Según pudo saber TN, el organismo que conduce Miguel Blanco analizará centenares de contratos para la provisión de servicios de seguridad que fueron firmados por los ministerios y dependencias del Estado en los últimos años. A priori, lo que se detectó es que pocas empresas se quedaban con la mayoría de los contratos, algo simular a lo que ocurrió con los servicios de limpieza.

Lo que se buscará determinar es si los agentes de seguridad efectivamente iban a sus puestos de trabajo, si se eligió la oferta más económica, entre otros puntos. Durante todo 2024, la SIGEN, el órgano de control interno del Poder Ejecutivo, se encargó de iniciar una numerosa cantidad de auditorías para tener una gestión más «ordenada y eficiente» de los recursos públicos. Entre sus premisas estaba buscar posibles cartelizaciones en las contrataciones de servicios, verificar la asistencia de los empleados y analizar de qué forma se contrató a cada compañía.

En el caso de los contratos de limpieza, las auditorías se realizaron en todas las reparticiones del Estado, es decir, en todos los organismos públicos: desde los ministerios más importantes hasta los pequeños entes.

El informe final expuso gastos de hasta $88.000 millones en limpieza en el último año del gobierno de Alberto Fernández y determinó cinco puntos claves:

-Cartelización: el servicio de limpieza se concentró en 10 proveedores, de las 355 empresas de limpieza empleadas. Este grupo reunió el 61,78% del monto total de contrataciones y se pudo constatar la repetición de autoridades en el directorio de más de una compañía.

-Controles insuficientes en la prestación del servicio: no se realizó un registro del presentismo y del cumplimiento del personal. En el 20% de los casos no se tomó asistencia de los empleados y en el 21% no se verificó si se cumplió con el horario laboral designado.

-No hubo un criterio uniforme para determinar los costos de las empresas. Algunas se manejaban con el dato del IPC, otras con el Índice de Precios Mayoristas y con paritarias sectoriales o sindicales. Sin embargo, esto solo ocurrió en 861 contratos, los restantes 447 convenios se firmaron con “otras” modalidades no especificadas. Esto representó un 52% del total.

-Existió una falta de control en el cumplimiento de los aportes jubilatorios, retenciones y ART. Algunas de las empresas involucradas aún se manejan con el decreto 332/2020 de la gestión de Fernández, que creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores afectados por la emergencia sanitaria en la Pandemia. La resolución determinó que cada empleador podía reducir o postergar hasta el 95% del pago de contribuciones patronales al Sistema Previsional Argentino.

-No todas las contrataciones se realizaron con documentos licitatorios modelo. Un 27% fue a través de licitación pública, pero las restantes se efectuaron mediante concursos privados, contratación directa, legítimo abono, licitación privada, concurso público, subasta pública y compulsa de precios, entre otras.

Según el informe, Aerolíneas Argentinas lidera el ranking de las empresas que tuvieron los contratos de limpieza más caros, con un monto total de $8.673.458.024,48. Le siguen el Banco Nación ($6.687.491.950,70), ARCA -ex AFIP-($6.321.561.418,33), AYSA ($6.303.905.299,84) y Anses ($4.790.659.761,53).

Además, figuran el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ($4.651.633.229,81), el Hospital Garrahan ($2.586.239.388,00), el Correo Argentino ($2.393.082.026,12), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ($2.128.340.794,49) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ($1.769.936.357,28).

De todas las empresas que fueron contratadas durante 2023, hay tres que llamaron la atención de la Sindicatura General: La Mantovana de Servicios Generales S.A, Martín y Cía S.A, y Domin S.R.L.

La Mantovana es la empresa que mayor costo de contratación representó en 2023, con casi $20 mil millones. La empresa prestó servicios principalmente en AFIP, Anses, Jefatura de Gabinete y en la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

El paquete normativo total involucra cuatro decretos -tres publicados hoy y otro previsto para la próxima edición- que modifican el marco normativo para las compras, contrataciones y el manejo presupuestario en las universidades públicas. Estas reformas implican la adopción obligatoria de sistemas electrónicos nacionales como COMPR.AR, CONTRAT.AR y el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF). Además, se restringe al mínimo la posibilidad de firmar “convenios interadministrativos” con entes públicos o cooperativas, que quedaban fuera de los controles del Estado Nacional.

Este último punto es clave, porque en las investigaciones de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), con quien la UBA mantiene una disputa en tribunales, se descubrieron unos 2.400 convenios por montos multimillonarios con diversas irregularidades. En la batería de decretos que elaboraron los ministerios de Capital Humano, Descentralización y Economía se dejó una instancia de negociación: no se establecieron cronogramas ni fechas límite para su implementación. «Queremos el diálogo», dijeron en el Gobierno.

El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, explicaron los detalles de los cambios en una rueda de prensa de la que participó Infobae. Ambos resaltaron que los cambios no avanzarán en modo alguno sobre la autonomía de esas instituciones, que está reconocida por la Constitución Nacional y las leyes, sino que las incorpora a los requerimientos de transparencia que rigen para la administración de fondos en todos los organismos públicos.

En el contacto con los medios, Fariña -virtual viceministro de Federico Sturzenegger- explicó que los decretos «se enmarcan en una lógica de la política de transparencia del gobierno nacional» y puso como ejemplo la disolución de 15 fondos fiduciarios, algunos de los cuales «gastaban el 70 u 80% de su dinero en salarios y no destinaban casi nada de los fondos al fin para el cual habían sido creados». Otro caso fue «el fin de los privilegios de las empresas públicas, que tenían un monopolio en la contratación del Estado, como YPF, Aerolíneas Argentinas, el Correo o la agencia Optar».

«Las universidades tienen autonomía total para definir cómo gastar su presupuesto y eso se respeta y nadie lo cuestiona. Pero los fondos a partir de los cuales funcionan son de la administración pública, que están aplicados dentro de la Ley de Administración Financiera. Las universidades son entes de la administración pública y la visión del Gobierno es que tienen que tener los mismos procesos de transparencia y control que cualquier otra entidad», indicó el secretario de Transformación del Estado y Función Pública.

El primer decreto estableció la obligación para todos los entes incluidos en el inciso a) del artículo 8 de la Ley Administración Financiera -dentro de los cuales están las universidades- de utilizar el Sistema de Compras Contrat.Ar y Compr.Ar y regirse por los requerimientos de la Oficina Nacional de Compras. «Hay algunas universidades que ya lo utilizan, otras universidades que no lo utilizan y que están fuera del marco normativo -porque forman parte de la administración pública y tendrían que utilizar estos sistemas de compras- y nos va a permitir tener un mecanismo de transparencia sobre el uso de todas las licitaciones y compras que realizan todas las universidades».

«De la misma forma que hoy, si el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Desregulación hace una compra y pueden ver la cantidad de oferentes, los precios, cuáles son las compras, queremos transparentar todos los gastos de las contrataciones que realicen las universidades, manteniendo la autonomía -ellas van a decidir cómo ejecutar su presupuesto- y lo único que estamos disponiendo es que van a tener que utilizar los mismos mecanismos que el resto», explicó el viceministro.

El segundo decreto está relacionado con el E-SIDIF, que es el sistema que se utiliza en el Estado nacional para la gestión de pagos, una licitación, un convenio, una transferencia directa a un ente o a una jurisdicción. «Ese proceso de tomar el Presupuesto, verificarlo, hacer la presentación de la factura, ejecutar el pago, todo se realiza por ese sistema que es el E-SIDIF y que depende de la Secretaría de Hacienda», indicó el funcionario.

Y resaltó que están instruyendo a la Secretaría, primero estableciendo la obligación de que todas las universidades, empresas públicas y fondos fiduciarios y todos los organismos que pertenecen a la Administración pública utilicen este sistema de forma obligatoria, mediante un cronograma para la implementación”.

«Todos los gastos y transferencias y pagos que realicen las universidades van a tener el mismo sistema de seguimiento y control y de auditoría que permite hoy en día o que tiene toda la administración pública y todo lo que son los fondos públicos que salen de los impuestos de cada uno de los ciudadanos», explicó.

El tercero, que es clave, es un DNU que modifica el decreto delegado de las contrataciones públicas, como puede ser una compra directa, una licitación internacional, una licitación pública. «Todas esas acciones tienen unas diferentes metodologías de adquisición de bienes y servicios y algo que se llama ‘convenios interadministrativos’, que es un proceso que es mucho más acelerado y que se utiliza para algunas situaciones en particular».

«Estamos eliminando la posibilidad de que haya convenios interadministrativos con universidades. Para que tomen la dimensión del tamaño de esto, con la SIGEN hicimos una auditoría respecto a los últimos dos años -2022 y 2023- y encontramos más de 2.400 convenios entre el Estado nacional y diferentes universidades de todo el país», explicó Fariña.

El viceministro reconoció que, «lamentablemente, a lo largo de la historia, se han utilizado esos convenios de formas incorrectas, con marcos que daban poca transparencia, organismos que hacían contrataciones por montos muy grandes con universidades, en las cuales no había un fin concreto, no se entendía claramente, cuál era el servicio que se estaba brindando, en algunos casos se ha llegado a hacer contrataciones de personal mediante este tipo de convenios».

«Queremos brindar la mayor transparencia en el funcionamiento de la administración pública. Esto no implica que se pueda hacer una contratación en una universidad. No lo prohíbe, pero lo único que establecemos que tiene que ser en el mismo marco de igualdad que cualquier empresa», agregó el secretario de Transformación del Estado.

Y aclaró: «Si un Estado o un organismo necesita hacer una consultoría específica sobre algún tema en particular, tendrá que ir a una licitación pública, se podrán presentar empresas privadas, se podrá presentar una universidad pública, se puede presentar una universidad privada y, en base a los criterios de los pliegos, se elegirá al mejor postor, pero que no exista la posibilidad de un camino indirecto, de un camino poco transparente, de directamente hacer un convenio interadministrativo con una universidad pública que permite una vía de gastos de dinero poco transparente».

«El cuarto decreto es un decreto reglamentario para adecuar los cambios que se tienen que hacer a partir del cambio en el DNU que mencioné recién y que se publicará en las próximas horas», explicó.

Los roces con la UBA

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, afirmó que en el sistema de compras que se va a poner en marcha a partir de estos decretos ya hay universidades. «Tenemos 35 universidades que están dentro del sistema, que es más o menos la mitad del sistema. La idea es que pasen a estar en el 100% de las universidades. Sabemos que es un proceso lento, porque tampoco podemos de un día para otro hacer que se cambien todos los sistemas».

El funcionario explicó que en el resto existe un sistema que es el SIU (Sistema de información universitaria) que tiene diferentes subsistemas, como el de administración de personal, un sistema de información de alumnos y un sistema de contratación y pago, que se llama Pilagá. El subsecretario aseguró que el titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, «está de acuerdo» con los cambios y que habían empezado a discutir la implementación.

«La idea era hacerlo en un proceso dialogado con el CIN para implementarlo», dijo Álvarez, aunque reconoció que con la Universidad de Buenos Aires el diálogo está interrumpido. «Hay 62 universidades, además de la UBA, hay otras 61. Nosotros tenemos que gobernar todo el sistema, no solamente la UBA, porque también esto es todo muy UBA dependiente. Es importante, es el 50% del sistema en cuanto al presupuesto, pero como me han escuchado a mí varias veces que lo dije, va a llegar un momento en que la UBA va a tener que aceptar que la Argentina tiene una Constitución y tiene un sistema legal que tiene que acatar. No puede ser que tengamos la Constitución Nacional, la Ley de Educación Superior y la UBA, que tiene su propio sistema legal», afirmó.

«La ley se interpreta según su propio beneficio. Estamos discutiendo ahora: la UBA tampoco quiere el sistema de créditos. Acaba de reunirse el Consejo de Universidades. Se votó por unanimidad la aplicación del sistema de crédito paulatinamente, tampoco es una cosa manu militari, sino que lentamente, y tampoco la UBA participó», consideró.

Por último, el subsecretario de Políticas Universitarias reveló que la última auditoría realizada sobre la cantidad de alumnos que tiene la UBA confirmó una disparidad entre los inscriptos y los estudiantes que efectivamente tienen actividad. «De los 300 mil, el 25% está en duda, no tiene datos. De esa matrícula, 25% que no tiene ningún dato en el sistema. No sé si son inventados, son remanentes, eso estamos investigando, a ver qué es lo que pasó con esos datos. Con tanta cantidad de alumnos sin ningún dato, sin ninguna materia rendida, sin inscribirse ninguna materia, nunca, es para observarlo», afirmó.

El comunicado de la SIGEN, organismo de control que depende de Presidencia de la Nación, se conoce cuatro días antes que comience a auditar a la Universidad de Buenos Aires, previsto para el 28 de octubre, tal como se adelantaron por nota al rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi.

«El Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales. La Ley N° 24.521 de Educación Superior establece que las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera que ejercerán dentro del régimen de la ley 24.156», destacaron desde el organismo a cargo de Miguel Blanco.

Y explicaron que: «De ese modo, al encuadrar el accionar de las Universidades Nacionales en esta última Ley, se buscó garantizar la regularidad financiera y la legalidad de los procedimientos para la utilización de recursos públicos y el régimen de responsabilidad de los funcionarios, imponiéndoles la obligación de rendir cuentas de su gestión; además de implementar un sistema de control interno, integrado por la SIGEN como órgano rector».

Por esa razón, argumentaron, “no hay colisión entre la autonomía y autarquía universitaria y la competencia de control de SIGEN en ámbito de las universidades nacionales”. La Ley de Educación Superior, dictada como consecuencia de la Reforma constitucional, es la que sometió expresamente el sistema de educación superior a la Ley N° 24.156, norma que faculta a la Sindicatura General de la Nación para examinar en forma sistemática e integral el control interno imperante en los organismos y entes del Sector Público, sus operaciones y el cumplimiento de las responsabilidades financieras, legales y de gestión”.

El caso de la Universidad chaqueña

En el escrito, desde la SIGEN refirieron el caso de lo sucedido en la Universidad del Chaco Austral, cuyo Rector, Omar Judis, fue condenado por el Tribunal Oral 1 de Resistencia, por «defraudación contra la administración pública», a siete años de prisión, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la Función Pública y multa.

La Justicia comprobó -según publica Infobae– que lideró una estructura administrativo-académica-empresarial, «integrada por parte de su familia y amigos para desviar recursos de la Universidad hacia el patrimonio de los integrantes del grupo delictivo, direccionando -por ejemplo- procesos de contratación de obra pública que tenían como objetivo favorecer a empresarios que pagaban ‘retornos’ de fondos mediante, entre otros supuestos, la venta de inmuebles a precio vil».

En el comunicado del organismo de control también se destaca: «Los fondos universitarios también fueron triangulados con Fundaciones creadas por las autoridades de la Universidad, para que se pierda el rastro de su traspaso. Se generaron gastos inexistentes, o erogaciones orientadas a sostener la militancia o financiar campañas políticas. Se contrataron una gran cantidad de empleados ‘ñoquis’, que no guardaba proporción con la cantidad de alumnos».

En síntesis, argumentaron desde la SIGEN, la falta de control de la aplicación de los significativos fondos públicos que el Estado Nacional destina a las Universidades Nacionales «posibilita que esos recursos sean utilizados con fines distintos a aquellos para los que fueron asignados».

La condena contra Omar Judis fue en diciembre de 2022, pero casi dos años después, en febrero pasado, el también ex ministro de Infraestructura del Chaco falleció; por esa razón, el Tribunal Oral Federal de Resistencia, a cargo del juez Juan Manuel Iglesias, declaró extinguida la causa.

Como derivación de ese expediente se abrió otra investigación en la que el 11 de abril de 2024 resultó procesado Germán Oestmann, rector de la Universidad Nacional de Chaco Austral y uno de los hombres de confianza del ex gobernador Jorge Capitanich, por los presuntos delitos de corrupción y fraude a la Administración Pública en el marco de la causa que investiga el desvío de fondos del Estado nacional que estaban destinados a su institución. Junto a Oestmann, quien está acusado de participar de una organización ilícita que desviaba fondos públicos, hay otras 17 personas implicadas.

Para la SIGEN, auditar las casas de altos estudios será una herramienta para detectar y prevenir casos como el de la Universidad del Chaco Austral. Lo expresaron así: «El control que lleva adelante SIGEN es fundamental para una gestión pública adecuada, por cuanto implementa y supervisa el funcionamiento de herramientas que permiten advertir a la autoridad responsable del organismo o ente fiscalizado sobre los riesgos que existen en la organización a su cargo y, consecuentemente, le aportan información que facilita la adopción de acciones correctivas que restablezcan la regularidad y juridicidad del accionar administrativo, colaborando así en el proceso de mejora continua de la actividad estatal».