Según un relevamiento realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante enero y marzo de 2019 se triplicaron las suspensiones y despidos en el sector privado, llegando a los 19.757 trabajadores afectados.

El informe se hizo a partir de un sondeo entre distintas fuentes sindicales, corporaciones empresarias y archivos periodísticos acerca de distintos conflictos.

Durante el primer trimestre del 2018 las suspensiones y despidos habían alcanzado a un total de 6.058 puestos. Ahora, con los 19.757 puestos que se vieron afectados durante enero-marzo de 2019 implican que los conflictos crecieron 226 por ciento.

Además, durante el primer trimestre del 2017 las suspensiones y despidos habían totalizado 11.395. Eso fue tras la caída de la actividad de 2,1% en 2016, generada por la devaluación tras la salida del cepo y la fuerte suba de tarifas, que en combinación llevaron a la inflación al 41% interanual en diciembre del primer año de Cambiemos en el gobierno.

«En los últimos cuatro meses de 2018 se produce un sensible incremento de la evolución de despidos y suspensiones en el sector privado que relativiza lo sucedido hasta ese momento. Entre enero y marzo de 2019 se percibe continuidad e incluso incremento de despidos del sector privado», detalló CEPA y remarcó que la industria concentró el 77% de las suspensiones y despidos durante el tercer trimestre, con un total de 15.236 de trabajadores en la calle.

Así lo señala el último informe sobre despidos del Centro de Economía Política Argentina. El CEPA viene relevando periódicamente la pérdida de empleo, en base a fuentes gremiales, cámara empresarias y publicaciones en medios de comunicación. Uno de sus señalamientos es que la industria sigue  siendo el sector productivo más afectado: los datos muestran que le está  pasando por arriba una onda expansiva. Si la relación general indica que 1 de cada 5 despidos se debieron al cierre de empresas, en las fábricas ese guarismo se acentúa y llega a 1 de 4 cuatro casos. Esa correlación es, a su vez, más alta que el año pasado, lo que muestra la  marcada tendencia a la  pérdida definitiva de puestos de empleo.

Números duros

La cantidad total de despidos y suspensiones en enero-febrero fue de 12.352 casos, correspondiendo solo 98 a empleos del sector público y 12.254 a empleos del sector privado. Esto implicó un promedio de 6176 despidos y suspensiones mensuales, más que el registrado en 2018, que alcanzó los 5800 casos por mes.

De acuerdo a una clasificación por sectores, la industria despidió y suspendió 8352 trabajadores y los servicios expulsaron a 3502 personas. En la construcción se registraron 400 casos.

En la industria

Como lectura general puede decirse que el sector industrial lidera el ranking negro de despidos y suspensiones también en 2019, luego de importantes caídas en 2016, 2017 y sobre todo en 2018.

A su vez, los rubros con más reducciones dentro de la industria fueron el automotriz y autopartes, seguido por el textil, electrónica y electrodomésticos, alimentos y bebidas. Son pérdidas vinculadas de manera directa a la caída del consumo y la apertura de las importaciones. Como su complemento, cayó también el número de puestos de trabajo en el área de servicios, por el cierre o reducción de los comercios –según publica Página 12-.

Enero y febrero ¿son meses de incidencia en el resto del año? El coordinador del CEPA, Hernán Letcher, apunta que en realidad “son  relativamente calmos y que no se caracterizan por tener despidos en el sector privado”. En cambio, en este 2019 casi el cien por ciento de los casos se dieron ahí.

Despidos y suspensiones por sector

“Es un dato llamativo. Enero y febrero son meses con menor actividad económica y tradicionalmente recién en marzo se ve el impacto en el mercado de trabajo: si hay un mercado que absorbe trabajadores, se ve en marzo y, si hay pérdida de trabajadores, también. Lo llamativo, y quizás sí anticipa lo que puede ser el año, fue que en dos meses tradicionalmente sin grandes movimientos ahora hubo mucha expulsión de trabajadores”.

Montaña rusa

Al enfocarse en el proceso a lo largo de los últimos meses, el CEPA traza  dos curvas diferenciadas (ver gráfico). En el empleo público los despidos fueron significativos al comienzo de 2018. A partir de mayo, la pérdida de trabajo ya empezó a ser mayor entre los privados, y desde septiembre hasta fin de año hubo un agravamiento en el mismo sector, que persiste y continúa hasta hoy.

Algunos de los casos de cierres de empresas en 2019 fueron la aceitera Cofco (en Valentín Alsina), Pampa Energía (producía etileno, en Santa Fe), la textil Sport Tech (San Martín), la textil VF Corporation (Benito Juárez) que producía los jeans Wrangler y Lee, el restaurante Los Maizales (Caballito).

Las suspensiones en las automotrices y empresas de autopartes se dieron en General Motors, FIAT, Renault y Volkswagen. También hubo despidos en Itec y Metalpar.

Entre los servicios, el sector comercio concentró el 48 por ciento de los despidos y suspensiones. Presentaron despidos, además, el sector de transporte, delivery, medios de comunicación y seguridad.

Si se hubiesen mantenido las ponderaciones de 2016, de acuerdo con la última encuesta de hogares del Indec (2012), la inflación del año pasado hubiese sido de 48,4 por ciento, según un informe realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La cifra oficial informada fue de 47,7 por ciento, pero sobre la base de la canasta construida en 2005. Para este año se anticipa una nueva revisión del índice de precios.

Los cambios metodológicos que se realizaron bajo la gestión de Jorge Todesca redujeron el peso de los alimentos y las tarifas, precisamente los que más subieron en los últimos tres años, en la canasta mientras que aumentó la participación de ocio y esparcimiento. Por ejemplo, para el Indec, los hogares destinan apenas el 10,5 por ciento de sus ingresos en alquiler, expensas y tarifas de gas, electricidad y agua. De ser así, para un estimado de 10.500 pesos en estos gastos de vivienda, el ingreso debería ser de 95.238 pesos de bolsillo, según estimaciones del documento elaborado por les economistas Julia Strada, Eva Sacco y Hernán Letcher.

Si bien la inflación del año pasado arrojó cifras históricamente elevadas –la más alta en 27 años–la  percepción sobre los aumentos difiere según el bolsillo con el cual se coteje. Un asalariado que tiene un alto porcentaje de sus ingresos en consumo en alimentos sufrirá un mayor castigo por parte de la inflación, dado que este es el rubro que más subió en el promedio, que quien todavía pueda destinar dinero a esparcimiento. Un jubilado, por ejemplo, también tiene que soportar la escalada en los precios de los medicamentos, un bien casi insustituible que también aumentó mucho en los últimos años debido a la dependencia de insumos importados.

Pero, más allá de estas apreciaciones, la constante modificación de la canasta permite suavizar en las cuentas públicas el pass through (traslado a precios) de la devaluación y el impacto en la canasta básica. Incluso cuando la pérdida de poder adquisitivo –y la consecuente caída del ahorro– modifica los hábitos de consumo destinado una porción cada vez mayor a alimentos. “Un índice de precios mide la evolución del costo de una canasta representativa de consumo (que se actualiza cada diez años), la subestimación del peso de los servicios sobre tal canasta desnaturaliza la función del indicador”, critica el informe del CEPA.

Desde diciembre de 2015, el Gobierno decretó el apagón estadístico y dejó de publicar el IPC-Nu, pese a que se había construido con asesoramiento del Fondo Monetario y con la encuesta de gastos (2012-2013). En abril del año siguiente se publicó un nuevo índice de precios, pero se volvió a utilizar la encuesta de 2005. “El problema actual reside en el cambio profundo de política de Cambiemos respecto de los servicios, lo que imposibilita la utilización de cualquier encuesta ya que en solo dos años el peso de los servicios aumentó sensiblemente”, señala. En 2005 el peso de los servicios de gas y electricidad era mínimos, dado que la encuesta se realizó con un consumo menor y los hogares no poseían la cantidad de electrodomésticos que se incorporaron diez años después –según publica Página 12-.

La ponderación de este rubro es de 10,50 por ciento. “Resulta además contra fáctico que frente al sensible aumento de los servicios públicos, cuyo gasto es casi inelástico, el peso del rubro se mantenga casi similar al de finales de 2015, donde además, los mismos se encontraban fuertemente subsidiados para vastos sectores de la sociedad”, destacan les autores.

El último retoque disminuyó también la ponderación de alimentos y bebidas en la medición de precios, la cual pasó de 35,38 al 23,40 por ciento, un recorte que se compensó con un aumento del peso de Esparcimiento/Recreación y cultura más Restaurante y Hoteles”, del 8,76 al 18,30 por ciento, llevándolo a ser el segundo en importancia en la canasta para el Indec. “En un contexto de pérdida de poder adquisitivo, el consumo de alimentos en términos relativos tiende a incrementarse”, de acuerdo con el informe. Este cambio permitió suavizar el impacto de alimentos en el índice de precios, ya que el año pasado promedio el 50,5 por ciento, mientras que esparcimiento aumentó en 43 por ciento.

“El efecto de estos cambios no resulta menor. Implica, naturalmente, una subestimación de la pérdida de poder adquisitivo. E incluso para las discusiones paritarias de recomposición salarial o sencillamente, para las paritarias anuales, el cálculo para los trabajadores adolece de realismo”, concluye el informe.