Los primeros cuatro hechos de fraude involucraron su propuesta para el nombramiento de funcionarios públicos, tres en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia, y uno en la Legislatura. Estos funcionarios, aunque fueron asignados a cargos oficiales, no desempeñaron ninguna tarea y siguieron cobrando salarios provenientes del Estado Provincial.

Por otro lado, los tres hechos de exacciones ilegales se referían a la solicitud de Torres Otarola a sus asesores legislativos para que le depositaran la mitad de su sueldo, con el fin de financiar la caja política que la ex Ministra había creado.

Además de Torres Otarola, otras personas fueron declaradas culpables por el mismo tribunal. Silvia Cañumil, quien había sido nombrada asesora en la Legislatura, fue condenada por cumplir tareas domésticas y de cuidado de los hijos de la ex Ministra, en lugar de las funciones para las cuales fue contratada. Asimismo, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera y Reto Trelles, domiciliados en Buenos Aires, fueron hallados culpables de aceptar puestos de Directores en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia, sabiendo que no realizarían ninguna contraprestación.

En cuanto a los imputados Branco Rodera Neira y Jaquelina Rodera, la Fiscalía no logró probar que no realizaron tareas por los contratos de locación de servicios gestionados por Torres Otarola, por lo que ambos fueron absueltos.

El Tribunal convocó a las partes involucradas para el juicio sobre la pena, que se llevará a cabo el próximo lunes 6 de enero de 2025.

Torres Otarola, actualmente bajo investigación judicial por supuestas contrataciones irregulares cuando tenía a su cargo el área provincial de Desarrollo Social, sostuvo que «el ministerio para mí era una militancia con más herramientas, pero tengo que decir que cuando contás con un equipazo como el mío las herramientas se multiplican».

«La acción social y la militancia están en el ADN. Esto es algo que no se compra ni se alquila», dijo la ex ministra al dar a conocer las actividades realizadas.  Los lugares recorridos por Torres Otarola y sus colaboradores fueron los barrios Moreira, Tiro Federal, Planta de Gas, barrio Norte, barrio Constitución y las 295 viviendas de Trelew y los barrios Estación, Badén, 150 viviendas, Bella Vista y Ceferino de Esquel, además de sectores de Trevelin y Lago Rosario.

Tras consignar que «Nación nos mandó aportes», la ex funcionaria provincial dijo que su equipo «no para», calificando irónicamente a sus colaboradores de «unos ñoquis de primera».

«Una lástima que la Inquisición envuelta en egoísmos hizo sacar gente que hace y no roba, gente que sí se preocupa por Chubut. Unos verdaderos ñoquis, pero de los que alimentan», expresó a través de las redes sociales.

Dijo asimismo que este es «un momento donde debería haber unión y no se ve a  nadie manoteando sus bolsillos para acompañar la pandemia sin precedentes en la historia, con una provincia devastada». «Para destruir a quienes suman con las herramientas más infames y mentirosas,  para eso si hay energía, ¿no?», se preguntó Torres Otarola. Y remarcó: «La mesquindad es muy grande».

«Juntos Para Chubut estuvo en simultáneo en diferentes puntos de la provincia, ojalá pudiéramos como grupo hacer más», subrayó.

Luego de un intermedio, este jueves la jueza Ivana González resolvió la apertura formal de la investigación para la causa conocida como “Ñoquis Calientes” que tiene como principal imputada a la ex diputada provincial (2015-2019) y ex Ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola; entre otros ex funcionarios provinciales.

Según informó Radio 3, en la resolución la Magistrada declaró la causa como “delito complejo” con lo cual extiende el plazo de la investigación hasta por un año. Además de Torres Otarola, se encuentran imputados en la misma otras 12 personas, entre las que se encuentra Alberto Gilardino, ex Ministro Coordinador de Gabinete.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal Omar Rodríguez y se investigan irregularidades en la contratación de asesores en la legislatura y posteriormente nombramientos en el Ministerio de Familia.

La Jueza abrió la investigación bajo la calificación provisoria de “Fraude a la Administración Pública”, propuesta por la Fiscalía.

El Dr. Fabián Gabalachis, quien también patrocina entre otros particulares a Silvana Cañumil, la niñera esquelense  en el caso a cargo de la Jueza Ivana González, explicó “algunas cuestiones relacionadas con la descripción de los hechos que ha hecho el Ministerio Público Fiscal y que difícilmente aceptan un encuadramiento típico”, al aire por FM El Chubut.

“No obstante ello considero inteligente lo que ha hecho el Ministerio Público Fiscal en cuanto ha renunciado a la imposición de cualquier clase de medidas de coerción o restricciones respecto de las personas imputadas, lo que de alguna manera amplía la viabilidad de lo previsto en cuanto a formalizar una investigación. Si yo siguiera el razonamiento de los doctores D’Antonio, Lópe, etc. la señora Otarola se quedaría sin ninguna clase de imputación porque justamente todas las imputaciones que pesan sobre ella están relacionadas con el resto de las personas que han sido vinculadas a esta investigación”, analizó.

En ese marco, señaló que “no voy a ofrecer ninguna resistencia ni me voy a oponer a la Apertura de Investigación que el Ministerio de Público Fiscal ha realizado en su hipótesis e independientemente de que lo que se dijera, veo alguna fragilidad en los relatos y alguna suerte de inconsistencia”.

No declaran

Gabalachis adelantó también que ninguna de las personas que representa, ni Torres Otarola ni los demás más iban a hacer uso en esta oportunidad del derecho que se les considera legalmente de declarar. “Donde sí voy a disentir con el Ministerio Público fiscal, es que hay una suerte de sorpresa de pretender transformar este caso en algo complejo”.

“Hace escasos días presentó su formulación de investigación los elementos que tenía en aquella oportunidad, y en apariencia son los mismos que tiene hoy. No parece justo que en aquella oportunidad se brindaran los argumentos de por qué este caso merecía el tratamiento de complejo y sí lo hace de alguna manera sorpresivamente en esta instancia”, sostuvo.

El defensor de la ex ministra de Familia consideró que lo que prospera a su criterio en esta investigación “es que toda la prueba es prácticamente de carácter documental, una suerte de prueba tasada, surge todo por normativas y prácticamente no hay prueba testimonial, es muy breve, hay una suerte de personas que han delatado conductas anormales que ya han sido entrevistadas por el Ministerio Público Fiscal y el resto de las circunstancias hasta lo expuesto tanto en el libro de investigación como en los medios públicos, dicen que la prueba es perfectamente palpable, transferencias y extractos bancarios y no se hace mención a cuestiones relacionadas con secuestros y pericias telefónicas. Esto es algo simple y no complejo como lo piden tratar”.

“En la vereda de enfrente hay personas que en muchos de los casos han perdido sus fuentes laborales, incluida la ministra Torres Otarola que ha dejado de serlo por esta investigación. No me parece justo ni razonable, por eso no veo viable la modificación de este procedimiento por el plazo excepcional. En esos términos dejo planteada la exposición de esta defensa”, cerró Gabalachis ante la jueza González.

“Acá hay una clara maniobra por parte de un funcionario, con particulares, que en este caso se hacen nombrar sabiendo que no van a prestar ningún tipo de servicios. Esa es la maniobra, no es muy compleja de entender. A partir de ahí ellos reciben un salario, una contraprestación sabiendo que no trabajan. Eso está comprobado y en algunos casos hay retornos a las cuentas bancarias”, enfatizó hoy el Fiscal Omar Rodríguez.

Y agregó que de no ser así, “que explique (Torres Otarola) por qué el jardinero le hace depósitos a Cañumil de su sueldo de director que cobra en Buenos Aires, o por qué la madre de Gilardino (quien fuera Coordinador de Gabinete de Das Neves) le hace depósitos a él, o por qué no lo nombraron, si podrían haberlo hecho pues no había ningún tipo de inconvenientes. En los papeles existía la posibilidad de hacerlo pero políticamente decidieron que no”.

En torno al volumen de la suma, dijo que eso va a ser motivo de una pericia y después -eventualmente- del informe del contador, pero que son varios millones. “Hay que investigarlo porque tiene que ver con un presunto enriquecimiento ilícito ya que hay mucho movimiento de dinero”, determinó.

Acerca de que en Comodoro se conoció otra denuncia contra Torres Otarola y si se podría hacer una unificación de causas, Rodríguez dijo que efectivamente existió, pero tiene entendido al haberse comunicado con el fiscal Iturrioz, que eso tiene que ver con compras de alimentos que él mismo está investigando, y su colega se lo va a remitir pues sería el mismo hecho.

Tipo de causa

Sobre la tipificación de causa compleja, ya que involucra sus funciones como ministra, dijo que en el marco de la emergencia se hicieron compras a proveedores locales para asistir a gente del interior de la provincia. Consultado sobre si es la misma maniobra de la emergencia climática, el Fiscal dijo que han consultado, pero no parece que en este caso sea de esa manera.

“El Código habla que cuando existe un número importante de personas y de hechos, está la posibilidad de decretar el procedimiento complejo. Además hay que sumarle como un extra -que no lo contempló el Código porque no estaba- lo que tiene que ver con la pandemia. Hay muchas evidencias que tenemos que incorporar que se vuelven difíciles de obtener justamente porque no están todos los organismos funcionando a pleno, hay cuestiones que hay que pedir a Buenos Aires y se hace difícil en ese contexto. Aparece como razonable de todas maneras”, analizó.

Rodríguez aseguró que “si tengo elementos antes, por supuesto que no voy a esperar, ni voy a hacer uso de un plazo tan extenso. Ni siquiera lo hicimos en el caso de la causa de Correa de El Embrujo. Lo solicité, porque me pareció que corresponde y nada más”. En total son 13 hechos que comenzaron en 2015, desde que Torres Otarola era diputada provincial: hay un tramo de lo investigado de cuando era legisladora y otro de cuando fue ministra de Familia.

Engañó a Arcioni

De la posibilidad de convocar al Gobernador por la serie incorporaciones realizadas en ese decreto con el aval del Ejecutivo, Rodríguez dijo que “quizás no sería relevante sino que firmó los decretos en función de lo que nosotros dijimos: que fue engañado. A él le plantearon un listado de personas para ocupar un cargo de director o subsecretario en función de la idoneidad, la que fue valorada por Otarola; y ese listado fue firmado en confianza por el Gobernador”.

“Esto quiere decir que el Gobernador fue engañado. Sino, que explique por qué estaba este jardinero viviendo en Buenos Aires y era director y le depositaba a Cañumil parte de su sueldo. Esta gente nunca vino acá, no sé ni si conocen la provincia. Incluso ni llamaron. En algunos casos son personas que tienen una buena posición económica, pero dieron por bienvenido recibir esto igual”, agregó el Fiscal.

Conclusiones

Rodríguez señaló a manera de conclusión que “este tipo de casos se van a seguir repitiendo por más que haya penas ejemplificadoras. El que va por el camino de la delincuencia lo va a seguir haciendo, no lo va a frenar ni un Código Penal ni las penas más altas, ni investigaciones efectivas”.

“El que tiene el firme convencimiento de que hay que hacer plata cueste lo que cueste, va a seguir actuando de la manera que actúa. En eso, lo único que puede llegar a haber quizá, es alguna disminución, o tal vez que no sean tan burdos los casos de corrupción, pero seguramente esto no va a desaparecer”, sostuvo.

Por último, remarcó que en esta instancia procesal, la Fiscalía de Estado no puede participar hasta que no esté abierta la Investigación. “La oportunidad para presentarse en la causa es a partir de la formal admisión de la Apertura de Investigación. Mientras tanto, no pueden hacerlo”, concluyó.

Los abogados Gastón Bordier y Cynthia Castro presentaron una denuncia contra la ex ministra de Familia de la Provincia, Cecilia Torres Otarola. También están denunciados el actual ministro de Gobierno, José Grazzini; y el dueño de una empresa a la que se le habría comprado alimento por la pandemia de coronavirus.

El fiscal general Héctor Iturrioz, confirmó que la figura provisoria de la causa es de administración fraudulenta. Según la denuncia, se habría utilizado un decreto de la emergencia, cuyos plazos estarían vencidos para la compra directa de alimentos realizadas, indicando además que parte de la mercadería no habría ingresado a Chubut.

«Al fundarse el decreto simple en un DNU que ya había perdido vigencia, la norma es ilegal. La compra directa tiene irregularidades porque se hizo sorteando los procedimientos de la Ley de Contrataciones del Estado», explicó el fiscal en declaraciones formuladas al portal ADN Sur. Mientras aclaró que  «está viciada de nulidad».

La compra de alimentos fue por un total de $12.300.000. «También se dice que el proveedor no tenía los bienes de libre disposición y dudan que haya ingresado a los depósitos provinciales», manifestó el fiscal Iturrioz.

Ahora debe definir si existe o no un delito acorde al artículo 269 del Código Procesal. «La primera medida es el conteo exacto de los cómputos para ver si es cierto que el DNU había perdido eventualidad jurídica o no. Tenemos el artículo 156 de la Constitución Provincial que habla de días corridos para elevar el DNU a la Legislatura y después de 30 días sin alusión alguna para su aprobación o rechazo. Entonces, tenemos que contabilizar los plazos. Si pasaron los 30 días, habrá una norma infundada y si no los pasaron, no la habrá. Es una cuestión cronológica y matemática», detalló Iturrioz.

Además, hizo hincapié que en el caso que la compra se hubiere realizado dentro de los plazos del decreto, «eso no me inhibe para investigar si ingresaron o no los bienes que se compraron».

Fabián Gabalachis es el abogado  defensor de la ex ministra de Familia de Chubut, Cecilia Torres Otarola, y en diálogo con ADNSUR, se refirió a la postura que mantiene la ex funcionaria respecto a la causa denominada “Ñoquis Calientes”, en la que el fiscal Omar Rodríguez pide que se la impute junto a otras 12 personas por presunta defraudación al Estado y conclusión, en al menos 13 hechos.

La audiencia de apertura de investigación será el 11 de agosto, pero ya se conoció el testimonio de una de las imputadas, Silvana Cañumil, la niñera de Torres Otarola, quien sería la encargada de recaudar «el diezmo» que la ex diputada le cobraba a las personas a quienes había hecho ingresar a la administración pública, y luego transferirle el dinero. En cuatro años, Cañumil le transfirió a Otarola más de un millón y medio de pesos.

Gabalachis aseguró que “(la ex ministra) está bien en cuanto a su entereza. Se sintió molesta por las declaraciones del MPF y su primera intención fue contrarrestarlas a través de explicaciones públicas. Le aconsejé que eso no es lo conveniente, hay que discutirlas en la Justicia y  por eso se llamó a silencio”, puntualizó.

El abogado de la ex ministra señaló que “ella está convencida que asumió una práctica habitual en el ámbito de la función pública. Me explicó que –en ningún caso- existió un delito y que actuó dentro de los límites legales que la administración pública la autoriza”, dijo. Y aseveró que Torres Otarola indicó que “reconoce que puede haber existido alguna operación bancaria en la cual una de las personas (que también está imputada) le ha enviado dinero pero no se relaciona –en absoluto- con algún retorno de sueldos”.

Gabalachis manifestó que “no existe $1.500.000  transferidos a la cuenta de Torres Otarola. La cuenta que saca la Fiscalía se relaciona con sueldos que pueden haber cobrado los funcionarios pero no de las transferencias que Otarola pueda haber recibido. Es comprobable con los extractos bancarios y las constancias que están en la causa”, puntualizó.

Respecto de la declaración de Cañumil, quien sería la encargada de recaudar «el diezmo», dijo que “no deja de ser una persona de confianza que viene acompañándola hace muchos años. Acá nos coloca en otro análisis sobre si es viable nombrar en la función pública a personas de su confianza. Van a ser cosas que vamos a tener que esgrimir en estos 6 meses de investigación”.

Gabalachis expuso por último, que la dificultad que deben afrontar es que durante el plazo de investigación “tenemos que convencer al fiscal y no al juez. A él lo veo en una posición muy firme, muy convencido. No va a ser una tarea fácil”, reconoció.

La investigación judicial contra la ex ministra Cecilia Torres Otarola y sus asesores va camino a la audiencia de apertura que se realizará el 11 de agosto, la ex funcionaria designó al abogado penalista Dr. Fabián Gabalachis como defensor en el juicio que se viene, en diálogo con FM Del Lago, el penalista remarcó “la semana pasada la ex ministra tomó contacto conmigo y formalmente soy defensor desde ayer, ya estoy notificado que el día 11 de agosto se va a realizar la audiencia de apertura de investigación, tengo algún conocimiento de los elementos y hoy se me va a acercar el escrito de apertura de investigación, en las órdenes de allanamiento existen los detalles de cuáles son los hechos que pretende investigar el ministerio público fiscal, no tengo el respaldo probatorio de esos hechos, se deben basar en entrevistas, esos respaldos no los tengo, presumo que ese respaldo existirá”.

Consultado sobre las escuchas telefónicas, el abogado refirió “no puedo asegurar que no las haya, pero de lo que he tenido acceso hasta ahora no vi escuchas telefónicas, el fiscal interpreta que hay una defraudación pública al estado y la pena máxima es de 6 años  y la mínima es de 2 años, esto es muy preliminar, la realidad es que si las defraudaciones fueran más de una que el ministerio público fiscal pretende utilizar una suerte de concurso de delitos, las leyes del concurso cuando hay más de una conducta dicen que la pena inferior será la mayor y la mayor pena será la sumatoria de los máximos, cuando se trata de este caso de hechos se da una regla de concursos que son un solo hecho, por más que sean cinco las defraudaciones se entiende que es un solo hecho, o sea que el máximo de la pena lo atribuyó a 6 años”

Por estos días la justicia y la sociedad apuntan a Torres Otarola, el defensor fue consultado sobre el estado en el que se encuentra la ex funcionaria que deberá comparecer ante la justicia en los próximos días, comentó  “Ella está muy ansiosa, tiene mucha necesidad de salir a responder a todo lo que escucha, mi consejo ha sido que sea paciente, que  primero tengamos todos los elementos probatorios y después salga a responder y que por una cuestión de respeto a la justicia la primera respuesta sea a la justicia, todas estas causas que son relacionadas a la administración pública generan una expectativa social, yo respeto la actividad de los periodistas y ustedes van todo lo que pueden, nunca veo una disconformidad y no es otra cosa que un interés interpuesto de dos partes”

La defensa de Gabalachis en la causa Chito Alarcón

Para finalizar la entrevista, Gabalachis fue consultado sobre la causa contra el ex director de ceremonial Oscar Chito Alarcón, remarcó “hay dos sentencias que todavía no están firmes, una es de la cámara penal de Trelew y otra de la cámara penal de Esquel, que fue rechazado el recurso por parte de la cámara y eso habilitó que yo haga una presentación en el Superior Tribunal de Justicia que se llama recurso de queja, a los fines que habiliten la instancia y discutamos algunas cuestiones de esa causa, un hecho es el enriquecimiento ilícito y el otro es el del doble sueldo”.

La audiencia de apertura de investigación de la causa que se ha denominado “Ñoquis Calientes” y que tiene a su cargo la jueza Ivana González, en la que el fiscal Omar Rodríguez pide que se impute a la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, y a otras 12 personas por presunta defraudación al Estado y concusión, en al menos 13 hechos, aún no tiene fecha. Pero una vez que se inicie formalmente el plazo de 6 meses para la investigación, la Fiscalía de Estado se presentará ante la Oficina Judicial y pedirá ser aceptada como querellante, según la información que pudo confirmar ADNSUR.

Si bien los tiempos se demoran, porque la Oficina Judicial tiene que ubicar a las 13 personas sindicadas, que en muchos casos no tienen domicilio claro –algunos figuraban en un hotel- para anoticiarlos de que deben constituir un abogado defensor, la decisión del equipo que conduce el fiscal Andrés Giacomone está tomada: la Fiscalía de Estado pedirá sumarse a la causa como querellante, porque de acuerdo a los datos iniciales que se desprenden, de confirmarse una defraudación se podrían haber afectado bienes del Estado Provincial.

Como ya informó esta agencia en varias oportunidades, la imputación a la ex ministra y sus colaboradores es la de armar un sistema, primero en su etapa como diputada provincial y luego como funcionaria del Ejecutivo, por el cual se designaba personal que no prestaba tareas concretas para luego exigir la devolución de al menos la mitad del sueldo, que iba a parar a una cuenta privada que manejaba la niñera de Torres Otarola.

Según los registros de cuentas bancarias de los involucrados, realizado por el equipo de investigación del Ministerio Público Fiscal que integra el contador José Velázquez, que se denomina Unidad Fiscal Especializada, hubo movimientos de dinero de al menos 1,5 millones en los últimos 6 meses, de fondos que provenían de las cajas de ahorro del personal de gabinete del Ministerio de Familia, quienes reintegraban a su jefa política una parte de sus haberes. Además, en muchos casos no tenían residencia en Chubut y se desconoce qué tareas cumplían.

Teniendo en cuenta que la hipótesis es que hubo una estafa al Estado, según la cual fondos que no eran para el pago de tareas específicas, podrían haber terminado en las cuentas de la ministra, es que Fiscalía de Estado pedirá ser adherida a la causa, como ya ocurrió con otras casos de causas de corrupción, como fue el caso del juicio oral por Embrujo, el enriquecimiento ilícito contra Oscar Alarcón, la causa Revelación y la Emergencia Climática de Comodoro Rivadavia, donde en todos los casos, la acusación apuntó a demostrar un perjuicio contra las arcas estatales.

Por el momento se abrió entonces un compás de espera, mientras la Oficina Judicial termina de notificar a cada uno de los 13 futuros imputados. Una vez que esto se concrete, quedaría fijar una fecha para la audiencia, que será presidida por la jueza Ivana González, y que se realizaría como viene ocurriendo hace meses por las restricciones de la pandemia, de manera virtual a través de videoconferencia.

La situación de M.N.F., quien figura ocupando un cargo de directora en el Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, es otro aspecto destacado en la imputación formulada este miércoles por el fiscal Omar Rodríguez contra Cecilia Torres Otarola y 12 personas más.

Según publicó El Patagónico, M.N.F. es hija de Sandra Jaramillo, quien fuera empleada doméstica de Torres Otarola, desde mediados de 2019 hasta enero de este año.

“En lo que aquí interesa, Cecilia Torres Otarola, ya en el cargo de ministra, le ofreció incorporar a la hija de Jaramillo al organismo a su cargo. Para ello le pidió que le mande foto por wasap (SIC) del DNI de su hija. Dicha situación se concretó y la nombrada fue designada en el cargo más arriba mencionado. M.N.F. solamente concurrió al lugar de trabajo un par de días, y no fue más”, afirma la presentación escrita.

Dos circunstancias fueron las que determinaron dicha situación. La primera es que M.N.F. se tuvo que presentar en donde funcionaban las oficinas de CORFO donde en ese momento se vivía “un clima de tensión”.

En segundo lugar, se rompió la relación laboral entre Jaramillo y Torres Otarola, por lo que aquella le dijo a su hija que no concurriera más a trabajar al ministerio.

“En todo este contexto, debemos destacar una situación relatada por la testigo. Es que al momento de que Torres Otarola le ofrece el cargo para su hija, la misma le habría referido que cumpliría funciones de secretaria privada de la funcionaria y que el sueldo sería de 20.000 $, sin tener conocimiento la deponente que los haberes correspondientes al cargo que fuera designada su hija eran de 43.558 $, situación que pone en evidencia la intención de quedarse con más de la mitad del salario, por parte de la funcionaria”, señala el Ministerio Público Fiscal.

En la mañana de hoy miércoles el fiscal Omar Rodríguez presentó el pedido de apertura de investigación por la causa Ñoquis Calientes en la que se imputará a la ex ministra de Desarrollo Humano y Familia, Cecilia Torres Otarola por 13 hechos en carácter de autora de defraudación al Estado y de concusión,  y además habrá 13 imputados en total.

Según informó ADNSUR, la acusación consta de 13 hechos distintos en los que se acusa además de Otarola a otras 12 personas como partícipes necesarios,  entre ellos, al ex ministro Coordinador de Mario Das Neves, Alberto Gilardino, y a su madre, Patricia Antonio.

La hipótesis de los investigadores indica que Gilardino sería uno de los asesores que trabajaba para Otarola, pero para no figurar, se hacía la contratación a través de su madre, quien a su vez le giraba el dinero de los honorarios que cobraba como abogado.

En general, los hechos describen una conducta en la que se ve un modus operandi de Otarola en la época como diputada y en la era como ministra, en la que se contrataba personal que no cumplía funciones especificas, y a la vez se le exigía la devolución de parte de sus haberes, que iban a parar a una caja política que manejaría la misma Otarola, fondos que eran distribuidos a través de una cuenta que tenía su niñera, quien también es una de las imputadas.

La investigación a cargo del fiscal Omar Rodríguez, intenta determinar si Cecilia Torres Otarola cometió fraude contra el estado provincial.

Específicamente la Justicia analiza un total de 24 contrataciones. Entre las que sobresalen es el caso de la niñera Silvana Cañumil quien estaba nombrada como subsecretaria dentro del Ministerio de Familia pero se presume que su tarea, además de oficiar de recaudadora, era la de cuidar a los hijos de la ex ministra, indicó La Tecla Patagonia.

Entre la nómina de asesores que se investiga, se encuentra también la madre un exfuncionario provincial que estuvo relacionado a las causas de corrupción.

Pero uno de los casos que más llamó la atención para los investigadores fue el del jardinero. Se trata de Miguel Angel Reto Trelles, un hombre de 35 años, de nacionalidad peruana que tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires y que sin embargo figura en la nómina del ministerio de Familia con categoría 4 (rango de Director) y un sueldo de $85.873. Es decir que en total, desde su nombramiento a la fecha, el jardinero habría embolsado más de $340 mil del Estado provincial.

Según los testimonios y la hipótesis de la Fiscalía, Trelles no desempeñaba tareas habituales para la cartera de Desarrollo Social y tendría vínculo con Jacqueline Rodera, exsubsecretaria de Desarrollo Social.

El «jardinero» además cuenta con el antecedente comprobado de haber recurrido a una probation por agresiones físicas contra su ex concubina.

Se detectaron movimientos bancarios desde la cuenta de Trelles hacia la cuenta de la niñera de Otarola, Cañumil, la presunta recaudadora, por lo que los investigadores intentan determinar si se trata de un presunto “retorno”, práctica que se repetiría en todas las contrataciones que están siendo objeto de investigación.

Como si faltara algo, varios de los nombramientos en el Ministerio de Desarrollo Humano no cumplieron con los requisitos administrativos requeridos, como por ejemplo el pedido de antecedentes penales.

Cabe recordar que meses atrás, envuelto en otro escándalo, se detuvo a Pablo Leuful, director del Ministerio con funciones en Esquel, por violar la cuarentena aparentemente alcoholizado. Tras ese hecho, se descubrió que Leuful tenía antecedentes penales y Otarola dijo entonces ignorar que se les debía pedir certificado de antecedentes a sus funcionarios.