A través de negociaciones reservadas con el Gobierno, la CGT logró que se corrigieran las restricciones a la caja sindical incluidas en la Ley de Modernización Laboral, pero el gesto libertario no dará lugar a una tregua: este miércoles, a las 15, comenzará el nuevo plan de lucha cegetista con una movilización al Congreso para acompañar el reclamo de los jubilados.

Los sindicatos agrupados en la CGT organizaron la serie de protestas contra Javier Milei junto con las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y diversas organizaciones sociales, pero, a pesar de que habían amagado con replicar el esquema que se utilizó contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron, en 2023, basado en movilizaciones y paros sectoriales y rotativos que se prolongaron durante semanas, finalmente se aplicará una versión light de ese modelo.

La explicación del giro fue expuesta sin rodeos ante Infobae por un jefe gremial: “No hay clima. En las empresas la gente estaba con la cabeza en el Mundial y después tampoco tendremos muchas garantías de que acaten los paros que van a afectar su bolsillo o que puedan poner en riesgo su fuente de trabajo”.

Ese diagnóstico empujó una salida pragmática. La prioridad pasó a ser la calle, con acciones de menor riesgo para los trabajadores y con la mira puesta en sumar adhesión de otros sectores sociales,especialmente de la clase media, para crear las condiciones de un futuro paro generalcontra la administración de Javier Milei.

Según lo acordado por las 3 centrales obreras y las confederaciones sindicales, luego de la marcha de este miércoles se realizará el 7 de agosto una movilización por el Día de San Cayetano y se seguirá, en fechas por definir, con una concentración ante el Ministerio de Economía en rechazo del endeudamiento familiar, la participación en la Semana Social de la Iglesia, una movilización por el Día de la Industria (el 2 de septiembre), una acción para acompañar la visita del papa León XIV a la Argentina, en noviembre próximo y otra marcha cuando se realice la próxima convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Esta agenda de medidas, según lo resuelto, será el “camino” que llevará a una gran protesta nacional, como un paro general de 24 o 36 horas, con la incorporación de otros sectores de la sociedad para darle más fuerza.

La jugada más audaz será la apuesta de “capitalizar” la visita del Papa al país en busca de alguna señal que se interprete como un respaldo a los reclamos del sindicalismo. Una de las ideas es tratar de que la recorrida de León XIV por la ciudad de Buenos Aires se acerque lo máximo posible al edificio de la CGT, donde lo esperarían las columnas de dirigentes y trabajadores.

Además de priorizarse la presencia en la calle, el plan de lucha incluye la realización de asambleas en los lugares de trabajo y “acciones disruptivas” como la entrega de folletos explicativos de los reclamos en estaciones de trenes y aeropuertos en todo el país.

A este esquema de protestas se sumará el paro nacional docente que se impulsa desde la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, conducida por Sergio Romero (UDA), que se concretaría en agosto y al que se sumarán CTERA y otros sindicatos del sector.

La CGT también resolvió abrir contactos con entidades empresariales del interior para consensuar acciones comunes, bajo la idea de que tanto empresarios como trabajadores son “víctimas del modelo Milei”. A la vez, se decidió que entre 15 y 20 dirigentes por gremio acompañen conflictos puntuales en empresas del AMBA y del interior, además de reforzar el trabajo con las delegaciones regionales cegetistas.

La CGT iniciará su nuevo plan de lucha, curiosamente, la misma semana en que salieron a la luz las negociaciones reservadascon el Gobierno que mantuvieron sus líderes dialoguistas, como anticipó Infobae, y que terminaron con el decreto para corregir la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, que había perjudicado a los sindicatos en dos puntos clave para su financiamiento. 

Por un lado, se utilizaba el salario básico convencional como base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo, una fórmula que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos acordados entre empresarios y dirigentes gremiales.

Por otro lado, el tope del 2% de los salariosfijado en la reforma laboral para las cuotas solidarias había sido interpretado de manera tan amplia que también alcanzaba a los aportes empresariales que, vía convenio colectivo, son destinados a mutuales, seguros de vida, seguros de sepelio o mejoras en la obra social.

En ambos casos, la rectificación del Gobierno que, gracias a la negociación la CGT, puso a salvo esos dos ítems cruciales de la caja sindical llegó con el decreto 612 que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial. Aun así, la CGT ratificó su plan de lucha que comienza este miércoles, por más que se haya abierto un interrogante: ¿habrá una convocatoria libertaria al diálogo para evitar que se profundicen las protestas?

Hoy nadie lo cree posible, sobre todo porque también arrancó informalmente la campaña electoral, pero también parecía imposible que la Casa Rosada corrigiera la reglamentación de la reforma laboral en favor del poder sindical. Las próximas semanas serán decisivas para medir la temperatura del conflicto Gobierno-CGT.

En su paso por la ciudad petrolera, la comitiva nacional de la CGT no solo abordó las problemáticas de las suspensiones y despidos en los yacimientos, sino que abrió el debate sobre el futuro del Partido Justicialista y el rol que debe adoptar el movimiento obrero organizado en la arena electoral.

«Nosotros lo venimos diciendo muy claramente: creemos que hoy no hay un liderazgo que sintetice la voluntad de todos los sectores, o que por lo menos interpele al conjunto de la sociedad argentina», admitió con crudeza Cristian Jerónimo al ser consultado por Radiocracia sobre la acefalía o dispersión que muestra el peronismo tras la última derrota electoral. Ante este diagnóstico, el sindicalista trazó la hoja de ruta que promueve la central: «Por eso aportamos a que haya una gran interna en la construcción de un gran frente nacional. Que todos aquellos que tengan ganas de aportar ideas con una mirada de un país con justicia social vayan a una interna, y atrás del que gane nos alinearemos todos».

De la resistencia al armado de un proyecto

Jerónimo enfatizó que la central obrera ha cumplido con creces su rol de contención en las calles, pero advirtió que el límite del sindicalismo es la discusión de poder. «Más allá de la resistencia gremial que está haciendo la CGT, que ya le ha hecho 14 movilizaciones a este gobierno nacional y cuatro paros generales, tenemos muy claro que la salida es política», evaluó, justificando así la intensa recorrida institucional que vienen haciendo por las provincias para escuchar a las bases y «dinamizar las regionales a lo largo y ancho del país».

Para el dirigente, el objetivo final de convalidar un liderazgo a través de las urnas partidarias es dotar al próximo proyecto de una «fortaleza» que hoy la oposición atomizada no posee. «Necesitamos que el día que un compañero se siente en el sillón de Rivadavia tenga la fuerza suficiente para discutir con el Fondo Monetario Internacional y con todos esos organismos que hoy hacen la vista gorda con este gobierno que nos sigue endeudando y hundiendo en la pobreza», argumentó. Finalmente, Jerónimo llamó a dejar de lado los matices personales y a integrar el entramado federal, cuestionando la mirada «centralista» de la actual gestión presidencial. «La Argentina es desde acá hasta Tierra del Fuego, no solo el AMBA o el Gran Buenos Aires. Si hay alguna diferencia o un matiz, hay que discutirlo adentro, pero salir todos abrazados y fortalecidos. No estamos dispuestos a resignarnos», concluyó.

La conducción nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT) concretó un plenario en esta ciudad con el objetivo de respaldar a la regional local frente a la crisis que atraviesa la industria hidrocarburífera. Cristian Jerónimo, uno de los titulares de la central de la calle Azopardo, fue el encargado de fijar postura frente al actual escenario recesivo y la pérdida de puestos de trabajo que afecta directamente al sur chubutense.

«La situación que está pasando Comodoro Rivadavia no es ajena a lo que sucede en el país, con un gobierno que tiene un grado de saña contra el pueblo que lo votó. Es un programa económico que lo que hace es expulsar trabajadores del sector privado y hacer cerrar empresas», disparó Jerónimo al aire por Radiocracia. En ese sentido, aportó cifras alarmantes sobre el mercado laboral actual, señalando que la Argentina ya cuenta con un «50% de informalidad» y que la recesión ya se cobró «300.000 puestos menos en el sector privado» sobre una base de poco más de seis millones de empleos registrados.

La paradoja de los recursos y la inconstitucionalidad laboral

El líder sindical puso el foco en la contradicción histórica que vive la Patagonia respecto a la generación de riqueza y su derrame en las comunidades locales. «La Patagonia tiene un montón de recursos naturales: petróleo, pesca… eso tiene que derramar al pueblo en su conjunto. Tenemos que dejar de que nuestros recursos terminen sirviendo a sectores que concentran la riqueza. No puede ser que estemos en provincias donde se traen dólares todos los días y muchas veces a la gente no le alcance para tener un plato de comida arriba de la mesa», argumentó.

Respecto al plano legal, Jerónimo confirmó que la CGT mantendrá la vía judicial contra las modificaciones que impuso la Ley Bases. «Tenemos muy claro que al final del camino esta pelea la vamos a ganar porque la reforma es totalmente inconstitucional. Ninguna empresa está mirando esto con gran expectativa, porque la realidad es que hay una recesión profunda. Los empresarios lo que necesitan es producir para vender, y estas políticas generan una apertura indiscriminada para destruir nuestra matriz productiva», fustigó, haciendo mención además a la desprotección que sufren sectores sensibles como el textil. Por último, guardó un párrafo de extrema dureza para los diputados y senadores nacionales que acompañaron el proyecto oficialista: «Parece que perdieron la memoria de qué fueron a representar. Nos sentábamos, les planteábamos el daño que iba a generar, y muchos terminaron acompañando a libro cerrado sin saber lo que votaban. Al punto de que a la semana tuvieron que retrotraer el artículo de las licencias médicas, donde no te podías enfermar porque perdías el 50% del salario. A ellos los juzgará la historia», cerró de manera categórica.

A través de una presentación de su abogado Pablo Topet, la central obrera señaló queVíctor Pesino y María Dora González prejuzgaron al dictar el fallo. Además, sostuvieron que Pesino obtuvo “un beneficio de importancia por parte del Estado Nacional”. 

Acerca de esto último, se solicitó la nulidad de la sentencia. “La resolución que se recurre carece de todo fundamento”, argumentaron. 

El jueves, Pesino y González dictaron un fallo que volvió a poner vigencia los cerca de 80 artículos de la ley de reforma laboral que se encontraban suspendidos por una medida cautelar. 

Lo que generó controversia fue que al día siguiente el Gobierno envió al Senado un pedido de extensión de cinco años para el juez Pesino, quien próximamente cumplirá 75 y llega a la edad máxima que permite la Constitución Nacional. 

“La inaceptable intervención del recusado en un expediente en el que podía (como sucedió) favorecer la posición de la demandada en un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años, constituye no solo una conducta contraria a la ética, también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo a las reglas de la ley adjetiva”, explicaron en la presentación que dio a conocer Clarín.

Sobre el mismo tema, la central obrera puntualizó: “No menos descalificable es el proceder del Estado Nacional”. Asimismo, la CGT recordó que el Gobierno aprobó en el Congreso la transferencia del fuero laboral y allí se estableció que no iba a enviar al Senado nuevos nombramientos de jueces de ese fuero.

Además, acerca de la recusación a los camaristas, cuestionaron el haber prejuzgado el fallo. “Lo que han omitido es fundar la decisión de manera razonable, distinto hubiera sido que indicasen qué artículos consideraban debían ser ‘aplicados’ y cuales ‘cautelarmente convalidar que eran inaplicables’. Omisión y prejuzgamiento, confluyen en la descalificable sentencia, por lo que no se ha realizado y por haber adelantado criterio sobre el fondo de la cuestión debatida como pretensión”, sostuvo la entidad.

“La desazón que provoca que ‘jueces con especial versación laboral’ consideren que no son socialmente vulnerables quienes trabajan en relación de dependencia es desconocer la ley”, afirmó el escrito. 

Además, se remarcó que los derechos laborales son de “naturaleza alimentaria” y que debió aplicarse la excepción prevista en la ley de medidas cautelares contra el Estado.

Sobre el final de la presentación, desde la centra obrera señalaron que Pesino y González como jueces de la Sala VIII no podían intervenir, sino que era un caso que le correspondía a la Sala I del tribunal y cuestionaron que los magistrados resolvieron sin que la CGT pudiera opinar.

La entidad reiteró el planteo del caso federal, habilitando la vía para acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y advirtió que acudirá ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En una primera instancia, la medida cautelar había suspendido cerca de 80 artículos de la reforma, objetados por la CGT, tras el inicio del amparo. Se tratan de artículos que regulan la Ley de Contrato de Trabajo, la libertad sindical, la reducción de montos indemnizatorios, el pago en cuotas de indemnizaciones, restricciones en el derecho a huelga, entre otros.

Los mismos se encontraban a la espera de una decisión de fondo, que es el pedido de su inconstitucionalidad. La Cámara del Trabajo decidió su reposición mientras sigue la causa judicial.

La Confederación General del Trabajo(CGT) logró hoy un triunfo en la Justicia en su intento de frenar la ley de “modernización laboral” que  impulsó la gestión de Javier Milei. El juez Raúl Horacio Ojeda, titular del juzgado del Trabajo N° 63, dictó hoy una medida cautelar innovativa en la que hace lugar a un pedido de la central obrera para suspender 82 artículos de la normativa de la ley 27.802.

Ahora, el juez debe resolver el fondo del caso, aunque el Gobierno puede también apelar esta decisión. Hasta entonces, los 82 artículos en litigio quedan en suspenso. 

El fallo frena el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho a huelga y la derogación de la Ley de Teletrabajo, entre otros puntos. 

Ojeda es juez laboral desde 2012. Previamente fue empleado judicial y también fue asesor en asuntos legislativos del exministro de Trabajo Carlos Tomadadurante el kirchnerismo.

El magistrado hizo lugar a la cautelar promovida por la CGT, representada por su triunvirato de mando: Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Raúl Jerónimo

Según la demanda sindical, la reforma establecía “modificaciones peyorativas y permanentes” que vulneraban de forma ostensible derechos de raigambre constitucional como la protección contra el despido, el principio de progresividad y la libertad sindical.

El juez reconoció la legitimación de la CGT para actuar en representación colectiva de toda la clase obrera argentina y afirmó que la intervención de un Poder Judicial independiente es indispensable en la República. 

“La presunción de legitimidad de la actividad de los poderes públicos sustenta la existencia misma del Estado Constitucional de Derecho, siempre y cuando se respete la Constitución Nacional, porque de lo contrario sería un título vacío”, dice la la resolución, a la que accedió La Nación. 

Para justificar la urgencia de la cautelar, el fallo advirtió sobre el “peligro en la demora”, al afirmar que ejecutar normativas como el de los Fondos de Asistencia Laboral o la deshomologación de convenios colectivos “podría generar daños irreparables si, llegado el momento de la sentencia final, la ley fuera declarada inconstitucional”.

El juez advirtió que no suspender la ley de forma inmediata podría generar una grave inseguridad jurídica antes de que se dicte una sentencia definitiva. 

Entre los artículos que quedan suspendidos están el que se refiere a los trabajadores de plataformas, que los excluía del ámbito de protección de la ley, catalogándolos como “independientes”.

También se suspende el artículo que eliminaba el principio de interpretación legal a favor del trabajador y los que permitían excluir del cálculo de despidos pagos no mensuales como el aguinaldo e implementaban el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). 

El juez determinó que este sistema “no evitaría y ni repararía los despidos injustificados” y que su financiación podría quitar recursos de la Seguridad Social.

El fallo también suspende la norma que ampliaba los servicios mínimos ante huelgas e incluía una nueva categoría de “actividades de importancia trascendental”, incluso cuando prohibía medidas de fuerza en servicios de seguridad.

El juez entendió que debía suspender el artículo que derogaba la ley de teletrabajo y los que limitaban la responsabilidad solidaria de las empresas que utilizan mano de obra tercerizada y eliminaban las presunciones de fraude laboral.

Con esta decisión, la reforma laboral queda suspendida hasta que se dirima definitivamente la inconstitucionalidad de la norma, como lo solicitó la CGT.

El expediente se inscribirá en el Registro Público de Procesos Colectivos y el juez correrá un nuevo traslado al Estado nacional para decidir sobre el fondo del caso.

Mientras tanto, el Gobierno puede recurrir la medida cautelar a la Cámara Laboral para intentar revertir la suspensión de la norma.

Estos artículos alcanzados por el fallo son los que limitan el cálculo de la antigüedad en el empleo y eliminan la presunción de que existe una relación laboral por el simple hecho de prestar servicios.

Quedó suspendido asimismo el artículo que quitaba la obligación de dar preaviso durante el período de prueba y los que modifican los convenios colectivos, dando la prioridad a convenios de menor ámbito (como los de la empresa por sobre los de actividad) y permitiendo negociar cláusulas a la baja.

También están afectados por el fallo los artículos que imponen límites para realizar asambleas, reducen el crédito horario para delegados, limitan la tutela sindical y los que habilitan sanciones contra conductas gremiales e incluso prevén el quite de personería para sindicatos.

El juez suspendió asimismo las normas que permitían el fraccionamiento obligatorio de las vacaciones y habilitaban la creación de un “banco de horas” por acuerdo individual y cambiar las condiciones de trabajo.

También quedó sin efecto -al menos por ahora- la quita de competencia a la Justicia Nacional del Trabajo y el hecho de derivar los nuevos juicios laborales al fuero Contencioso Administrativo cuando el Estado sea parte.

También las normas que modifican a la baja los intereses de los juicios, y los que habilitan a las empresas a pagar sentencias en hasta 12 cuotas.

La cúpula de la CGT presentó un amparo judicial ante el Juzgado Contencioso N°7, a cargo de Enrique Lavie Pico.

Se trata del mismo juez que había desarticulado en su momento el decreto de desregulación que había decretado Milei a principio de 2024.

El planteo está firmado por el triunvirato de la CGT y por los líderes de los distintos sindicatos que forman parte de la central obrera.

La presentación judicial llega luego de que el lunes pasado la CGT marchara a Tribunales y presentó ante la Justicia un recurso para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de reforma laboral, que recibió sanción definitiva el viernes último en el Senado y aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la ConstituciónNacional”, había asegurado Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, al hablar con el periodismo en la puerta de los tribunales de la calle Talcahuano.

En un comunicado difundido tras la presentación, la central sostuvo que su reclamo de inconstitucionalidad se fundamenta en la afectación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como de principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Pacto de San José de Costa Rica, que tienen rango constitucional.

“La mal llamada ‘modernización’ significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, señaló el texto. 

Según la CGT, la nueva norma vulnera el principio de Progresividad o No Regresión, que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en derechos laborales adquiridos.

También considera que se viola el Principio Protectorio, basado en la “desigualdad estructural entre empleador y trabajador” y orientado a restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la parte más débil. 

En esa línea, el escrito advierte que se afectan derechos contemplados en el artículo 14 bis, como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libre agremiación, la libertad sindical y la seguridad social, entre otros.

La central cuestionó además aspectos concretos de la reforma. Sostuvo que la normativa permite “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el fin de las horas extrasy, consecuentemente, reducción del salario”.

Asimismo, objetó la eliminación de “sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y transgredieron la ley” y la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se abonen en cuotas y a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

La Confederación General del Trabajo (CGT) se prepara para renovar su cúpula este miércoles en el Congreso convocado en el estadio de Obras Sanitarias, en un clima marcado por las tensiones internas y la discusión sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei. El encuentro comenzará a las 9:30 y definirá la conducción de la central obrera.

Según pudo saber TN, las negociaciones podrían encaminarse a reeditar el triunvirato con Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola(Seguros) entre dos de sus integrantes, mientras que el tercer nombre se resolvería en las horas previas al encuentro y podría ser una mujer. Sin embargo, el sector combativo evalúa plantear la continuidad de la cúpula actual hasta mediados del año próximo o hasta que se debata la reforma laboral. Si no hay acuerdo, larepresentación unipersonal podría ser la variable de consenso.

“Estamos en plena negociación como para que podamos tener un proceso de unidad, de fortaleza en la CGT”, dijo a este medio un dirigente de la mesa chica.

La expectativa dentro de la central obrera es mantener el equilibrio entre las distintas corrientes sindicales, en un contexto político donde el oficialismo busca avanzar con su paquete de reformas estructurales. Uno de los principales desafíos de la nueva conducción será definir la estrategia frente a las reformas laboral y previsional que promueve el Gobierno.

¿Un nuevo triunvirato?

Héctor Daer, Carlos Acuña y Octavio Argüello conforman el actual triunvirato que podría despedirse este miércoles. El proceso de renovación de la cúpula de la CGT es seguido de cerca tanto por el peronismo como por la Casa Rosada, debido al peso político e institucional que conserva la central sindical.

De los nombres que toman fuerza, tanto Jerónimo como Sola -actual vocero de la CGT- responden al sector moderado y dialoguista. En caso de reeditarse un triunvirato, la tercera pata debería ser del ala combativa, advierten desde esa fracción. 

El transporte busca mantener protagonismo y Argüello -cuyo mandato es el más breve- se posiciona como eventual figura de consenso, que podrían acompañar Abel Furlán (UOM) y Omar Maturano (La Fraternidad). También circula el nombre de Maia Volcovinsky (Judiciales) como opción para incorporar una representación femenina en el esquema de conducción.

La definición se conocerá a lo largo del Congreso, donde las negociaciones de último momento buscarán evitar fracturas y asegurar una foto de unidad.

El debate por la reforma laboral

En la antesala del Congreso, la CGT reunió a su mesa chica en la sede de la UOCRA para definir su postura frente a la reforma laboral y unificar criterios internos. El encuentro, encabezado por los principales dirigentes, no logró cerrar las diferencias entre los sectores dialoguistas y los combativos, aunque coincidieron en rechazar cualquier retroceso en derechos laborales.

“Hay que trazar un camino que sea constructivo para mejorar sobre las nuevas modalidades laborales sin perder derechos”, dijo a este medio Gerardo Martínez, titular de la UOCRA. 

La postura del sector que encabeza promueve mantener a la CGT dentro del Consejo de Mayo, el espacio multisectorial que comparte con empresarios y gobernadores, para intentar incidir en el contenido del proyecto.

El ala dura, en cambio, plantea que la central debe rechazar el paquete de reformas del Ejecutivo y no descarta medidas de fuerza si el Gobierno avanza sin consenso.

Martínez ratificó que la CGT debatirá con el Gobierno la reforma laboral, pero con una advertencia clara: “El sindicalismo argentino cuando tiene la posibilidad de negociar, negocia. No queremos ir al conflicto, pero cuando se cierra la puerta, el sindicalismo reacciona y hace valer la capacidad de representación de los trabajadores y trabajadoras”.

Desde la CGT salieron a hacerle fuertes advertencias al Gobierno por la reforma laboral, uno de los principales proyectos impulsados por el oficialismo junto a los cambios en materia laboral y previsional.

Los cosecretarios generales de la Confederación General del Trabajo,Héctor Daer yOctavio Argüello, y otro de los integrantes de la central, Mario “Paco” Manrique,salieron a plantear que si la iniciativa “es para retroceder no va a haber ninguna negociación”.

Daer apuntó contra el concepto de salarios dinámicos, que apunta a que los sueldos de convenio pasen de funcionar de pisos mínimos garantizados a techos de referencia:“Es un delirio que no existe en ningún lugar del mundo. Pretenden que el salario básico sea mucho más reducido y que después, de acuerdo a la prestación individual, alguno pueda tener una mejora jugando a un tema de desempeño absolutamente individualista”.

Para el jefe de Sanidad, este concepto “rompería con el criterio natural a lo que va, inclusive al mundo, que es a generar condiciones colectivas básicas, pero sustentables, y a partir de ahí después se podrán articular determinadas negociaciones, como existe hoy, de algunas empresas o de algunos sectores que pueden tener más”.

Dura advertencia de la CGT al Gobierno por la reforma laboral: “Si es para retroceder, no habrá negociación”

Daer advirtió, en declaraciones a Radio Con Vos: «Si la reforma laboral es progresiva, es una cosa. Nosotros tenemos un concepto claro de discusión de progresión de derechos, y si es para retroceder, si es para ceder, no va a haber ninguna negociación de ningún tipo, y seguramente esto es lo que se esté planteando el Gobierno».

Octavio Argüello: “No aceptaremos ni acompañaremos una reforma laboral que vaya contra los derechos”

Argüello, otro de los jefes de la CGT, anticipó que no van a “aceptar ni acompañar una reforma laboral que vaya contra los derechos de los trabajadores”, al plantear que “no se puede pretender que todo el ajuste pase por la pérdida de los derechos de los trabajadores”.

El dirigente de Camioneros reconoció en declaraciones a Radio Con Vos que “el mundo laboral está cambiando” pero que eso “no significa esto que se quiten más derechos”, y reclamó: “Tiene que haber un convenio general, si no cada uno va a pagar lo que quiera”.

Mario Manrique: “Ninguna reforma laboral creó puestos de trabajo”

El secretario gremial de la CGT, Manrique, dijo que “ninguna reforma laboral creó puestos de trabajo: “Todas las reformas laborales se plantearon en épocas de crisis, porque lo único que querían hacer es abaratar los despidos”.

Fuerte presión de Mario Manrique a la CGT: “No es momento para especular ni para andar por la vereda del medio”

El secretario general adjunto de SMATA y diputado de Unión por la Patria le hizo fuertes reclamos a la CGT: “El triunfo del Gobierno en las elecciones legislativas nacionales va a acelerar la reforma laboral y ante eso la CGT no puede mirar para un costado, ni hacer oídos sordos”.

Manrique planteó, en declaraciones a Radio Splendid: “La CGT debe dejar de buscar amigos en el poder para concentrarse en su verdadero objetivo que es la defensa de los trabajadores, tener una actitud más firme, más contundente. No es momento para especular ni para andar por la vereda del medio».

Asimismo, se aclara que se mantendrán operativas las guardias mínimas.

En tanto la Municipalidad, Bancos, Correo Argentino y OCA adhirieron a la medida y mantienen sus puertas cerradas.

Durante la noche del viernes, la cúpula de la entidad sindical mantuvo una reunión con movimientos del sector en la sede de la calle Azopardo. El propósito fue afinar detalles para una nueva protesta frente al Congreso de la Nación, que a su vez marcará el inicio de una medida de fuerza que durará, en total, 36 horas.

La huelga, la tercera en lo que va del gobierno de Javier Milei, será en rechazo la “política económica”, el “piso a los aumentos salariales” de la administración libertaria, y en defensa “al salario y los derechos de los jubilados”, adelantaron desde la CGT.

“Hoy nos reunimos con nuestros jubilados y jubiladas, desde la central reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos en la marcha del próximo miércoles. Juntos seguiremos luchando para seguir sosteniendo los derechos de todos y todas los trabajadores argentinos”, expresó Héctor Daer, secretario general de la organización gremial.

El inicio de la jornada de lucha será a las 15 del miércoles 9 de abril, cuando todos los sindicatos nucleados en la CGT se movilizarán al Congreso para participar de la habitual marcha de los jubilados. “Nos encontramos en Yrigoyen y Solís. La CGT marcha por el salario y los jubilados”, anunció la central obrera en su cuenta de X.

«Ratificamos nuestro adhesión activa al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 10 de abril, organización de la que ATEPSA forma parte, así como también a las movilizaciones impulsadas por las diferentes confederaciones sindicales a las que pertenecemos», afirmaron en un comunicado.

El gremio que nuclea a los controladores aéreos de todos los aeropuertos del país se declaró en estado de alerta y movilización. Convocó, además, a una nueva reunión para el próximo 4 de abril a las 12 horas para defender los salarios, los puestos de trabajo y las condiciones laborales del sector.

Paro nacional de la CGT: qué va a pasar con los vuelos el 10 de abril

El sindicato de los controladores aéreos ratificó que los trabajadores nucleados al gremio adherirán al paro general de la CGT y no prestarán servicios el jueves 10 de abril.

A su vez, se sumarán a la medida de fuerza de la central obrera la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).

Por la adhesión de los gremios aeronáuticos, las aerolíneas podrían verse obligadas a cancelar o reprogramar vuelos, lo que afectará a miles de pasajeros.

Los detalles del tercer paro general de la CGT contra Javier Milei

El consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó el tercer paro contra el gobierno de Javier Milei. Será el 10 de abril, con movilización el miércoles 9 junto a los jubilados.

La Fraternidad y Unión Ferroviaria confirmó que adherirá al paro general. Los trenes no funcionarán por 24 horas.

En el caso del subte, los metrodelegados de Roberto Pianelli, alineados con la CTA, confirmaron su adhesión al paro, lo que garantizará al menos una reducción en la frecuencia del servicio.