El diario La Nación publica “doce detenidos, entre ministros, secretarios, valijeros y empresarios. Doce causas conexas. Un gabinete, el del fallecido gobernador Mario Das Neves, partido al medio. Una parte tras las rejas. La otra, reconvertida en opositora del sucesor de, Mariano Arcioni. Y un botín negro que los propios contadores de la corrupción habían registrado minuciosamente en planillas de Excel y cheques fotocopiados. Hoy se estima en 800 millones de pesos. Pero podría ser más”.

Aquel 28 de agosto de 2017, la secretaria del amor roto dejó el sobre papel madera en las escaleras de la Legislatura. Estaba dirigido a tres diputados del FPV: Blas Meza Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla. Nadie quiso tocar el bulto hasta que la brigada de explosivos verificó que no era una bomba, sino papeles. Se equivocaban.

El comienzo
El sobre contenía los expedientes que mostraban cómo el gobierno provincial había malgastado 46 millones de pesos destinados a socorrer a Comodoro Rivadavia, que en marzo de 2017 había sido devastada por un alud de barro que dejó a 3000 personas sin techo.

«Recuerdo que separamos los expedientes sobre un tablón: compra de agua acá, colchones allá, y así. Empezamos a ver que muchos comercios no existían. O que a un kiosquito le habían comprado miles de botellas de agua, al doble del precio. Pero el desastre real empezó cuando revisamos las compras a los comercios serios. Eran los peores», dice Meza Evans.

Los factores
El 5 de septiembre, los diputados presentaron la denuncia penal por sobreprecios. Y en ese punto de la historia entran a tallar tres ingredientes claves. Uno es institucional: en Chubut rige el sistema acusatorio, donde prima la oralidad, que agiliza los procesos, y donde la iniciativa y la persecución de la acción penal caen sobre los fiscales.

El otro es económico: Chubut es una provincia rica en petróleo, recursos marinos y turismo, pero el Estado acumuló un déficit insostenible que la llevó a un proceso de ajuste y la paralizó: con sueldos congelados hace un año, pagos escalonados y un sinfín de penurias, los empleados públicos encaran una protesta con paros y acampes que lleva 82 días. El malestar social se electrifica ante la corrupción.

Amor. Una promesa rota. Venganza. Cargaba esas sombras cuando decidió salir de su oficina, en , para ingresar en la Legislatura provincial. En realidad, llevaba consigo algo más: un sobre papel madera, repleto de documentos que iban a desatar el mayor escándalo de corrupción provincial que recuerde la provincia y una investigación judicial que, por momentos, compite con un guion cinematográfico.

La causa
Doce detenidos, entre ministros, secretarios, valijeros y empresarios. Doce causas conexas. Un gabinete, el del fallecido gobernador Mario Das Neves, partido al medio. Una parte tras las rejas. La otra, reconvertida en opositora del sucesor de, Mariano Arcioni. Y un botín negro que los propios contadores de la corrupción habían registrado minuciosamente en planillas de Excel y cheques fotocopiados. Hoy se estima en 800 millones de pesos. Pero podría ser más.

Aquel 28 de agosto de 2017, la secretaria del amor roto dejó el sobre papel madera en las escaleras de la Legislatura. Estaba dirigido a tres diputados del FPV: Blas Meza Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla. Nadie quiso tocar el bulto hasta que la brigada de explosivos verificó que no era una bomba, sino papeles. Se equivocaban.

El sobre contenía los expedientes que mostraban cómo el gobierno provincial había malgastado 46 millones de pesos destinados a socorrer a Comodoro Rivadavia, que en marzo de 2017 había sido devastada por un alud de barro que dejó a 3000 personas sin techo.

«Recuerdo que separamos los expedientes sobre un tablón: compra de agua acá, colchones allá, y así. Empezamos a ver que muchos comercios no existían. O que a un kiosquito le habían comprado miles de botellas de agua, al doble del precio. Pero el desastre real empezó cuando revisamos las compras a los comercios serios. Eran los peores», dice Meza Evans.

El 5 de septiembre, los diputados presentaron la denuncia penal por sobreprecios. Y en ese punto de la historia entran a tallar tres ingredientes claves. Uno es institucional: en Chubut rige el sistema acusatorio, donde prima la oralidad, que agiliza los procesos, y donde la iniciativa y la persecución de la acción penal caen sobre los fiscales.

El otro es económico: Chubut es una provincia rica en petróleo, recursos marinos y turismo, pero el Estado acumuló un déficit insostenible que la llevó a un proceso de ajuste y la paralizó: con sueldos congelados hace un año, pagos escalonados y un sinfín de penurias, los empleados públicos encaran una protesta con paros y acampes que lleva 82 días. El malestar social se electrifica ante la corrupción.

Cruce de los datos de las planillas Excel que tenía el ex titular de la Unidad Gobernador, Diego Correa.

El diputado provincial Blas Meza Evans (FPV), como uno de los querellantes en la Causa Correa, adelantó que están trabajando en un cruce de datos para determinar si el endeudamiento tomado por el gobierno provincial en 2016, se utilizó para pagar sobresueldos de la obra pública.

«Ahora comenzamos a hacer un cruce, es un trabajo que no sé si el MPF lo está haciendo, a ver si los 650 millones de dólares del endeudamiento al principio de la gestión de (Mario) Das Neves, calzan con algunos de los pagos importantes a empresas constructoras que estén registrados después con retornos en la contabilidad de (Diego) Luther», en las ya conocidas planillas Excel secuestradas, adelantó ayer Meza Evans en declaraciones a LU20.

«La metodología en el fondo siempre es la misma. Es un sobreprecio en la obra pública y un pacto con un funcionario para devolverle la parte del sobreprecio», señaló el diputado provincial.