La paciencia de los vecinos del barrio Sismográfica parece haber llegado a su límite. Tras semanas de declaraciones cruzadas y promesas en redes sociales, los damnificados por el desplazamiento de suelo exigen respuestas directas de la fuente oficial. Humberto Sanders, vecino y vocero del sector, confirmó a Radiocracia que han convocado a una reunión de carácter urgente para este domingo a las 14:00 horas en la Asociación Vecinal del barrio General Mosconi de Kilómetro 3.

El objetivo del encuentro es unificar criterios ante lo que consideran una demora injustificada en la planificación de sus futuras viviendas. «Hay cosas que vemos que están muy demoradas. Sabemos que hay 52 casas de la provincia, pero todavía no sabemos cuáles son las respuestas del municipio; dicen que van a construir 50 casas, pero no sabemos dónde están los terrenos», fustigó Sanders.

300 familias en espera

Uno de los datos más alarmantes que arrojó el vecino tiene que ver con la magnitud de la crisis. Según el relevamiento realizado por los propios vecinos sobre la base de datos municipal, la necesidad habitacional asciende a 300 familias. Esta cifra contrasta con las 50 soluciones que el Ejecutivo Local ha mencionado en declaraciones periodísticas, pero de las cuales aún no hay confirmación técnica ni ubicación geográfica.

«La mayoría de los vecinos están con ganas de marchar porque al no haber respuesta, hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar de acá en más», explicó Sanders. Entre las opciones que se barajan para el inicio de la semana figuran una movilización con autos, una marcha a pie o, incluso, la posibilidad de realizar un acampa frente a la Municipalidad.

El pedido por los alquileres

Mientras aguardan por la casa propia, la mayoría de los damnificados sobrevive gracias a los subsidios de alquiler que otorga el Estado. Sin embargo, la escalada inflacionaria ha generado un nuevo foco de conflicto: la actualización de los montos.

«Los alquileres se actualizan cada tres meses y lo que queremos pedir es que, en función de cómo se van actualizando los contratos, también se actualice el monto del paliativo», señaló el referente. Actualmente, los vecinos denuncian que el aporte municipal ha quedado desfasado frente a las exigencias del mercado inmobiliario local.

Falta de diálogo con el Intendente

A pesar de haber mantenido reuniones previas con el intendente de la ciudad, Sanders fue tajante al señalar que no han podido obtener datos fehacientes. El contraste con la gestión provincial es una de las mayores quejas del sector. «El Gobernador vino y dijo ‘acá hay 50 y están acá, en la calle Paso en Palazzo’. Sabemos dónde están. Pero no tenemos la misma respuesta del municipio», comparó. La asamblea del domingo será determinante para el futuro del conflicto. Los vecinos buscan salir de la «invisibilidad» mediática y obtener un cronograma real de obras que les permita vislumbrar el fin de la etapa de evacuados y el regreso a una vida normal en una vivienda definitiva.

La comunidad del barrio Sismográfica se prepara para una nueva marcha el 18 de abril en reclamo de soluciones habitacionales definitivas para las más de 200 familias que quedaron fuera del primer cupo de 45 viviendas asignadas en Palazzo.

Gabriel Itaka, vocero de los vecinos, criticó la falta de transparencia gubernamental y la demora en precisar la ubicación de las casas prometidas por el municipio y la provincia. Mientras se define un sistema de puntajes para priorizar a los propietarios damnificados más vulnerables, la preocupación crece por aquellas familias que aún viven en centros de evacuados y por la imposibilidad de muchos vecinos de retirar sus pertenencias de las casas en riesgo de derrumbe.

Uno de los puntos de mayor tensión radica en la falta de comunicación oficial hacia los referentes barriales. Itaka denunció que se enteran de los avances a través de los medios de comunicación y no por canales institucionales. «Es triste enterarse de esta forma; me parece que la información es más para la tribuna que para el vecino», sentenció al aire por Radiocracia, al tiempo que pidió claridad tanto al Gobernador como al Intendente Othar Macharashvili sobre el paradero de las unidades restantes: «Nos gustaría saber dónde van a estar construidas las 50 viviendas con las que se comprometió el Municipio».

En cuanto a los criterios de selección, el vecinalista fue tajante al defender el derecho de quienes eran propietarios antes de la catástrofe, excluyendo a quienes se encontraban alquilando en la zona. «Por ningún motivo nosotros vamos a permitir que ningún inquilino tenga acceso a tierra o a una vivienda», afirmó, explicando que para ellos el Estado dispone de otros paliativos temporales. La prioridad, según un sistema de puntaje socioeconómico, será para personas con CUD (Certificado Único de Discapacidad), jubilados y familias con mayor antigüedad en el barrio.

Finalmente, el referente recordó que la emergencia habitacional sigue vigente, con familias que aún pernoctan en el albergue Evita y en el club Ameghino sin poder resolver su situación de alquiler. Ante este escenario, confirmó una nueva movilización masiva para el próximo 18 de abril. «Vamos a volver a hacer una marcha hasta el día que no tengamos respuesta para todos, porque entendemos que es una decisión política: es poner la que hay que poner y darle solución al vecino», concluyó.

Aunque él y otros vecinos ya consiguieron alquileres temporales gracias a gestiones que involucran al Banco Chubut como garante, la mayoría de las familias aún dependen de albergues.

Itaka enfatizó que, si bien hay avances parciales y se consideran terrenos de YPF para construir módulos, la comunidad se mantiene unida y enfocada en obtener viviendas firmes, despegándose de las divisiones políticas internas como los pedidos de juicio político.

En diálogo con Radiocracia, describió el profundo impacto emocional y social que dejó la pérdida de sus viviendas: «nos quedamos sin nada en un primer momento de perder nuestra casa, no es solo una casa, perdimos nuestros hogares». Relató la destrucción del «microclima» de confianza que existía en el barrio, donde muchos residentes vivieron por más de 50 años.

La lucha por el alquiler y el rol del banco

Si bien Itaka pudo acceder a un alquiler, señaló que la cantidad de personas que permanecen en los albergues (Club Ameghino y Evita) es todavía significativa.

Para paliar la dificultad de conseguir un techo mientras esperan una solución definitiva, se está gestionando una ayuda crediticia clave: una reunión con el Banco Chubut para que la entidad sirva como garante ante propietarios privados, con una tasa de garantía anual del 5%.

«Creemos en la palabra de nuestros gobernantes y en las cosas que se prometen reunión a reunión», afirmó Itaka, aunque reconoció que «falta que es un camino largo y que desgraciadamente no hay nada firmado».

Marcha y unidad comunitaria

El motivo central de la convocatoria para mañana es conmemorar los dos meses del suceso y «demostrarle a todo el mundo que nosotros seguimos peleando, seguimos unidos». La movilización partirá a las 18 horas desde el CEReT (Km. 3) y marchará pacíficamente por Ruta 3 hasta el municipio.

Respecto a las posibles divisiones internas, como el pedido de juicio político impulsado por un sector minoritario de vecinos, Itaka se distanció enfáticamente: » como referente me quiero desligar totalmente del juicio político. No pasó por manos nuestras… entendemos que es un grupo minoritario». Subrayó que su grupo de referentes representa a más de 230 familias, cerca del 70-80% del barrio afectado.

Perspectivas futuras

Sobre las soluciones edilicias, se mencionó la posibilidad de avanzar con tierras de YPF o inmuebles en la zona de Kilómetro 3, e incluso terrenos en Kilómetro 8 y Palazzo, donde se entregarían 64 lotes con módulos habitacionales construidos por los propios vecinos.

No obstante, Itaka fue claro en priorizar la vivienda sobre los informes técnicos: «A nosotros en realidad no nos cambia nada lo que puedan decir del cerro, nosotros ya perdimos todo, no nos entretenemos con esa noticia y seguimos luchando por las casas».

Neira describió condiciones de vida «inhumanas» en los albergues, con riesgos sanitarios graves para los adultos mayores, y señaló que la lentitud en la entrega de soluciones se debe a las «chicanas políticas» entre los gobiernos provincial y municipal, quienes, según él, están utilizando la emergencia como parte de una campaña electoral.

La situación de las familias damnificadas por el deslizamiento en el Cerro Hermitte sigue siendo crítica. Rubén Neira, referente de un grupo de vecinos del barrio Sismográfica, relató la frustración por la falta de avances concretos y las dificultades que enfrentan, incluyendo la exclusión de reuniones oficiales.

E informó al aire por Radiocracia que su grupo fue impedido de ingresar a una reunión regional por orden de «Linaria», aunque otro grupo de vecinos sí pudo participar. Los avances informados son insuficientes: el municipio se comprometió a construir 50 viviendas como primera etapa, cifra que no satisface a las 270 familias del Sismográfica, a las que se sumarán más damnificados de Marquesado y Los Tilos tras la finalización de estudios topográficos.

Criterios de asignación y falta de transparencia

Ante la escasez de soluciones, se informó que las 50 viviendas se asignarán por sistema de puntaje, un criterio que los vecinos reclaman sea transparente. «Nosotros lo que planteamos el otro día al gobernador que algunos vecinos puedan formar esa comisión también, que sea transparente, que no sea por decisión unánime, que no sean ellos, el municipio, que decían, ¿no?», expresó Neira. Se especula que el puntaje priorizará a adultos mayores y madres solteras.

Condiciones de los albergues y ayuda económica

La vida en los albergues, como el de Evita, fue calificada como «inhumana». Neira detalló que solo hay un tráiler para que los niños coman, mientras el resto lo hace a la intemperie, y se prohíbe el ingreso de alimentos propios. Además, se reportan problemas de salud graves, como casos de gastroenteritis, especialmente preocupantes para los adultos mayores, como un residente de 73 años.

En cuanto a la ayuda económica, se reciben $500.000 pesos por alquiler, con un supuesto aumento de $200.000 pendiente de cobro, lo que dificulta a las familias poder afrontar los costos de depósito (tres meses) para alquilar una vivienda particular.

El factor político Finalmente señaló que la falta de soluciones efectivas se debe a la disputa constante entre los estamentos políticos: «Ellos están jugando a hacer una campaña electoral con las necesidades vecinas». Denunció que la pelea entre la provincia y el municipio deja al vecino «prisionero» de la situación.

Alrededor de las 20:30 horas del domingo, la policía fue alertada por una serie de disparos de arma de fuego contra algunas viviendas ubicadas en las calles Aimar y Cerro Tres Botellas del barrio de zona norte.

Inmediatamente se acercaron al lugar las fuerzas especiales de la División Motos junto a Infantería. Allí detuvieron a un hombre de unos 37 años, quién sería uno de los señalados como autor de los disparos.

Por disposición de los funcionarios judiciales, el detenido fue sometido a la pericia del dermo nitrotest para saber si tenía restos de pólvora en sus manos. El sospechoso quedó alojado hasta este martes en que se hará la audiencia de control de detención.

Los efectivos en el lugar secuestraron dos vainas servidas y un cartucho a bala calibre 38.