“Ya lo dijo el Presidente, con el impacto de la inflación y de algunas medidas económicas, claramente el próximo puede ser un índice que dé un poco peor que el ultimo que se anunció”, dijo ayer la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, para adelantarse a lo que será una fuerte suba en la medición de pobreza. Especialistas consultados por este diario advierten que en el último año 2,5 millones de personas en todo el país empeoraron su posición económica y pasaron a ser pobres en términos de su ingreso monetario. Ese número se basa en una estimación porcentual de pobreza por ingresos del 33/33,5 por ciento para el cuarto trimestre del año pasado, lo cual implica un fuerte incremento respecto al mismo período de 2017, cuando se registró una tasa de pobreza del 26,3 por ciento.

“Vamos a esperar los números que dé el Indec y en ese momento, como hacemos siempre, explicaremos qué es lo que pasó y cómo vamos a seguir trabajando. El año pasado, a raíz de una inflación un poco más alta de la esperada, priorizamos estar al lado de las familias”, sostuvo Stanley. A fines de marzo, el Indec publicará el dato de pobreza en la medición semestral. Se espera que el dato del segundo semestre del año pasado ronde el 31,5 por ciento, por encima del 25,6 del mismo período de 2017.

Según el Indec, el índice general de salarios tuvo en noviembre de 2018 una suba nominal del 27,9 por ciento frente al mismo período de 2017, mientras que la inflación general de ese período fue del 48,5 por ciento y el incremento de los precios de la canasta de pobreza, del 52,9 por ciento, lo cual implica una diferencia de 25 puntos frente a los salarios. Además, los jubilados comenzaron 2018 con un haber mínimo de 7246 pesos que ahora está en 9300 pesos, un alza del 28,3 por ciento, 20 puntos por detrás de la inflación general. Al mismo tiempo, el indicador de la Secretaría de Trabajo arrojó un deterioro del empleo del 2,3 por ciento en 2018.

En base a esos datos parciales, el sociólogo y especialista en estadísticas sociales Diego Born calculó que la pobreza en el segundo semestre de 2018 se ubicó en el 31,5 por ciento, lo cual implica un incremento de 5,9 puntos en la comparación interanual. Además, calculó que en el cuarto trimestre la pobreza se ubicó en el 33/33,5 por ciento, siete puntos más frente al mismo período del año previo. En términos absolutos, serían 2,5 millones de personas que pasaron a ser pobres, ya que cada punto de aumento equivale a 450 mil personas en todo el país. En tanto, el investigador del Conicet Daniel Schteingart coincide en que la pobreza en 2018 tuvo un aumento de siete puntos porcentuales, mientras que el Observatorio Social de la UCA midió un aumento de la pobreza algo menor, aunque el punto de llegada es el mismo: 33,6 por ciento.

“Ayer hablé con Jorge Todesca –titular del Indec– con quien venimos trabajando desde el principio, y le dije que este gobierno busca transparentar los datos, hablar con la verdad, que es la única manera de poder transformar la realidad, y desde ese lugar respetamos el trabajo que viene haciendo el Indec, un trabajo independiente que finalmente pudo volver a medir la pobreza”, señaló ayer Stanley.

Uno de los temas recurrentes de la confección de indicadores es la medición multidimensional de la pobreza, que supone incorporar elementos que exceden al ingreso monetario, tales como el acceso a la educación, la salud y la infraestructura básica. La titular de la cartera de Salud y Desarrollo Social mencionó que “hoy por hoy, lo que hace el Indec en medición de la pobreza es el índice que respetamos, que valoramos, y a través del cual seguimos midiendo la pobreza en la Argentina”.

Según la última medición multidimensional de la pobreza que confeccionó Unicef Argentina, el 48 por ciento de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina son pobres, proporción que se ubica en el 38 por ciento para la población total. El organismo que depende de Naciones Unidas considera que al menos una carencia en cuestiones educativas, de protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua segura y hábitat seguro es suficiente para que el hogar sea considerado pobre desde un punto de vista multidimensional.

La agencia Télam confirmó hoy que se elevaron a 14 las muertes por hantavirus, por el fallecimiento de dos mujeres, una en Chubut y la otra, la primera víctima fatal en la provincia de Buenos Aires. El caso en La Plata es el de una mujer de 34 años, oriunda de la ciudad bonaerense de Castelli, quien estaba internada en una clínica de la capital bonaerense, a la que había ingresado en grave estado. La noticia sobre esta muerte fue confirmada a la agencia Télam por fuentes del Ministerio de Salud provincial. La paciente estaba afectada por hantavirus, según confirmaron los estudios realizados en el Instituto Malbrán. La mujer fue identificada como Tays Pérez, quien trabajaba en una empresa agrícola-industrial. Todo indicaría que contrajo la enfermedad por desempeñarse en lugares donde habitan los roedores que transmiten la enfermedad. El de la mujer fallecida es el sexto caso confirmado que fue detectado en el territorios bonaerense. A la muerte en La Plata se suman otras trece en el país, once en Epuyén, Chubut; una en Tartagal, Salta; y otra en Entre Ríos.

Según la agencia estatal, Macri llamó al jefe comunal de Epuyén Antonio Reato: «Hoy hablé con el presidente Macri y me sorprendió gratamente. Le agradecí la llamada y ya le transmití su mensaje a toda la comunidad», reveló Reato.

En este sentido, agregó: «Es importante tener su apoyo, al igual que el apoyo de otros funcionarios del gobierno nacional, como el de la ministra (Carolina) Stanley y el de Sergio Wisky, legislador de Río Negro. Ahora lo que más esperamos y deseamos es que no aparezcan nuevos casos de hantavirus».

Hablando de Stanley…

El portal El cohete a la Luna, disparó: En 2018, el presupuesto asignado para el Programa de Prevención y Control de Enfermedades Endémicas fue de $ 345.497.932, cifra que se redujo en un 37% para 2019, donde el mismo ítem figura con $ 219.025.822.

En lo que hace a la partida asignada por Nación a la provincia de Chubut para prevenir las enfermedades zoonóticas, en el año 2017 se asignó la suma de $1.800.000. Al 31 de diciembre de 2017 la subejecución era del 100%: el gobierno no ejecutó ni un centavo. Para 2018 Chubut fue eliminada del listado de provincias con presupuesto asignado desde Nación.

El costo del ahorro del gobierno en la prevención y control del Hantavirus en Chubut fue altísimo, ya que a las pérdidas humanas se le suma ahora un reclamo del sector turístico que asegura haber perdido 2.400 millones de pesos a raíz del brote.

Todo habría comenzado en una fiesta de 15 años el 3 de noviembre

El medio dirigido por Horacio Verbitsky, filtró un detalle interesante sobre el determinante ‘Caso índice’, un trabajador rural:

Las autoridades sanitarias del hospital público local y del de Esquel, cabecera de la zona de influencia que comprende a más de 80.000 habitantes, así como la conducción del ministerio de Salud de Chubut (a cargo de Nicolás Pizzi), están seriamente cuestionadas por espacios de la comunidad que acumulan un sinnúmero de reclamos por la severa crisis sanitaria. El cuestionamiento alcanza también a la cartera de Gobierno que pretendió imponer un cerco policial a la población en riesgo, y a los gobiernos municipales que pretenden desarticular toda gestión autogestiva de la población y ven amenazas partidarias en las acciones políticas de base.

El origen del brote es uno de los elementos a determinar. Mientras las autoridades sanitarias sitúan el inicio de “la contingencia epidemiológica” el 3 de diciembre pasado, la reconstrucción de familiares y amigos de las víctimas permite asegurar que por lo menos un mes antes se generó el primer escenario de contagio. Lo confirman los cuadros oficiales que analizan los eslabones a partir del caso índice.

El 3 de noviembre fue la fiesta de cumpleaños de 15 años a la que asistió un hombre adulto, trabajador rural (llamado “caso índice”), que durante varios días fue al hospital local a tratarse por el cuadro que recién ocho días después empezó a considerarse como hanta. Compartió la mesa con cinco personas más, dos de las cuales fallecieron.

Su nieta de 14 años es la primera víctima fatal; presentó síntomas 22 días después de la fiesta y falleció el 2 de diciembre. También enfermaron dos varones: un adolescente compañero de curso que sobrevivió y el abuelo de la jovencita del cumpleaños, que falleció, según el mapeo del primer anillo de contagio que va completando la propia comunidad en un ejercicio difícil pero imprescindible en el aprendizaje colectivo.

Aldo Valle se convirtió en la segunda víctima fatal. Durante varios días fue y vino al hospital, reconstruyó Nelson Avalos, periodista asentado en el área rural e integrante de esta familia que quedó diezmada. Fallecieron dos hijas y un hijo de 16 años; su compañera estuvo enferma y se recuperó. Todos acompañaron y cuidaron a Aldo en los hospitales de Epuyén y Esquel donde no se cumplieron medidas de seguridad, ni para los familiares, para otros pacientes, ni para el personal hospitalario. No se utilizó el protocolo de aislamiento de los enfermos o contagiados hasta muy avanzado el brote, asegura Avalos de acuerdo a su propia experiencia durante todas esas semanas, incluído el velatorio de su primo Aldo el 11 de diciembre.

La policía tiene miedo por inseguridad (sanitaria)

Cuando el brote era inocultable, el gobierno provincial dispuso el envío de policías para obligar a un grupo de afectados a cumplir con una cuarentena. Varios efectivos policías presentaron carpetas médicas para evitar una misión estilo “cascos blancos” y otros argumentaron que no existían garantías sanitarias para ellos mismos. Se sumó el malestar por la decisión de sostener una medida sanitaria con prácticas policiales, en una zona ya militarizada. El Poder Judicial salió en auxilio del Ejecutivo; la Fiscalía de la circunscripción hizo una presentación y un juez penal dispuso la presencia policial y ordenó otras medidas, con fundamentaciones y precisiones que no fueron difundidas.

Queda para cuando se supere la crisis del brote analizar la concepción autoritaria y persecutoria que supone centrar en el enfermo la responsabilidad de no propagar la enfermedad. Muchos de los aislados no están en condiciones económicas de cumplir la cuarentena, ya que son cuentapropistas. Los vecinos y organizaciones locales (ATE, CTA Autónoma, ATECH, APDH) hicieron rápido ese análisis y promovieron campañas de aporte de dinero y de recursos de consumo diario para familias completas. De todos modos, en nombre de la seguridad sanitaria el gobierno local hizo lo imposible por bloquear la relación directa de los grupos solidarios con las familias en aislamiento, aseguran testimonios de la localidad.

Stanley sigue en la mira

Merece destacarse cómo la ministra Carolina Stanley ni siquiera hace la simulación de tener algo que ver con el desarrollo de las políticas sanitarias. Entonces cabe referirse al espacio como secretaría o ex ministerio.

El ex Ministerio de Salud tiene dos áreas cuyas funciones se relacionan con el control, prevención y manejo de enfermedades endemo-epidémicas, como el Hantavirus. A su vez, el ANLIS-Malbrán, un organismo científico técnico descentralizado dependiente del ex Ministerio, tiene también dos áreas que se dedican al tema. Analizando la evolución del presupuesto nacional desde el 2016 hasta la fecha, podemos observar:

• Administración nacional de laboratorios e institutos de salud “Dr. Carlos Malbrán” (ANLIS – Malbrán): tiene entre sus funciones realizar la vigilancia e investigación epidemiológica y clínica de enfermedades transmisibles y no transmisibles. El recorte acumulado entre 2016 y 2019 en el presupuesto del área es 35,73%.

• Programa de Investigación, desarrollo y servicio en virosis humanas del ANLIS, acumula una reducción de 28,28% en el presupuesto de 2016 y 2019.

• Programa de prevención y control de enfermedades endémicas del ex Ministerio de Salud, su presupuesto se ha visto reducido en un 72% entre 2016 y 2019.

• Área de prevención epidemiológica y control de enfermedades agudas del ex Ministerio de Salud, acumula una reducción presupuestaria del 80,72% entre 2016 y 2019.

Aunque los casos comenzaron a mediados de noviembre, el alerta epidemiológica emitida por la Secretaría de Gobierno en Salud se demoró hasta el 19 de diciembre, luego de la aparición en algunos medios de comunicación. Las medidas concretas tardaron todavía más y el presupuesto para trabajo en terreno aún aguarda su concreción. Sin embargo, y dada la posible transmisión entre personas del virus, una orden judicial indicó el aislamiento preventivo de 85 ciudadanos. Para garantizarlo se han enviado 40 policías de ciudades cercanas y el incumplimiento se penalizaría con prisión de 6 meses a 2 años.