El enorme aumento de las tarifas de luz que vino aplicando la gestión Cambiemos desde sus inicios, comenzó a reflejarse con fuerza en la demanda de energía eléctrica durante el segundo semestre del 2018.

En diciembre se registró la cuarta caída consecutiva y se destacó como el peor mes del año en la materia, con un retroceso del 10%, que se elevó al 10,7% para el caso del consumo industrial y al 13% en la demanda residencial.

Este último sector es el más demandante de todos al acaparar el 43% del consumo total, seguido por el uso comercial (30%) y finalmente el rubro manufacturero (27%).

De acuerdo a un informe de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec) en base los datos de Cammesa, la provincia más afectada fue Catamarca, con un inédito derrumbe del 40%, seguida por San Luis (-31%), Corrientes (-14%), San Juan (-12%), Tucumán (-12%) y Entre Ríos (-12%).

La zona metropolitana de Buenos Aires y el Conurbano anotó una baja del 12,1%, mientras que los únicos avances se dieron en Santa Cruz (7%) y Chubut (1%).

El mismo movimiento se evidenció en la generación eléctrica, que pasó de 12.472 GWh en 2017 a 11.079 GWh en el último mes del 2018, totalizando un recorte del 11,1% que de todos modos no impidió un abrupto salto del 2.000% en la importación eléctrica.

Según los datos del acumulado anual, la generación térmica siguió liderando ampliamente el aporte de producción con un 63,42% de los requerimientos. Por otra parte, las centrales hidroeléctricas aportaron el 29,13% de la demanda, las nucleares proveyeron un 4,70%, y las generadoras de fuentes alternativas un 2,51% del total, con lo que siguen lejos del 8% establecido por la ley 27.191 a pesar de los múltiples proyectos inaugurados.

Respecto a la demanda anual, debido al dinamismo presentado a mediados de año -especialmente entre los meses de junio y agosto-, el 2018 cerró con un crecimiento interanual del 0,2%.

Con una sesión presidida por el presidente provisorio, Maximiliano Sampaoli, la Hora de Preferencia estuvo marcada por un tema que se volvió a colocar en agenda para las próximas semanas: el tratamiento del incremento de las tarifas de los servicios públicos, que se viene solicitando desde hace siete meses. Pese a que los incrementos ya fueron efectuados por el gobierno nacional y se hicieron visibles desde enero en las facturas para la compra de energía que recibe la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, desde el Concejo Deliberante se había decidido no aprobar los aumentos momentáneamente.

La falta de datos concretos en relación a la estructura de costos de la SCPL, necesaria para definir una tarifa local y su forma de implementación, llevaron a dilatar el tratamiento y en cambio se decidió solicitar una auditoría financiera a la Cooperativa, que está llevando adelante el Tribunal de Cuentas Municipal. Sin embargo, el fracaso del intento de los Diputados Nacionales con su propuesta de retrotraer los aumentos que fue vetada por el Gobierno Nacional, plantea la necesidad de revisar el proceso. Sin descuidar el objetivo de la auditoría solicitada, los bloques asumirían la responsabilidad de analizar el pedido de aumento solicitado en febrero, que por Carta Orgánica debe pasar por el Concejo Deliberante, pese a que son incrementos ya impuestos desde otro ámbito (Gobierno Nacional).

En este contexto, desde los distintos bloques anticiparon un tratamiento del tema en comisión de cara a la próxima sesión. El primero en tomar la palabra fue el presidente del bloque PJ, Guillermo Almirón, quien recordó la discusión en el Congreso por la ley que retrotraía el aumento de tarifas y que finalmente fue vetada por el Gobierno Nacional. “Los servicios públicos son un tema que están en debate desde hace dos años y es un problema estructural. Nación ya definió el aumento y lo reafirmó con el veto. Nosotros tuvimos una amplia discusión sobre qué hacer con ese tema, porque parece que fuera un antojo local avanzar con esos temas. Pero somos respetuosos del plano legislativo nacional. Y el ejecutivo nacional vetó la ley propuesta, por lo cual sigue en pie las tarifas”.

El edil recordó que “arranamos este año legislativo con algo que es muy difícil, porque cada vez se dificulta más afrontar estas tarifas. Las paritarias están homologadas. Eso no se puede discutir. Tampoco las tarifas que ya bajó Cammesa a la SCPL. Además hay un cronograma de aumento de servicios públicos hacia adelante, no solo este que aún nosotros no resolvimos. La recomposición es una realidad. El tema es el gradualismo. Cada vez la canasta básica le come una proporción mucho mayor de sus ingresos a la gente y la preocupación es ese impacto”.

Respecto a la auditoría se dejó en claro que es una herramienta necesaria que seguirá su camino: “Estamos pidiendo una auditoria a la SCPL para aclarar los tantos. Y ver si es algo que a nosotros se nos ocurre, si es un mito urbano o lo que sea: queremos ver la cuestión estructural, en qué residen hasta el mes de marzo los gastos. Hay mitos sobre el funcionamiento de la SCPL, claro que sí, por eso la auditoría, para saber. Porque tampoco es una patente de corso, ni apretar, ni dirimir cuestiones internas”. Pero a su vez, entienden que en este contexto nacional no se puede dilatar más el tratamiento de un aumento que la SCPL ya sufre desde enero por parte de Cammesa. “El aumento de Cammesa es real. Ya son alrededor de 100 millones de pesos los que se dejó de facturar por parte de la SCPL.

El impacto hacia la población es tremendo. ¿Y cómo lo morigeramos? No tratamos el tema, agotamos los ámbitos. Pero a nivel nacional se vetó y prosiguen los aumentos. Lo concreto es que estamos en este punto y nuestra dilación es peor. Este tema ya está definido por Nación y nosotros lamentablemente solo tenemos que ver cómo encuadra acá. No hay mucho más tiempo para demorar esto. Es incómodo. El llamado es a darle la solución que tiene que tener, primero en comisión y asumir todos la responsabilidad”, señaló Almirón.

Por último, el edil del PJ resaltó la necesidad de enfocarse en el control de la medición de consumos porque “es una incógnita, una duda que también pretendemos trabajar en comisión. Creo que la mayoría de la gente intuye o sabe que esta discusión no es local”.

Desde otros bloques también coincidieron en poner en relieve nuevamente la discusión por las tarifas, para evitar un perjuicio mayor a la SCPL. Tal fue el caso del concejal del unibloque Chubut Somos Todos, Ricardo Gaitán, quien expresó su preocupación por la situación de la institución (resaltando esta palabra) de la Cooperativa. “A nadie escapa la solicitud que ingresó en febrero de aumento de un 34%. A partir de allí se analizó mucho y se decidió la auditoria. Pero en el medio tenemos la suba permanente de tarifas del Gobierno Nacional con el veto más rápido de la historia del país que convalidó los aumentos ya efectuados y los que se vienen, porque ya fueron anunciados para julio”.

En este sentido, Gaitán advirtió que “estamos ante un panorama muy oscuro de nuestra institución que es la SCPL, independientemente de los que hoy en día tienen la responsabilidad de administrarla. Desapareció de la agenda de la ciudad el tema tarifario, pero la obligación nuestra es volver a ponerlo en agenda y explicar lo que vamos a hacer para evitar poner en riesgo a la Cooperativa”. Reconoció que “a nadie le gusta tener que levantar la mano otorgando un aumento, pero a veces hay que buscar una salida para ir progresivamente a un aumento que se tiene que dar sí o sí, lógicamente con algunas modificaciones en cuanto a los cargos fijos”. Sabiendo que la responsabilidad no es nuestra, es de un gobierno nacional que sistemática y despiadadamente viene incrementando los valores tarifarios, al punto de ser insostenibles”.

Tras el veto de Nación, Cambiemos apoya
En tanto, desde el bloque Cambiemos, José Gaspar reconoció que “hace 7 meses se está trabajando el tema y hay que tomar definiciones. Tenemos la mayoría de los informes del Ente de Control. Tomemos el compromiso para que en la próxima sesión se trata, y ver si se dará el aumento o no y cuál será el escalonamiento”.

El edil del bloque Cambiemos pero con origen radical, advirtió que “todos saben que yo tengo mis diferencias de cómo se han aplicado los aumentos a nivel nacional y siempre he tenido una posición en defensa de a quienes represento. Pero también debo ser responsable y no demagógico. El gobierno nacional está reduciendo los subsidios para poder equilibrar sus cuentas. Los subsidios generalizados no son justos, deben ser solidarios y que le lleguen a los que menos tienen. Pero sigo sosteniendo que tendría que haber sido gradual el aumento, como lo pensamos acá. De este Concejo siempre salen en varias etapas los aumentos. Asumamos el compromiso de que en la próxima sesión definamos lo de la energía eléctrica por lo menos. Pero también debemos bregar por un mejor servicio: en esta provincia hay pueblo que a las 19 horas no tienen más luz”.