El bloque de diputados kirchneristas pidió la exclusión de las legisladoras oficialistas Elisa Carrió y Paula Oliveto de la Cámara baja por “inhabilidad moral”, tras conocer sus vínculos con la red de espionaje ilegal que investiga el juez federal Alejo Ramos Padilla.

“Surge en el expediente que ambas diputadas habrían estado, al menos, en conocimiento de las actividades de inteligencia ilegal realizadas por una organización paraestatal, pudiendo haber hecho uso de dicha ‘información’ o participado de dicha actividad”, sostuvieron los representantes del FPV-PJ.

Según argumentaron desde la bancada opositora, la jefa de la Coalición Cívica y su mano derecha podrían ser excluidas del Congreso por “inhabilidad moral sobreviniente en el ejercicio de sus funciones”, en virtud de lo expresado en el artículo 66 de la Constitución Nacional.

Los solicitantes aseguraron que si conocían el funcionamiento de un aparato paraestatal de inteligencia, tal como revelan las pruebas recolectadas por Ramos Padilla en la pesquisa contra Marcelo D’Alessio,ellas debían denunciarlo ante la Justicia. “El deber de todo funcionario público (es) denunciar los delitos que conozcan en el ejercicio de sus funciones (art. 177, inc. a) del Código Procesal Penal de la Nación”,señalaron en los fundamentos del proyecto de resolución.

En su visita a la comisión de Libertad de Expresión, el juez Padilla evidenció que Carrió estaba al tanto de las maniobras de D’Alessio. “La primera publicación que se conoce y que está en la resolución es un tuit de la diputada Carrió que señalaba que esta investigación era una operación”, dijo el magistrado, y mostró una conversación de Whatsapp donde el falso abogado y presunto inorgánico de la AFI dice: “Yo hice cosas con ella y con Paula Oliveto”.

Oliveto está más comprometida. Surge de la causa que se tramita en Dolores que la diputada recibió dos mensajes de audio de D’Alessio, posteriores al allanamiento ordenado por el juez Padilla, donde se trata con motes familiares como “Pau” y “Negra”, y le habla de hacerle llegar grabaciones y videos presuntamente obtenidos de manera ilegal.

Aunque ninguna de las dos diputadas está actualmente imputada, no se descarta que en los próximos días sean llamadas a declarar como testigos. Si la exclusión no avanza, el proyecto de resolución contempla además la corrección disciplinaria, la remoción o la renuncia.

Esta semana Carrió quedó envuelta en otro escándalo. Durante una charla organizada por el Instituto Hannah Arendt, donde también estuvo Olivetto, increpó a integrantes del canal de noticias C5N presentes en el acto y los acusó de “delincuentes”.

«¿Dónde están los delincuentes de C5N?», preguntó Carrió con micrófono en mano y ante todos los invitados, cuando detectó el ingreso del cronista de la señal, Lautaro Maislin. «¿Dónde están los delincuentes de C5N?Parte de la delincuencia argentina», arremetió.

Instalado el clima hostil para la prensa en el instituto fundado en recordatorio a la periodista víctima de la privación de derechos y la persecución, el cronista esperó a que finalice el encuentro para entablar un diálogo con la diputada. Sin embargo, a la salida del Hannah Arendt, Carrió esquivó la pregunta sobre su relación con D’Alessio y le repreguntó a Maislin, con sorna: «¿Les paga Cristóbal López o no les paga?».

El interrogante que lanzó la jefa de la CC tiene respuesta. Desde el 6 de febrero que por orden de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que integran los jueces Gerardo Vassallo, Pablo Heredia y Juan Garibotto están bloqueadas las cuentas de carácter «inembargable» para pagar los sueldos de los medios del ex Grupo Indalo, entre ellos el canal C5N, el portal Minuto Uno y las radios. La pregunta que hizo Maislin, todavía no.

“No se ignora que la decisión aquí adoptada, podría dificultar el pago de salarios y demás cargas laborales de devengamiento posconcursal que corresponde a la planta de empleados de la concursada. Tampoco se ignora la índole alimentaria de tales conceptos”, señala la sentencia del juzgado al aceptar que la resolución pone en jaque a miles de familias.

Por el proceso judicial que enfrenta C5N, las cuentas de la empresa están embargadas desde hace más de un año, con lo cual los empleados están cobrando los salarios en cuotas, a través del cambio de cheques de publicidad de financieras. En ese marco, el juez Cosentino había exhortado a la creación de una cuenta exclusiva para el pago de los sueldos para que no se vea afectada la continuidad de las fuentes de trabajo. “Cuando estaba todo dispuesto para la apertura de dicha cuenta, que significaría que quienes pertenecemos a C5N podamos empezar a percibir nuestros salarios de una manera más normal, la AFIP presentó una apelación ante la Cámara Nacional en lo Comercial para que esa cuenta no pueda abrirse o, caso contrario, sea embargada”, explica la comisión gremial del canal.

El titular del bloque del FpV, Agustín Rossi, firmante junto a Leopoldo Moreau, Rodrigo Rodríguez y Pablo Carro, señaló que “hay una intención de que la voz de C5N se apague”. “No nos parece casual que los medios de comunicación que tienen una mirada crítica hacia el Gobierno son los que siempre han sido hostigados durante la gestión del Gobierno e Mauricio Macri”, agregó Rossi.

De acuerdo a los trabajadores, la apelación de la AFIP vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y también el Convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empresario.

La cuenta embargada iba a ser supervisada por un síndico y una veeduría, pero Vasallo, Garibotto y Heredia fallaron ayer a favor de la AFIP, obstaculizando aún más en pago de los haberes a los trabajadores –según publica Página12-.

“Lamentablemente desde hace unos meses teníamos la expectativa de que mejorara nuestra situación como trabajadores, somos más de 350 que formamos parte de la empresa y estábamos ante la expectativa de que la Cámara tomara una decisión”, se quejó en diálogo con AM750 Alexis Szewczyk, periodista de C5N.

Si bien corría de nuevo un fuerte rumor de que Daniel Vila quería avanzar con la compra de C5N, Radio 10 y Pop, el problema es que la operación no es sencilla porque debe ser autorizada por el juez Javier Cosentino -que intervino todos los ex medios de Cristóbal con la intención de valuarlos y venderlos para financiar la quiebra que dejó Oil Combustibles- pero también por sus pares Marcelo Martínez Di Giorgi y Julián Ercolini, que intervienen en las causas del grupo.

En ese marco, volvió a surgir la idea de que el grupo deberá ir a la quiebra para que finalmente otro grupo pueda hacerse cargo de las empresas, porque eso lo liberaría de las deudas y del personal. Ese es el mayor temor de los trabajadores, que evalúan qué medidas tomar mientras siguen sin saber cómo se resolverá la situación.

En rigor, como contó La Política Online, los posibles compradores que en algún momento mostraban interés en C5N hablaban de que la planta está «inflada» y que no podrían hacerse cargo de todos esos puestos de trabajo, lo que implica además un fuerte conflicto sindical.

El rumor de un nuevo avance de Vila aparece en ese contexto, porque el empresario desde hace mucho que sueña en convertirse en el dueño del segundo grupo de medios más importante de la Argentina. Como contó este medio, tiempo atrás había llegado a firmar un preacuerdo para esa operación, que nunca pudo concretarse por el conflicto judicial. Luego llegó la versión de que quien finalmente compraría el grupo sería el dueño de la prepaga Galeno, Julio Fraomeni.

Sin embargo, ese rumor no avanzó. En paralelo, el grupo Vila-Manzano tiene casi cerrada la venta de Supercanal Holding a un fondo estadounidense liderado por Cargill, al tiempo que haría lo propio con el Diario Uno de Mendoza. Su plan fue desinvertir en el cable en los medios del interior y suma poder en capital para convertirse en un actor importante y por eso vuelve a hablarse de que continúa con intenciones de hacerse cargo de los medios de Cristóbal.

Mientras tanto, el panorama en C5N es incierto y crece la tensión interna, porque en la última asamblea los trabajadores votaron poner placas cuando el canal va a la tanda en las que dan cuenta que cobran en cuotas y exigen el pago de sus salarios para poder seguir trabajando.

En rigor, como contaron fuentes del canal, en la asamblea de ayer hubo tres temas principales. Primero se votó exhibir la situación del canal con las placas y desde sus propias redes, luego se definió que a partir del próximo mes, los trabajadores que tienen el sueldo más bajo serán los que cobren mayor porcentaje en la primera cuota. En tercer lugar, se habló de la posibilidad de ir a un paro de 24 horas.

La fecha de la medida de fuerza sería el 16 de julio, aunque se someterá a votación la próxima semana en la asamblea. Es que los trabajadores están divididos, porque creen que detrás del freno a la venta hay una jugada que tiene el visto bueno de Mauricio Macri y algunos creen que hacer un paro sería «hacerle el juego» al Gobierno.

Sin embargo, hay otro grupo que presiona para ir al paro con el argumento de «visibilizar» el conflicto, del mismo modo que lo definieron con las placas y los mensajes compartidos en las redes sociales de los trabajadores. Por eso, la propuesta del paro implicaría también marchar a Tribunales para presionar a la justicia y presionar para que se apure la venta.