No es que sus antecesores tuvieran relación cero con el poder real. O ya la tenían o la fueron construyendo desde la propia Corte. Es el caso del propio Ricardo Lorenzetti. O de Ricardo Levene y Julio Nazareno en tiempos de Carlos Menem. Pero en todo caso se trataba de un vínculo mediado por las relaciones políticas, característica que puede hacerse extensiva al resto de los miembros del tribunal supremo. Es un hecho evidente en el caso de juristas como el peronista Enrique Petracchi, el radical Augusto Belluscio o el jurista de simpatías kirchneristas Eugenio Raúl Zaffaroni.

Cerca de cumplir los 60 el 28 de octubre, Rosenkrantz también tiene un origen político. Fue miembro del grupo que en el alfonsinismo era conocido como “los filósofos”. Lo lideraba Carlos Nino y nucleó jóvenes abogados con intervenciones tan dispares como el Juicio a las Juntas o el Consejo de Consolidación de la Democracia.

Como otros juristas, incluyendo al propio Lorenzetti, Rosenkrantz hizo su construcción académica. Cuando Mauricio Macri lo buscó para ser miembro de la Corte Suprema era rector de la Universidad de San Andrés. Su nominación fue recibida con alegría por sus colegas corporativos del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, una ONG con fuerte influencia de las grandes empresas conocida entre los abogados como “El colegito de la calle Montevideo” por su ubicación.

En un primer momento Rosenkrantz aceptó ser designado por decreto de necesidad y urgencia. La forma fue revisada por el Presidente, que al final siguió el procedimiento tradicional de propuesta al Senado y escrutinio público, pero la aceptación inicial del DNU le generó algunas de las 1400 críticas en las audiencias de confirmación.

Su influencia en el foro venía del ejercicio de la abogacía corporativa en el gran estudio Bouzat, Rosenkrantz y asociados. Sus clientes eran numerosos. Y poderosos. Entre ellos, el Grupo Clarín y La Nación. Vale la pena citar la lista completa de fines de 2015, porque luego fue quitada de la web. Son  5 a séc S.A., Aconcagua Ventures, Alta Comercial y de Transporte S.A., Altana Films S.A., América TV, Arcos Dorados S.A. (McDonald’s), Arisco S.A., Astilleros Corrientes S.A., Avila Inversora S.A., Café Martínez, Cablevisión S.A., Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), Cervecería y Maltería Quilmes S.A., Christian Lacroix, Claro (AMX Argentina S.A. y Telmex Argentina S.A.), Clee, Clínica del Buen Ayre S.A., Clínica IMA, Control Systems International, Core Security Technologies, Cruz Blanca S.A.

Darcom S.A., De Giacomo, Entidad Binacional Yacyretá, Escuela Argentina de Negocios S.A., Faraday S.A., Figueras Seating Argentina S.A., Freddo, Fundación Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, GNC Galileo S.A., Grupo Clarín S.A. GP Investments Ltd., Grupo Modelo S.A., Grupo de Narvaez S.A., Grupo Piero, Hero Communications Inc., HWF Capital L.P. Instituto Médico Antártida S.A., Anheuser-Busch InBev, Magnesita Refractarios S.A., La Nación, La Rural Predio Ferial de Palermo, La Vascongada S.A., Marítima San José S.A., McDonald’s Corporation, Mil Producciones S.R.L., Musimundo, MV Producciones S.R.L., Neptuno Viajes S.R.L., Networld Communications Inc., Oromin Explorations Ltd., PAE, Patagon.com, PBB Polisur S.A. (Dow Chemical), Pegasus Venture Capital Partners I L.P., Petroquímica Cuyo S.A., Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Rumbo Norte S.A., Sanatorio Profesor Itoiz S.A., Santa Maria del Plata (IRSA), Satlink S.A., SGS Argentina S.A., Total Médica Medicina Prepaga S.A., Velleman & Tas BV e YPF S.A.

Tal como informara el diario porteño PáginaI12, fuente de esta columna de opinión, Rosenkrantz fue el impulsor del fallo que en la Corte Suprema benefició con el cómputo del dos por uno al represor Luis Muiña, miembro de un comando que operó en el Hospital Posadas de Haedo en marzo de 1976.

Rosenkrantz juró el 22 de agosto de 2016. El 28 de septiembre ya estaba trabajando para aplicar el dos por uno a secuestradores, torturadores y asesinos. El fallo del dos por uno fue firmado el 3 de mayo de 2017 por Rosenkrantz y por el otro ministro propuesto por Macri, Horacio Rosatti. Se agregó Elena Highton de Nolasco. Votaron en disidencia Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Fue clave Federico Morgenstern, un integrante de su equipo de letrados, que son los encargados de investigar la jurisprudencia y redactar los borradores de un voto que luego corrige y firma el ministro. Antes de revistar con Rosenkrantz, Morgenstern trabajó como prosecretario de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal junto con Martín Irurzun. Cuando Rosenkrantz fue ungido ministro de la Corte se lo llevó con él. Es autor de la doctrina de la cosa juzgada írrita, que estimula la reapertura de causas por corrupción.

Según la impugnación del Centro de Estudios Legales y Sociales, tanto Rosenkrantz como Rosatti eran cuestionables por sus “posturas regresivas en temas vinculados a la protección de derechos y la aplicación de derecho internacional de los derechos humanos, así como por sus posiciones respecto de la relación entre el derecho, la política, el mercado y el Estado”.

En febrero de 2017 la Corte Suprema, con sus dos nuevos integrantes a la cabeza, puso en duda la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fontevecchia. En mayo el fallo en favor de Muiña despertó tal reacción popular que una semana después el Congreso debió sancionar una ley contra el dos por uno.

La pulseada es financiera, jurídica e institucional. Y, sobre todo, permanente.

Abogado de 59 años, recibido con honores en la Universidad de Buenos Aires en 1983, Rosenkrantz completó su carrera en los Estados Unidos. Con la naciente democracia integró junto a otros jóvenes juristas un grupo liderado por Carlos Nino, que influyó en varias iniciativas legales del presidente Raúl Alfonsín. En 1991 representó a la Comunidad Homosexual Argentina en un litigio contra la Inspección General de Justicia menemista, que con argumentos homofóbicos pretendía denegarle la personería jurídica. En 1994 trabajó como asesor de la Convención Constituyente de Santa Fe.

En los años previos al desembarco en la Corte, lejos de aquellas causas, patrocinó desde el estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados a empresas nacionales y multinacionales, en muchos casos en juicios contra el Estado. Entre el listado de clientes que desapareció del portal del estudio cuando la prensa comenzó a hurgar en su pasado estaban Clarín, La Nación, McDonald’s, YPF, Cablevisión, América TV y La Rural de Palermo. En paralelo desde 2008 se desempeñó como rector de la Universidad de San Andrés.

El decreto de Macri para sentarlo en la Corte (junto con Horacio Rosatti) sin el aval del Senado generó un escándalo que derivó en la marcha atrás y el respeto de los pasos legales. La mayor parte de las impugnaciones provinieron de organismos. El CELS advirtió su reticencia a aplicar el derecho internacional de los derechos humanos (en particular los antecedentes que derivaron en los fallos que declararon inconstitucionales las leyes de impunidad), su rechazó a que los tribunales se pronuncien sobre la obligación estatal de garantizar derechos económicos y sociales, y su interpretación restrictiva del derecho a la protesta.

En las audiencias en el Congreso, Rosenkrantz afirmó que jamás hubiera aceptado jurar ante la Corte sin previo acuerdo del Senado, afirmación que no solo contradijo su silencio tras el decreto de Macri sino también la palabra del ministro Germán Garavano, que en varias entrevistas confesó haber consensuado la medida con ambos candidatos. En junio de 2016 el Senado aprobó su pliego por 58 votos a favor y 12 en contra. El 22 de agosto juró por “la patria y el honor”, levantó los brazos en señal de triunfo y ordenó sacar a los periodistas de la sala para que no hubiera testigos molestos de los abrazos con quienes celebraban su designación. Entre los presentes estaba el jefe de gabinete Marcos Peña, a quien asesoró sobre cómo moverse en ámbitos académicos, según narró Hernán Iglesias Illia en su libro “Cambiamos”.

La nueva impronta en la Corte se transparentó en febrero de 2017, cuando una nueva mayoría cambio la jurisprudencia en relación al sistema interamericano. En un caso de libertad de expresión, los supremos dispusieron que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son de cumplimiento obligatorio. En abril ordenó revocar una sentencia que había dejado sin efecto el arresto domiciliario de un militar condenado por crímenes de lesa humanidad. El 3 de mayo, junto con Rosatti y Elena Highton, firmó el fallo para aplicar el 2×1 (computar dobles los días en prisión sin sentencia firme) a condenados por delitos de lesa humanidad. Una semana después cientos de miles de personas se manifestaron en plazas de todo el país en respaldo al reclamo de los organismos, el Congreso aprobó en tiempo récord una limitación expresa a la aplicación de ese beneficio y hasta el gobierno, que había avalado la decisión, tomó distancia del fallo que había gestionado en las sombras el ahora presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Ricardo Lorenzetti dejará de presidir la Corte Suprema después de once años, tras una votación interna que recortó su mandato, que debía terminar el 31 de diciembre pero culminará el último día de septiembre. El nombre del sucesor elegido, Carlos Rosenkrantz, permite entender que desde el punto de vista político lo ocurrido representa un fuerte triunfo del Gobierno, que encontraba en Lorenzetti una amenaza constante, no sólo a través de fallos pendientes sino por sus muestras de aspiración personal. Rosenkrantz, uno de los dos jueces que Mauricio Macri intentó nombrar por decreto (aunque finalmente debió intervenir el Senado), tiene como sello personal el de haber sido abogado de un amplio abanico de grandes empresas y llegó al máximo tribunal postulado por un hombre ligado a esas corporaciones y clave en la mesa chica de asuntos judiciales del Presidente, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.  Ya como juez, fue promotor de la sentencia que estableció el beneficio del 2×1 para los genocidas que intentó poner en jaque el modelo de “memoria, verdad y justicia”, y nunca fue revertido  por la Corte pese a la condena social. En Tribunales reina la impresión de que la cabeza del Poder Judicial va camino a retrotraerse a una modalidad hermética, con un nuevo titular de buenos vínculos con el establishment, además de afinidad con la Casa Rosada.

Los mismos tres jueces que votaron el 2×1 para los genocidas en mayo del año pasado, son los que llegaron al acuerdo de la Corte de ayer con la decisión de desbancar a Lorenzetti: además de Rosenkrantz, la jueza Elena Highton de Nolasco –quien le debe al Gobierno su continuidad en el tribunal después de la edad jubilatoria de 75 años– y Horacio Rosatti, el otro juez nombrado por Macri, en su caso a instancias de Elisa Carrió. La dirigente de la alianza gobernante fue una de las que más celebró la decisión de ayer (ver recuadro).

Desde varias semanas antes, el propio presidente saliente planteaba a sus colegas que se debía hacer la elección de autoridades para “dar muestras de fortaleza”. Ese era un concepto recurrente de Lorenzetti, que entre sus consejos habituales a los jueces de Comodoro Py –los reyes de las causas con efecto sobre la vida política– les planteaba que su gran fuente de poder era el de generar miedo. Cuidaba celosamente, de todos modos, su relación con el mundo empresario y se juntaba a comer con los principales referentes. Sin embargo, algo se quebró, y en el Palacio de Justicia, en varios despachos las deducciones señalaban que el respaldo público a la causa de las fotocopias de los cuadernos, que empiezan a apuntar a la familia Macri, así como la difusión de un anuncio de procesamientos aún no dispuestos, influyó en su suerte. El establishment se volcó a jugar su partido con el Gobierno, confiado en esencia en que se carguen las tintas contra Cristina Fernández.

La insistencia en precipitar la elección de autoridades finalmente puede haberse vuelto en contra de Lorenzetti. En el acuerdo de ayer dijo que quería seguir en la presidencia, pero sus colegas le exhibieron una larga lista de reclamos y reproches. La reunión duró casi cuatro horas, algo inusual. En el plano institucional, plantearon la mala imagen del Poder Judicial –que las encuestas sitúan en un rechazo del 70 por ciento–, la gestión personalista y su amague con convertirse en una alternativa política en un escenario de debilidad del Gobierno. También el cajoneo de causas por largos períodos como herramienta de presión, la falta de avances en supuestos compromisos de reforma –algunos pactados con el Gobierno– como la renuncia a privilegios (como el pago de impuesto a las ganancias, que rige a medias) y la extensión del horario de tribunales, incluso el cambio del régimen de feria, y los esfuerzos puestos en estructuras como la de las escuchas telefónicas (para la que pidió cuatro veces más de presupuesto). El hecho de que la mayoría suprema de la era Macri pida pluralismo en el manejo de las decisiones internas, no implica una apertura hacia la sociedad ni a sus necesidades. De hecho, todo se encamina en sentido inverso, como con los juicios laborales, con mayoría de fallos contrarios a los trabajadores. Rosenkrantz trata de mostrar bajo perfil y no es afecto a comunicar. El día de su jura impidió el ingreso de periodistas a la sala donde se realizaba la ceremonia. Un abismo respecto de Lorenzetti.

Highton, que en otro tiempo fue una aliada de Lorenzetti a quien acompañó como vicepresidenta, puso sobre la mesa ayer la candidatura de Rosenkrantz. Este la propuso a ella como su vice. Se votaron mutuamente, luego apoyó Rosatti, y también Lorenzetti, quien optó por la diplomacia para quedar menos expuesto. Juan Carlos Maqueda, en cambio, propuso un nuevo mandato para Lorenzetti. La acordada no explicita las razones por las que se resolvió cortar antes el mandato. Solo dice que aunque el mandato vencería el 31 de diciembre “es aconsejable, mediante la presente acordada, excepcionar en este caso lo dispuesto por el reglamento de tal modo que las nuevas autoridades comiencen su mandato de 3 años a partir del 1 de octubre”.

El Gobierno dejó expuesta su intención de empujar la caída de Lorenzetti en junio pasado, cuando hizo circular versiones de que dejaría la presidencia después de un almuerzo con Macri en la Casa Rosada. En ese entonces, rápidamente llegó una desmentida, pero la tensión se percibía. Eran días en que crecía la preocupación oficial por los juicios de jubilados que reclaman actualizaciones: ya hay unas 150.000 demandas pendientes y los supremos demoran la decisión. Los antecedentes supremos no ayudan al Gobierno, ya que la Corte supo respaldar el índice ISBIC (el de salario de la industria y la construcción) que Anses no quiere aplicar, ya que el RIPTE, que arroja haberes inferiores. Fue un tema clave –aún pendiente– en la pulseada, pero no el único.

Desde fines de 2015 la Corte jugó en línea con el Ejecutivo en temas como los juicios laborales (donde Rosenkrantz siempre vota a favor de las empresas o no vota), pero no ha sido lineal en asuntos como el de los tarifazos. Por otro lado, todo se encamina hacia el crecimiento de reclamos vinculados con derechos sociales (salud, vivienda, educación, entre otros). El manejo de la agenda pasará ahora a manos de Rosenkrantz y Highton. El temario también incluirá la discusión sobre las prisiones sin juicio, el Correo Gate, el caso para que Farmacity opere en provincia de Buenos Aires y llegarán los cuadernos.

El ocaso de Lorenzetti empezó ya en el último año del gobierno de CFK, pese a que estaba enfrentado a ella. Por eso convocó a una elección de autoridades anticipadísima: se hizo en abril, cuando además la salida de Carlos Fayt era un hecho pero necesitaba su voto. Ahí se lo eligió para el mandato que debería terminar a fin de este año. La llegada de Rosenkrantz y Rosatti, que encarnó la primera medida importante del gobierno de Macri, empezó a jaquear el poderío que construyó durante más de una década. Las denuncias de Carrió fueron de las peores pesadillas para el supremo. El fallo que mandó la causa de Alberto Nisman al fuero federal, fue sello inaugural de la nueva Corte. Pero lo que marcó su impronta renovada y un nuevo mapa de poder interno que demostró las ambiciones de Rosenkrantz, fue el del 2×1. Lorenzetti fue parte de una Corte ejemplar, inaugurada por Néstor Kirchner, que construyó una jurisprudencia caracterizada por ampliar derechos cuya desconfiguración empieza a perfeccionarse.