El abogado de Luis y Lorena, Roberto Castillo, habló sobre los avances de la causa por la muerte de Ángel, de solo 4 años de edad.

En este sentido, señaló que “los padres de Ángel, junto a allegados y amigos van a hacer una marcha para recordar al niño”.

“Hubo muchísimos avances en la causa. La Fiscalía está trabajando de una manera muy comprometida con el caso y nosotros estamos aportando nuestra mirada respecto a la acusación”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “hay que tener en cuenta que nosotros, como figura querellante, consideramos que la Fiscalía inicia la investigación con la hipótesis de que Mariela Altamirano, seria la responsable del delito de acción por omisión”.

“Si bien nosotros, como querella, tenemos suficientes elementos de prueba, que dicen que ella habría maltratado a Ángel desde los pocos meses de vida. Todo indica que es una persona altamente violenta, que se desquita con los chicos y esa violencia infantil hizo que ella termine asesinando al niño -conjuntamente con su pareja-“, indicó.

En este marco, destacó: “modificamos  la figura jurídica. No es de acción por omisión, no es que ella intercedió para proteger a Ángel, sino que le propinaba golpes a Ángel. Nuestra teoría de caso es que ella asesino al niño. Hay pruebas suficientes”.

“También estamos avanzando en la denuncia contra el juez Pérez, la defensora y la psicóloga. Iniciamos una presentación que ya está firmada. A Leiva y a otra de las psicólogas, les vamos a hacer una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y una de esas dos psicólogas también incurre en el delito de falsedad ideológico. Firmaban documentos que no se condecían con la realidad que pasaba”, afirmó.

A su vez, añadió: “Nosotros nos comprometimos a acompañar al papá de Ángel. Uno termina evidenciando que hay una Justicia para las personas con recursos y otra Justicia para aquellos sectores más vulnerables, que no son escuchados en los juzgados de Familia”.

“Cuando Ángel le dice al juez ‘yo quiero ir con mi mamá’, el debería haber entendido quién era su mamá pero para eso tenia que conocer al niño. Es inentendible que a Ángel lo hayan desarraigado, lo desarraigaron del jardín, de sus amiguitos, de su habitación, de su familia y lo llevaron a vivir en un lugar donde nadie supervisó en qué condiciones vivía”, explicó.

“Luis en un determinado momento sospechaba tanto de la justicia que empezó a grabar. La semana pasada que estuvo en Buenos Aires, me dijo  ‘Roberto, yo tengo videos, empecé a grabar a los funcionarios, para que quede registro de cómo me trataban’. En uno de esos videos, él le dice a Leiva  ¿para ustedes es normal que venga un padre a decir que están maltratando a su hijo y ustedes no hagan nada? Y Leiva le dice ¿vos estás grabando a la madre? ¿Estás grabando a tu hijo? Eso es violencia de género. Así que este es el inicio. Hoy van a declarar Lorena y Luis”, aseveró.

“Tenemos muchas declaraciones testimoniales. Evidentemente Mariela tiene rasgos de violencia Hay una manera que ella tiene de criar,  absolutamente repudiable y reprochable, que en este caso terminó con la vida de Ángel”, enfatizó.

“El problema que tenemos es la interferencia de la política en la justicia. Cuando los auxiliares de la justicia están acomodados por puestos políticos, el espíritu de la justicia termina contaminado. Tenemos muchísimos conflictos y pocos recursos humanos”, analizó.

“En este caso, la justicia actuó mal por el lado que lo mires. Nuestra sociedad no estaría siendo modelo. Tenemos una sociedad con pocos valores, con poca educación. Cualquier persona es susceptible de ser corrompida. Y la política tiene más presencia que nunca en la historia, en la justicia. Uno viene acá y siente que está solo, en un lugar muy hostil. Cada cosa que pedís pareciera que te están haciendo un favor”, deslizó. 

Finalmente, Castillo concluyó: “Nuestra hipótesis del caso es distinta a la hipótesis que tiene la Fiscalía. La Fiscalía dice que el padrastro es el asesino directo, el homicida, y que la madre incurre en el delito de homicidio en una acción por misión impropia. Es decir, no hizo ningún esfuerzo para evitar ese desenlace fatal. Nosotros decimos que no. Hay pruebas suficientes para decir que la madre era totalmente agresiva y violenta. Si bien nuestra teoría del caso es dinámica, preferimos desde el inicio decir cuál es la plataforma fáctica con la que vamos a acusar nosotros y cuáles son los agravantes que van a hacer que  después en un debate oral y público solicitemos la perpetua tanto para él como para ella”.

El juez Sebastián Casanello procesó por corrupción a Alberto Fernández en la denominada causa Seguros, por incompatibilidad en los deberes de funcionario público cuando era presidente. Además, ordenó un embargo sobre los bienes del expresidente por $14.634.220.283,68. 

La causa se originó con la investigación de la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers cercanos al entorno del exmandatario.

En su fallo, el magistrado aseguró que el expresidente se involucró en el “plan de expansión de los negocios” de las empresas de Martínez Sosa con el Estado. En ese marco, Casanello entendió que Fernández impulsó “a los actores del mundo privado y exhibiendo públicamente que formaban parte de su entorno más íntimo, en un claro mensaje convalidante de sus acciones”. 

Para el juez, “con la connivencia” de Fernández, los brokers “habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.

En otro tramo de la sentencia de 400 páginas, Casanello consideró que el decreto firmado por Fernández fue para “priorizar los fines públicos al afán de lucro”, mientras que las fotos que publicaba con Martínez Sosafuncionaban como un activo para el empresario, para que pudiera obtener más contratos gracias a su cercanía con quien por entonces era el Presidente de la Nación.

“La evidencia reunida mostró, además, que la vinculación entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero, tanto en la etapa previa a la asunción del cargo como durante el desarrollo del mandato presidencial, excedió la de una mera relación de amistad y/o laboral -agrega el fallo-. A la par de un trato frecuente y cercano (reflejado en múltiples intercambios por WhatsApp, llamadas telefónicas, visitas y registros fotográficos), se comprobó la entrega de obsequios, flujos dinerarios y gestión de favores personales”.

Semanas atrás, el juzgado recibió un informe clave, elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que fue fundamental para avanzar en la causa. Según pudo saber TN, el documento “demuestra la íntima vinculación de funcionarios públicos con los empresarios privados” involucrados en el caso.

En la causa también fueron procesadas otras 33 personas, entre las que se encuentran María Cantero, exsecretaria de Fernández; su marido, Héctor Martínez Sosa, broker beneficiado y amigo del expresidente; y el exjefe de Nación Seguros, Alberto Pagliano.

Con dicho decreto, Fernández impuso la obligación a todos los organismos del Estado de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros S.A., una subsidiaria del Banco Nación.

La defensa de Alberto Fernández 

Cuando fue citado a declarar, el exmandatario se limitó a presentar un escrito en Comodoro Py donde aseguró: “No comprendo los cargos que me formulan”.

Además, detalló que el decreto no fue impulsado exclusivamente por él, sino por una serie de organismos del Estado, como el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros y Nación Seguros.

“Este decreto fue una decisión política, no debe ser objeto de judicialización. Lo que buscamos fue generar la mejor sinergia entre los recursos públicos y mejorar la eficiencia del sistema asegurador del Estado”, argumentó.

Mientras avanza la causa por violencia contra la exprimera dama Fabiola Yañez, la Justicia dispuso un régimen de visitas presencial entre expresidente Alberto Fernández y su hijo Francisco. La modalidad es provisoria, durante tres meses, y los encuentros van a ser en la ciudad de Buenos Aires, una semana al mes. El nene reside en España junto a su madre.

El expresidente deberá pagar todos los gastos de traslados, desde España hacia a la Argentina y viceversa, y de estadía. Además los encuentros entre el expresidente y su hijo contarán con el acompañamiento y las recomendaciones de la Secretaría de Infancia y Adolescencia.

La Justicia dispuso que “todos los gastos aparejados al traslado, estadía y manutención del menor y su madre -o el adulto que ella designe- desde España a la Argentina y de regreso a España, serán a cargo del progenitor”, Alberto Fernández.

Como condición previa a cada encuentro el expresidente deberá otorgar, antes de cada traslado desde España, “autorización expresa ante la Dirección Nacional de Migraciones para que el menor regrese a la ciudad de Madrid, Reino de España, junto a su madre o el adulto responsable que ésta designe». La resolución aclaró que “lafalta de otorgamiento de dicha autorización impedirá la ejecución de la medida cautelar” dispuesta.

Las claves de la causa de Alberto Fernández contra Fabiola Yañez por violencia

La resolución mencionó que el expresidente argumentó “que la residencia del menor en el extranjero es irregular, y que su expareja y madre del niño, Fabiola Andrea Yañez, extendió unilateralmente la estadía sin su consentimiento, violando el acuerdo original y sus derechos de responsabilidad parental compartida».

El fallo citó además que el exmandatario pretende que su hijo vuelva a vivir en la Argentina y que Yañez “aspira a que el niño siga residiendo en España y que los encuentros vinculares entre el progenitor y el niño continúen realizándose de manera virtual o de manera presencial en su lugar de residencia actual, lo que no conforma al querellante”.

La resolución planteó la acusación a la exprimera dama de “haber obstruido el contacto del denunciante con el hijo de ambos”, que tiene menos de tres años: “Concretamente, Yáñez obstaculizó en reiteradas oportunidades la comunicación entre ambos, que es entablar charlas mediante videollamadas”.

El fallo citó: “En tanto Fernández tuvo primero impedida la salida de la República Argentina en virtud de una resolución judicial y luego manifestó verse impedido de viajar por distintos motivos a la ciudad de Madrid, donde el menor de edad reside junto a su madre”. Entre las determinaciones la Justicia indicó que le resulta “ineludibledisponer los encuentros presencialessolicitados por la querella”.

El sorteo de los conjueces, que se realizó esta mañana, obedece a que en la Corte Suprema no existen tres criterios iguales para poder resolver el caso. Según fuentes del tribunal, el juez Carlos Rosenkrantz habría expresado su voluntad de revisar la condena, lo que podría derivar en la revocación de alguna de las mismas, en tanto los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti no estarían de acuerdo con esa postura.

Ante este escenario, se convocó a los conjueces, que que podrán pronunciarse a favor de confirmar alguna o todas las condenas o, por el contrario, sumarse a la idea de revocarlas.

Las apelaciones

En la causa conocida como “La Rosadita” o “La ruta del Dinero K”, lo que debe resolver la Corte Suprema son los recursos de los imputados presentados contra las condenas por lavado de activos.

Esas condenas son las siguientes: Lázaro Báez (10 años de prisión); Martín Báez, (6 años y 6 meses de prisión); Jorge Fariña (3 años y 6 meses de prisión); Daniel Pérez Gadín (6 años de prisión); Jorge Chueco (6 años de prisión); Julio Mendoza (5 años de prisión); Fabian Rossi (4 años y 6 meses de prisión); Cesar Fernández (4 años y 6 meses de prisión); Juan De Rasis (4 años y 6 meses de prisión); Leandro Báez (3 años de prisión condicional); Eduardo Castro (4 años y 6 meses de prisión); Walter Zanzot (2 años y 6 meses de prisión); Federico Elaskar (3 años de prisión condicional); Martin Eraso (3 años de prisión condicional); Claudio Bustos (3 años de prisión condicional); Carlos Molinari (3 años y 6 meses de prisión).

La sentencia con las condenas fue apelada ante la Corte mediante recursos que ingresaron durante el mes de junio de 2023. Durante este año, los tres jueces de la Corte revisaron el caso, que se considera delito precedente en la causa Vialidad. Ahora, con la designación de los conjueces, se podrá avanzar en la resolución del caso.

La investigación

En esta causa se investigó una presunta maniobra delictiva de lavado de activos. Según la misma, la empresa Austral Construcciones, mediante una financiera, logró la expatriación de más de 54 millones de dólares destinados a diversas empresas, para luego reingresarlos mediante la compra de bonos argentinos.

Respecto del origen de dicho monto, la mayoría del Tribunal Oral que intervino en esta causa consideró que esos fondos provenían de la evasión fiscal e impositiva,a través del uso de facturas truchas. La minoría del Tribunal, en cambio, entendió que el dinero provenía del direccionamiento de contratos de obra pública en favor de Lázaro Báez,investigado en la causa Vialidad. En esta ultima causa está condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La Corte podría dejar firme estas condenas desestimando los planteos de apelación a través de la aplicación del art. 280, lo que significa que los podría rechazar sin entrar a analizar esos planteos o, por el contrario, podría entrar a analizar el fondo de esos planteos.

En este sentido, señaló que «agradezco profundamente el valor que tuvo Cristian Olazábal de investigar esta causa».

«No hay que olvidarse que había otros fiscales que querían cerrar la causa de la Emergencia Climática con una solución no punitiva, diciendo que los funcionarios no habían cometido ningún ilícito», dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que «yo tuve que investigar solo esta Causa porque no había recursos que me apoyen».

«A esos que critican, les digo que en las audiencias yo expliqué que había delitos que llegaban más arriba en la escala jerárquica», indicó.

Finalmente, Iturrioz concluyó que «tenemos tiempo de iniciar otras investigaciones solo espero que den todos los recursos que sean necesarios».

En este sentido, señaló -en diálogo con Radio Chubut– que “luego del proceso de investigación, la jueza decide rechazar los planteos del abogado defensor”.

“Ahora hay que esperar que el abogado defensor de Quiroga presente la investigación y se designe un tribunal revisor de la decisión de la jueza. Una vez que se supere esa instancia, recién ahí se convocará la continuidad de la audiencia de apertura de investigación”, dijo.

Asimismo, aclaró que “es una falta de respeto para los denunciantes que los fiscales nos estemos pasando las causas”.

“Más allá de las personas con nombre propio, yo tengo la obligación de investigar por un compromiso hacia los denunciantes. Las respuestas se tienen que dar en el marco de la justicia”, indicó.

 Finalmente, Rodríguez concluyó que “es una vergüenza que no tengamos compromiso para investigar casos, yo no lo conozco a Quiroga, no sé quién es, no tengo nada personal contra él. Yo como fiscal no puedo ser imparcial -sino no podría acusar-. Acá tengo un interés, que es el de proteger los derechos e intereses de la sociedad y en este caso, de los denunciantes”.

En este sentido, señaló que “yo vine a declarar a Comodoro Rivadavia porque soy testigo de la causa que se inició con el temporal ocurrido en el año 2017”.

“Yo como ex funcionario nacional puedo decir que uno esta a disposición de la Justica. Soy testigo de la causa”, dijo.

Asimismo, aclaró que “uno querría que todos los ex funcionarios municipales sean inocentes, pero si son culpables deberán pagar”.

“Uno lo que quiere es que la Justicia actúe. Hoy arrancó el juicio oral y ahí se deberá dictaminar la inocencia o culpabilidad de los involucrados. Nosotros aportamos pruebas”, indicó.

En este marco, destacó que “en principio hubo gente que en su momento se declaró culpable y si es así esperamos que paguen la pena”.

“Lo peor que podría pasar es que el juicio se caiga. Cuando había vecinos con dos metros de barro en sus casas, hubo gente que robó. Eso es algo que no puede volver a suceder, es un locura que se robe en esas circunstancias”, concluyó finalmente Álvares De celis.

Ramos falló en favor de sus colegas Julián Ercolini (juez federal de Comodoro Py), Carlos Mahiques (camarista de Casación, el máximo tribunal penal), Pablo Yadarola (juez en el penal económico) y Pablo Cayssials (del estratégico fuero en lo contencioso administrativo); también del fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; del exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro; del exfuncionario de la SIDE Leonardo Bergroth, del asesor en comunicación Tomás Reinke y de los directivos del Grupo Clarín Pablo Cassey y Jorge Rendo.

El fallo firmado ayer, al filo de la Navidad y de la feria judicial, fue notificado a las partes. Si el fiscal del caso, Ramiro González, no lo apela la semana próxima, quedará cerrado definitivamente.

La causa se inició en Bariloche, donde la fiscal imputó a los involucrados, pero a pedido de uno de los jueces acusados -Yadarola- a principios de este año el expediente pasó a los tribunales de Comodoro Py por decisión del camarista federal porteño Eduardo Farah.

Petrone y Barroetaveña «analizaron hace más de dos años la sentencia de diciembre 2021 del Tribunal Oral Federal 3, que había marcado la absolución de Cristóbal López y Fabián De Sousa», explicó el periodista Gabriel Morini.

El fallo en primera instancia había sido en respuesta a la denuncia presentada en marzo de 2016 por el funcionario macrista Abad en base a un artículo del diario La Nación sobre una supuesta deuda de $ 8.000 millones que los empresarios mantenían con el Estado argentino, más específicamente con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Pero este lunes el máximo tribunal penal de la Argentina determinó, tras leer el fallo de 160 carillas, que la absolución de Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron correctas y que también correspondía bajar la pena impuesta al extitular de la AFIP Ricardo Etchegaray -según publica MinutoUno-.

El fallo «se revela como una suerte de punto final porque Casación se tomó un tiempo considerable para llevar adelante una audiencia y analizar las pruebas del caso», agregó el periodista especializado en judiciales.

«Nuestro enojo es por la forma de esta citación, no les explicaron bien de que se trataba, como la mayoría de mis compañeras son de la colectividad boliviana, les dijeron que acá le iban a dar radicación, que las iban a favorecer con el terreno, con sus hijas, mis compañeras no entendían nada», indicó la representante del MTE.

En este sentido, la vocera del Movimiento de Trabajadores Excluidos explicó: «Nosotros venimos trabajando hace 5 años, por primera vez, tenemos producción propia porque pudimos comprar nuestras telas, lo hacemos a pulmón, […], no dependemos del Estado ni de Provincia, Nación solamente nos otorga la posibilidad del Potenciar (ANSES), nadie le pide plata a nadie, […], se formaron cooperativas para esto, legitimismos el trabajo de esa manera».

Por otra parte, desde la organización social expresaron: «Hoy nos encontramos en esta situación, que singuen hostigándonos, que con mentiras citan a nuestras compañeras, la verdad que no se que quiere el fiscal. Si nos van a investigar como nos investigan a nosotros, entonces que investiguen a todo el mundo».

El jueves de la semana pasada, el fiscal decidió hacer oídos sordos al llamado de Ramos Padilla y luego del faltazo pidió la nulidad de la causa, recusó al juez y planteó objeciones a la competencia del juzgado de Dolores con la intención de que la causa en la que está bajo la lupa deje de tramitarse allí y pase a los tribunales de Comodoro Py.

La respuesta de Ramos Padilla ante esos planteos es que “ante la incomparecencia de Carlos Stornelli a la audiencia indagatoria fijada, fíjese nueva fecha para su realización para el día 20 de marzo del corriente a las 11”. Así lo dice el nuevo escrito de Ramos Padilla, quien la semana pasada citó a Stornelli porque, en su criterio, “se han recabado elementos suficientes acerca de la participación del fiscal” en las maniobras por las que está imputado.

Stornelli puede volver a negarse a asistir a la cita en Dolores con el argumento de que aún no está resuelta la competencia de Ramos Padilla. La otra posibilidad es que el fiscal insista y apele el rechazo de la recusación del juez. Estas medidas podrían abrir la intervención de la Cámara Federal y que los tiempos se sigan dilatando.

Entre los fundamentos para la nueva citación a indagatoria, Ramos Padilla había subrayado la supuesta existencia de “investigaciones y espionajes que le reclamaba el fiscal a D’Alessio, a quien consideraba un servicio de inteligencia de los Estados Unidos y a quien le pedía ‘merca’ (información), le solicitaba ‘investigaciones paralelas’ o ‘extraoficiales’ y hasta operaciones de espionaje para perjudicar a abogados que lo incomodaban” –según publica Página 12-.

En la apelación de la familia de la víctima, que dará una conferencia de prensa a las 12 en el Hotel Bauen, también se cuestionó con dureza la actuación de la fiscal Silvina Ávila y del anterior juez de la causa, Guido Otranto. «Trabajaron de manera oculta en sentido contrario al objeto procesal», dijo la abogada Verónica Heredia. “La violación al cumplimiento de los plazos procesales y a la consecuente falta de intervención de la querella permitió el dictado de la sentencia que se apela el 29 de noviembre de 2018. El infinito dolor, humillación, desolación, angustia que generó a la familia Maldonado, sumado a los innumerables nuevos ataques que la sorpresiva sentencia habilitó, son agravios que impedirán continuar al doctor Gustavo Lleral como juez imparcial en esta causa”, agregó. Por ello solicitó expresamente que, al dictarse la nulidad en esta causa, sea apartado del expediente –según publica Página 12-.

Sergio Maldonado repetía la semana pasada que el propio informe de autopsia había dicho que el cuerpo tenía signos de “crioconservación” y que nadie le había dado una respuesta a eso. Así, la fueron a buscar ellos y la plasmaron en la apelación presentada ayer. La doctora Sara Maldonado dijo sobre el cuerpo: «La crioconservación es el proceso en el cual las células o tejidos son congelados a muy bajas temperaturas, generalmente entre -80 C y -196 C. (…). Es la prueba que el cuerpo fue extraído del agua y llevado a una cámara». Esto va en coincidencia con el estudio realizado por el perito Enrique Prueger quien ya había afirmado que el cuerpo fue “plantado”, tal como sospechaba la familia.

En un medular y extenso escrito de apelación, Heredia destacó que el juez Lleral no le dio curso a las partes para conocer los detalles de la pericia del INTI Plásticos sobre el DNI. ¿Habrían sido demasiado fuertes las presiones que dijo a la madre de Maldonado haber sufrido y estaba tan apurado que omitió hacerlo?

Antes de cerrar la causa de Santiago, se difundieron a través de Infobae y Clarín que las conclusiones de la pericia realizada al DNI habrían confirmado categóricamente que el cuerpo estuvo 90 días en el agua. Una lectura del fallo de Lleral arroja que esto es falso. La pericia al DNI de Santiago Maldonado, según argumenta el juez en la página 164/165 de la sentencia, concluyó que:

– Les resultó lógica y materialmente imposible experimentar en las mismas condiciones en la que se encontraba el DNI de Santiago. Intentaron reproducir las condiciones lo más parecido posible, pero no iguales debido a la naturaleza cambiante del ambiente fluvial;

– Estableció que, en definitiva, un DNI de las características del documento hallado junto a la víctima, puede soportar un tiempo de sumersión en agua idéntico al transcurrido entre la desaparición y hallazgo del cuerpo de ésta, sin sufrir degradación en su estructura.

– Según el juez: “Habiéndose concebido un ensayo de simulación con la mejor aproximación, factible de implementación, de las condiciones en que fuera encontrado el DNI de Santiago Maldonado en el lugar del hallazgo, y a la luz de los resultados obtenidos en cuanto a que los DNI tarjeta ensayados durante 90 días de inmersión en agua (a 7°C), no sufrieron cambios significativos permanentes de brillo, color, legibilidad y contraste, es decir no presentaron deterioro, se concluye que el DNI de Santiago Maldonado pudo haber estado sumergido en el lugar en que fue hallado, por un periodo de hasta 90 días”. Y agregó que “las láminas de PVC con las que están confeccionados los DNI mostraron una resistencia a cuestiones de humedad que no alteran significativamente la impresión del documento ni su soporte de cobertura plástica».

En su cuenta de Facebook, el licenciado en criminalística Eduardo Prueger conjugó estricto sentido común y razonamiento científico al afirmar que “si no observaron ninguna modificación o alteración significativa en ninguna de los documentos peritados, significa que no pueden determinar el tiempo que estuvo sumergido el DNI de Santiago. Y eso es porque el PVC se caracteriza por su elevada resistencia ambiental y a la abrasión, y su degradación es centenaria. Por lo cual la ausencia de modificaciones o alteraciones significativas en las muestras peritadas determinan la imposibilidad de relacionar deterioro y tiempo. Esto quiere decir que un DNI sumergido 10 días, 20 días, 30 días o 90 días se encuentra en condiciones similares, sin deterioro”.

Pero más grave aún son tanto la evidencia de que la temperatura del agua del presunto peritaje ni siquiera coincide con la misma temperatura del agua mencionada en la autopsia como la manipulación de las variables para obtener un resultado diferente al que sugirió en informe sobre el polen en las ropas de Santiago. “Por otro lado, en estas experimentaciones sobre los DNI utilizaron una temperatura promedio de 7°C, según surge de los argumentos del juez en la sentencia en página 164, pero en la autopsia los Médicos Forenses utilizaron una temperatura de 3.2°C, 3.5°C y 3.9°C, como consta en las paginas 79-80 del informe de autopsia, para interpretar la tabla REH que permite relacionar deterioro del cuerpo y temperatura promedio para conocer el tiempo que lleva el cuerpo sumergido en el agua”, expresó Prueger. “Aquí hay una fuerte contradicción y evidencia de manipulación de variables, porque cuanto más baja sea la temperatura la tabla arroja mucho más días de sumersión. La temperatura que se utilizó en la experimentación de los DNI es la más cercana a la temperatura promedio que debieron haber utilizado los médicos forenses en la autopsia”, concluyó.

En rigor, los documentos a los que accedió este diario confirman lo expuesto.

Las temperaturas de las Estaciones Río Chubut- Gualjaina y Río Chubut – El Maitén, a fojas 32 del informe de la autopsia, sobre las temperaturas registradas en el período desde la desaparición hasta el hallazgo:

Fecha:  09/08/17 a las 13:05 ………….. 4,1°C

Fecha: 20/08/17 a las 12:30 …………… 3,5°C

Fecha 28/10/17 a las 13:00 ……….. 11,23°C

Temperatura Promedio 6.27°C

“De haber utilizado la temperatura promedio como indica la Tabla de REH, y no la temperatura mínima, el resultado en días de permanencia del cuerpo en el agua sería entre 20 y 30 días, coincidiendo con el informe de la palinóloga, punto 10 de la página 54 de la autopsia”, resumió el hijo de Enrique Prueger, también licenciado en criminalística.