y, naturalmente, recibir una condena penal por los hechos que se le atribuyen».

«El cuerpo médico forense pidió al imputado una serie de estudios médicos para evaluar la situación», dijo el fiscal y agregó que a diferencia de lo que dice el defensor de Zúñiga, el funcionario «tiene absoluta capacidad para poder afrontar el juicio» –según publica ADN Sur-.

Rocca había quedado al borde de la imputación el 4 de septiembre, día en que Bonadio adelantó que investigaría a las «empresas  beneficiadas de modo espurio con contratos para realizar obra pública entre 2003 y 2015” a cambio de pagar “entre el 10 y el 20 por ciento del valor de la contratación” a funcionarios del Ministerio de Planificación. En La lista figuraba Techint, además de la constructora lecsa, que hasta 2007 manejó el Grupo Macri, y luego pasó a manos del primo presidencial Angelo Calcaterra.

Rocca, en su momento, había negado ante el juez haber pagado coimas en la obra pública y trasladó la responsabilidad a uno de los directivos de su firma, Luis Betnaza, quien había declarado como imputado colaborador y ya está procesado por ocho pagos ilegales. Rocca habló entonces de la supuesta “autonomía” del CEO de la firma y dijo desconocer si se habían pagado coimas a la administración anterior para que intercediera ante Venezuela tras la nacionalización de Sidor, firma de su holding.

El juez procesó a Rocca por los delitos de asociación ilícita, pago de coimas y dádivas y le trabó un embargo de 4000 millones de pesos. En agosto pasado, en medio del gran despliegue mediático judicial de la causa de los cuadernos, en una reunión de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Rocca aseguró que no había participado del llamado “club de la obra pública” aunque sabía que “las cosas no estaban bien, pero no fuimos cómplices ni partícipes”. En la misma ocasión, reconoció también que “Betnaza accedió a una exigencia del Gobierno de aquel entonces de un apoyo”. Pocos días después viajó a Vaca Muerta con Macri, con quien recorrió la planta de procesamiento de gas de Tecprol, del grupo Techint –según publica Página 12-.

Empecemos por decir que en la llamada «causa de los cuadernos» nunca se encontraron los cuadernos. Solo se cuenta con fotocopias de sus páginas que dicen haberse obtenido irregularmente. ¿Por qué irregularmente? Porque quienes hicieron las fotocopias y la digitalización de los cuadernos dicen haberlo hecho sin el consentimiento de quien presuntamente era su dueño y los escribió.

Como los cuadernos no existen, nunca podremos saber si ellos fueron escritos en el momento que se dice que han sido escritos. ¿Por qué esa observación? Es simple. Si contáramos con los originales y un perito pudiera analizar la antigüedad de la tinta, podríamos establecer si estamos ante un hecho genuino ocurrido en el tiempo y el modo que esos cuadernos describen o si estamos simplemente ante una escenografía montada ulteriormente con el propósito de inducir al imaginario público con un propósito determinado.

En síntesis, solo contamos con fotocopias que en el mejor de los casos valen como meros indicios. Necesitan ser corroboradas por pruebas fehacientes para que tengan entidad como elemento de juicio. Para la Justicia, la veracidad de lo que se dice en las fotocopias está probada porque alguien las reconoce como de su autoría y porque algunos hechos que en ellas se describen parecen haberse corroborado con las expresiones de los «arrepentidos».

Ahora bien. El autor de los textos es un ex oficial del Ejército que quedó desvinculado de la fuerza cuando la Justicia lo declaró inimputable tras arrojarle una granada a un camarada. Sabemos de él, por los dichos de su ex pareja, que también es un hombre violento y maltratador. ¿Cuánto valen las expresiones de un hombre de tales condiciones psicológicas? De eso la Justicia, hasta aquí, no se ha ocupado. Tomó sus dichos (no olvidemos que además es un imputado que goza del privilegio de poder mentir para defenderse) como plenamente válidos.

¿Los «arrepentidos» confirmaron los hechos relatados en los presuntos cuadernos? No de un modo específico. Han reconocido haber pagado coimas a funcionarios del Estado, haber formado parte de un «cartel» del que los cuadernos ni hablan o haber hecho aportes para campañas electorales a favor del partido entonces gobernante, pero no han especificado si algo de ello sucedió en los tiempos y las formas que en los cuadernos se narra.

En algún caso hasta ha quedado evidenciado que lo que los que los cuadernos dicen no era cierto. Es lo que pasó en el caso de Jorge «Corcho» Rodríguez quien espontáneamente se presentó ante el tribunal y aclaró que el día que en los cuadernos se lo señala como partícipe de un encuentro con alguno de los imputados estaba fuera del país y que las oficinas suyas supuestamente visitadas por los ex funcionarios, se inauguraron un año más tarde a lo que expresaban los textos –según publica Infobae-.

Aunque es razonable relativizar el valor probatorio de las fotocopias de los cuadernos, llama la atención que el juez actuante convierte en prueba central a cuanto emana de ellas. Sorprende que las distintas imputaciones que formula se fundan básicamente en esos textos. Así, el juez consideró probado con la versión fotocopiada, la cantidad de veces que «depositaron» dinero proveniente de coimas en el departamento de la ex Presidenta. No le bastó con ello. También estimó acreditado el monto de dinero acumulado en concepto de coimas, sumando las cifras que surgen de las fotocopias.

¿Por qué lo hace? Porque no cuenta con pruebas certeras y porque no encontraron un solo centavo de los cientos de millones que dicen haber motorizado en innumerables viajes.

Hay que admitir que leyendo los textos fotocopiados, uno puede advertir que el autor de los mismos tiene una extraña destreza que le permite conocer cuánto dinero hay en un bolso cerrado. Llama la atención que, siendo tan detallista en sus descripciones, nunca haya fotografiado con su celular los bolsos que transportaba o filmado a quienes los cargaban.

A la prueba de las fotocopias de los cuadernos, el juez suma las declaraciones vertidas por «arrepentidos».

¿Cómo ha funcionado la Ley del Arrepentido en esta causa? Mal. Lisa y llanamente operó como un mecanismo extorsivo para provocar delaciones. Es evidente que todo aquél que admitió la ocurrencia de un delito quedó liberado, mientras que el que no lo confesó terminó en la cárcel. Asumo que no comulgo con la lógica que impera en la Ley del Arrepentido.

Pese a ello, tengo claro que la ley promueve la inducción al acusado para que confiese el delito y aporte pruebas que alivien la labor investigativa. A cambio de ello, la pena que finalmente corresponda podrá disminuirse a modo de premio.

Para que la pena se alivie no hace falta solo la confesión. Hace falta aportar probanzas que demuestren los hechos. Nada de eso ha ocurrido en este caso. Solo existen confesiones claramente inducidas. Los empresarios, ofrecen declaraciones en donde cargan sobre sus hombros la responsabilidad de haber pagado coimas. Ninguno relata cómo fueron esos pagos, de dónde salieron los fondos, quién los recibió y en que cuentas quedaron depositados o de qué modo fueron gastados.

El método aplicado en este caso consistió en buscar la confesión y otorgar la libertad como premio. No ha habido de parte de los acusados aportes a la investigación. La invocación de la ley fue únicamente una válvula de escape para la liberación de los procesados.

La ley promueve beneficiar al arrepentido con una pena menor después de corroborar la veracidad de sus aportes a la investigación. Aquí el premio ha sido anticipado y no se le ha exigido nada más que admitir su participación en los hechos. Los aportes a la investigación no existen. Son nulos.

En conclusión, las dos grandes pruebas de cargo con que cuenta la Justicia en este caso son las débiles fotocopias de los cuadernos y los singulares dichos de los «arrepentidos».

Hay además cierta prueba documental y algunos testimonios que se invocan como pruebas de cargo. Pero en realidad son probanzas que solo avalan datos objetivos descriptos en las fotocopias de los cuadernos, por ejemplo la dirección de una oficina o la titularidad de un automóvil.

Pero a todo ello se suma una cuestión adicional. Es evidente que el juez interviniente está decidido a implicar en la causa a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo hace con una desmesura evidente producto, seguramente, del encono que le guarda, algo que todos sabemos menos la Cámara que revisa sus fallos.

Así, para el juez, Cristina lideró una asociación ilícita que lucraba con el otorgamiento de obras y concesiones públicas. Lo afirma sin tapujos. Condimenta esa afirmación con adjetivos de todo tipo. Pero lo cierto es que en medio centenar de procesados y arrepentidos nadie dice haber acordado el pago de coimas con Cristina Fernández de Kirchner.

Tres declaraciones la mencionan tangencialmente, siempre poniendo en boca de otros que ella estaba al tanto de lo que ocurría. Hay quien dice que Julio de Vido dijo que Cristina conocía el acuerdo de cartelización. Hay quien dice que José López dijo que Cristina controlaba como se adjudicaban obras en Vialidad Nacional. Y es el mismísimo José López quien dijo suponer que eran de Cristina los millones de dólares que cargaba en su auto al momento de ser detenido.

Me asalta una duda. ¿Habrá advertido el juez de la causa que la singular nueva declaración de López se choca de cuajo con la versión que dio ante el Fiscal Delgado y el Juez Rafecas en la causa en la que está a punto de ser condenado?

Leyendo el fárrago de palabras con los que le juez quiere motivar su decisión, es evidente que su objetivo central es cargar contra Cristina. En sus fundamentos, da muchos títulos a los medios, pero silencia argumentos jurídicamente valiosos que de invocarlos debilitarían su voluntad persecutoria. Su único objetivo es descalificarla. La maltrata de tal modo, que hasta reclama encarcelarla para que su opinión no pese en los medios de comunicación. Francamente patético.

En su fallo, el juez se ubica en el lugar del moralizador que carga sobre ella la responsabilidad de haber liderado una inmensa asociación ilícita de la que participaron empresarios, funcionarios y hasta choferes y secretarios. Una extraña asociación ilícita en la que sus miembros no se conocen entre sí. Formula su imputación levantando palabras y no pruebas. Si la ex Presidenta conducía esa próspera asociación ilícita, ¿por qué en el año 2012 puso en manos de Florencio Randazzo parte de ese negocio? Los empresarios cuentan que con el ex ministro los reclamos de coimas desaparecieron.

Insólitamente, el juez atribuye a la ex Presidenta ubicarse al frente de una asociación ilícita por el sólo hecho de que en su gobierno, aparentemente, algunos canjeaban obras y concesiones públicas por coimas. Fija así una regla de responsabilidad objetiva que repugna a la lógica del derecho penal moderno.

La «causa de los cuadernos» puede significar un punto de inflexión para Argentina. No me animo a decir que todo cuanto allí se ventila sea falso. Si la investigación se hiciera seriamente, tal vez podríamos determinar cómo ha funcionado (y funciona) la Patria Contratista y cómo desde el Estado algunos se asocian al poder económico de Argentina para quedarse con una tajada que todos pagamos.

Pero estoy seguro que este no es el modo, porque todo el proceso está teñido de vicios y arbitrariedades que muchos soslayan porque sienten que las padecen los que ya fueron condenados mediáticamente.

En un Estado de Derecho preservar las reglas del debido proceso es algo esencial. En nuestra joven democracia hemos hecho grandes juzgamientos respetando todas las garantías constitucionales. Hasta a los genocidas se les han preservado, como corresponde, todos y cada uno de sus derechos. ¿Por qué quebrar esa regla ahora?

De eso se tratan estas reflexiones. Darnos cuenta del riesgo que corremos cuando aceptamos que la ligereza judicial gobierne a los magistrados. Entender que los jueces no deben limpiar las culpas que generaron cuando fueron serviles al poder, operando después como inquisidores del nuevo régimen. Advertir lo peligroso que resulta que sean los medios de comunicación quienes tienen el poder de dictar el veredicto de culpabilidad o inocencia.

Debemos darnos cuenta que celebrar la injusticia que padece el oponente es un placebo capaz de calmar el dolor que nos causa nuestra peor enfermedad. El odio.

En declaraciones televisivas, Stornelli confesó que omitió hacer constar en acta y escribir parte de la declaración del ex secretario de Obras Pública José López en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

«Él contó ciertas cosas que pidió que no se pusieran en el acta y no me gustaría ser yo quién las diga», afirmó Stornelli en una entrevista televisiva con el conductor Joaquín Moral es Solá.

La denuncia fue presentada esta mañana por el abogado Leonardo Martínez Herrero y quedó radicada en el juzgado federal N°12, a cargo de Sergio Torres, según la asignación que realizó el sorteo de la Cámara Federal. En la denuncia el abogado pidió que quedara excluido del sorteo el juzgado de Bonadio, ya que fue justamente en ese tribunal donde se habría cometido la irregularidad –según publica Urgente 24-.

Según el denunciante, es obligación del fiscal volcar en el acta de la declaración todos los dichos del imputado, ya que de lo contrario la declaración podría ser inducida. Además si López hubiera contado nuevos hechos se debería haber extraído testimonio para abrir una nueva causa si fuera necesario o generar un acta que quede reservada si fuera necesario por una cuestión de seguridad, pero no evitar consignar en el papel dichos que se hayan pronunciado durante la audiencia.

“No debemos olvidar que es el f iscal quien debe guardar el viso de legalidad de todo el proceso penal”, sostuvo el denunciante.

El primer paso lo dio el ex presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner. Ante el fiscal Carlos Stornelli buscó imponer esa versión, al declarar como «arrepentido». Por un lado, detalló que la coima era «entre el 10 y 20 por ciento del total de la obra». Por el otro, admitió que las constructoras se cartelizaron. «Las empresas se reunían en los lugares establecidos y determinaban el ganador de la licitación en función de su interés por la obra y del volumen de trabajo que tenían».

Sin embargo, las confesiones de Wagner y otros empresarios son incompletas o parciales, según coincidieron las fuentes consultadas por La Nación. Porque callaron sobre la doble remarcación de los precios y sobre el «doble conforme» de los gobernadores e intendentes, entre otros detalles de la operatoria de «el club de la obra pública».

¿Cómo era la doble remarcación? «El primer paso era conocer de antemano, por contactos, que el Gobierno estaba por llamar a una licitación para la construcción de un puente, por ejemplo, que debería costar 100», graficó un testigo de aquellos encuentros. «Entonces, las constructoras acordaban que iba a costar 120, cuál de ellas iba a ganar y cuáles iban a ‘acompañar’ la licitación, simulando que competían».

Para eso, claro, primero había que conocer qué empresas compraban los pliegos de la licitación. «Eso es fácil, si por 1000 pesos te tiran por izquierda el listado en Vialidad», cortó otro veterano de las lides del club.

Ya con ese listado y la primera remarcación -que los «arrepentidos» callaron hasta ahora-, luego llegaba la segunda remarcación de entre 10 y 20 puntos porcentuales fijados por el equipo de Julio De Vido. Es decir, que el puente terminaba por adjudicarse a un valor de 130 o 140.

Eso explicaría, según algunos de los consultados, por qué Wagner aludió a retornos del 10% al 20%, pero tanto el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich , como el entonces titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel , estimaron que los sobreprecios en la obra pública durante el kirchnerismo fueron de entre el 30% y hasta el 50%.

¿En qué bolsillos terminó la diferencia entre lo que declaró Wagner y los cálculos de Dietrich y de Iguacel? En los de varios receptores cuyas identidades los «arrepentidos» callaron hasta ahora. «Los empresarios se quedaron con una parte, pero no lo pueden admitir porque no serían ‘víctimas’ de los políticos, sino cómplices», contó un exalto ejecutivo de una constructora de ese club.

Esa diferencia de 20 puntos entre el valor real de la construcción de un puente (100) y la primera cotización presentada al equipo de De Vido (120) servía, además, como «colchón» para el empresario ganador, que de allí debía alimentar varias bocas. Entre ellas, las de aquellos constructores que lo «acompañaron» en la licitación simulada, en vez de «ir a la guerra», como le dicen a la idea de competir en la Cámara de la Construcción y la Cámara de Empresas Viales, más conocida como «la Camarita».

De esa primera remarcación también salían los fondos para pagarles a ciertos gobernadores e intendentes de las zonas receptoras de la obra pública. «¿Vos te creés que si vas a una provincia vas a poder construir sin el OK del gobernador del feudo o sin un mangazo del intendente del lugar?», desafió otro empresario que aún no fue citado por la Justicia. «A veces no te piden guita de frente, pero sí que subcontrates a una empresa ‘amiga’ o le alquiles las máquinas a tal o cual, o que les des laburo a sus ‘muchachos’ de la zona», resumió.

Ya con el proyecto en marcha, el cobro de los certificados de avance implicó otro «peaje» que los empresarios también debieron solventar con los fondos de la primera remarcación. «Para cobrar, tenías que tener el ‘doble conforme’. Es decir, que el gobernador o intendente dieran el primer OK a Nación y, luego, que la gente de De Vido te diera el segundo, entonces sí podías ir a cobrar a Vialidad», graficó un protagonista.

A menudo, sin embargo, los llamados para cobrar no provenían de Vialidad, sino del financista Ernesto Clarens, quien así lo confirmó en la Justicia, esta semana, cuando confesó parte de sus acciones con la esperanza de que lo acepten como «arrepentido», aunque evitó dar mayores precisiones sobre los roles de tres funcionarios de Vialidad durante el kirchnerismo: Sandro Férgola, Sergio Passacantando y Gustavo Gentili, quien luego pasó al Occovi en reemplazo del también ahora «arrepentido» Claudio Uberti.

«Férgola le pasaba a Clarens el listado de obras y Passacantando los certificados de obra que estaban para cobrar y era él quien nos llamaba», rememoró un contador, que detalló cuál era la condición que les comunicaba el financista a los empresarios: «El jefe [en alusión a Néstor Kirchner ] quiere dólares». Y de esa exigencia surgía una necesidad para las constructoras: de dónde sacar los dólares para pagar. «O los conseguías por tu lado en alguna cueva o como sea o él [por Clarens] te cobraba el 4% de comisión por encargarse». Y esa tajada también tenía que salir de la primera remarcación, aquella que llevó al puente de valer 100 a 120.

A todo esto, los sabuesos de la AFIP suman otra sospecha. Investigan si los empresarios le mintieron a la Justicia al afirmar que esos pagos ilegales a los políticos salieron de sus bolsillos, ya fuera de sus ahorros personales o como «adelantos de dividendos».

«Varios ‘arrepentidos’ buscaron proteger a sus empresas dejándolas fuera de la operatoria», explicó una alta fuente del organismo tributario. «Lo que estamos verificando es si en realidad están ocultando el uso de facturas apócrifas, de firmas reales o ficticias, por mucho más dinero, que terminaron en los balances de sus empresas, lo que podría traerles más problemas», estimó. Problemas para los ya arrepentidos -porque se caerían sus acuerdos con la Justicia y afrontarían mayores penas-, pero también porque alcanzarían a los restantes miembros de los directorios de sus empresas.

La senadora abordó el tema de la causa que llevan adelante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en un texto que tituló “Sobre pijamas, dormitorios y decretos en la Argentina macrista arrepentida”. Allí señaló que hay un “evidente manejo extorsivo de la figura del ‘arrepentido’”, que “es sencillamente escandaloso, pero cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno que ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social”.

Cristina Kirchner explicó que era para ella “obligatorio firmar” el decreto y advirtió que la declaración de Romero se produjo en el marco de “un verdadero menú de `arrepentidos’ a la carta”. “En todo caso, sería muy interesante que el Sr. Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos”

La ex Presidenta volvió a manifestar que las causas en su contra son producto de una persecución política en su contra, tal como señaló en el escrito que entregó en Comodoro Py el lunes pasado cuando fue su indagatoria. “Los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos que siempre trataron de obstruir las medidas que llevé adelante en beneficio de las grandes mayorías populares, de la actividad económica en general y del desendeudamiento estructural de la Nación”, remarcó.

El texto completo de Cristina Kirchner:

Sobre pijamas, dormitorios y decretos en la Argentina macrista arrepentida

He decidido no hacer comentarios sobre remiseros “arrepentidos” que dicen haberme visto en pijama, ni tampoco opinar sobre ex funcionarios de cuarta línea, también “arrepentidos”, que nunca formaron parte de mis dos presidencias, pero que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio. Sin embargo, como ex Presidenta de la Nación tengo la obligación de pronunciarme sobre el empresario Gabriel Romero –nuevo “arrepentido”- que, según títulos catástrofe de Clarín y La Nación, habría pagado por un decreto presidencial.

Grande fue mi sorpresa cuando comencé a leer el referido decreto y mayor aún mi indignación cuando concluí su lectura. Es que el decreto 113 del 21 de enero del 2010 tiene particularidades muy especiales.

Breve introducción al referido decreto

El 6 de enero de 2002 se sancionó la Ley 25.561 por la que se declaró la emergencia pública, se dispuso la salida del régimen de convertibilidad del peso argentino con el dólar estadounidense y se autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a renegociar los contratos de obras y servicios públicos concesionados que habían sido puestos en crisis por la obligada salida del régimen mencionado. Uno de esos contratos era el de la empresa Hidrovía S.A. cuya concesión fue aprobada por el decreto 253 del 21 de febrero de 1995 y cuyo titular es el Sr. Gabriel Romero.

El 3 de julio de 2003 Néstor Kirchner, Alberto Fernández, Roberto Lavagna y Julio De Vido firmaron el decreto 311 por el cual se creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) en la órbita de los Ministerios de Economía y de Planificación Federal. Esa unidad tenía como función hacer operativas las renegociaciones ordenadas por la Ley de emergencia.

El decreto y la hidrovía

El 19 de junio de 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner, la UNIREN y la empresa Hidrovía S.A firman una propuesta de Carta de Entendimiento para lograr la renegociación de la concesión.

El principal problema que tenía dicha renegociación era que la aplicación de las normas en materia de liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) convertía a la empresa Hidrovía S.A. en gran deudora de la AFIP por la liquidación de dicho tributo. La empresa sostenía que la normativa estaba mal aplicada en el caso particular de su actividad. Durante el año 2008, siendo ya presidenta, le manifesté al Sr. Romero que ese problema no se podía solucionar en el ámbito del Poder Ejecutivo porque la AFIP no iba a hacer ninguna interpretación que implicara condonar una deuda. Le dije que yo no iba a firmar absolutamente nada sin la intervención del Congreso porque se trataba de materia impositiva.

Finalmente, dicho problema fue abordado por una Ley del Congreso de la Nación que interpretó específicamente una forma de liquidación del IVA para el caso de concesiones de obras de dragado, señalización y mantenimiento de vías navegables con motivo de su explotación. O sea, para Hidrovía S.A. Dicha Ley, la 26.453, fue sancionada el 10 de diciembre de 2008 por UNANIMIDAD.

Recién luego de aprobada esa Ley, la Carta de Entendimiento firmada por UNIREN y la empresa Hidrovía S.A. se sometió al proceso de audiencia pública en la que participaron y se expresaron opiniones de los usuarios, distintos sectores y actores sociales. Como consecuencia, la UNIREN estimó conveniente modificar aspectos de la propuesta de entendimiento, todo ello expuesto en las actuaciones y publicado en el sitio de internet de la mencionada Unidad.

Luego, con fecha 21 de abril de 2009 la empresa y la UNIREN suscribieron una propuesta de Acta Acuerdo que contenía los términos de la renegociación del contrato ordenada por la Ley de salida de la convertibilidad.

La Procuración del Tesoro de la Nación, cuya intervención es obligatoria de acuerdo al decreto 311/03, emitió un primer dictamen con propuestas que fueron incorporadas en una addenda modificatoria; emitiendo, luego, dicho organismo, un segundo dictamen final.

Asimismo, también la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) tomó intervención de acuerdo a la normativa vigente.

Sin embargo, lo más distintivo de este proceso fue que, por tratarse de facultades delegadas, la propuesta de Acta Acuerdo salió de la esfera de decisión del Poder Ejecutivo y su contenido fue obligatoriamente sometido a consideración y aprobación del Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional. Cabe aclarar que la aprobación del Congreso de la Nación era condición imprescindible para la ratificación del Acta Acuerdo. O sea, sin Parlamento, no había decreto.

Dicha comisión emitió un dictamen de mayoría en el que realizaron modificaciones a la propuesta del Acta Acuerdo, incluyendo además un requerimiento efectuado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Introducidas las modificaciones propuestas por el Parlamento, el 20 de octubre de 2009, la UNIREN y los representantes de la empresa concesionaria suscribieron el Acta Acuerdo y establecieron las condiciones de adecuación del contrato de concesión de la hidrovía, tal cual lo había ordenado la Ley de emergencia pública y salida de la convertibilidad.

Por último, y de acuerdo lo establece el decreto 311/03, correspondía al Poder Ejecutivo ratificar los acuerdos alcanzados y por eso el 21 de enero de 2010 firmé el decreto 113.

O SEA que mi intervención como presidenta de la Nación se limitó a lo único que podía y debía hacer: ratificar lo actuado y resuelto por la UNIREN con audiencias públicas de por medio, dictámenes de la Procuración del Tesoro y de la SIGEN, aportes del Ministerio de Relaciones Exteriores y, finalmente, la intervención del Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, sin cuya aprobación no hubiera habido decreto.

Hoy, en un verdadero menú de “arrepentidos” a la carta, el Sr. Gabriel Romero dice haber pagado dinero por la firma de ese decreto que, finalizado todo el proceso explicado previamente, era para mí obligatorio firmar. En todo caso, sería muy interesante que el Sr. Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos. Al contrario, los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos que siempre trataron de obstruir las medidas que llevé adelante en beneficio de las grandes mayorías populares, de la actividad económica en general y del desendeudamiento estructural de la Nación.

El evidente manejo extorsivo de la figura del “arrepentido” llevado a cabo por Bonadío y Stornelli, es sencillamente escandaloso, pero cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno que ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social. Lo saben todos y todas.

Durante el primer minuto y veinte de la noventosa película «Los sospechosos de siempre», Bryan Singer muestra una rueda de reconocimiento de cinco hombres con antecedentes criminales, que la Policía y la Justicia de Los Ángeles pone en fila para descubrir al culpable de una masacre en el puerto de San Pedro. Con varios reconocimientos en sus espaldas, cada uno de los sospechosos va pasando frente a una cámara y lee un texto que supuestamente se escuchó en la noche de los crímenes. Los investigadores saben que todos actúan y que hacen gala de su habilidad para despistar a la Policía. Finalmente, la rueda fracasa. Era esperable. Se trataba de cinco delincuentes de diferente experiencia y con el suficiente expertise como para engañar a la Policía y la Justicia.

El denominado «Círculo Rojo» y Mauricio Macri nunca se llevaron bien. La mayoría de los integrantes de este grupo de políticos, periodistas, hombres de la Justicia, analistas políticos, economistas con opinión, pensadores en general y, fundamentalmente, empresarios con influencia directa en el PBI argentino, nunca consideraron al Presidente como alguien propio, ni aun cuando llegó a la jefatura de Gobierno porteño. Al que sí se lo consideraba parte fundante e influyente del grupo era a su padre, Franco Macri. A su hijo, a veces, se lo señalaba incluso despectivamente como «el hijo del Tano». Lejos de enojarse o, mucho menos, tomarlo como una afrenta personal, Macri consideró que esta distancia que el «Círculo Rojo» le dispensaba era una fortaleza para poder realizar las reformas que siempre creyó que necesitaba el país y sin las presiones de ese «poder» empresario. No fueron pocas las veces que Macri aludió a los principales referentes del sector privado de la Argentina participantes de ese grupo como culpables de la vigencia del kirchnerismo por más de una década. Los acusaba de mostrarse, cuanto menos, de participantes silenciosos de las disruptivas y revulsivas, según su visión, políticas que llevaron a la «crisis definitiva» de la economía del país.

Para Macri, muchos de los empresarios argentinos militantes de ese Círculo, fueron, por acción u omisión, funcionales al kirchnerismo. La última referencia sobre el tema fue en marzo de 2018, cuando en plena reunión de Gabinete, el Presidente se refirió despectivamente a los principales representantes de la industria nacional como gente a la que «Moreno les rompió la cabeza». Le hablaba a los tradicionales industriales argentinos, a los referentes de la obra pública y a los grupos empresarios dedicados a los servicios públicos. Eran, para el Presidente, quienes deberían haber invertido más de u$s30.000 millones desde 2016 (u$s10.000 millones anuales, según lo que el jefe de Estado garantizaba en la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia).

Hasta ahora esa pelea entre ese Círculo Rojo y el macrismo se había mantenido en los niveles del debate económico y financiero, y en la disputa por la falta de inversiones y de apoyo a un gobierno que, en teoría, sólo busca salir de la crisis y alcanzar un equilibrio de las principales variables del país. Eso hasta ayer.

Desde las 8:05 de la fría y oscura mañana de ayer la relación entre, al menos una parte (importante) del Círculo Rojo y Mauricio Macri ya no será igual. A esa hora, como una danza fantasmal, los empresarios detenidos 24 horas antes, comenzaban a abandonar las oficinas de la Dirección de Drogas de la Policía Federal, para subirse a los celulares y patrulleros, que los llevarían a Comodoro Py para enfrentarse al juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli. Allí serían informados sobre su situación procesal en la causa de los «Cuadernos».

Antes, en vivo y en directo para todo el país y casi en cadena nacional, hombres que hasta ayer eran ignotos desconocidos para el gran público, eran mostrados casi pornográficamente como los responsables del caso de corrupción más grande e institucionalmente más explosivo de la democracia moderna argentina. Cada cara que la televisión registraba era un reflejo del espanto y el temor que los hasta ayer respetables hombres de la construcción y la energía, sentían al mostrarse en su nueva situación de reos. Salían de esa dependencia policíaca mezclados con exfuncionarios del ministerio de Planificación y la jefatura de Gabinete de los años kirchneristas; a quienes la población está ya acostumbrada a observar en sus caídas en desgracia. Pero no a los empresarios. Y menos de ese nivel y en esa escenografía invernal (en todo sentido) de ayer por la madrugada.

Aunque se trata de gente a la que el peso de la ley debe caerle como a cualquier otro ciudadano argentino; seguramente no estaban preparados para el mal trance. Hasta el miércoles a la madrugada estos hombres disfrutaban de una vida de primerísimo nivel, dentro del decil que agrupa el 0,3% de la población argentina con mayores ingresos. Todos son o fueron CEO, gerentes generales o directamente los dueños, de muchas de las principales empresas constructoras y de energía del país. Todos participaban de las reuniones anuales de la Cámara Argentina de la Construcción y de los encuentros de industriales. La mayoría era referente automático como termómetro de la actividad de la obra pública o privada, referenciando si el país estaba creciendo o no. Son además padres o abuelos referentes para su familia -aún con poco tiempo presencial en ese ámbito- y para diferentes grupos sociales de la comunidad que integran, como cámaras empresarias, grupos de trabajo, clubes deportivos, ONG, iglesias, cooperativas y asociaciones de padres y madres, entre otros. En las últimas horas fueron retirados de sus domicilios, generalmente ubicados en exclusivos barrios cerrados o en las mejores zonas de la Capital Federal y el gran Buenos Aires.

Claudio Chiarrutini, un periodista que conoce de cerca a muchos de estos empresarios, aseguraba ayer que lo ocurrido genera en este grupo social «miedo y odio». Se marca que no sólo corre riesgo la continuidad de sus empresas (algunas sufren en estas horas una demolición bursátil y crediticia), sino que ven como los amigos que hasta ayer los frecuentaban comienzan a alejarse de sus familias «como si tuvieran lepra». Se habla ya de problemas familiares de mujeres, hijos y nietos. De desprecio social de sus hasta el miércoles iguales. Y se comienza a hablar de una palabra dura: venganza.

Por lo que se especula, los empresarios detenidos tendrían ahora que tomar decisiones trascendentales para sus vidas. O se suman a la ley del arrepentido, o comienzan una resistencia. En el primer caso, estarían obligados a delatar a pares y superiores, autoincriminándose a cambio de una disminución de sus potenciales penas, pero con la garantía de una segura prisión por algún tiempo –según publica Ámbito-. En el segundo caso, la resistencia tiene una esperanza curiosa: esperar en silencio hasta que dentro de un año y medio se defina la suerte de Mauricio Macri y su reelección. Y especular con que el sistema judicial argentino sea fiel a su tradición: la incapacidad de encontrar y probar un caso de corrupción en todas sus líneas y que involucre a los poderosos de siempre. Enfrente tendrán un grupo de «sospechosos» que no son los «de siempre». Los empresarios detenidos no tienen experiencia en este tipo de circunstancias límites. Y auguran consecuencias. La situación genera para Argentina una nueva aventura institucional. La de nuevos sospechosos.

«Quiero aclarar cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y las coimas», señaló Lilita, que ni bien mencionó la palabra «coima» se convirtió en blanco de burlas y abucheos por parte de la oposición reunida en el recinto.

Inmediatamente, Carrió cayó en la cuenta del desliz y quiso zafar del momento de zozobra acusando a un kirchnerista de coimero. «Lo miré a usted (Agustín) Rossi, me acordé de su hermano y me vino el lapsus de las coimas», corrigió Carrió, en referencia al presidente del bloque kirchnerista.

Luego volvió sobre su planteo para que los sectores medios no dejen de colaborar con propinas en momentos de vacas flacas, y explotó contra el «progresismo estúpido» que a su entender «no sabe lo que son los pobres» –según publica La Política Online-.

«En otras crisis sociales no me llamaban como me están llamando cartoneros. Los cartoneros, las manicuras trabajan. Gente que corta el pasto trabaja. Es necesario que las clases medias no supriman ese tipo de gastos. Es una forma de solidaridad en momentos de crisis ¡El progresismo estúpido no sabe lo que son los pobres!», estalló.

Lilita, que fue fotografiada dormida en su banca en un momento de la sesión, pidió un cambio en el reglamento para que las votaciones durante las sesiones no se extiendan hasta la madrugada.

«Tenemos que cambiar el reglamento de esta Cámara. No se puede tratar a las 4 ó 5 de la mañana un proyecto simplemente porque no entendemos nada. No hay lucidez, no todos tenemos la misma edad. Hay que cambiar el reglamento para tratar el objetivo y después que quede hablando el que quiera. No hay una sola televisión porque si no yo lo justifico. Nos tienen cautivos, cansados», se quejó.

El diputado Leopoldo Moreau, del Frente para la Victoria, salió a cruzarla: «Somos ciudadanos que hacemos política y como tales tenemos derecho a expresarnos a las 8, a las 4, a las 6 de la mañana», replicó.

«Además hacerlo en el marco de un reglamento que la diputada tiene la costumbre de no respetar. Ella aparece a la hora en que cree que se van a prender las cámaras de televisión, aunque estén en el desarrollo de un proceso de votación como el caso de la ley de interrupción del embarazo», disparó Moreau.