A través de la Resolución 230/2023, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Social lanzó la iniciativa “Alimentar Comunidad”, que tendrá por objeto “brindar, en el marco de la emergencia, una prestación económica para la asistencia a comedores y merenderos de organizaciones sociales y comunitarias”.

La cartera a cargo de Victoria Tolosa Paz justificó la medida considerando que “resulta imprescindible profundizar todas las acciones” en el marco de “la emergencia alimentaria y nutricional por la que atraviesa nuestro país”.

El nuevo programa comenzará a implementarse a través de una “prueba piloto” que se efectuará durante un plazo máximo de ocho meses, dentro de los cuales “se realizarán las evaluaciones y diagnósticos necesarios que permitirán optimizar los logros hasta aquí alcanzados a través un sistema de transferencia monetaria por medio de tarjetas físicas o virtuales a comedores, merenderos y organizaciones sociales y comunitarias para la adquisición de los elementos y/o productos, a fin de mejorar las condiciones de vulnerabilidad de las personas”.

El Ministerio de Desarrollo Social apunta a ”mejorar los espacios a los que concurren las personas que se encuentran en estado de alta vulnerabilidad social y económica”, pero también agilizar el abastecimiento de merenderos y organizaciones sociales y comunitarias; promover sistemas de producción de alimentos a través del fortalecimiento de la economía local solidaria, social y popular y el cooperativismo; propiciar la implementación de un sistema de trazabilidad en la cadena de adquisición y consumo de alimentos; y diseñar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación de resultados e impactos de las acciones que componen la línea programática, se explicó en la resolución publicada esta madrugada en el Boletín Oficial.

La mencionada “línea programática” consta de una tarjeta prepaga física y/o virtual que se entregará a los comedores, merenderos, y organizaciones sociales y comunitarias “que se limitará en cuanto al uso de las mismas a los rubros de alimentos, artículos de higiene, equipamiento y elementos para primero auxilios”. Se apuntará a la promoción de la oferta de productos y a la mejora de los tiempos de abastecimiento para la cobertura de la demanda a cubrir en los lugares mencionados. Además, se brindará en forma directa o a través de instituciones públicas o privadas, asistencia y capacitación a los comedores y merenderos.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz

Al programa Alimentar Comunidad podrán adherirse aquellas instituciones inscriptas en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM) que cumplan con una serie de requisitos legales. El monto de las acreditaciones correspondientes será determinado en función la demanda que cada uno abastezca. El Gobierno aclaró que la presente medida no será de aplicación a “aquellos que perciban otros subsidios nacionales, por el mismo concepto y por igual fin”.

El Ministerio de Desarrollo Social avanzó con esta medida que responde a uno de los reclamos que plantean desde hace tiempo los grupos piqueteros. La relación entre el Poder Ejecutivo y las organizaciones sociales opositoras se tensó a partir de la auditoría de los planes y a las cien mil bajas del programa Potenciar Trabajo que encabezó Tolosa Paz.

El pasado viernes, frente a Casa Rosada, la Unidad Piquetera votó medidas de fuerza contra la administración de Alberto Fernández entre las que se incluyen marchas, cortes de rutas y acampes en todo el país durante los próximos meses.

Por lo pronto, acordaron que los días 13 y 14 y 15 de marzo desarrollarán manifestaciones; el 5 de abril cortarán el acceso de rutas nacionales, puentes carreteros, rutas provinciales y de acceso y egreso de Capital Federal. Además, sin no logran una respuesta, el 18, 19 y 20 de abril impulsarán un acampe. El programa que oficializó hoy Tolosa Paz representa un gesto para atender uno de los reclamos piqueteros.

La ANDIS señaló que el Estado tomará contacto con las personas con discapacidad para “acompañarlas y mantener sus datos actualizados”. Es una “cuestión clave para asegurar el acceso a derechos, prestaciones y servicios derivados de la certificación, como así también para mantener los registros actualizados que sirven para diseñar y ejecutar eficientemente políticas públicas para las personas con discapacidad”, justificó el organismo.

“Las instancias de acompañamiento y actualización se efectivizarán con una periodicidad entre los 5 y 15 años, en todos los casos, contados desde la certificación inicial o de la instancia de actualización correspondiente, mediante un contacto y acercamiento fehaciente por parte del Estado, a través de los canales y vías de comunicación existentes y de los que se implementen en el marco de la innovación tecnológica planificada a tal efecto”, se explicó.

La medida forma parte del plan que lanzó la ANDIS para “desburocratizar” los trámites a través del desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso de las personas con discapacidad al CUD y a los trámites derivados del mismo.

“El CUD es la puerta de acceso para muchos de los derechos de las personas con discapacidad. Esta actualización nos permite contar con una herramienta menos burocrática, más moderna y más sencilla”, señaló el director ejecutivo de la Andis, Fernando Galarraga.

En este marco, el funcionario contó que “es una medida que nació de la escucha y el compromiso con todo el colectivo de Discapacidad en todo el país; que se fue nutriendo del trabajo mancomunado del gobierno nacional, las provincias y la sociedad civil; y que impactará positivamente en las personas con discapacidad y sus familias”.

A través de un comunicado, el organismo señaló que con la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial, se ratifica “la implementación progresiva, gradual y en etapas, de una nueva dinámica de vinculación de las personas con discapacidad con los procesos de certificación, tanto para quienes ya poseen el CUD, como para aquellas que tramiten la obtención del mismo por primera vez”.

Y se planteó que para el Gobierno es “un paso fundamental hacia una nueva dinámica de vinculación de las personas con discapacidad con los procesos de certificación y de acceso a derechos, simplificada, desburocratizada y con mayor presencia del Estado en el acompañamiento permanente de las personas con discapacidad y sus familias”.

La implementación de estas mejoras, inscriptas en el Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad, requerirá la adopción de diversas medidas administrativas, normativas y tecnológicas que se irán formalizando paulatinamente, salvaguardando, en todo momento, la continuidad ininterrumpida del acceso a derechos, prestaciones y servicios por parte de las personas con discapacidad.

En Argentina se estima que unos 5 millones de ciudadanos tienen algún tipo de discapacidad, el 55% son mujeres y 45%, varones. De este total, 8 de cada 10 están desocupados.

Dentro de ese universo, según el último anuario estadístico del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, hay más de 3.744 argentinos con CUD que buscan empleo y no lo consiguen.

Más de 250 mil personas habían sumado su adhesión a una campaña de recolección de firmas lanzada a través de la plataforma de Change, en la que se pedía poner fin a ese trámite “engorroso y ridículo” para la renovación periódica del certificado en los casos de personas con discapacidades de carácter permanente.

A pocos días de que comience la temporada de verano, que ya anunció que recibirá turistas a partir del primero de diciembre, el Gobierno nacional reglamentó los protocolos que deberán cumplir los trenes y colectivos de media y larga distancia. Lo hizo mediante las Disposiciones 294/2020 y 295/2020, las cuales fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial.

En los documentos, ambos firmados por el director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), José Ramón Arteaga, quedaron aprobadas las medidas sanitarias que se aplicarán en los vehículos, ya sea terrestre o ferroviario.

En lo que respecta a los colectivos, ya sean urbanos o interurbanos, las autoridades decidieron “extremar las condiciones de higiene en las unidades, cabeceras, terminales” y garantizar «la colocación de suministros de alcohol en gel, soluciones a base de alcohol y/o cualquier otro insumo que recomiende el Ministerio de Salud, en lugares de fácil acceso”.

Además, se tendrá que “proveer elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón (podrán ser reutilizables), a los conductores y demás empleados que desarrollen tareas vinculadas a la actividad en las distintas instalaciones fijas de las empresas”.

Por otra parte, también se recomendó la implementación de “los mecanismos necesarios para la toma de la temperatura de todos los trabajadores, tripulantes y pasajeros”, como así también “la ventilación, la desinfección y limpieza” asidua, “en especial de los espacios comunes y sanitarios”.

Estas normas rigen para “todos los operadores de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, transporte de carga de jurisdicción nacional e internacional y a los concesionarios de las terminales de ómnibus y ferroautomotoras”.

En particular, los micros urbanos podrán «circular con una cantidad de pasajeros que no supere la capacidad de asientos disponibles” y, “excepcionalmente, en los horarios de mayor requerimiento del servicio y ante el exceso de demanda, la capacidad podrá ampliarse hasta 10 pasajeros de pie”.

En todas las unidades, “sin perjuicio del diseño que tengan las mismas, deberá instalarse una separación física» que divida a usuarios y conductores, la cual “deberá ser de material transparente, de manera que no se vean afectadas las condiciones de visibilidad ni comprometer las condiciones de seguridad con que deben prestarse los servicios”.

Antes y después de cada viaje, “el interior del vehículo deberá ser desinfectado mediante un pulverizador rociador con una solución desinfectante a base de alcohol, lavandina u amoníaco u otro desinfectante que en el futuro se sugieran conforme nuevas evidencias científicas”.

Si el micro cuenta con aire acondicionado, el mismo podrá estar encendido durante el trayecto “en época de altas temperaturas”, pero en todos los casos deberán mantenerse “la totalidad de los ventiletes y/o ventanillas abiertos”.

Para los ómnibus interurbanos, el límite máximo de pasajeros permitido por unidad será de 37 en los vehículos “Semi Cama”; 26, para los que son “Cama Ejecutivo”, y 18 en los servicios denominados “Cama Suite”.

No obstante, las empresas les pueden permitir a los grupos familiares comprar “pasajes para trasladarse en butacas adyacentes o de ubicación cercana, sin perjuicio del distanciamiento social que debe mediar respecto de los restantes” usuarios.

Además, “deberá garantizarse que el sistema de aire acondicionado no funcione en modo recirculación y que cumplan con las 20 renovaciones de aire por hora, en todo el volumen de la unidad, o mejor alternativa disponible supeditadas a la evidencia científica”.

Asimismo, “quedan momentáneamente suspendidos los servicios de comidas y bebidas provistos por la empresa”, aunque “los pasajeros sí podrán traer consigo provisiones para consumir durante el trayecto”.

En tanto, en el caso de los trenes, tanto de carga como de pasajeros, las operadoras tendrán que “adoptar medidas concretas dirigidas a evitar la conglomeración de personas principalmente dentro de las formaciones modificando, de ser necesario, el cronograma establecido y la frecuencia de salida”.

Antes de que comiencen sus respectivos turnos, se les deberá controlar la temperatura a los conductores y guardas, mientras que los usuarios serán sometidos a lo mismo antes de abordar y al bajar. Todo el personal “deberá tener acceso a los insumos de protección y/o higiene básicos conforme a las recomendaciones del Ministerio de Salud”.

Todos los días y al momento de la puesta en servicio de cada formación, será obligatorio “higienizar el interior de cada coche» mediante el uso de productos «a base de alcohol, lavandina o amoniaco u otro desinfectante aprobado”. Lo mismo ocurrirá con las estaciones, especialmente en “aquellas superficies de contacto de mayor riesgo de contagio”, como “pasamanos, picaportes, medios de carga/acreditación de saldo en tarjetas SUBE”, entre otras.

También se señalizarán “mediante demarcación el piso de los coches, indicando la posición en que deben viajar eventuales pasajeros parados, respetando la capacidad máxima de 1 persona de pie por metro cuadrado libre (sin asientos)”.

Los trenes de larga distancia podrán circular con hasta un 60% de ocupación por coche y “con ventanillas abiertas” cuando resulte posible. Se procurará “la reposición de protectores para apoya cabeza en cada servicio” y “el cambio de cortinados por cada viaje”, mientras que los filtros del aire acondicionado deben limpiarse con mayor frecuencia que antes de la pandemia.

Ante la verificación de algún incumplimiento de alguna de estas reglas, “la operadora será pasible de la imputación de las máximas sanciones autorizadas por los Regímenes de Penalidades normativos o contractuales, aplicables al servicio o concesión”, siempre y cuando la falta no represente “la comisión de un presunto delito que pudiera dar lugar a la denuncia penal”.

El Gobierno Nacional modificó los plazos para hacer reservas y acceder al beneficio del Programa Previaje lanzado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

La iniciativa que permite la devolución del 50% de los gastos en turismo realizados hasta el 31 de diciembre de este año en destinos locales y cuyo reintegro debe ser utilizado durante el 2021 -también en gastos turísticos dentro de la Argentina-, fue planificada y reglamentada con el objetivo de reactivar uno de los rubros que se vio más afectado por la pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento.

En efecto, por cada comprobante que se presente de una compra de servicios turísticos realizada hasta el 31 de diciembre de 2020, se recibirá el 50% de lo que se haya gastado, a modo de crédito, para realizar más compras en el sector turístico desde la fecha del viaje hasta el 31 de diciembre de 2021.

Oficializada en octubre, a lo largo del primer mes más de 110.000 personas se sumaron al Programa Previaje. Entre los destinos más buscados dentro del turismo local se encuentran Río Negro, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Córdoba. Por su parte, más de 11 mil prestadores de servicios turísticos de todo el país se inscribieron en el registro para participar del mencionado programa de fomento de la actividad. Hasta la primera semana de noviembre, entre viajes y servicios contratados, se sumaba un total de 1.700 millones de pesos.

Originalmente las compras realizadas hasta el 15 de noviembre podían ser para viajes a partir del 1º de enero de 2021. Y las que se hicieran a partir del 16 de noviembre serían para viajes desde el 1º de marzo de 2021. El Gobierno este martes modificó los plazos.

A través del Boletín Oficial, el Ministerio de Turismo y Deportes dispuso extender los plazos previstos de acuerdo al siguiente esquema: compras anticipadas realizadas hasta el 20 de noviembre podrán ser utilizadas para servicios turísticos a partir del 1° de enero de 2021; las compras realizadas entre el 21 de noviembre y el 30 del mismo mes, incluye servicios a ser utilizados a partir del 1° de febrero de 2021; mientras que las realizadas a lo largo de todo el mes de diciembre incluye servicios turísticos a ser brindados y usufructuados a partir del 1° de marzo del año entrante.

En la Disposición 3/2020 se aclaró también que se modificó la fecha límite para la acreditación de comprobantes de compras anticipadas. Las correspondientes a servicios a ser utilizados desde enero, el límite es el 30 de noviembre de 2020 inclusive; las compras a ser utilizadas desde febrero, hasta el 15 de diciembre de este año; y las correspondientes a marzo de 2021, el plazo para acreditar los comprobantes rige hasta el 31 de diciembre de 2020.

¿Cómo funciona el programa?

Para participar, hay que ingresar y registrarse en la página www.previaje.gob.ar, completar datos personales, la información sobre el viaje a realizar y cargar los comprobantes. El beneficio aprobado —del 50% del gasto realizado, con un tope de $100.000— se acreditará en una billetera electrónica o en una tarjeta precargada expedida por el Banco de la Nación. Los comercios luego deben aceptar tarjetas Mastercard o cobro mediante código QR para la Billetera Electrónica BNA+.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

Puede acceder cualquier persona a través de su CUIT o CUIL, mayor de 18 años, que cumpla con los pasos de verificación de identidad y declare un domicilio en la Argentina.

¿En qué consiste el beneficio?

Por cada compra anticipada en agencias de viajes, alojamiento, pasajes aéreos y terrestres u otros servicios turísticos realizados hasta el 31 de diciembre de 2020 para viajar por Argentina en 2021 se recibirá un crédito equivalente al 50% de las compras realizadas. Se podrá gastar en todo el sector turístico argentino.

¿Hay un monto máximo por persona o familia?

El beneficio tiene un monto máximo total de $100.000 y un monto mínimo de $5.000 por persona. Las compras anticipadas en agencias de viajes, alojamiento, transporte aéreo de cabotaje y terrestre generarán hasta $100.000 de beneficio. Todos los demás servicios turísticos generarán hasta $5.000 acumulados entre todos ellos.

La posibilidad de canjear el beneficio se habilitará una vez alcanzado el monto mínimo acumulado de $10.000 entre uno o más comprobantes. El importe mínimo por comprobante es de $1.000. Se pueden presentar facturas B, C, ticket aéreos o boleto y pasaje en caso de transporte terrestre.

¿Qué pasa con las compras realizadas en cuotas?

Para el crédito, se reconocerá el monto indicado en la factura.

¿Desde cuándo y dónde se puede utilizar el crédito?

El crédito otorgado va a estar disponible a partir de la fecha del viaje o de prestación del servicio. Si a la vuelta del viaje, aún hay crédito disponible, se va a poder gastar en el sector turístico de cualquier parte del país. Por ejemplo, en gastronomía.

¿Qué costo tiene la tarjeta precargada?

Desde el ministerio de Turismo aclaran que el envío puede tardar entre 30 y 45 días y la tarjeta tendrá un costo de emisión de $210 a debitar del crédito otorgado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó que el haber mínimo para jubilaciones a partir del mes de junio será de $16.864,05. Asimismo, el haber máximo fijado para este mes, será de $113.479,11, a través de la Resolución 167/2020, publicada en el Boletín Oficial.

Según publicó la agencia Télam, los aportes o descuentos previsionales de los trabajadores en relación de dependencia se efectuarán hasta un tope de $ 184.591,18. Esos descuentos suman 17%: para la jubilación (11%), obra social (3%) y el PAMI (3%), además de la retención del impuesto a las Ganancias para los que superan el minino no imponible.

Esta semana, los bancos ampliarán la atención por ventanilla para personas con discapacidad y para el pago en efectivo de préstamos. Así lo dispuso el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por medio de la Comunicación A 7028. En ambos casos, se mantendrá el sistema de turnos que se implementó en el marco de la pandemia de coronavirus.

En este marco, la comisión de Movilidad Previsional y Regímenes Especiales, compuesta por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, ratificó el acta de la reunión de la semana pasada en la que emitió la resolución por la cual se solicita la prórroga de la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria por 180 días, teniendo en cuenta que el plazo original, determinado en la Ley de Solidaridad Social, vencerá el próximo sábado.

Además, se acordó un cronograma de trabajo para la comisión, que va a realizar un pedido de informe a la ANSES para que detalle la situación de los distintos regímenes especiales y a partir de allí poder hacer una evaluación sobre su sustentabilidad financiera, trabajo que ha llevado también la oficina de Presupuesto del Congreso, informaron fuentes parlamentarias.

La base del pedido de informes consiste en el aporte de esos datos, además de algunos detalles presupuestarios y de los beneficios del régimen general, que sirvan para poder evaluar el cálculo de la movilidad jubilatoria

Se decidió también invitar a expositores especialista en el tema. El Poder Ejecutivo propondrá algunos, al igual que los representantes parlamentarios, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio.

El Gobierno extendió en las últimas horas la suspensión del trámite «fe de vida» que los jubilados y pensionados deben realizar para poder acceder a sus prestaciones sin tener que ir a la ventanilla del banco. La medida se decretó en marzo y ahora, de cara a una nueva prolongación del aislamiento social obligatorio, regirá también para los cobros de mayo y junio.

De acuerdo a lo consignado por el Boletín Oficial, la medida tiene un impacto en 7,5 millones de jubilados y pensionados, que podrán cobrar sus correspondientes haberes sin el requisito. Se trata del trámite obligatorio que exigía Anses para depositar las jubilaciones.

De acuerdo a la nueva resolución, serán las entidades pagadoras las que mantengan «la responsabilidad de rendir como impagos, en el marco de las operatorias vigentes, los fondos correspondientes luego del fallecimiento del titular del beneficio y a partir de la recepción de la novedad de fallecidos informada para ANSES».La aplicación de reconocimiento facial que podría agilizar el trámite y evitar contagios

Jorge Rivaldo es el creador de Tu ID Vida, una aplicación de reconocimiento facial que ya funciona desde algunos meses en algunas entidades bancarias como el Bapro. «Es una aplicación de verificación de identidad por medio de biometría facial con prueba de vitalidad, lo que no sólo nos confirma que estamos ante la persona que dice ser, sino que también da ‘Fe de vida'», precisa en diálogo con BigBang.

Por fuera de las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus, la aplicación resuelve además la imposibilidad de muchos jubilados de trasladarse a las entidades bancarias. «Hay otras situaciones, como por ejemplo la de los jubilados en el exterior. Hay 60 mil personas que muchas veces tienen que viajar de Galicia hasta Madrid para poder cumplir con el trámite», señala Rivaldo.

«Queremos aportar nuestro granito de arena en este contexto», advierte el dueño de la App. «Razón por la cual ponemos a disposición de las entidades pagadoras de beneficios previsionales, cajas Provinciales, cajas profesionales y la ANSES el sistema a fin de facilitarles a los beneficiarios previsionales dar cumplimiento con el Certificado de Supervivencia, sin necesidad de trasladarse a la sucursal o a comercios para realizar pagos con la tarjeta previsional exponiéndose al contagio al concurrir a sitios con gran afluencia de público, o el uso del sistema de huella dactilar (Mi Huella) que en este momento se ha tornado sumamente peligroso ya que es una fuente de transmisión y no cuentan con las condiciones de higiene requeridos. Sin contar quienes ya se encuentran imposibilitados de movilizarse».

La aplicación podría también en un futuro facilitar el trámite de la tarifa social para empresas vinculadas al transporte público y servicios domiciliarios. «Se puede usar para dar cumplimiento con el requisito de renovación de la Declaración jurada semestral o anual (requerida), para lo cual los beneficiarios deben concurrir a una dependencia a realizar el trámite. Nuestra aplicación no sólo permite certificar su vitalidad, sino que también continúa residiendo en el domicilio que cuenta con el beneficio, para los casos de agua, gas y electricidad».

Fuente: BigBangsNews