Continúa Cambiemos con la toma de riesgos en el frente externo; no logra sustituir la provisión de dólares de los inversores externos por exportaciones ni baja al mismo tiempo las importaciones, el saldo negativo del turismo disminuyó pero persiste, la fuga de capitales sigue su curso y no hay resultados necesarios para conseguir un saldo comercial saludable que minimice los riesgos creados.

En menos de tres años de Mauricio Macri, Argentina se endeudó como nunca en su historia. Esto se puede observar en este nuevo Informe de la Deuda externa, el 14º, preparado por el Observatorio de la UMET (ver aparte), además de actualizar todos los indicadores de deuda presentados en los informes anteriores, se incluye un análisis comparativo del crecimiento de la deuda externa durante el período de gestión de Cambiemos y el de la dictadura cívico militar de 1976-1983, también signado por una marcada deuda externa. Sin embargo, se observa cómo nuestro actual endeudamiento supera ampliamente al contraído en los años 70.

El stock de deuda externa total de la actual gestión (13.405 millones de dólares) supera en un 13,6 por ciento a la acumulada durante la última dictadura militar (98.682 millones de dólares), en la mitad de tiempo trascurrido.

Si además comparamos el crecimiento anual promedio del stock de deuda externa, se observa que la actual gestión (37.362 millones de dólares) supera en un 155,6 por ciento al período de la dictadura (14.620 millones de dólares).

No solo es mayor la deuda con Macri que con Jorge Rafael Videla, sino la velocidad con la cual se va contrayendo hasta el día de hoy es también más alta. Si repasamos lo expresado en informes previos se desprende que:

Cambiemos utilizó la deuda como pilar de su modelo de apertura comercial y financiera porque era parte de su proyecto político.

Somos uno de los países que más deuda emitió en el mundo en estos tiempos de cambios en la economía global.

Fuimos el país que colocó la deuda más cara ante nuestros vecinos que salieron a mercado consiguiendo rendimientos menores.

Emitimos deuda a 100 años para sorpresa del mundo y se sospecha que esa perpetuidad es tan singular que pareciera haber sido hecha como traje a medida.

Logrado el objetivo de sobreendeudamiento, colaron a las provincias en el mismo clima de exposición externa como si fuera necesario someterlas a financiar gastos corrientes con el peor de los ingresos. Cada gobernador creyó que era bueno salir a mercado cuando el dólar a futuro encuentre con la ayuda del FMI que quiere liberarlo, su valor de “equilibrio”. Será para ese momento que unos pocos, ministros, líderes provinciales descubrirán la crueldad de los ajustes que hace el mercado en los momentos de cobrar las cuentas. Ya lo vivimos una decena de veces, resulta difícil pensar que esta vez será distinto.

Nuestra economía se encuentra hoy en un terreno de enorme precariedad que se refleja en la inflación, la recesión, la redistribución regresiva de ingresos, la perdida de salarios reales, la caída y desaparición del sector industrial, el cierre de pequeñas cadenas y comercio callejero. Una enorme cantidad de indicadores de muestran que la deuda (deuda/PBI, deuda/exportaciones, e intereses de la deuda/PIB, entre otros) nada bueno auguran en el futuro. Menos aún la concentración de vencimientos que deberán pagarse entre 2016 y 2020.

Frente al probable abismo en el que nos encontramos, nuevos desaciertos que pudieran ocurrir en la conducción económica o un probable shock externo podrían resultar suficientes para llevarnos a una crisis de deuda externa, siendo los sectores más frágiles, los trabajadores y los sectores más vulnerables, los que, como siempre ha ocurrido, pagarán las peores consecuencias. Nada parece ser diferente.

La pobreza superó el 29 por ciento antes de mitad de año (según cifras oficiales no difundidas) y, a la luz de la evolución de los precios y del panorama laboral de estos meses, ya habría superado el 30 por ciento, estimándose que podría terminar el año entre el 33 y el 35 por ciento, según proyecciones aún no divulgadas. Esta situación, suficientemente conocida tanto en Buenos Aires como en Nueva York y Washington, es lo que explicaría el sorprendente discurso de Mauricio Macri del jueves último, tras conocerse los indicadores oficiales del primer semestre, en el que admitió que se había retrocedido en la meta de bajar la pobreza, anticipando además que las mediciones de los próximos dos semestres “también van a mostrar retrocesos”. Algunos partidarios del gobierno consideraron que fue “un error de lectura” hablar de una suba en el índice de pobreza, ya que la comparación interanual (estacional) entre primer semestre de 2017 y 2018 le otorga un resultado favorable al gobierno. Pero en esta política de “doble comando” tras el acuerdo con el FMI, el consejo desde Washington parece haber sido no disfrazar el mal resultado, como ha hecho el gobierno en tantas otras veces. De hecho, el dato estadístico desagregado del Indec (no publicado) muestra que la pobreza en el primer trimestre de este año fue del 25,5 por ciento, y en el segundo trimestre del 29,1, marcando el deterioro de la situación. Del promedio de ambos surge el informado 27,3 por ciento.

Mientras que los datos dados a conocer por Mauricio Macri y el Indec en la semana pasada muestran una tasa de pobreza del 27,3 por ciento, sólo por arriba de la del segundo semestre de 2017 (25,7 por ciento) y aún por debajo de la medición de la primera mitad del año pasado (28,6), las mediciones no divulgadas del organismo estadístico mostrarían una realidad mucho más dura. Según informó a Página 12 el ex diputado nacional y dirigente de ATE Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, “el 27,3 por ciento de pobreza que presentó el Indec de manera almibarada para el primer semestre de este año, es resultado de un promedio entre lo que se vivió en el primer trimestre, el último de suba de la actividad económica, y lo que se midió en el segundo”, es decir el período abril-junio, inicio de la actual recesión. “El primero midió 25,5 por ciento y el segundo trimestre ya mostró que la pobreza trepó al 29,1 por ciento”. El ex diputado puntualizó que, de acuerdo a este resultado, “la pobreza ya está en torno al 30 por ciento, dado que las mediciones anunciadas aún no han relevado los efectos de la segunda corrida cambiaria, ni de la recesión profunda y prolongada que le espera a la Argentina en el marco del acuerdo pactado con el Fondo Monetario Internacional”.

Una evaluación de las consecuencias del acuerdo con el FMI elaborado por economistas del peronismo, que ya circula entre legisladores e incluso ya está en manos de contactos de éstos en Nueva York, Washington y Londres, da cuenta del impacto que se espera de lo que denomina “un shock recesivo”. “Será un programa muy costoso para el sector privado en empleos y actividad económica”, apunta, concluyendo que en particular en materia de pobreza, el resultado sería que a fin de año alcance al 35 por ciento de la población.

Si se sigue la evolución de los datos publicados por el Indec y las mediciones desagregadas para el último semestre, se observa que de un pico inicial del 30,3 por ciento en la segunda mitad de 2016, se pasa al 28,6 en el primer semestre de 2017, a 25,7 en el segundo semestre del mismo año y al 25,5 por ciento en el primer trimestre de este año. No había indicadores para compararlos con los semestres anteriores a 2016, puesto que el gobierno de Cristina Kirchner había interrumpido la publicación de los datos de pobreza. El gobierno de Macri hizo una proyección hacia atrás muy tirada de los pelos, que ubicó la pobreza de 2015 en el 32,2 por ciento. Es imposible suponer como valido que entre el segundo semestre de 2015 y el segundo de 2016 la pobreza haya subido, con la megadevaluación y el salto inflacionario que provocó el regreso de las políticas neoliberales en 2016.

La pobreza se extiende de la mano de la inflación, el encarecimiento de los alimentos y servicios y la pérdida de ingresos de la

La situación empieza a cambiar dramáticamente a partir del segundo trimestre de este año. Según las mediciones del Indec no publicadas, del 25,5 por ciento del primero se pasó al 29,1 por ciento en el trimestre siguiente, que coincide con las primeras manifestaciones de la recesión. Así lo señalan los indicadores de actividad económica y de producción industrial que elabora y difunde el Indec. Pero, además, a partir de la última semana de abril se inició una corrida contra el peso con un proceso de devaluación explosiva, con manifestaciones abruptas entre mayo y junio. El impacto inflacionario empezó a sentirse a partir de junio, con reflejo en los meses posteriores.

La medición de la pobreza se realiza a partir de comparar los ingresos estimados de la población con el costo de la canasta básica total para una familia tipo. La indigencia, por la comparación entre esos mismos ingresos y la canasta básica alimentaria. De acuerdo a los propios datos del Indec, desde fines del primer semestre en adelante se fue acelerando el índice de inflación tanto de los alimentos como de otros insumos esenciales de una familia vulnerable por ingresos (servicios del hogar, salud). El índice de precios al consumidor (IPC) de agosto arrojó un aumento del 3,9 por ciento. En los dos meses previos, el 3,1 por ciento en julio y 3,7 en junio. Teniendo en cuenta que la medición de pobreza del segundo trimestre es un valor promedio, parece válido como aproximación considerar también la inflación de junio para estimar el aumento de la canasta para el trimestre siguiente.

El aumento acumulado del IPC en estos últimos tres meses es, en consecuencia, de poco más del 11 por ciento. Es razonable suponer que, en el mismo período, el aumento de los ingresos de la población no puede haberse ni siquiera aproximado a ese porcentaje. Por lo tanto, es inevitable esperar que la pobreza haya crecido no menos de un punto en el tercer trimestre que acaba de terminar, o quizás dos. Ello arrojaría un indicador de pobreza más cercano al 31 por ciento.

El nivel de indigencia, que el Indec ubicó en el 4,9 por ciento en el primer semestre, habría tenido una muy escasa variación entre el primer y segundo trimestre, según señaló el economista Claudio Lozano, sin haber alcanzado al 5 por ciento en este último. Sin embargo, se observa en los meses de junio, julio y agosto que, precisamente, el rubro Alimentos ha sido uno de los más afectados por la aceleración de los índices de precios. Siempre según el IPC del Indec, el rubro registró un aumento del 5,2 por ciento en junio, 4 en julio y cuatro, otra vez, en agosto. En total, un acumulado del 13,8 por ciento, más lejos aun del probable aumento de los ingresos medios de la población en el período, con indudable impacto negativo en el nivel de indigencia que resultaría para el tercer trimestre. De ahí en más, es decir desde hoy, será el plan recesivo del FMI el que haga el resto.

Argentina recibirá 36.200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional entre lo que resta de este año y todo 2019, y eleva a 57.100 millones de dólares el monto total del crédito Stand By otorgado al país. A cambio, el gobierno no sólo ratifica el plan presupuestario restrictivo para 2019, que elimina el déficit fiscal primario, sino que además asume una drástica política antiinflacionaria del Banco Central que reduce a cero la emisión monetaria desde ahora hasta junio de 2019, y pasa a un esquema de libre flotación cambiaria que limita las intervenciones de la autoridad monetaria en el mercado mayorista. La escasez de dinero circulante debería actuar como freno a la inflación, pero al costo de una fortísima caída en la actividad económica. El nuevo acuerdo con el Fondo fue anunciado por la directora gerente del Fondo junto a Nicolás Dujovne desde Nueva York. La instrumentación de la estrategia monetaria fue explicada, minutos más tarde, por el flamante titular del Banco Central, Guido Sandleris, en Buenos Aires.

Con la bandera argentina a su espalda, y el ministro de Hacienda a su izquierda, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, encabezó en el consulado argentino en Nueva York el anuncio del nuevo acuerdo con Argentina “para fortalecer el Programa Stand By de 36 meses aprobado el 20 de junio pasado”. Dueña absoluta de la situación, Lagarde asentía con leves movimientos de cabeza la lectura del comunicado que hizo Dujovne. “El nuevo acuerdo comprende desembolsos totales por 57.100 millones de dólares, lo que representa un incremento de 7100 millones con respecto al acuerdo previo”, indicó el ministro. “Además, bajo el nuevo esquema los desembolsos estarán disponibles de manera más anticipada: hasta 2019 el FMI asegurará financiamiento por 36.200 millones de dólares; con respecto al acuerdo previo, se incrementa en 19.000 millones el financiamiento disponible hasta fines de 2019”, explicó. Desembolsados ya 15.000 millones en junio, quedarían, en consecuencia, unos 6000 millones de dólares pendientes para 2020. Como en anteriores ocasiones, Dujovne se centró en explicar la “consistencia del programa financiero” entre los compromisos y las fuentes de financiamiento, pero sin considerar su impacto nocivo sobre la economía real.

Por el contrario, el ministro de Hacienda volvió a afirmar que el brutal ajuste y política de endeudamiento que presentó ayer forman parte de “un conjunto de políticas orientadas al fortalecimiento de la economía argentina”. Desde la mirada del actual equipo económico, Argentina padece dos problemas que están por encima de cualquier otro: déficit fiscal e inflación. En coincidencia plena con el FMI, las medidas anunciadas ayer buscan “resolver” de manera drástica ambos conflictos, sin detenerse en los costos sociales que traerán aparejados. Lo fundamental para su sostenimiento está dado en “el apoyo de la comunidad internacional, que permitirá dejar atrás este camino de turbulencias”, y la decisión del FMI de “continuar respaldando la atención a los sectores más vulnerables”, señaló Dujovne, desviando la mirada hacia Lagarde en busca de aprobación. La recibió.

Lagarde solo tuvo una breve intervención verbal en la conferencia en el Consulado. Tras ello, Dujovne la excusó “por compromisos de agenda” y continuó solo. Antes de irse, la titular del FMI anunció que el acuerdo había sido “aprobado por la Gerencia” del FMI, incluyendo los desembolsos anticipados. Indicó que el programa Stand By acordado estaba “respaldado por un presupuesto adecuado y sustentable”. También se refirió al compromiso del Banco Central con una política de tipo de cambio flexible sin intervención e indicó, ante una pregunta, que “la clave del nuevo acuerdo está en las cifras 19 y 19: los 19.000 millones de dólares que Argentina recibirá por adelantado hasta 2019, con lo que conseguirá estabilizar su economía”.

“Hemos acordado avanzar más rápido hacia el equilibrio fiscal para 2019”, anunció Dujovne, como contrapartida del adelanto del cronograma de desembolsos para atender las urgencias financieras del gobierno a partir de la corrida iniciada en mayo y que no se frenó con el primer acuerdo.

“En el terreno de la política monetaria y cambiaria, en las últimas semanas hemos enfrentado jornadas de mucha volatilidad que se han traducido en una importante depreciación del peso y un recrudecimiento de la inflación”, expresó luego el ministro. “En ese marco –anunció–, hemos decidido reemplazar el esquema de metas de inflación por una regla simple y verificable sobre los agregados monetarios, elemento que entendemos contribuirá decididamente a reducir la inflación”. Más tarde, en conferencia de prensa en el Salón Bosch del BCRA (ver nota aparte), su nuevo titular explicaba la implementación de “una banda de no intervención” ajustable por una “tablita” de aquí a fin de año, y una participación limitada cuando el valor mayorista saliera fuera de las bandas. “Mantenemos nuestro compromiso con el régimen de tipo de cambio flexible, aunque hemos incorporado elementos a la política cambiaria que nos permitirán evitar la excesiva volatilidad”, dijo confiado Dujovne.

El programa económico que surge del nuevo acuerdo con el FMI representa la renuncia del gobierno al “control de daños”. Asume todos los riesgos y sin red. Va hacia un recorte brutal en el gasto público en medio de un proceso recesivo. Se mete de cabeza en un proceso inflacionario, motorizado principalmente por la megadevaluación de los últimos cinco meses, soltando las amarras con las que pretendía controlar el dólar. Juega todas las fichas a la sequía monetaria, es decir congelar la emisión de dinero para que no haya dinero para convalidar nuevos aumentos de precios. Pero el propio Sandleris reconoció que hay un rezago de la devaluación previa que impactará en el nivel de inflación de septiembre, octubre y, “en parte”, en noviembre. La secuencia es previsible: aumentarán los precios, seguirá subiendo el dólar, se atrasarán los salarios, se profundizará la caída de la actividad y se expandirá la recesión con mayores suspensiones y despidos. Ahí, recién ahí, con muchas víctimas del desempleo y de la pérdida de capacidad de consumo, la escasez del dinero circulante podrá traducirse en atenuación de la inflación. Los costos en materia social son imposibles de proyectar. En los cementerios, dicen, no hay inflación.

El desembolso por 2916 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional que estaba previsto para el lunes fue suspendido. Esos recursos conformaban el segundo tramo del crédito acordado con el organismo  y fueron solicitados formalmente por Argentina a fines de agosto. Pero el ingreso de los dólares requeridos para aliviar las tensiones en el mercado cambiario no se concretará hasta que el Directorio del FMI habilite un nuevo cronograma de pagos. La renegociación del programa de financiamiento condicionado comenzó hace dos semanas. La respuesta formal a las pretensiones del gobierno argentino recién se conocerá hacia fin de mes. Desde el Ministerio de Hacienda sostienen que fueron ellos quienes decidieron demorar la llegada de las divisas a la espera de que la reformulación del cronograma permita ampliar los montos y recortar los plazos del acuerdo Stand-By. La postergación del desembolso suma, sin embargo, un vector de volatilidad adicional para la cotización de la moneda estadounidense. A pesar de las erráticas y costosas intervenciones del Banco Central, el precio del dólar continuó ayer su escalada hasta un nuevo máximo histórico de 40,53 pesos (ver aparte).

El gobierno de Mauricio Macri apuesta a que la flexibilización del crédito con el FMI habilitado a fines de junio le permita despejar la creciente incertidumbre sobre la capacidad del país para hacer frente a los vencimientos de la deuda externa. En otras palabras, desarticular la corrida cambiaria y restablecer el flujo de financiamiento. A cambio, ofrece una prueba de amor: la profundización del ajuste fiscal. El programa de austeridad con retenciones anunciado diez días atrás, sin embargo, no alcanzó para contener las presiones devaluatorias. En un escenario de renovada incertidumbre, los dólares que debían ingresar el lunes quedaron frenados hasta cerrar un nuevo acuerdo.

La magnitud del ajuste fiscal quedará plasmada el lunes cuando el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presente el proyecto de Presupuesto 2019 en el Congreso. Los tijeretazos fueron supervisados y consensuados con los técnicos del FMI que se encuentran en el país desde el martes pasado. Encabezados por el jefe de Misión para Argentina, Roberto Cardarelli, la comitiva del Fondo llegó a Buenos Aires para “continuar las conversaciones con las autoridades argentinas para trabajar en torno al fortalecimiento del programa”. Si bien no ofrecieron precisiones sobre los plazos, desde el organismo encabezado por Christine Lagarde indicaron que “nuestro objetivo común es llegar a una conclusión rápida de estas discusiones para presentar una propuesta al Directorio Ejecutivo”. Traducción: recién es posible esperar una resolución hacia fin de mes.

La negociación abierta con el FMI es una versión exacerbada del programa que fracasó hace apenas tres meses. Aun cuando el primer tramo del préstamo por 15.000 millones de dólares fue acompañado por el sobrecumplimiento de las metas de ajuste fiscal, la corrida no se detuvo. Los términos iniciales preveían que Argentina recibía seis tramos trimestrales por 2917 millones cada uno hasta 2019. Los desembolsos previstos sumaban 17.502 millones de dólares completando 32.502 millones de dólares al finalizar el año próximo. Suponiendo que se mantiene el monto total de hasta 50.000 millones de dólares, la pretensión argentina es recibir durante los próximos 16 meses la totalidad de los 35.000 millones de dólares que hoy restan ejecutar. Si esos fondos se distribuyen en partes iguales, en lugar de tramos trimestrales por hasta 2917 millones de dólares ingresarán desembolsos por 5833 millones de dólares. La distribución podría ser alterada y los funcionarios de Hacienda tampoco descartan que se amplíe el monto total del préstamo.

La fallida experiencia con el ajuste en Grecia llevó al FMI a evaluar la capacidad política e institucional de los gobiernos para implementar los programas de austeridad y reformas comprometidos. El Staff Report elaborado en junio por los equipos técnicos del FMI ya advertían “una preocupación vinculada a la habilidad del gobierno para construir el apoyo para las medidas que requieren ser aprobadas por el Congreso”. Un documento del Ministerio de Hacienda filtrado la semana pasada estimó que el éxito en el programa de austeridad supone que 2018 terminará con una recesión del 2,4 por ciento y una aceleración de la inflación hasta el 42 por ciento.

Las advertencias del FMI sobre la capacidad del gobierno para implementar el ajuste recuperan relevancia frente a la profundización del recorte en el gasto. Bajo la forma de sugerencias vertidas en distintos documentos el decálogo de exigencias contempla: facilitar la creación de empresas reduciendo costos; mayor apertura de la economía al comercio internacional; flexibilización del mercado laboral; y regulaciones favorables a la competencia.

Apenas tres meses después de haber concretado un acuerdo de emergencia con el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, inició ayer en Washington las negociaciones para un nuevo entendimiento. La aspiración del Gobierno, según dijo el funcionario tras su encuentro con la directora gerente del organismo, Christine Lagarde, es poder firmar el nuevo convenio en la segunda quincena de septiembre, tras la asamblea anual del FMI. Por ahora no hay montos ni precisiones que se puedan informar, indicó Dujovne, pero sostuvo que existen expectativas de llegar a buen puerto. Con el mismo tono, el Fondo expresó en un comunicado que mantiene su apoyo a los intentos de Argentina de encarrilar su economía. “Hay que tener paciencia porque llevará tiempo hasta que se aprecie el nuevo escenario en los indicadores financieros”, recomendó Dujovne a los argentinos, mientras el dólar no para de dar saltos.

El acuerdo anterior con el Fondo Monetario quedó sepultado por la imposibilidad del Gobierno de cumplir las metas comprometidas. Desde que se firmó hasta la fecha, el dólar escaló de 24 a casi 40 pesos, el riesgo país subió de 400 a casi 800 puntos, las reservas del Banco Central cayeron en 11.830 millones de dólares y la recuperación de la confianza de agentes financieros y la ciudadanía en general no se produjo en lo absoluto. Ese fracaso derivó en una agudización de la crisis que ubica a la economía en una situación de máxima tensión y al Poder Ejecutivo en medio de un tembladeral político. Por todo ello, el recibimiento del staff del FMI a la delegación encabezada por Dujovne estuvo lejos de ser cordial. Antes de la primera reunión entre el ministro y Lagarde, que se concretó por la tarde, fuentes del organismo hicieron saber a la agencia de noticias Reuters, de marcada influencia en los circuitos financieros, que “es demasiado pronto para hablar de detalles o cronograma de un nuevo programa económico con el país”. En buenos términos, la Argentina de Macri deberá dar pruebas de que cumplirá con un fuerte ajuste del gasto público, así como asumir duras exigencias del FMI para aspirar a nuevos desembolsos del organismo. Entre ellas, reformas estructurales como un aumento de la edad jubilatoria, cambios en el sistema de seguridad social y mayor flexibilización laboral.

Dujovne encabezó la delegación y para sorpresa de todos, no lo acompañó el presidente del Banco Central, Luis Caputo, quien estaba previsto que formara parte de la comitiva. Esa baja de último momento fue explicada por el Gobierno como una decisión de Macri para que se quedara a dirigir las operaciones cambiarias frente a la corrida del dólar. De hecho, ayer la autoridad monetaria volvió a intervenir con 358 millones de dólares y ni así consiguió evitar una nueva suba del billete verde, a 39,79 pesos. Otras versiones aseguraron que Caputo no fue a Washington por las diferencias que mantiene con Dujovne sobre cómo manejarse con el dólar. El ministro sería más permeable a aceptar el planteo del FMI de que la divisa flote con menos intervenciones oficiales y Caputo buscaría restarle volatilidad a la divisa. Lo cierto es que el Gobierno otra vez no cumplió lo anunciado, alimentando rumores y especulaciones en una city porteña que ya es un hervidero.

La delegación argentina estuvo compuesta por Dujovne junto a sus secretarios Santiago Bausili, Rodrigo Pena y Guido Sandleris. Por el Banco Central estuvieron Gustavo Cañonero y Pablo Quirno. Tras la entrevista con Lagarde, Dujovne afirmó en rueda de prensa: “Fue una muy buena reunión”: “Pretendemos que (el acuerdo) sea votado en el board en la segunda mitad de septiembre y para eso tiene que haber acuerdo técnico antes. Tiene que pasar por los distintos departamentos del Fondo. Por más que logremos entendimientos previos, luego todo requiere un proceso formal para que tenga acuerdo”, reconoció. Eso lleva los tiempos a la segunda quincena del mes o hacia fin de mes.

“Se trata de mejorar los términos del acuerdo firmado en junio de manera de reforzar el programa. La Argentina ya dio pasos en los últimos días con el anuncio de medidas fiscales. Estamos conversando sobre cómo seguir avanzando para que todo el apoyo de la comunidad internacional pueda materializarse en una clara mejora en los indicadores financieros en Argentina”, señaló el ministro. “Estamos viendo una mejora en los indicadores de solvencia externa”, completó el ministro, quien pidió: “Tener paciencia”. En este contexto, fue consultado sobre la nueva suba del dólar, además de la caída de la bolsa y de lo bonos soberanos. Frente a ello, respondió: “El inicio de la negociación se da en un día muy malo para los mercados emergentes en general (…) Tenemos que tener paciencia porque va a tardarse en ver en los indicadores financieros”.

Por su parte, Lagarde aseguró a través de un comunicado que hubo “avances” y señaló que el “diálogo continuará ahora a nivel técnico”. “Nos reunimos para iniciar conversaciones sobre cómo el fondo puede brindar un mejor apoyo a la Argentina frente a la renovada volatilidad financiera y un entorno económico desafiante”, manifestó la francesa. Y agregó: “Hemos hecho avances durante nuestra reunión y trabajaremos juntos para fortalecer aún más el programa de las autoridades argentinas respaldado por el FMI. Nuestro diálogo continuará ahora a nivel técnico”.

“Hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del próximo año”, anunció el presidente Mauricio Macri. Los cien segundos que duró el mensaje matutino transmitido por YouTube no alcanzaron para recuperar la confianza perdida de los mercados financieros. Las primeras precisiones sobre el adelanto en el cronograma de desembolsos previstos en el crédito Stand-By solicitado al organismo multilateral llegaron recién por la noche con la disparada en la cotización del dólar hasta 34,50 pesos consumada. Desde el Palacio de Hacienda indicaron que Argentina podrá solicitar hasta 29.000 millones de dólares a lo largo de 2019. De validarse el pedido argentino, se adelantarán al año próximo los seis desembolsos previstos para 2020 y 2021.

La modificación del programa de financiamiento alcanzado apenas tres meses atrás requiere la aprobación del Directorio del FMI que recién tenía previsto abordar el caso argentino dentro de dos semanas. Los responsables de la negociación aseguran que existe un “acuerdo político” con los principales miembros del organismo. Evitaron, sin embargo, detallar las condicionalidades fiscales, monetarias y financieras que acompañarán a la flexibilización del acuerdo. “Acompañaremos este apoyo con los esfuerzos fiscales necesarios, trabajo en el que venimos avanzando muy bien”, anticipó Macri al destacar la marcha del ajuste fiscal.

“He instruido al personal para que trabaje con las autoridades argentinas a fin de fortalecer el acuerdo respaldado por el Fondo y reexaminar el cronograma del programa financiero”, sostuvo la mandamás del Fondo, Christine Lagarde, que reiteró su respaldo al plan de ajuste y reformas asumido por la Casa Rosada. El préstamo aprobado a mediados de junio establecía desembolsos trimestrales por hasta 2917 millones de pesos. Condicionados al cumplimiento de las metas de recorte en el gasto público, la libre flotación del dólar y la puesta en marcha de las reformas estructurales, la entrega de los fondos se extendía hasta junio de 2021. Pero el fracaso del programa para reabrir el acceso al financiamiento externo y cubrir la falta de dólares forzó al gobierno de Cambiemos a solicitar el anticipo en los desembolsos previstos en el préstamo.

“Nuestro objetivo es llegar a una conclusión rápida para presentarla a nuestro Directorio Ejecutivo para su aprobación”, indica el comunicado de la abogada francesa. El programa de financiamiento condicionado acordado con el FMI asciende hasta 50.000 millones de dólares a lo largo de 36 meses. El primer desembolso fue girado el 22 de junio. Fueron alrededor de 15.000 millones de dólares. El Ministerio de Hacienda y Finanzas confirmó anteayer que solicitarán los otros dos tramos por 2917 millones de dólares previstos para septiembre y diciembre. Concretadas esas transferencias, habrán ingresado cerca de 21 mil millones de dólares en 2018. Los restantes 29.000 millones estaban distribuidos en tramos trimestrales hasta mediados de 2021. “La última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados. Específicamente sobre nuestra capa de lograr financiamiento”, expresó Macri que, por eso, pidió adelantar la totalidad de los tramos a 2019.

La primera misión supervisora del FMI llegó al país dos semanas atrás. Tenían previsto irse la semana pasada pero la urgencia de las autoridades argentinas los forzó a permanecer en el país. Con la delegación encabezada por el Jefe de Misión para la Argentina, Roberto Cardarelli, se iniciaron las negociaciones pero el visto bueno transitorio llegó con la venia del  Primer Subdirector Gerente del Fondo, David Lipton. Ocupa el segundo lugar en el organigrama del organismo multilateral pero su rol es más importante: representa a Estados Unidos.  El siguiente paso llegó ayer con Lagarde. Antes que termine septiembre los cambios serán votados por los directivos. Los cambios no serán gratuitos: “Las autoridades trabajarán para revisar el plan económico del gobierno con el objetivo de fortalecer a la Argentina frente a los recientes cambios en los mercados financieros mundiales, mediante políticas monetarias y fiscales más fuertes y una profundización de los esfuerzos para apoyar a los más vulnerables”, sostiene el comunicado de la titular del FMI.

“Estas situaciones tormentosas generan angustia y preocupación en muchos de ustedes. Lo se y lo entiendo. Pero sepan que estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para salir adelante”, expresó Macri en su mensaje dirigido a contener la ansiedad de los mercados. Los fondos de inversión no solo le cerraron el grifo a la Argentina sino que comenzaron a desprenderse de sus activos locales.

Un amplio conglomerado opositor le advierte al Fondo Monetario Internacional (FMI) que la deuda pactada entre el organismo y el gobierno de Mauricio Macri es considerada “odiosa o execrable” en términos jurídicos y que agotará todos los mecanismos parlamentarios y judiciales para desconocerla. En una carta dirigida a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, centenares de dirigentes sindicales de la CGT y las dos CTA, las organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, legisladores de las principales bancadas opositoras, artistas, intelectuales, académicos y dirigentes estudiantiles, entidades campesinas, comunidades indígenas y organismos defensores de los Derechos Humanos sostienen que de acuerdo a la Constitución Nacional le corresponde al Congreso  “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación” y “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. Por lo que los créditos como las imposiciones económicas del FMI contempladas en la carta de intención firmada por funcionarios del gobierno nacional deberán ser aprobados por el Parlamento, donde todas estas fuerzas asumirán la postura “de la mayoría del pueblo argentino que rechaza el acuerdo”. “Es decir, a excepción del Gobierno, no hay quien apoye este acuerdo”, sostienen los firmantes.

“También queremos transmitirle objeciones al uso que hará el Gobierno de los créditos concedidos. La aplicación de los fondos en estos días contradice claramente no sólo la búsqueda del desarrollo humano integral en la Argentina sino los preceptos y objetivos del FMI. Más allá del llamativo esfuerzo comunicacional por aclarar que el plan económico es una decisión del señor Macri y no una imposición del organismo que usted preside, consideramos que de no tomar inmediatas medidas ello no excusará a usted y al Directorio de su corresponsabilidad en el desfalco que se realiza con fondos del empréstito en favor de grupos financiero-especulativos privilegiados y en las desastrosas consecuencias sociales que traerá este acuerdo, en particular para los sectores más empobrecidos”, dice uno de los párrafos de la misiva que lleva la firma de dos triunviros cegetistas Héctor Daer y Juan Carlos Schmid, el camionero Pablo Moyano, los secretarios generales de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli; el titular del Suterh, Víctor Santa María; los dirigentes docentes Sonia Alesso, Eduardo López y Roberto Baradel, Roberto Pianelli, Daniel Catalano, entre decenas de sindicatos. Los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), movimientos sociales como el Movimiento Evita y Libres del Sur, así como cooperativas y fábricas recuperadas. Estela de Carlotto, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora,Hijos, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

En otra parte de la misiva que describe el grave panorama de la deuda externa y del país, se sostiene que “el déficit fiscal al que se apela para justificar la colocación de deuda es en gran medida producto de una serie de decisiones gubernamentales destinadas a aumentar la rentabilidad de sectores económicos concentrados, cuyos privilegios viene a financiar este nuevo empréstito. El caso emblemático son los beneficios impositivos otorgados al complejo de los grandes agroexportadores y corporaciones mineras. La quita generalizada de retenciones ya produjo pérdidas al Estado valuadas en U$S 5500 millones, que quedaron en muy pocas manos. En el mismo sentido, la eliminación de las obligaciones vinculadas a la liquidación local de las exportaciones en plazos razonables tuvo como consecuencia una conducta especulativa que agravó esta injusticia distributiva en perjuicio del país: las divisas se retuvieron en el exterior para forzar un tipo de cambio más favorable a sus intereses, al racionar la oferta de dólares en la plaza local”.

Entre las decenas de legisladores que estamparon su firma figuran del FpV-PJ, entre otros José Luis Gioja, Agustín Rossi, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Jorge Capitanich. Por el Frente Renovador Felipe Solá, Facundo Moyano y Daniel Arroyo; Victoria Donda de Libres del Sur, Fernando “Pino” Solanas, el ex gobernador socialista de Santa Fe Antonio Bonfatti; legisladores del Mercosur, intendentes de distintas ciudades (entre ellos Verónica Magario de La Matanza) dirigentes del Movimiento Evita como Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, y sociales como Juan Grabois, y muchísimos mas representantes de distintas fuerzas políticas y estudiantiles.

“La misma lógica –continúa la carta al FMI– puede aplicarse al resto de las actividades extractivas y los privilegios impositivos que beneficiaron a los sectores más acomodados como la reducción de impuestos a los bienes personales. Lejos de corregir estas injusticias que distorsionan las cuentas públicas, las medidas establecidas en el Memorándum y el Acuerdo las agravan.”

También hay un párrafo destinado a la utilización de los créditos para favorecer la “fuga de capitales” con nombres propios de los favorecidos con las medidas implementadas por el Gobierno: “Entre el 19 de abril al 21 de junio de 2018 tuvieron lugar a la vez tres fenómenos que nunca deberían haber ocurrido simultáneamente. La tasa de interés en pesos pasó de 26.3 a 47 por ciento anual, el tipo de cambio (pesos-dólares) creció de 20,16 a  27,55 y, por su parte, las reservas se redujeron desde U$S 62.456 millones a U$S 48.478 millones. En este marco, se realizaron innumerables operaciones que favorecieron intereses especulativos de inversores locales, extranjeros y a los propios funcionarios permitiéndoles la dolarización de sus carteras a tasas de cambio que resultaron ser 35 por ciento menores que las que hoy imperan. Entre las más resonantes, podemos citar el caso de JP Morgan, o el del fondo de inversión Templeton”.

La carta también advierte a Lagarde que “el día 20 de junio del corriente año, el Directorio del FMI dio por aprobado el acuerdo stand by con la República Argentina”, al tiempo que “pocos días antes, se había dado a conocer la Carta de Intención fechada el día 13 de junio y firmada el 07 de julio de 2018 por dos funcionarios del Poder Ejecutivo, uno de los cuales, presidente del BCRA, fue relevado de su función y el otro ascendido al cargo de Ministro Coordinador”.

También se vertieron las explicaciones políticas que sostienen la ilegitimad del acuerdo con el FMI.”El propósito de esta comunicación es informarle que dicho acuerdo es rechazado por la mayoría de la sociedad argentina, la oposición política con representación parlamentaria mayoritaria y casi la totalidad de las organizaciones sociales y políticas del país. Es decir, a excepción del Gobierno, no hay quien apoye este acuerdo. El propio presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, tanto en su campaña electoral como en el ejercicio de su cargo, se comprometió explícitamente a no solicitar ningún préstamo ni a firmar un acuerdo con el FMI. Lo mismo hicieron todos los ministros del área económica”, arrancan los centenares de firmantes de todo el grueso del arco opositor.

Definiciones que dejan en claro un mensaje para Lagarde: “Comprenderá Usted que, por tanto, se trata de una decisión no sólo inconsulta sino que además configura una clara violación de los compromisos asumidos por el actual gobierno con una sociedad que lleva en su memoria el desastroso papel jugado por el FMI a lo largo de nuestra historia. Esta circunstancia pone claramente en cuestión la legitimidad del acuerdo”.

El ajuste fiscal y las reformas propuestas por el gobierno argentino para acceder al programa del Fondo Monetario Internacional incluyeron la venta de los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. La liquidación del fondo contracíclico de la seguridad social (ver aparte) acompañará al recorte en la obra pública, las menores transferencias a las provincias, los aumentos de tarifas y la reducción del empleo público. Los lineamientos fiscales que guiarán la política económica hacia un ajuste de 500.000 millones de pesos a lo largo de los próximos tres años estarán acompañados por profundos cambios en el esquema de política monetaria y cambiaria. Los detalles de las condicionalidades asociadas al crédito por hasta 50.000 millones de dólares comenzaron a revelarse con la publicación de la Carta de Intención y el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras enviada al organismo multilateral. Si el ajuste ofrecido al FMI no fuera suficiente para lograr la pretendida reducción del déficit fiscal, las autoridades del Palacio de Hacienda y el Banco Central prometieron “tomar medidas adicionales para alcanzar los objetivos”. La carta está firmada por el ministro Nicolás Dujovne y el desplazado presidente de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger. Después de abandonar su metas de inflación para este año, las autoridades indicaron en los textos enviados a la mandamás del Fondo, Christine Lagarde, que los precios pueden llegar a escalar hasta 32 por ciento en 2018. Con el programa en marcha, la economía cerrará el año en recesión y arrojará un magro crecimiento que oscliará entre 0,4 y 1,4 por ciento.

Devaluación

“Disminuir las tensiones en nuestro balance de pagos”, es uno de los objetivos centrales que aseguran tener las autoridades argentinas a la hora de solicitar el financiamiento del FMI. El mecanismo para contener la corrida cambiaria y abordar la estructural escasez de divisas consiste en permitir “operar flexiblemente a nuestro tipo de cambio como un amortiguador de shocks, incrementando nuestras reservas internacionales, disminuyendo nuestro déficit de cuenta corriente, y reduciendo nuestras necesidades de financiamiento externo”. En lo que va del año, el tipo de cambio acumula un salto del 52 por ciento. Sturzenegger fue reemplazado ayer por el ministro de Finanzas, Luis Caputo. El memorándum de políticas enviado a Lagarde reitera la incumplida promesa del BCRA de minimizar sus intervenciones al sostener que “estamos completamente comprometidos con  un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado”. Los documentos proponen restringir formalmente la capacidad de intervención de la banca central en la plaza cambiaria.

Liquidar el FGS

Vender las acciones de grandes empresas y los títulos públicos en poder del FGS de la Anses es un anhelo que exhiben los funcionarios cambiemitas desde que llegaron a la Casa Rosada (ver aparte). “Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica”, sostiene el memorándum de políticas económicas que redactó el Palacio de Hacienda. Los documentos refieren a los activos que conforman el FGS como fondos “incautados en 2008”. La decisión no solo implica desarticular el fondo contracíclico de la seguridad social sino que amputa una poderosa herramienta de intervención del sector público en la economía.

Reforma jubilatoria

Entre las propuestas de ajuste enviadas a Washington las autoridades argentinas le prometen “introducir mejoras en el sistema de pensiones que lo hagan financieramente sostenible y más justo tanto para las generaciones actuales como para las futuras”. El documento le recuerda al FMI la existencia de la comisión bicameral creada en 2016 que debe presentar un anteproyecto el año próximo. La seguridad social es un elemento recurrente en las evaluaciones de la economía argentina publicadas desde que Mauricio Macri asumió la presidencia.

Achicar el Estado

A la hora de referirse al ajuste en el empleo público, las autoridades argentinas recurren a los eufemismos del FMI. En el léxico del organismo multilateral a la reducción de la plantilla de trabajadores estatales se le dice “racionalizar el empleo público”. Pero los esfuerzos por maquillar el discurso se agotan ahí. Para atacar esa fuente de gastos las autoridades proponen: “No renovar cargos en puestos no prioritarios, congelar las nuevas contrataciones en el gobierno nacional durante dos años y eliminar las posiciones redundantes”. Los detalles del ajuste estatal fueron anticipados a comienzos de mes por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, como un paquete de “austeridad y transparencia para el ahorro”. El recorte anunciado entonces como una iniciativa desvinculada del acuerdo con el FMI, contemplaba la terminación de, por lo menos, los 7000 puestos de trabajo estatales que están canalizados a través de convenios con distintas universidades nacionales.

El compromiso oficial va más allá de la eliminación de las “posiciones redundantes”. El memorándum ofrece reducir el presupuesto destinado a las empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, Tandanor, Fadea, Radio y Televisión Argentina, Casa de la Moneda y YCRT. “Los costos asociados con las operaciones de desinversión o liquidación de entidades públicas, tales como la cancelación de contratos existentes o pagos de indemnización a los trabajadores, se asignarán a los gastos corrientes y de capital en consecuencia”, indica el documento al anticipar cómo se computarán en las finanzas públicas el cierre de firmas estatales y los despidos. El texto no ofrece precisiones sobre cómo, dónde y cuándo se realizará la “racionalización”.

Inflación

Después de abandonar la meta de inflación del 15 por ciento para este año, las autoridades económicas sostienen en los documentos que los precios pueden llegar a escalar hasta 32 por ciento en 2018. “Si bien lamentamos volver a reajustar nuestras metas de acuerdo a un sendero más alto de inflación, este cambio es inevitable dada la volatilidad del mercado financiero que Argentina ha experimentado y el impulso inflacionario en curso tras la reciente depreciación del peso y los aumentos en los precios mundiales de la energía”, sostiene el texto remitido al FMI. A contramano del libreto repetido durante dos años por los economistas del gobierno, entre los factores que explican la aceleración en lo precios figuran la devaluación y la liberalización del precio de los combustibles. El 32 por ciento es el techo oficial para la inflación anual mientras que el piso es 22 por ciento. Con ese sendero, las autoridades esperan que el IPC marque 27 por ciento al terminar el año. En 2019 pretenden llevar los aumentos a 17 por ciento, para 2020 se proponen un 13 por ciento y cuando finalice el acuerdo con el FMI en 2021 añoran alcanzar una inflación anual del 9 por ciento.

Nueva Carta Orgánica del BCRA

“Reforzará la estabilidad de precios como el mandato principal del BCRA”, sostiene el documento para referirse a los cambios en el funcionamiento de la autoridad monetaria que serán enviados al Congreso “antes de marzo de 2019”. El memorándum promete además que la entidad presidida desde ahora por Luis Caputo hará “lo que sea necesario para cumplir las nuevas metas de inflación”. Con la bandera de la independencia en alto, la normativa prohibirá que el Banco Central financie al Tesoro. Además la normativa establecerá nuevos mecanismos para el desplazamiento de las autoridades monetarias que ayer hubieran dificultado el desplazamiento de Sturzenegger.  El memorándum reitera la decisión oficial de modificar la composición de los pasivos del BCRA para minimizar el stock de Lebac. La pretensión oficial es lograr que a finales de septiembre de 2019 los bancos nacionales sean los únicos tenedores privados de esos instrumentos. Los anuncios también establecen objetivos para el stock de reservas internacionales que restringen la capacidad de intervención en la plaza cambiaria.

Tarifazos

Para lograr la reducción del déficit fiscal que garantiza los desembolsos del FMI, Argentina prometió reducir los subsidios al transporte y la energía en un monto equivalente a 1,1 puntos del PBI. La decisión impactará de manera directa sobre los hogares y las empresas. “Continuaremos avanzando en la reducción de los subsidios a la energía y el transporte con el objetivo de aumentar la proporción del costo de producción de esos servicios cubierto por el precio pagado por los consumidores, desde el 80 por ciento en 2017 hasta 90 por ciento en 2020, en promedio, para el gas, y desde 60 por ciento en 2017 hasta 90 por ciento en 2020, en promedio, para la electricidad”, sostiene el texto.

Ajustes

El ajuste fiscal equivalente a 3,7 puntos del PBI o 19.300 millones de dólares se completará con una fuerte reducción en la inversión pública de 1,6 puntos del PIB que representa una caída del 81 por ciento en términos reales. Para el Palacio de Hacienda existe margen para un recorte adicional “especialmente en infraestructura” si el programa no arroja los resultados esperados. Entre las ofrendas fiscales se destacan las menores transferencias a las provincias. Retrocederán 0,6 puntos del producto que equivale a una baja del 74 por ciento en términos reales durante la vigencia del acuerdo con el FMI.

Supervisión del Fondo

El préstamo stand-by será analizado en el Directorio del Fondo el próximo miércoles. Contra la aprobación del programa, Argentina recibirá un primer desembolso por 15.000 millones de dólares que se acreditarán en las cuentas públicas dentro de los siguientes dos días. Una mitad irá a parar al Tesoro para “fortalecimiento presupuestario” y el resto ingresará a las reservas del Banco Central. Para utilizar los restantes 35.000 millones de dólares del crédito, el país deberá someterse a doce revisiones trimestrales del FMI donde el staff del organismo velará por el cumplimiento prometido en la reducción del déficit fiscal y las reformas. Cada supervisión habilitará tramos de hasta 3250 millones de dólares. La primera fecha prevista para la auditoría es el 15 de septiembre, el mismo el día que el gobierno de Mauricio Macri enviará su proyecto presupuestario para 2019. A partir de entonces el Fondo supervisará que el país no se aleje de sus promesas en septiembre, diciembre, marzo y junio de cada año hasta 2021.

El Fondo Monetario Internacional encendió su modo Unicef. A la espera del exigente programa de ajuste fiscal y reformas estructurales asociado al crédito stand-by que solicitó el gobierno argentino, las autoridades del organismo multilateral presentan al acuerdo como un mecanismo para proteger a los sectores vulnerables. “Estamos aquí para apoyar el esfuerzo de Argentina en lo que ellos determinen qué va a ser lo más útil y lo que fortalezca aún mas su economía, para poder así proteger los estándares de vida y a los más vulnerables”, expresó ayer el vocero del FMI, Gerry Rice, al celebrar las declaraciones del presidente Mauricio Macri. Al respaldo matutino de las autoridades del Fondo se sumó un contundente mensaje vía Twitter del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. “Apoyo su visión para transformar la economía de su país y liberar su potencial”, escribió en su cuenta el mandatario estadounidense al referirse a la conversación telefónica que mantuvo con Macri a comienzos de la semana.

Los pormenores del acuerdo comenzaron a negociarse la semana pasada y el diálogo continuó esta semana. Funcionarios de Hacienda y Finanzas se encuentran en Washington desde el miércoles, donde mantuvieron distintos encuentros con los técnicos del Departamento para el Hemisferio Occidental. El staff del organismo que encabeza Christine Lagarde presentará hoy el caso ante el Consejo Directivo del FMI. Ese encuentro es un paso informal pero necesario para avanzar en las negociaciones del acuerdo de “alto acceso” que, según informaron las autoridades argentinas, podría extenderse hasta mediados de junio aunque en ambos frentes pretenden acortar los tiempos.

“Celebramos los comentarios del presidente Macri. Este programa le pertenece totalmente a la Argentina, el FMI apoya las prioridades de Argentina”, enfatizó el vocero de Lagarde al referirse a la decisión de la Casa Rosada para profundizar el ajuste fiscal. “En estas semanas el mundo decidió que la velocidad a la que nos habíamos comprometido a reducir el déficit fiscal no es suficiente. Por eso tenemos que acelerar”, fue la expresión del mandatario argentino que renovó el entusiasmo en el organismo multilateral. “Estos episodios de turbulencia financiera pueden disparar incertidumbre y preocupaciones. Es importante enfatizar que la situación en Argentina es totalmente diferente a la que tenían hace 15 o 20 años cuando la salida de la convertibilidad fue un episodio extremadamente difícil. Hoy tienen un tipo de cambio marcado por el mercado, instituciones fortalecidas y un esquema de metas de inflación”, sostuvo el vocero del Fondo durante la conferencia que se extendió durante 45 minutos. Las preguntas sobre Argentina insumieron la mitad del tiempo. El resto estuvo dedicado a preguntas sobre Grecia y Ucrania, dos países donde los programas del Fondo profundizaron las crisis.

Tradición de Fondo

“Nosotros también cambiamos, nos adaptamos al cambio de nuestros miembros. Nos enfocamos más en la protección social, le damos mucha atención a las cuestiones sobre inequidad y a la necesidad de crecimiento inclusivo”, aseguró el vocero del Fondo al referirse a la supuesta flexibilización en las exigencias del organismo. Los cambios que proliferaron en el discurso de las autoridades del FMI a partir del estallido de la última crisis financiera internacional de 2008 no tuvieron su correlato en las condicionalidades del organismo. Una investigación realizada por el Center for Economic and Policy Research (CEPR) expuso que 31 de los 41 créditos otorgados en aquel momento a economías de bajos ingresos incluyeron exigencias de políticas fiscales y/o monetarias que exacerbaron las recesiones. Como se trataba de Burkina Faso, Jamaica, Pakistán, Nigeria y Lituania, entre otros, no fue sino hasta el estallido de la crisis de la Eurozona que se reveló la voracidad permanente del FMI por el ajuste.

La recurrencia también observa en la veintena de acuerdos firmados por Argentina donde las exigencias más habituales fueron de índole fiscal. O sea, reducción del gasto público nacional, provincial y municipal. Con esa meta se fijaron, por ejemplo, “límites al nivel de déficit federal” como compromiso frente a los préstamos de 1967, 1968, 1976, 1977, 1983, 1989, 1991, 1992, 1996, 2000, 2001 y 2002. También fueron contempladas distintas “reformas estructurales” que apuntaban a reducir la carga del Estado en la economía. “La pregunta fundamental sigue girando en torno a cuál ha de ser la magnitud del ajuste que los países aún deben realizar en el futuro”, afirmó el FMI la semana pasada al presentar sus perspectivas para América Latina, donde precisó que Argentina figura en el grupo que tiene la “necesidad de un esfuerzo fiscal importante y sostenido”. Los stand-by no incluyeron exigencias explícitas en materia de tipo de cambio aunque previeron medidas vinculadas a la liberalización del mercado que estuvieron acompañadas por fuertes devaluaciones o buscaron sostener artificialmente apreciado el valor del dólar. Los préstamos del FMI no evitaron crisis externas pero garantizaron los fondos para los acreedores externos.