El senador nacional, Carlos Linares, apuntó contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, luego de que acusara al kirchnerismo de querer prohibirle entrar a los baños del Senado a la Policía Federal. 

En este sentido, señaló – a través de su cuenta oficial de X– que “Señora Ministra: Creo que usted, o alguno de sus esbirros que le hicieron llegar la nota de mi autoría, deberían mejorar su comprensión lectora”.

“En ningún momento en la misma se solicita que las fuerzas de seguridad dejen de usar los baños del Senado. Al contrario, la Policía Federal, encargada de la seguridad del Senado, los utiliza con absoluta normalidad todos los días”, dijo.

Asimismo, aclaró que “lo que pedimos es que cesen de usar el Senado como cuartel para sus operaciones de los miércoles, destinadas a reprimir a los jubilados que protestan por haberes dignos, una actividad que, lamentablemente, parece ser de su agrado”.

Por su parte, la ministra había público en su cuenta de X: “Insólito pero real. El kirchnerismo pidió que las Fuerzas de Seguridad no usen los baños del Senado”.

“Ya sabíamos que no los querían… pero ni para ir al baño los dejan”, afirmó.

“Un poco de respeto y sentido común. Son los que nos cuidan todos los días”, concluyó Bullrich.

El diputado nacional José Glinski, apuntó contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por mandar a la PSA a “amedrentar” a los militantes que viajaron desde Comodoro Rivadavia a Buenos Aires para apoyar a Cristina Kirchner.

En este sentido, señaló -a través de su cuenta personal de X– que “¡Vergüenza Patricia Bullrich!”.

“¿En qué estás convirtiendo a las fuerzas federales? ”, se preguntó.

Asimismo, aclaró: “¿Qué está haciendo la PSA en la Riccheri? Amedrentando compañeras y compañeros que vienen viajando desde Comodoro Rivadavia, por más de 24 horas a pedir la libertad de Cristina Fernández de Kirchner”.

“No defienden a los policías. Los usan de forros”, concluyó finalmente Glinski.

En una resolución firmada por la titular de la cartera, Patricia Bullrich, el Gobierno oficializó una serie las subas, que se aplicarán sobre el período marzo-mayo para las cinco primeras fuerzas mencionadas, así como dispusieron una actualización específica a partir del 1° de junio para el Servicio Penitenciario Federal.

El Ministerio fundamentó la medida en la necesidad de una “adecuada jerarquización”que refleje la responsabilidad y la dedicación requeridas en el cumplimiento de funciones de seguridad federal. A continuación, los aumentos por escalafón y fuerza:

Gendarmería Nacional

El Comandante General, máxima jerarquía, pasó a percibir $2.450.784,12 desde el 1° de mayo de 2025, mientras que un Gendarme II, el escalón inicial, recibe $662.094,62. Además, se incrementaron los montos por función específica como “Prevención Barrial”, y la compensación por “Recargo de Servicio” varía entre $10.201,75 y $52.132,87, según grado y cantidad de horas extras trabajadas.

Prefectura Naval Argentina

El haber de un Prefecto General es igual al de su par en Gendarmería: $2.450.784,12 a partir de mayo. Un Marinero, en cambio, percibe $728.304,10. Las compensaciones por horas de servicio también replican los valores asignados en Gendarmería.

Policía Federal Argentina (PFA)

El salario base de un Comisario General asciende a $2.694.812,09 desde mayo, mientras que el de un Agente llega a $816.651,98. Se actualizó además el valor del Servicio de Policía Adicional, que ahora cuesta $14.746,48 por hora bajo la modalidad “continua” y hasta $20.720,92 en modalidad “explosivista”.

También se detallaron los nuevos suplementos por “zona” y los adicionales por servicios discontinuos, ferroviarios o custodias institucionales. El concepto de Recargo de Servicio tiene una escala similar a la de las otras fuerzas, alcanzando los mismos máximos por más de cinco horas trabajadas.

Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)

Los salarios del personal de la PSA también fueron escalonados en tres etapas. Desde mayo, un Comisionado General percibe $1.309.901,86, mientras que un Aspirante a Oficial cobra $183.960,93. Los suplementos por “Tarea Jerárquica” oscilan entre $175.183,42 y $373.719,76, y se mantuvieron los viáticos diferenciados por región, con un máximo de $51.212,09 en el sur del país.

Servicio Penitenciario Federal

Este sector recibió una atención particular en la resolución. Se definieron nuevos importes para el haber mensual, además de compensaciones por fijación de domicilio, variabilidad de vivienda y títulos académicos. Desde el 1° de junio, un Inspector General pasa a cobrar $2.916.371,18, mientras que un Subayudante, categoría inferior, percibe $872.244,86.

Complemento jerárquico y ejecución presupuestaria

Finalmente, la resolución introdujo ajustes al complemento por responsabilidad jerárquica para los jefes y subjefes de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. A partir de mayo, dicho complemento es de $349.158,11 para los titulares máximos de cada fuerza, y de $314.941,35 para sus segundos.

Hace una semana, el Gobierno nacional aprobó un aumento en los salarios del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales. De esta manera, fijó los nuevos valores para los haberes de los meses de marzo, abril y mayo.

La medida se hizo efectiva mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución Conjunta 24/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Defensa, Luis Petri. Establece que las nuevas escalas salariales regirán de manera retroactiva desde marzo.

Según se detalla, esta disposición se inscribe dentro del marco legal que regula los haberes del personal militar y del Estatuto de la Policía de Establecimientos Navales .

El ajuste salarial responde a la evaluación escalonaria realizada sobre estos cuerpos y contó con la intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, además de los servicios jurídicos permanentes de ambos ministerios.

“Una gran mayoría de gente militante y de ciudadanos que han acompañado al PRO ahora acompaña al Gobierno, no soy la excepción”, consideró Bullrich y destacó que “todos los días se ve que hay dirigentes del PRO haciendo acuerdos con La Libertad Avanza y que pasan a ser parte del partido. Intendentes, concejales, dirigentes, militantes… El éxodo del PRO es muy grande”.

Bullrich consideró que eso sucede «simplemente porque el ciudadano que vota al PRO quiere ver a sus dirigentes siendo parte del Gobierno y apoyándolo”.

“La gente quiere que pongamos todas las fuerzas. El país estaba hundido en el barro, no es fácil sacarlo. Nuestra gente pide empuje, que es lo que necesitamos, y esa es mi actitud como parte del PRO, empujar junto al Presidente y el Gabinete, del que ya soy parte. Hay 46 millones de argentinos con expectantes”, recalcó la Ministra.

Al ser consultada sobre la posibilidad de abandonar las filas del PRO y, a igual que otros dirigentes del partido amarillo, afiliarse a La Libertad Avanza, Bullrich respondió: “Es un tema que todavía no lo hemos hablado. Creo que la pertenencia en el Gobierno me da una pertenencia completa en el proyecto. Los papeles pueden ser importantes o no, pero yo soy parte completa y tengo total afinidad con este proyecto”.

Al respecto, consideró que en este Gobierno se siente «más safada» o «desatada», «con más posibilidades de hacer lo que creo que tengo que hacer, lo que quiero hacer y lo que pienso que me toca hacer en las áreas en las que el Presidente me ha encomendado».

«El país necesitaba de gente que se la juegue sin medir los costos políticos. Necesitaba menos especulación, más fuerza, más decisión y coraje. Siento que eso es parte de mi personalidad y lo ha sido siempre, desde el día de la famosa pelea con (Hugo) Moyano hasta ahora. Y ahora puedo desarrollar mejor las ideas, mejores acciones, todo se potencia”, destacó en diálogo con Radio Rivadavia.

Posteriormente, al profundizar sobre su actual rol en el Gobierno, sostuvo que «estamos haciendo cosas increíbles, todos los días estamos moviendo una palanca del país que parecía trabada y que nunca se iba a poner mover”.

En este sentido, señaló que «nuestro Presidente de la Nación tiene un mensaje muy claro: ‘el que las hace, las paga’. Esa es nuestra consigna principal, con una frase corta y concreta, el objetivo que tenemos como política criminal».

«Estamos trabajando para que Argentina sea cada día un país más seguro y en esta lógica tenemos una tarea compartida», dijo.

Asimismo, aclaró que «ciudades petroleras como Comodoro Rivadavia, son ciudades que sufren mucho el intento de penetración del narcotráfico, la trata y delitos típicos de estas actividades, por eso es tan importante trabajar fuerte contra el delito organizado».

«No vamos a permitir que el delito organizado intente amedrentar a nuestras fuerzas, a nuestra comunidad y a nuestras autoridades. Vamos a darle guerra total y absoluta a este crimen que intenta dominar a la Argentina», indicó.

En este marco, destacó que «este Comando Unificado de Fuerzas Federales y Fuerzas Provinciales, va a tener la responsabilidad de trabajar en Comodoro y lo vamos a replicar también en Santa Cruz porque son provincias que tienen similares situaciones por las mismas actividades».

«Venimos acá a generar orden público, porque si algo no tuvo esta Provincia durante años fue orden público. Los estudiantes no tenían clases y el desorden era total y absoluto, por eso venimos con el protocolo antipiquetes para que la comunidad viva con tranquilidad», afirmó.

A su vez, aseveró: «También venimos con una especial tarea que nosotros hemos denominado ‘Comando de Seguridad Productiva’, pensando que, en los próximos años, donde hay actividad petrolera y minera, la capacidad de nuevos delitos es muy fuerte».

«Vamos a trabajar con un Comando para que la producción Argentina esté siempre trabajando sin bloqueos y así podamos lograr que nuestra comunidad viva con más felicidad y bienestar», concluyó finalmente Bullrich.

«Ayer se habló informalmente en el gabinete. Se van a tomar medidas mucho más drásticas con la compañía Intercargo, que es un problema enorme desde hace muchos años, que ha tenido y tiene mafias», consideró la funcionaria, y agregó: «Estar cautivos (de esta empresa) es algo que se está resolviendo en estos días, Intercargo tiene que dejar de existir. En pocos días se conocerán medidas muy importantes respecto a terminar con esta extorsión y los piquetes aéreos».

Intercargo es una compañía estatal -al igual que Aerolíneas Argentinas- que se encarga de asistir en los aeropuertos a las líneas aéreas desde el momento de aterrizaje hasta su despegue. Ayer, las autoridades de la compañía denunciaron ante la Justicia a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) por privación ilegítima de la libertad de los pasajeros de 10 vuelos que se encontraban dentro de aviones sin poder descender.

«Así como liberamos la calle, vamos a liberar a los aeropuertos», sostuvo Bullrich. Por la tarde de ayer, el Gobierno le lanzó un ultimátum a los gremios aeronáuticos: si para el viernes no presentan un plan para que Aerolíneas Argentinas funcione sin conflictos, el Presidente Javier Milei pedirá que la compañía entre en un Plan Preventivo de Crisis que derive en su cierre definitivo.

«No hubo margen para avisar«

Por otro lado, el secretario general de APA, Edgardo Llano, reivindicó la medida gremial dispuesta ayer en los aeropuertos, que se implementó a raíz del despido de un trabajador, y aseguró: «Sabemos que estamos en el ojo de la tormenta, tampoco nos vamos a dejar de llevar por delante».

Llano es un dirigente gremial vinculado al kirchnerismo. Durante el tratamiento de Ley Bases, convocó a «escrachar» a los senadores que votaran a favor. A su vez, a mediados de septiembre, pocas horas antes del paro que dio inicio al conflicto entre las empresas y el Gobierno, que provocó la cancelación de 319 vuelos y afectó a miles de personas, viajó junto a su mujer y sus cuatro hijas a Madrid (España), en un vuelo de la compañía de bandera.

«No hubo margen para avisar, lo que hicimos fue llamar a la empresa antes de empezar la medida, y la empresa no atendió los teléfonos. La gente no estuvo encerrada en ningún momento. No estuvieron de rehenes. Nos están comparando con Hamás», consideró a Futurock el delegado sindical, con relación a la presentación judicial que realizó el Ministerio de Seguridad en el Juzgado 11, a cargo del juez Julián Ercollini.

La denuncia por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo, que había sido adelantada en conferencia de prensa por el vocero presidencial Manuel Adorni, destaca que el accionar sindical de ayer, miércoles, mantuvo a más de 900 personas a bordo de seis aviones en Aeroparque, y a otras 1.300 en vuelos detenidos en Ezeiza, «ocasionando un grave perjuicio a los pasajeros y a la operativa aeroportuaria».

En el documento se detalló lo siguiente: «Nos encontramos ante un ‘piquete aéreo’ que impidió a miles de personas descender de las aeronaves, entre ellos mujeres embarazadas y niños, quienes debieron soportar más de dos horas en cabinas sin ventilación adecuada, situación que derivó en complicaciones de salud para algunos pasajeros».

Desde el entorno de Bullrich aseguraron que esta presentación será ampliada con información adicional proporcionada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y testimonios de los pasajeros afectados.

A lo largo de la jornada, las autoridades debieron intervenir para ayudar a los pasajeros afectados por la medida de fuerza. La Policía de Seguridad Aeroportuaria, por ejemplo, actuó tras una orden del ministerio de Seguridad y montó un operativo en la pista de aterrizaje para colaborar en el descenso de las más de mil personas que habían quedado encerradas arriba de los aviones.

“La ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, van a anunciar el envío de un proyecto de Ley al Congreso para bajar la edad de imputabilidad desde los 16 hasta los 13 años”, explicó el vocero. El texto llevará el título de Ley “Régimen Penal Juvenil”.

¿Qué prevé el proyecto de Ley que presentará el Gobierno?

Si bien todavía se desconocen los detalles del proyecto, Adorni confirmó que la propuesta principal es bajar la edad de imputabilidad desde los 16 años a los 13. Según los datos brindados por el vocero presidencial, en 2023 se cometieron 2197 que fueron adjudicados a personas menores de edad.

A modo comparativo, desde el Gobierno explicaron que “en Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú la edad de imputabilidad es a los 14” mientras que “en Brasil es a los 12”. “Delito de adulto, pena de adulto”, sentenció Adorni.

Desde el mes de marzo que, puertas adentro del oficialismo, comenzaron a trabajar en la elaboración de un proyecto de ley en referencia con esta problemática. En pocas palabras, el debate se dio entorno a sancionar con cárcel el crimen adolescente.

En mayo – y tras el asesinato del playero en Rosario a manos de un menor de edad – el debate se retomó con fuerza en la esfera pública. En esta línea, Bullrich diferenció, en ese momento, los “delitos de sangre”, donde aseguró que buscarán que se aplique “la máxima pena” de los “delitos menores”, donde uno puede tratar “que el menor recapacite”.

“Hay que tener una de cal y una de arena. A los que cometen delitos menores, tratar de que no cometan delitos mayores. Y a los que cometen un delito fuerte, de sangre, muy violento, esos tienen que tener una pena mucho más dura”, sentenció la ministra a fines de mayo. Por el momento, no se conocen más detalles de cómo se aplicarán las penas si el proyecto es aprobado.

La presentación del proyecto de Ley

Tal como confirmó Adorni, a partir de las 12 de este viernes se llevará a cabo una conferencia de prensa para presentar el proyecto de Ley “Régimen Penal Juvenil”. En la misma estarán presentes los ministros Bullrich y Cúneo Libarona acompañados por; Carlos Manfroni, Jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad; Fernando Soto, Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial; Sebastián Amerio, viceministro de justicia; y la jefe de gabinete del ministerio dirigido por Cúneo Libarona, Florencia Zicavo.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. La conferencia de prensa se llevará a cabo en la sede de la cartera dirigida por Bullrich, ubicada en Avenida General Gelly y Obes 2289.

“El Gobierno les dio el aumento de presupuesto e igual siguen con la marcha. Quiero que me muestren cómo gastan el dinero en las universidades”, lanzó Bullrich de cara a la movilización prevista para mañana.

“Hay una Universidad pública que tiene millones de estudiantes. Y hay una Universidad pública de una burocracia extrema, donde muchos hacen de la Universidad un kiosco para ellos”, denunció la ministra y cuestionó: “¿Cuánto le llega a cada estudiante del presupuesto universitario? ¿Cuál es la relación entre la cantidad de estudiantes que entran y los que se reciben? ¿Cómo se calcula el valor por estudiante? ¿Se calcula desde el alumno que entra o el que se recibe?”.

En ese sentido, denunció -según publica MinutoUno– que “hay intereses de muchos que vienen viviendo de esas capas de burocracia estatal”: “Necesitamos una refundación de la Universidad de Buenos Aires, que estén a la altura de las circunstancias del cambio que Argentina necesita. En la UBA están más preocupados por las burocracias internas, por cuántas secretarías y ñoquis tienen que por cuál es el nivel real de los alumnos”.

“Las Universidades argentinas tienen que sacudirse”, consideró Bullrich en relación con los cambios que se deberían aplicar y ejemplificó: “Durante mi campaña, estuve con todas universidades que vienen de la línea progresista y están sacudiéndose, pensando estas cosas. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba, la de Santa Fe. Todas decían que tenían que generar carreras más adecuadas a la realidad del mercado laboral, que meterse más en los problemas de la realidad de nuestras provincias, generar una relación entre el estudiante que entra y el que se recibe”.

“Así como hay que sacudir a la Argentina, porque estaba llena de bolsillos con plata mientras los argentinos no tenían nada, todas las instituciones del país tienen que hacer lo mismo, porque todas han repetido el mismo modelo corporativo y burocrático”, puntualizó en una entrevista.

Bullrich sostuvo que está “totalmente a favor de la educación pública gratuita y de la universidad pública” pero llamó a “repensar esa Universidad y destinar menos plata para la burocracia y más para profesores, estudiantes y la investigación”.

“Las Universidades se miden por la calidad de las carreras que tienen y de las investigaciones que producen en la ciencia que sea. Esa me parece que es la discusión, no más presupuesto para más burocracia, los estudiantes tienen que pedir el presupuesto para ellos, para que los profesores no vayan gratis, para que el profesor titular vaya siempre a clases y no que mande al suplente porque no cobra”, resaltó la ministra.

El funcionario, en el marco de su habitual conferencia de prensa, enumeró las leyes que se modificarán o que se enviarán al Congreso para su aprobación: “Legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales, y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos”.

“En Defensa, lo que van a anunciar es la ley de Seguridad Interior”, completó. Ayer, el propio Petri había adelantado a Infobae el contenido del anuncio, en el marco del operativo desplegado por el gobierno nacional para combatir la escalada de violencia a manos de las bandas narco-criminales en Rosario, Santa Fe.

“Estamos impulsando en el Congreso Nacional una nueva legislación para que tengamos alternativas para que las Fuerzas Armadas, ante determinados supuestos muy específicos, puedan realizar un mayor apoyo a las tareas de seguridad interior”, afirmó el funcionario.

En cuanto a las leyes a para el área de Seguridad, estas modificaciones ya habían sido presentadas en la Ley Ómnibus, que el oficialismo presentó al inicio de la gestión pero no logró motorizar en el Congreso. Por ello, desde Casa Rosada decidieron avanzar de nuevo con estas iniciativas, pera esta vez en un paquete mucho más acotado.

De manera puntual, y con relación a las manifestaciones, marchas y piquetes, se buscará modificar el artículo 194 del Código Penal, que amplía las acciones tipificadas para especificar que la pena para quienes “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas” será de uno a tres años y seis meses de prisión.

Según el proyecto original, que ahora se buscará reflotar, se aclara además que, si el acto se hace “portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.

Asimismo, se buscará crear la figura penal para “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad”, los cuales “serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe”.

Esta condena aumenta hasta a 6 años si se lleva adelante “mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”.

Por otra parte, también se indica que los organizadores “serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado” durante la protesta y que, si durante la movilización se corta el tránsito o participan “menores sin la correspondiente compañía” de sus tutores, serán multados por hasta veinte mil unidades fijas, lo que equivale actualmente a 5.802.000 de pesos.

En el artículo 333 del proyecto que tuvo un paso fallido en el Parlamento, se remarca que “toda reunión o manifestación deberá ser notificada fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, con una antelación no menor de 48 horas”, en la que se deberá informar “las características de la manifestación, los datos de la persona humana o jurídica que la organiza, detallando nombres propios y datos personales de sus organizadores, delegados o autoridades, independientemente de que participen o no de la reunión o manifestación; el objeto y finalidad, la ubicación y recorrido, tiempo de duración y cantidad estimada de convocados”.

“Frente al incumplimiento de alguno o algunos de los elementos establecidos en la presente Sección, el Ministerio de Seguridad de la Nación deberá intimar a cualquiera de los organizadores de la reunión o manifestación o a quienes actúen como tales, para que cesen con su incumplimiento y adecuen la reunión o manifestación a las disposiciones de la presente. En caso contrario, serán pasibles de las acciones que correspondan, así como también de las multas establecidas”, se especifica.

Por último, se cambia el delito de resistencia a la autoridad para remarcar que “será reprimido con prisión de uno a tres años y seis meses el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, mientras estuviere cumpliendo sus funciones”.

Si el proyecto avanza en el Congreso y si va en sintonía con el presentado en la Ley Ómnibus, la pena podría endurecerse a un mínimo de cuatro y un máximo de seis años si el hecho se cometiere a mano armada o por una reunión de más de tres personas, o si el autor fuere funcionario público o pusiere manos en la autoridad.

En este sentido, señaló que “hubo una charla sincera con Patricia Bullrich donde básicamente lo que planteamos es mantener la relación”.

“Yo a ella le tengo aprecio más allá de que se equivocó y muy feo, lo admite y sabe que estuvo mal”, dijo.

Asimismo, aclaró que “tenemos muchas cosas para trabajar en conjunto con ella”.

“Cuando venga a Chubut le vamos a regalar un presente de guanaco para que lo tenga en su despacho y nos recuerde como lo que somos”, indicó.

Finalmente, Torres concluyó que “Chubut es una provincia que tiene muchísimos guanacos, pero también tiene gente que quiere que se la respete”.

“La Oficina del Presidente Electo de la República Argentina informa que la Dra Patricia Bullrich será la Ministra de Seguridad de la Nación a partir del 10 de diciembre”, informó el comunicado. “Por su parte, el Dr Rodolfo Barra estará al frente de la Procuración del Tesoro de la Nación”, añadió.

La reacción de Patricia Bullrich tras ser confirmada como ministra de Seguridad

Minutos después, a través de la misma red social, Patricia Bullrich le agradeció a Javier Milei la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria como ministra de Seguridad.

“Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca”, expresó Patricia Bullrich. “El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios. Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga”, agregó la excandidata presidencial.

Bullrich anunció que dejará la presidencia del PRO y llamará a elecciones

Un día antes de ser confirmada como la ministra de Seguridad de Javier Milei, Patricia Bullrich comunicó -según publica TN-que no seguirá siendo presidenta del PRO y convocará a elecciones a partir de febrero de 2024.

“Convocaré a elecciones internas para principios de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales de PRO Argentina. Mi decisión es no presentarme para un nuevo mandato. Dedicaré todo mi esfuerzo, energía y tiempo en trabajar por una Argentina próspera y segura”, había anticipado en un comunicado breve que publicó en sus redes sociales.

Luego del triunfo del libertario en el balotaje, el nombre de Bullrich pareció instalarse como número puesto para hacerse cargo de la cartera que ya había ocupado entre 2015 y 2019, en uno de los ministerios más importantes del nuevo gobierno. Quizás el segundo más importante, después de Economía.

El Gobernador electo Ignacio ‘Nacho’ Torres habló tras la reunión con otros mandatarios electos del espacio político, remarcando que “nos eligieron para gobernar y garantizar la unidad de un frente, que tiene más músculo político de la historia, porque nunca tuvimos tantos gobernadores. No podemos perder nuestra identidad”.

El próximo mandatario provincial dijo que el resguardo de la identidad del frente “es lo primero que debemos discutir” y resaltó -según publica El Chubut– que “tanto Mauricio Macri como Patricia Bullrich son dos dirigentes que necesita el frente, que tienen peso específico importante”.

“La reconfiguración del poder desde lo generacional y federal, es garantía de éxito. No podemos seguir con los mismos nombres propios cuando hoy hay nuevos liderazgos”, sostuvo.

Finalmente, Torres remarcó que “hay posicionamientos personales” que no significan un rompimiento de Juntos por el Cambio, y enfatizó que “garantizamos la unidad de la coalición”.