Se trata de los jueces Mariano Nicosia, Ivana González y Alejandro Rosales que durante más de una semana estuvieron deliberando luego de las extensas jornadas de desfile de testigos y disputas entre los fiscales investigadores y los defensores de los imputados.

La misma fue resumida de la siguiente manera por el citado organismo judicial:

-“Contamos con una prueba fundamental que son los cartulares, es decir los cheques utilizados para pagar los retornos. Ahora bien no es la única prueba que hemos de contar”

– “El testigo Eduardo Loza- empresario de la construcción  propietario de la firma Emecco Loza-, refirió  con lujo de detalles como debió efectuar el pago de retornos a Diego Correa…  agregando que  fueron cinco los cheques que utilizo para el pago de retorno exigido por  el funcionario Publico… Le fueron exhibidos los cartulares 150082744 y 15008247 reconociendo de manera palmaria su firma en dichos instrumentos”.

– “Luthers refirió como anotaba los numerosos cheques narrados, detallando cómo  ese ya famoso porcentaje de 3% y 5 % , siendo esto también coincidente con los declarado  por los empresarios de la construcción Laborda Parasitada etc.”

-“En la pericia informática 593/18, 592/18 en quedó registrado de manera palmaria  la vinculación entre Federico Piccione y Diego correa, teniendo como  meta principal apropiarse del canal 9 de la ciudad de comodoro Rivadavia, no utilizando nada más y nada menos que cheques derivados de la obra pública , los cuales obtenían al exigir los retornos”.

-“El testigo Adrián Muñoz, chofer de la Unidad de Gobernador, dijo en este juicio que se encontraba a cargo de Diego Correa. A preguntas de la fiscalía narró que Diego Luthers le daba cheques para cobrar en la sucursal del Banco de la ciudad de Rawson, reconociendo sin ninguno tipo de dudas el endose realizado en dicho instrumento, comprobándose de esta manera que los choferes de dicha unidad eran usados a los fines de cobrar los cheques que prevenían de la asociación ilícita encabezada por Diego Correa”.

– “Por otro lado el accionar ilícito tanto de Diego Correa como de Martín Bortagaray queda demostrado a través del testimonio de la contadora Sandra Torres, del Instituto Provincial de la Vivienda, refiriendo que en la época que estaba Juan Martin Bortagaray de presidente, las planillas referidas a la obrar publica y en las  cuales de se disponía que pagar y eran enviadas también al secretario diego correa de la unidad del gobernador por encargo de quien era presidente,  no siendo ello para nada normal que desde un instituto autárquico como lo es el IPV se envié a un secretario de un gobernador.

-“La declaración que prestara Diego Luthers en este Juicio oral y público quien refirió que en el IPV se implementaba en mismo sistema de planillas en relación al pago de retorno por parte de empresarios de la construcción. Lo narrado no hace más que poner en evidencia la autoría de Diego Correa y la participación del hecho narrado de Juan Martín Bortagaray quien a ese momento estaba a cargo del Instituto Provincial de la Vivienda”.

Lüters fue condenado en la causa Embrujo, por haber cumplido 2/3 partes de su condena (tres años de detención cuando su condena total fue de cinco años) recuperó la libertad.

El exfuncionario de Chubut trabajó junto a Diego Correa, en la Secretaría Privada del entonces gobernador Mario Das Neves, y era secretario de la Unidad Gobernador, dependiente de Diego Correa, a quien conoció cuando era cajero del Banco Chubut en la ciudad de Trelew.

Lüters además enfrenta otro procesa judicial en la causa Revelación, donde podría volver a prisión, la causa está en la etapa de juicio. Su defensor oficial es Lisandro Benitez.

Los fiscales de la causa Embrujo fueron Alex Williams y Omar Rodríguez. La audiencia se llevó a cabo en la oficina Judicial de la ciudad de Rawson.

La causa ‘Revelación’ que investigaron los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz (este último apartado después de afrontar un jury de enjuiciamiento) ya tiene a los jueces que determinarán la culpabilidad o inocencia de varios exfuncionarios de primer rango, entre ellos de los exministros Víctor Cisterna (Jefe de Gabinete); Pablo Oca (Economía); Alejandro Pagani (Infraestructura); Martín Bortagaray (IPV); Gonzalo Carpintero (secretario privado de Mario Das Neves); Diego Correa (subsecretario de Unidad Gobernador); Diego Luthers (secretario de Correa); y los empresarios Federico Piccione, Pablo Bastida, Martín Castillo y Pablo Menedín.

Los jueces encargaron de impartir justicia en la causa por corrupción más grande de la historia de Chubut serán Ivana González de Trelew, Mariano Nicosia de Comodoro Rivadavia y José Rosales de Sarmiento.

En el juicio se conocerá si los 11 imputados formaron parte de una red de coimas que pagaban las empresas constructoras para que el gobierno provincial libere fondos por obras públicas que se habían realizado y que se estaban desarrollando.

Las principales condenas solicitadas en la pieza acusatoria son para Carpintero, Correa y Cisterna con 8 años de prisión; 7 años para Oca y Alejandro Pagani y 6 años para Luthers, Bortagaray y Piccione.

Emergencia climática

En la causa que tiene 12 imputados y que investiga presuntos sobreprecios en la compra de elementos para los damnificados por la emergencia climática que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia entre marzo y abril del año 2017, también quedó definido el Tribunal de Enjuiciamiento.

Los jueces serán Miguel Caviglia de Comodoro Rivadavia, Fabio Monti de Trelew y Jorge Novarino de Sarmiento. El Tribunal definirá la suerte de seis funcionarios públicos -al momento de los ilícitos- y seis comerciantes: Leticia Huichaqueo (ministra de Familia); Marcelo Suárez (subsecretario de Familia); Diego Correa (Unidad Gobernador); Diego Luthers (secretario de Correa); Vanina Varale (Sindicato Ama de Casas); y Cristian Orsi (Familia); en tanto que los imputados que fueron proveedores del Estado son Estanislao Finiguerra, Marta Fracaso, Cecilia Sadava, Bruno Bilbao, Guillermo Yanguela y César Hugues.    

Cabe recordar, que la jueza de garantías Mirta Moreno fue quien elevó a juicio oral y público la causa, luego de rechazar varios planteos esgrimidos por los defensores Omar López, Fabián Gabalachis y Romano Cominetti.

Mariví Das Neves saca una selfie durante el allanamiento a su domicilio.

El abogado penalista Emilio Galende representará a la viuda del gobernador Mario Das Neves y a su hija “Mariví”, confirmó el propio letrado a Radio Chubut. Galende recordó que las viviendas de ambas fueron allanadas y eso es un indicio de que están señaladas en las investigaciones por la percepción de retornos con el dinero proveniente del sobre precio en la obra pública.

Galende recordó que en el transcurso de esas diligencias se secuestró dinero en efectivo, tanto moneda nacional como extranjera, el cual está debidamente declarado por lo que no existe razón para sostener el secuestro. En rigor el penalista lo que subrayó es la predisposición de la familia del ex gobernador a “estar a derecho” y que se investigue todo lo que haya que investigar.

«La familia tiene manera de documentar el origen de los fondos secuestrados. Vamos a tratar de acreditar que ese dinero es bien habido y no tiene ninguna sospecha por lo cual el Ministerio Público Fiscal decidirá en consecuencia”, manifestó. “Desconozco si serán citados o no pero la señora Raquel Di Perna ya se presentó para estar a disposición de lo que requiera el Ministerio Público Fiscal”.

Además, el abogado fue consultado por el otro integrante de la familia, Pablo Das Neves, respecto a su posible asistencia aunque por ahora no lo ve necesario porque éste último no fue alcanzado por ningún allanamiento ni está requerido en la causa.

Galende asiste al ex ministro coordinador de gabinete, Víctor Cisterna, pidió la prisión preventiva que está cumpliendo por seis meses en la cárcel próxima a la seccional tercera de Trelew se transforme en prisión domiciliaria, atendiendo a los problemas de salud que afronta el contador. Sin embargo, el juez Sergio Piñeda rechazó esa posibilidad.

El diario La Nación publica “doce detenidos, entre ministros, secretarios, valijeros y empresarios. Doce causas conexas. Un gabinete, el del fallecido gobernador Mario Das Neves, partido al medio. Una parte tras las rejas. La otra, reconvertida en opositora del sucesor de, Mariano Arcioni. Y un botín negro que los propios contadores de la corrupción habían registrado minuciosamente en planillas de Excel y cheques fotocopiados. Hoy se estima en 800 millones de pesos. Pero podría ser más”.

Aquel 28 de agosto de 2017, la secretaria del amor roto dejó el sobre papel madera en las escaleras de la Legislatura. Estaba dirigido a tres diputados del FPV: Blas Meza Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla. Nadie quiso tocar el bulto hasta que la brigada de explosivos verificó que no era una bomba, sino papeles. Se equivocaban.

El comienzo
El sobre contenía los expedientes que mostraban cómo el gobierno provincial había malgastado 46 millones de pesos destinados a socorrer a Comodoro Rivadavia, que en marzo de 2017 había sido devastada por un alud de barro que dejó a 3000 personas sin techo.

«Recuerdo que separamos los expedientes sobre un tablón: compra de agua acá, colchones allá, y así. Empezamos a ver que muchos comercios no existían. O que a un kiosquito le habían comprado miles de botellas de agua, al doble del precio. Pero el desastre real empezó cuando revisamos las compras a los comercios serios. Eran los peores», dice Meza Evans.

Los factores
El 5 de septiembre, los diputados presentaron la denuncia penal por sobreprecios. Y en ese punto de la historia entran a tallar tres ingredientes claves. Uno es institucional: en Chubut rige el sistema acusatorio, donde prima la oralidad, que agiliza los procesos, y donde la iniciativa y la persecución de la acción penal caen sobre los fiscales.

El otro es económico: Chubut es una provincia rica en petróleo, recursos marinos y turismo, pero el Estado acumuló un déficit insostenible que la llevó a un proceso de ajuste y la paralizó: con sueldos congelados hace un año, pagos escalonados y un sinfín de penurias, los empleados públicos encaran una protesta con paros y acampes que lleva 82 días. El malestar social se electrifica ante la corrupción.

Amor. Una promesa rota. Venganza. Cargaba esas sombras cuando decidió salir de su oficina, en , para ingresar en la Legislatura provincial. En realidad, llevaba consigo algo más: un sobre papel madera, repleto de documentos que iban a desatar el mayor escándalo de corrupción provincial que recuerde la provincia y una investigación judicial que, por momentos, compite con un guion cinematográfico.

La causa
Doce detenidos, entre ministros, secretarios, valijeros y empresarios. Doce causas conexas. Un gabinete, el del fallecido gobernador Mario Das Neves, partido al medio. Una parte tras las rejas. La otra, reconvertida en opositora del sucesor de, Mariano Arcioni. Y un botín negro que los propios contadores de la corrupción habían registrado minuciosamente en planillas de Excel y cheques fotocopiados. Hoy se estima en 800 millones de pesos. Pero podría ser más.

Aquel 28 de agosto de 2017, la secretaria del amor roto dejó el sobre papel madera en las escaleras de la Legislatura. Estaba dirigido a tres diputados del FPV: Blas Meza Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla. Nadie quiso tocar el bulto hasta que la brigada de explosivos verificó que no era una bomba, sino papeles. Se equivocaban.

El sobre contenía los expedientes que mostraban cómo el gobierno provincial había malgastado 46 millones de pesos destinados a socorrer a Comodoro Rivadavia, que en marzo de 2017 había sido devastada por un alud de barro que dejó a 3000 personas sin techo.

«Recuerdo que separamos los expedientes sobre un tablón: compra de agua acá, colchones allá, y así. Empezamos a ver que muchos comercios no existían. O que a un kiosquito le habían comprado miles de botellas de agua, al doble del precio. Pero el desastre real empezó cuando revisamos las compras a los comercios serios. Eran los peores», dice Meza Evans.

El 5 de septiembre, los diputados presentaron la denuncia penal por sobreprecios. Y en ese punto de la historia entran a tallar tres ingredientes claves. Uno es institucional: en Chubut rige el sistema acusatorio, donde prima la oralidad, que agiliza los procesos, y donde la iniciativa y la persecución de la acción penal caen sobre los fiscales.

El otro es económico: Chubut es una provincia rica en petróleo, recursos marinos y turismo, pero el Estado acumuló un déficit insostenible que la llevó a un proceso de ajuste y la paralizó: con sueldos congelados hace un año, pagos escalonados y un sinfín de penurias, los empleados públicos encaran una protesta con paros y acampes que lleva 82 días. El malestar social se electrifica ante la corrupción.