Según las proyecciones del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la revisión de estas pensiones por invalidez permitirá un ahorro estimado del orden de los 900.000 millones de pesos este año.

En esta primera fase, los beneficiarios recibirán notificaciones para presentarse a una evaluación médica con un profesional de PAMI, donde deberán presentar la documentación requerida y someterse a los controles necesarios. Posteriormente, los especialistas de ANDIS analizarán los antecedentes y emitirán los dictámenes que definirán la continuidad del beneficio.

La asistencia a estas citaciones es obligatoria, y la incomparecencia puede resultar en la suspensión de la pensión. Quienes no puedan asistir deberán justificar su ausencia con 24 horas de anticipación, enviando un correo a inasistenciapnc@andis.gob.ar o a través del chatbot TINA de WhatsApp (+54 11 3910-1010), con la documentación respaldatoria y copia del DNI.

El proceso de auditoría comenzó en 2024 tras detectarse irregularidades en la asignación de pensiones. Según datos oficiales, de 22.417 pensiones revisadas el año pasado, solo el 20% cumplía con los requisitos legales. Además, se identificó que 150 personas fallecidas y 212 presos seguían percibiendo la pensión, y en octubre se capturó a 14 prófugos de la justicia que cobraban este beneficio.

Para la implementación de este plan, el Gobierno firmó acuerdos específicos con ANDIS y PAMI para la contratación de servicios postales, evaluaciones clínicas y procedimientos administrativos que permitan la baja de beneficios irregulares.

El proceso se desarrollará de manera escalonada y progresiva, con especial atención en las pensiones otorgadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Se prevé que la auditoría de la totalidad de pensiones activas concluya en la primera mitad de 2025.

Antecedentes

Antes de poner en marcha esta auditoría masiva, el Gobierno realizó una primera investigación sumaria desde el 2 de enero hasta el 20 de enero. Se citaron un total de 1108 personas para ser auditadas. Pese a la debida notificación, de este total, 357 no se presentaron a la convocatoria; lo que representa un 31,6% de los citados.

Entre los 759 beneficiarios que sí acudieron al llamado, se detectó que 126 personas, lo que representa un 16,6% de los asistentes, no cumplían con los requisitos necesarios para recibir la pensión. Este hallazgo subraya la importancia de los controles periódicos para asegurar que los fondos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan. Además, 16 casos, equivalentes al 2,1% de los presentes, quedaron pendientes de una verificación médica adicional, lo que indica que el proceso de auditoría aún no ha concluido para algunos beneficiarios.

En este sentido, señaló -en diálogo con Radiocracia– que «a la educación pública hay que defenderla. La lucha tiene que continuar».

«Nosotros lo que queremos es el debate. Tenemos en claro quiénes son los que nos auditan y quiénes son los que nos tienen que pedir información», dijo.

Asimismo, aclaró que «hace 74 años que estamos siendo auditados y nunca nos negamos a nada».

«Ponemos la alfombra roja para que vengan los auditores que designe el Gobierno Nacional. Estamos abiertos, en la página web hay un botón de transparencia institucional. La auditoría sirve para desmitificar lo que se puede llegar a pensar», indicó.

En este marco, destacó que «si alguien piensa que hay corrupción en la Universidad, que lo denuncie como corresponde y ahí si que investiguen los auditores».

«La sensibilidad está a flor de la piel porque se vive una constante incertidumbre y nadie da respuestas», concluyó finalmente Blanco.

Desde el 2023, la SIGEN realizó acuerdos con facultades públicas que aceptaron someterse a las inspecciones. La decisión fue por cuenta propia, a pesar de la resolución firmada por el exprocurador del Tesoro, Carlos Zannini, que indicaba que las auditorías sobre las facultades eran una «vulneración a la autonomía».

«Ahora comienza una nueva etapa, donde pasan a ser una obligación», indicó una fuente especializada en el tema. «Vamos a enviar el comunicado del dictamen a las autoridades de cada institución para afirmarles que vamos a auditar», agregó. «La Sindicatura tiene el poder para mañana mismo intimar a las Universidades para que entreguen su rendición de cuentas», sumaron en la Procuración del Tesoro.

En la SIGEN reconocen -según publica TN– que pueden existir algunas universidades que decidan judicializar la medida, argumentando que no se pueden entrometer en la autarquía y autonomía de cada casa de altos estudios, otorgadas por la Constitución Nacional. Un pedido de auditoría, que tiene fuerza ejecutiva, puede ser frenado con una medida cautelar, donde el juez falle a favor de las facultades.

Cuáles son las primeras universidades públicas que van a ser auditadas por la SIGEN

Luego del anuncio, la SIGEN se enfocará en auditar en primer lugar las Universidades que se adhirieron a los convenios y que ya tienen un plan de auditoría planificado. Los controles irán por partes, y solo se revisarán determinadas áreas. El sistema de compras de las instituciones sería uno de los primeros en ser revisado.

Para las que no tienen el acuerdo se deberá detallar un proyecto auditor y también “tener el instinto para revisar dónde podría llegar a haber anomalías”.

«Muchas veces saltan irregularidades, estamos hablando de fondos públicos que no tienen control por parte del Estado», sostuvo una fuente que sigue desde cerca el tema. «No son islas las instituciones, se deben manejar siguiendo los sistemas del Estado».

La SIGEN solo tiene poder para inspeccionar la administración de fondos, es decir, si las Universidades cumplen con las licitaciones, qué compras hacen, a quién contratan y por cuánto dinero. «Es una oportunidad de mejora», advierten desde el Ejecutivo.

Las 26 universidades que serán las primeras en ser auditadas por la SIGEN son:

-Universidad Nacional de La Pampa

-Universidad Nacional de Hurlingham-UNAHUR

-Universidad Nacional de los Comechingones-UNComen

-Universidad Pedagógica Nacional

-Universidad Nacional de Villa María

-Universidad Nacional de Tres de Febrero-UNTREF

-Universidad Nacional de Entre Ríos-UNER

-Universidad Nacional de Río Negro-UNRN

-Universidad Tecnológica Nacional-UTN

-Universidad Nacional de Madre de Plaza de Mayo-UNMa

-Universidad de Quilmes-UNQ

-Universidad Nacional de la Matanza-UNLaM

-Universidad Nacional Arturo Jauretche

-Universidad Nacional de Misiones-UNaM

-Universidad Nacional de las Artes-UNA

-Universidad Nacional de Lanús-UNLa

-Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco-UNPSJB

-Universidad Nacional de José Clemente Paz-UNPAZ

-Universidad Nacional del Oeste-UNO

-Universidad Nacional de San Martín-UNSAM

-Universidad Nacional de Avellaneda-UNDAv

-Universidad Nacional de Moreno-UNM

-Universidad Nacional de Rafaela-UNdeR

-Universidad Nacional del Sur-UNS

-Universidad Nacional de La Rioja-UNLaR

-Universidad Nacional del Chaco Austral-UNCAus

En este sentido, señaló que “queridas vecinas y vecinos de Comodoro, luego de un análisis muy profundo de la situación por parte de nuestros equipos técnicos, con respecto al costo de los servicios públicos he tomado la decisión de que ha llegado el momento de esclarecer, sin lugar a dudas, como se conforman las tarifas que cada familia paga en nuestra ciudad por los servicios vitales como la luz, el agua y las cloacas”.

“Es por eso que acabo de presentar un proyecto para que el Concejo Deliberante eleve al Tribunal de Cuentas Municipal el pedido de realización de una auditoría económico-financiera a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada”, dijo en un vídeo que fue subido a sus redes sociales.

Asimismo, aclaró que “en cada Unión Vecinal, en cada espacio de encuentro que tengo con ustedes, la preocupación principal es que muchas familias no están pudiendo hacer frente a los costos de los servicios mas elementales”.

“Necesitamos que las tarifas sean eficientes, justas y razonables. Estoy cumpliendo con la facultad que ustedes mismos me han dado, que es la de representarlos”, indicó.

En este marco, destacó: “Con el fin de aportar la mayor transparencia a todo el proceso, solicitaré que la UNPSJB conforme un equipo de profesionales que asista al Tribunal de Cuentas en todo el debido proceso”.

“Con todo estos buscamos transparencia, para que todos los comodorenses sepamos con detalles y sin dudas lo que pagamos en relación a los servicios públicos”, expresó.

Finalmente, Macharashvili concluyó: “En los momentos difíciles hay que estar, y sobre todo, hay que estar con la verdad”.

En este sentido, señaló que “hoy se entregó el informe final de la auditoría al intendente Carlos Linares y al Concejo Deliberante”.

“La auditoría reflejó un manejo inexistente de herramientas financieras y económicas. No hay procedimientos de adecuación de tarifas ni planificación en ningún área”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “no hay articulación ni comunicación entre ninguna de las áreas de la SCPL, son prácticamente islas”.

“En el período 2017-2018 se emitieron un total de 811 órdenes de compra por un valor total de  136 millones de compras. El 21% de estas compras no tienen la factura correspondiente. Si yo estaría a cargo de la Gerencia comercial por dignidad renunciaría pero en la Cooperativa nadie renuncia, y si se van, se van con indemnizaciones bastante abultadas”, indicó.

En este marco, recordó que “de las 95 órdenes de compra que auditamos -que equivalen a 57 millones de pesos- todas presentan irregularidades”.

“Si reducimos las pérdidas de energía – hay un 20% de enganchados- el estado financiero de la Cooperativa mejoraría”, comentó.

A su vez, añadió que “la nueva gestión no comprende que hay muchas cosas que hacer. Hoy que cumple 86 años la Cooperativa se debería hacer una profunda y fuerte autocrítica”.

“La Cooperativa nunca tuvo  una cadena de control. El déficit viene ocurriendo desde el año 2012”, afirmó.

Finalmente, Acevedo concluyó que “la administración de la Cooperativa nunca tuvo coordinación y es anárquica. Espero que esta gestión actual tome las decisiones que deba tomar”.

En este sentido, señaló que “en la auditoría se hizo una análisis técnico en donde se analizó la gestión y la administración de la SCPL poniendo especial énfasis en los costos, planificación, procesos de compras y en el cumplimiento normativo que regula toda la actividad de la Cooperativa”.

“El hallazgo que encontramos en líneas generales en esta auditoría -que va desde el 01 de enero del 2012 al 30 de abril de 2018-  es que se evidencian las debilidades que existen en cuanto al control, gestión y administración de los servicios públicos concesionados”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “también se encontró un débil control interno y un manejo deficiente y prácticamente inexistente de herramientas económicas y financieras de gestión”.

“A su vez se detectó un deterioro patrimonial y de resultados en los ejercicios contables que revelan el nivel endeudamiento al que se llegó”, indicó.

En este marco, recordó que “los principales perjudicados por todo esto son los ciudadanos”.

“El Ente de control de los Servicios Públicos no realizó las tareas de control sobre la prestación económica deficiente de los servicios públicos. También existen deficiencias muy fuertes en todos los procedimientos de compras de la SCPL, la mayoría no tienen soporte legal”, comentó.

A su vez, afirmó que “en agosto detectamos que la Cooperativa cobra por los efluentes cloacales y es un servicio que no presta. Esto ya fue denunciado. El 96% de los efluentes van a la costa sin ser tratados”.

“Acá hay una ausencia absoluta de control en el manejo de la Cooperativa. El Estado Municipal se ha desentendido de la Cooperativa y de los servicios públicos”, aseveró.

Finalmente, Acevedo concluyó que “yo pediría que este tema debe ser de agenda pública para todo aquel que se quiera presentar como precandidato a Intendente. El pedido de aumento de tarifas debe analizarse en base a lo que presentemos el día jueves. Todos los actores tienen que ser convocados”.

En este sentido, señaló que “el trabajo de la auditoría finalmente está terminado. La comunidad tiene que saber que la Cooperativa con su cuerpo legal han hecho hasta lo imposible para obstaculizar el trabajo del Tribunal de Cuentas”.

“Terminamos un trabajo técnico gracias al esfuerzo de nuestros contadores y los asesores externos de la Auditoria General de la Nación. El señor Jones nos facilitó toda la documentación para poder realizar el informe de la auditoría”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “el informe final de la auditoría será entregado los primeros días de la próxima semana al intendente Carlos Linares, a las autoridades de la SCPL y al Concejo Deliberante”.

“Es el primer trabajo técnico en donde los números hablan del estado en el que se encuentra la SCPL. Creo que tenemos que dejar de gritarnos e insultarnos y empezar a darles soluciones a la gente”, indicó.

En este marco, recordó que “la SCPL lógicamente que va a tener que empezar a hacer los deberes. Los gerentes también van a tener que empezar a trabajar de forma más eficiente”.

“No es cierto que todas las Cooperativas estén en crisis por el aumento de los precios de la energía”, comentó.

A su vez, añadió que “el informe de la auditoría debería ser una hoja de ruta para la SCPL, así empiezan a decirnos como corregirán todas las irregularidades que hemos encontrado”.

“No hay un mecanismo claro y preciso para determinar el ajuste de tarifas. Queremos que todo el pueblo conozca el estado de la Cooperativa”, afirmó.

Finalmente, Acevedo concluyó que “no estoy de acuerdo con el pedido de aumento de tarifas en una conferencia de prensa y no me gustó la reacción del Concejo Deliberante. La sociedad está esperando que resolvamos un tema tan sensible como lo es el de los servicios públicos”.

En este sentido, señaló que “la SCPL está politizada y terminó siendo una caja política. Hace rato que está desquiciada porque fracasaron todos los sistemas de control”.

“Una auditoría debe ser pública y expuesta a la consideración de toda la ciudadanía”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “el déficit de la Cooperativa es por la mala administración que tiene. El sistema cooperativista no tiene fines de lucro, su objetivo es servir a los asociados. Cuando esto se desvirtúa y fallan los controles, termina en un sistema de elecciones cerrado”.

“La Cooperativa maneja muchísimo dinero. Insisto, las auditorias deberían ser muchísimo más rápidas”, indicó.

Finalmente, Risso concluyó que “el sistema cooperativista tiene que tener su propio régimen de control de auditorías internas y externas”.

En este sentido, señaló que “entre ayer y hoy tuvimos las últimas entrevistas con la mayoría de los representantes de la SCPL. Así que estimamos que para febrero ya tendríamos el resultado final del informe de la auditoria”.

“En el informe preliminar detectamos que hay dos ítems que se están cobrando que no tienen sustento legal”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “una auditoría es para determinar el estado de situación en el que se encuentra una entidad determinada”.

“La última vez que se hizo una auditoría en la SCPL fue para pedirle la renuncia a las autoridades. Yo vi esa auditoría y no tenía ninguna firma”, indicó.

En esta línea, aseveró que “cuando los distintos Poderes nos ponemos de acuerdo para resolver cuestiones que le hacen bien a la gente los resultados tienen que estar a la vista”

“El resultado de esta auditoría debería servir para pensar y repensar la Cooperativa: qué queremos de esta Institución, ver cómo está funcionando”, indicó.

A su vez, comentó que “la deuda con CAMMESA es millonaria. Hay un déficit presupuestario muy grande”.

Finalmente, Acevedo concluyó que “fue un gran error que los Partidos Políticos se hayan metido en la Cooperativa. Hay que democratizar aún más la vida de estas Instituciones”.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) espera que el Concejo Deliberante permita que se actualicen las tarifas de los servicios y que en paralelo se haga la auditoría. Según informa El Patagónico, las autoridades lo plantearon el jueves en una reunión de delegados.

En la sala de sesiones de la SCPL, la conducción mantuvo una reunión con el cuerpo de delegados donde se abordó la situación financiera en la que se encuentra la cooperativa y que atribuyen a la no actualización de tarifas, que quedó supeditada por el Concejo Deliberante al resultado de una auditoría que encargó al Tribunal de Cuentas Municipal (TCM).

El presidente de la SCPL, Gabriel Tcharian, detalló a los delegados las gestiones realizadas, entre ellas las conversaciones con algunos concejales para que revean la situación y que se autorice el nuevo cuadro tarifario mientras se realiza la auditoría, dado que la demora genera un déficit de 30 millones de pesos mensuales.

«La demora en la actualización tarifaria repercutirá gravemente en la prestación de los servicios, y el acuerdo de pago que logramos con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) caerá porque no podremos pagar el corriente mes a mes”», sostuvo Tcharian.

Además el titular de la SCPL aseguró que ya se han acercado a la entidad los contadores designados por el TCM y se dispuso de un espacio para que puedan revisar la documentación que se requiera.

“No tenemos ningún polémica nosotros con ese tema, hicimos uso de una herramienta que hay en la Carta Orgánica Municipal; y que viene hace rato la gente solicitando. Cada vez que se originaba un aumento, la gente nos reclamaba a nosotros”, señaló José Gaspar.

El edil fue consultado por Radiocracia sobre la postura del Tribunal de Cuentas luego de la reunión de la tarde de ayer, donde se estableció que son 90 días para resolver cómo se instrumenta y que para eso se va a necesitar la contratación de personal extra, si eso esto está garantizado.

En su respuesta, consignó que “nosotros le pusimos para que quede bien claro, 90 días para empezar con los informes, no es que estará terminada la auditoria en ese plazo, es muy profundo el análisis administrativo y económico que se debe realizar”.

“El informe nos servirá para ir tomando decisiones. El Tribunal de Cuentas deberá incorporar profesionales para avanzar porque no tiene la estructura necesaria”, añadió Gaspar.

En tanto del aumento tarifario de los colectivos, dijo que “recién hoy vamos a empezar el primer análisis del mismo, el objetivo es reducir los subsidios. No todo es aumentar, hay que buscar alternativas”.

“La verdad que estoy muy molesto con lo que está pasando a nivel nacional. Ayer escuché al presidente de la Nación; diciendo que gastemos menos energía. ¿Por qué no decimos que lo que estamos haciendo, es achicando el déficit nacional?” se preguntó finalmente.