La acción judicial, impulsada por los propios adjudicatarios, apunta a presuntos delitos de estafa al erario público, incumplimiento de deberes y severas irregularidades estructurales que comprometen la habitabilidad de 630 propiedades. «Es una denuncia penal muy grave por haber construido 630 viviendas con estudios de suelo que decían que el suelo firme está entre 5 y 7 metros de profundidad y construyeron a ras del suelo; alguien tendrá que dar las explicaciones del caso», aseveró el vocero de los damnificados, Jesús Ruiz.

La acusación no solo alcanza a los ejecutores de las obras, sino también a los organismos encargados de los controles técnicos y las habilitaciones urbanísticas. Según denunció el frentista, la Municipalidad otorgó finales de obra pese al incumplimiento flagrante del código de edificación local. «Pedimos al IPV el libro de órdenes y servicios para darle trazabilidad a la obra, ver en qué momento estuvieron los inspectores controlando y qué se certificó, cuáles fueron los montos iniciales y los finales para ver si hubo sobreprecios», explicó Ruiz, añadiendo además irregularidades financieras en la facturación del organismo: «En la Cámara de Diputados contestaron que la cuota se compone de la vivienda, infraestructura y el terreno, pero el terreno lo pagamos cada uno en la Municipalidad y tenemos libre deuda; nos están cobrando dos veces».

En el marco de las demandas por daños y perjuicios previamente iniciadas, peritos designados por el Superior Tribunal de Justicia constataron el progresivo deterioro de los inmuebles. «Un ingeniero de la justicia elevó informes donde dice que estas casas se van a colapsar y que no sabe en el futuro cuántas van a quedar en estado de ruina inhabitable», alertó el referente vecinal. Asimismo, los damnificados señalaron que el terreno sobre el cual se emplazó parte del trazado fue rellenado con material inadecuado. «Rellenaron con arcilla expansiva en vez de suelo seleccionado; entonces la deformación no para y el daño es progresivo», sostuvo.

La situación cotidiana de las familias afectadas se agravó sensiblemente en los últimos meses debido a los movimientos asentacionales del terreno, que provocan rajaduras severas y el descuadre de las aberturas. «Hay familias que no pudieron salir de la casa para ir a trabajar porque la puerta principal no abre; las ventanas quedan trabadas y las membranas de los techos se vuelan porque las pegaron solo en los bordes», detalló Ruiz. Ante este escenario, los vecinos aguardan el avance de la causa penal para determinar las responsabilidades de los funcionarios e inspectores intervinientes y exigir un resarcimiento integral por los perjuicios económicos y materiales sufridos.