Por su parte el defensor público Gustavo Oyarzun no se opuso a la legalidad de la detención, ni a la formalización, pero sí cuestionó la prisión preventiva.

El hecho investigado acontece el pasado 05 de marzo de 2026, siendo aproximadamente las 16:00hs., cuando la víctima se encontraba a bordo del rodado Chevrolet Astra, de su propiedad, siendo éste remolcado por un utilitario Ford F-100 conducido por una tercera persona.

En esas circunstancias, al transitar sobre Calle Código N°684, intersección con Calle Código N°751 del B° Zona de Quintas II, ambos vehículos detuvieron su marcha debido a la rotura de la soga de remolque. La víctima descendió entonces de su automóvil y comenzó a caminar por Calle Código N°751 en dirección a su vivienda, mientras el conductor de la Ford aguardaba su regreso.

En ese momento Brian Ezequiel Chicahuala y Blas Alejandro Montiel, se hicieron presentes en el lugar portando en sus manos cada uno de ellos un arma de fuego y efectuaron varios disparos contra la humanidad de la víctima con claras intenciones de darle muerte, impactando uno de ellos en la mandíbula de la víctima, con orificio de entrada y salida, de derecha a izquierda provocando fractura de maxilar, desplazamiento de las piezas dentales de la boca, y edema en lengua, requiriendo traqueotomía, lesión que puso en riesgo la vida de la víctima, luego de lo cual se dieron a la fuga.

Tras lo ocurrido, el conductor de la Ford se retiró rápidamente del lugar; por su parte la víctima, mal herida, se dirigió hasta la sede de la Seccional Séptima de Policía, desde donde fue trasladada al Hospital Regional. Calificando provisoriamente el mismo como “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa” en calidad de “coautores” para Chicahuala y Montiel.

En base a la existencia de elementos de convicción para tenerlos como probables coautores del hecho y la existencia de los peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación la fiscalía requirió la prisión preventiva de Chicahuala y Montiel por dos meses.

Por su parte la defensa no cuestionó la legalidad de la detención ya que existía una Orden de un juez penal competente. También se refirió a los elementos que tiene la fiscalía para sostener una imputación por lo cual no planteó objeción a la apertura del caso. Sí cuestionó la existencia de los peligros procesales para fundamentar el pedido de prisión preventiva. “El solo hecho que los imputados cuenten con antecedentes penales no configura el peligro de fuga”, continuó el defensor. “Tampoco la fiscalía tiene evidencia del peligro de entorpecimiento”. Por lo cual solicitó la libertad de los imputados con presentaciones periódicas ante la autoridad Judicial y prohibición de salir de la ciudad sin autorización judicial, o prohibición de acercamiento y contacto.

Finalmente, el juez penal declaró legal la detención de Chicahuala y Montiel y autorizó la apertura de la investigación preparatoria del caso, dándolos por anoticiados del mismo y por asegurada su defensa técnica. Lo cierto es que las características del hecho son gravísimas, agregó el juez. Existe el peligro de fuga, ya que la pena en caso de recaer condena será de cumplimiento efectivo. También existe peligro de entorpecimiento. Por todo lo cual dictó la prisión preventiva de ambos imputados, como lo solicitara la fiscalía, por dos meses.

La audiencia preliminar por el homicidio de Maximiliano Cifuentes fue reprogramada por inconvenientes de salud del querellante. 

La misma estaba programada para este lunes, a las 10.00 hs.

El caso investiga el homicidio de Maximiliano Cifuentes, ocurrido el 1° de enero, que tiene como principal imputado a Roberto Alejandro Romero. 

Este importante volumen de trabajo fue llevado adelante por los operadores del sistema penal local, incluyendo fiscales, funcionarios de fiscalía, defensores y jueces, quienes, a través del sistema de gestión “Coiron” del Ministerio Público Fiscal, avanzaron en diversos procesos.

Entre las audiencias realizadas, se destacan 301 aperturas de investigación, que marcan el inicio formal de numerosos casos. Además, en este período, 91 causas se encuentran actualmente en etapa de juicio, lo que refleja el movimiento constante dentro del sistema judicial. También se concretaron 320 audiencias de suspensiones de juicio a prueba, una figura que permite alternativas al proceso penal tradicional.

Por otro lado, se obtuvieron 100 condenas firmes, evidenciando la efectividad del trabajo judicial en la resolución de causas.

En cuanto a las audiencias de control de detención, se llevaron a cabo 375 desde comienzos de año, asegurando el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad.

Finalmente, el equipo de flagrancia, compuesto por procuradores de fiscalía, logró 33 condenas en apenas tres meses.

La Cámara Penal de Trelew inició este jueves las deliberaciones respecto a la impugnación planteada por el abogado de uno de los jóvenes acusados por un hecho de abuso sexual ocurrido en Playa Unión hace ocho años, señaló EQS Notas.com.

El tribunal presidido por el Doctor Alejandro Gustavo Defranco e integrado por los jueces Roberto Adrián Barrios y Luis Maria Pintos – este último como integrante de refuerzo – escuchó esta mañana en la audiencia realizada de manera remota la posición de los abogados de los imputados y del Fiscal Fernando Rivarola, quien estuvo presente en la audiencia.

La impugnación planteada por uno de los imputados -y acompañado por la Fiscalía- cuestiona la decisión del juez Marcelo Nieto Di Biase, quien rechazó un acuerdo de juicio abreviado en la causa de abuso sexual.

El magistrado, en su decisión había dado por tierra con un acuerdo reparatorio bajo términos de confidencialidad en una causa donde se acusa a tres jóvenes por un hecho de abuso sexual simple, ocurrido en el año 2012 en Playa Unión.

La decisión del tribunal se dará a conocer el día jueves 13 de agosto

Esta mañana, los abogados de los seis imputados en la causa «El Embrujo» que el martes solicitaron la probation, habían rechazado que el Juez Sergio Piñeda sea quien resuelva sobre la medidas y piden que el tema sea elevado a la Cámara Penal.

Al iniciarse la audiencia para revisar la probation solicitada por los imputados Juan Carlos “Tato” Ramón, Jorge Godoy, Christian Gisande, Natalia McLeod,  Giuliana Mc Leod y Sandro Figueroa, el defensor Fabián Gabalachis pidió que no sea el juez Sergio Piñeda quien decida sobre las medidas, y solicitó que el magistrado rechace el caso y se lo eleve a la Cámara Penal para que resuelva quién debe decidir sobre los seis pedidos de la suspensión del juicio a prueba.

También adelantó Gabalachis que recusaría al juez Piñeda si este decidía sobre las probation y aseguró que «pareciera que este juicio debe seguir a cualquier costo obviando cuestiones administrativas».

Sin embargo, el fiscal Omar Rodríguez señaló que «Piñeda es el juez competente para resolver las probation porque fue quien ya resolvió todas las otras presentaciones» y adelantaron que rechazarían cualquier tipo de recusación sobre el magistrado.

La posición del Ministerio Público Fiscal fue avalada por las querellas constituidas a través de la Fiscalía de Estado, la Fiscalía Anticorrupción y también por Iniciativa Ciudada, cuyo abogado, Eduardo Hualpa, aseguró que «quieren que este juicio no se haga a cualquier costo»..

Cabe destacar que por los mismos hechos que se investigan, otros 12 imputados fueron enviados a juicio oral y público. En esa oportunidad Reinoso no pudo asistir por razones de salud que lo obligaron a viajar a la Capital Federal.

El abogado defensor de Reinoso, no se opuso a ninguno de los planteos formales que realizó la acusación. Basado en la “tranquilidad de conciencia” de su asistido, pidió la realización del juicio oral y público a la mayor brevedad. Indicó que la “incertidumbre” respecto de su situación que le genera esta etapa del proceso “tiene consecuencias personales, laborales y sociales”. Reinoso presentó pruebas documentales de descargo y el testimonio de siete personas para el juicio oral que se prevé se realizará en los primeros meses del próximo mes de marzo”.

“Tengo la convicción de que saldrá airoso de la situación procesal”, dijo Miguel Ángel Moyano, el abogado defensor de Reinoso.

Para los fiscales Reinoso en su cargo del mantenimiento de las viviendas oficiales, fue  “una pieza necesaria” en las maniobras de enriquecimiento de la “asociación ilícita que lideraba Diego Correa”. Se refirieron a los pagos por reparaciones en viviendas oficiales con los que se benefició el grupo de imputados en esta causa, mediante contrataciones directas a las empresas creadas al solo efecto de hacerse de los dineros públicos”, en alusión a Dual Cuore S.R.L. y Cepat S.R.L.

Para los fiscales generales Alex Williams y Omar Rodríguez, Reinoso está involucrado en dos hechos consumados y ocho en grado de tentativa. Se le imputa el delito de “defraudación por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado en perjuicio de la administración pública”. En la causa también están imputados Diego Correa, Natalia Mac Leod, Daniela Souza, Carlos Ramón, Sandro Figueroa, Diego Luter, Darío Correa, Giuliana Mac Leod, Cristian Gisande, Federico Gatica y Juan Carlos Godoy.

En la audiencia también estuvieron presentes los querellantes Christian Martinez y Javier Stampone por la Fiscalía de Estado, Mario Romeo de la Oficina Anticorrupción, Alfredo Mesa de los diputados provinciales del Frente Para la Victoria en carácter de denunciante, y Ángel  Cayupil y Eduardo Hualpa  en representación de la Agrupación Iniciativa Ciudadana –según publica Diario El Chubut-.

Ayer por la mañana en los Tribunales de Comodoro Rivadavia se llevó a cabo la audiencia de revisión de la medida de coerción para los imputados y la funcionaria de Fiscalía requirió se mantenga la prisión preventiva que pesa sobre ambos imputados hasta el próximo 7 de diciembre, cuando se concrete la audiencia preliminar del caso. La querella realizó idéntica solicitud. En contraposición el defensor se opuso a ello y pidió el arresto domiciliario de sus pupilos.

La audiencia fue presidida por Martín Cosmaro, juez penal. Por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Patricia Rivas, funcionaria de Fiscalía. En tanto que la querella fue representada por Oscar Herrera. La defensa de Núñez y Hernández fue ejercida por Mauro Fonteñez, abogado particular de los mimos. Asimismo familiares de la víctima fueron asistidos por una profesional del SAVD.

El Ministerio Público Fiscal presentó el último 12 de septiembre la acusación en contra de Núñez y Hernández por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, en calidad de autor para Núñez y de partícipe necesario para Hernández.

En ese marco, indicó que se han tomado diversas entrevistas que se han ventilado en las distintas audiencias de familiares y allegados a la víctima que han acreditado el hecho acontecido en el rancho “la horqueta”. También se acreditó el vehículo en el que los imputados se trasladaron hacia el lugar, que Núñez tenía el arma de fuego y Hernández conducía. Luego en la casa de un sobrino manifiesta que se “había mandado una macana”.

En la audiencia, la funcionaria requirió el mantenimiento de la prisión preventiva de ambos en base a los elementos de convicción suficientes existentes como para tenerlos como autores del hecho investigado, en base al peligro de fuga por las características graves del hecho y la pena en espera como resultado del procedimiento, con un mínimo de 10 años y 8 meses de prisión.

Respecto a la pretensión punitiva expresada en la acusación la Fiscalía pedirá 16 años de prisión para Núñez y 15 años para Hernández. Por último, la funcionaria argumentó la existencia del peligro de entorpecimiento ya que todos los testigos son familiares y conocidos de los imputados.

La querella coincidió con la acusadora pública y solicitó el mantenimiento de la medida de coerción hasta la audiencia preliminar de ambos imputados.

El defensor por su parte se opuso ya que a su entender “no se ha podido acreditar por parte de los acusadores la autoría del hecho”. La calificación jurídica debería ser la de homicidio en agresión o en riña, sostuvo el defensor, así la pena en expectativa no debería ser óbice para mantener la prisión preventiva que vienen cumpliendo sus asistidos.

En su defensa, sostuvo que en el lugar del hecho hubo más agresores. Además, se han presentado anteriormente informes socio-ambientales que acreditan el arraigo de ambos en la ciudad, es decir no hay peligro de fuga. A su vez el peligro de entorpecimiento se puede subsanar con medidas sustitutivas. Pidiendo la morigeración de la medida de coerción que cumplen, por su arresto domiciliario.

Finalmente el juez penal resolvió mantener la prisión preventiva de ambos imputados hasta el próximo 7 de diciembre en base a la existencia de elementos de convicción suficientes para tener a Núñez y Hernández como probables autor y partícipe de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. El magistrado también fundó su decisión en las características graves del hecho realizado en un lugar alejado de la ciudad, en horario nocturno. Mencionando el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Más frecuencias y mejores unidades

El análisis de los usuarios se enfocó prioritariamente en la calidad del servicio y hasta hubo exposiciones técnicas como la del contador César Herrera, quien mostró un trabajo realizado en la UNPSJB durante 2 años observando la fórmula que se utiliza para el transporte público de pasajeros.

“Con los números analizados, precisamente nos da que el costo real del boleto que se nos aduce es el correcto y ronda los $29. Esto tiene mucho que ver con la cantidad de pasajeros y con variables como las del TEG que aumentan o disminuyen la cantidad de pasajeros”.

Claudio Manquicheo Legue, planteó que se tenga en cuenta que “hay mucha gente que en este momento que no hay trabajo no pueden pagar ese boleto. Los chicos que van a la escuela tienen que abonar el boleto completo”. Criticó la situación de la línea 12 que recorre los barrios Abásolo y San Cayetano: “Ese colectivo dura hasta las 21 horas. Hay gente que trabaja hasta las 0 horas”. Esta misma situación fue planteada por Mauro Pérez quien advirtió diferencia con líneas que van a otros barrios: “la línea 12 tiene pocas frecuencias. Las líneas 3, 4 y 5 del Pueyrredón y el Roca son las que mejor funcionan.  La línea 9 parece un paseo turístico, te recorre toda la ciudad”.

Perez es cartero y usuario diario del transporte. Apuntó contra la empresa Patagonia al reclamar que “no modificó nada desde hace 2 años. Se tienen que empezar a revisar las cuentas de esta empresa, que cada vez que viene acá ´está fundida´. Si no resultara el negocio se hubiesen ido. A mí sí me preocupa el aumento de colectivo, o el TEG porque es una Ley que se la están llevando puesta y hay que defenderla. Hoy los colectivos van vacíos y Patagonia sigue ganando plata. Los subsidios no es mala palabra, es la forma de que los que menos tienen puedan llegar a sus lugares de trabajo o al colegio”, dijo ante la presencia de un grupo de estudiantes que presenciaron la audiencia mientras otros pares reclamaban afuera por la falta de definiciones desde la Provincia respecto al Transporte Educativo Gratuito.

Martín Abreu, vecino del centro, criticó también la escasez de unidades inclusivas, la falta de frecuencias y de boleto combinado. “La ley de tránsito dice que el 33% de los colectivos tienen que ser accesibles. Los choferes viven en una trampa mortal. Fui 15 años colectivero. Se sacaron las boleteras para darle más seguridad al chofer y no están seguros, tampoco los usuarios que no tienen ni cinturón de seguridad. ¿Saben cuánto sobra Patagonia por esto? 26 pesos. Porque si usted está en zona sur y quiere ir a zona norte tiene que tomar dos colectivos. Esto es Comodoro 2018, entonces los colectivos hoy no tienen que terminar en el centro, tienen que ir de una punta a la otra. La empresa Diadema a Astra mandan 4 colectivos por día y lo mismo a km.14 que está más cerca de Comodoro: eso no es un servicio”.

Esta última situación fue confirmada por Silvana Grillo, mamá y vecina de km.14. “Hace tiempo que venimos pidiendo una frecuencia más dentro de lo que tenemos de Diadema. Los chicos entran al colegio entre las 7:30 y las 8 de la mañana y la frecuencia que viene de Astra pasa 6:30. La mayoría llega antes de que abra el colegio y ahora en invierno se quedan afuera. En mi caso, mi hija tiene que bajar en el hipertehuelche y pasar por el descampado para llegar a la Universidad. Solicité que se pueda modificar una frecuencia o agregar una línea y que entre al barrio porque los chicos cruzan la ruta y no hay iluminación. A veces el colectivero pasa de largo porque no los ve”.

Por su parte, la dirigente radical Rosana Uriarte advirtió que “las quejas siguen siendo las mismas que hace 12 años: bajas frecuencias en determinados horarios, falta de rampas. Los aumentos deben estar ajustados a la capacidad adquisitiva de cada trabajador pero esto no fue así. El esfuerzo lo debe hacer el Estado. La variable de ajuste nunca es la empresa. Hay una vulneración permanente a los que menos tienen”.

Su correligionario, Marcelo Marilaff, criticó la decisión del intendente de aumentar el boleto de colectivo porque “el municipio tiene el presupuesto similar a La Matanza, por lo cual creo que lo podría afrontar. Les pido a los concejales que no aumenten porque es un servicio caro, que pongamos el eje en el servicio. El 40% de aumento previsto por UTA no se condice con el resto de la comunidad”.

Para Pablo Bustamante, “Comodoro con 300 mil habitantes tiene una expansión de 56 mil hectáreas: 500 habitantes por kilómetro cuadrado, eso es lo que encarece al servicio, mayor gasto de combustible, recorrer mucho más las zonas, no hay recambio de pasajeros. Se ofrece un servicio malo y costoso que la municipalidad podría ocuparse en mejorar”.

Aplicaciones para mejorar la calidad del servicio

Una de las expectativas en cuanto a la mejora del servicio es el desarrollo de una aplicación que permita a los organismos controlar y a los usuarios conocer las frecuencias. “Me parece bien que trabajen en una app (aplicación para celulares). Creo que es necesario aumentar la cantidad de usuarios para llegar a recudir los costos. Se puede trabajar en aumentar la cantidad de usuarios e implementar herramientas modernas que motiven tomar el colectivo”, dijo Matías Derlich, vecinalista de km.3.

El contador Cesar Herrera también manifestó la necesidad de la “inmediata puesta en marcha de la app que no es un costo enorme. Lo que está detrás es la falta de control. La aplicación permitiría que un fin de semana, el que está a 10 cuadras sabe cuándo va a pasar el colectivo: eso es mejorar la calidad del servicio, no estar dos horas muerto de frío con viento”. Además reconoció que “soy uno de lo que considera que el Ente de Control sirvió y tenemos más datos que antes que era la nada misma. Pero es necesaria la app”.En su devolución, el secretario Máximo Naumann confirmó que se está trabajando en una aplicación para cumplir con esta necesidad.

Falta de información

Cynthia Francisco fue una de las usuarias que criticó por la falta de información y la calidad del servicio: “No tenemos respuestas del Ente de Control sobre 3 denuncias respecto a la calidad del servicio, una de ellas un accidente por una mala maniobra del chofer. ¿Qué clase de seguro tenemos los que viajamos a diario? Los choferes manejan mal, son maleducados, las unidades están sucias, les pasan un líquido grasoso y es peligroso. No me dan información: ¿a dónde están los números de la SUBE? Ocultan información.

Marillaff también sostuvo que “hay contradicciones en el consumo de gasoil, datos de la SUBE que no son reconocidos por la empresa (me baso en el informe que emite el Ente de Control).  El Ente establece en su informe que no le dan información sobre el flujo de fondos”.

Cesar Herrera también reclamó que “No sabemos qué cantidad de pasajeros hay y no quedan claros los datos de la SUBE, sería bueno tenerlos para lograr un trabajo mejor. Hemos controlado frecuencias con los alumnos, y nos da menor cantidad frecuencias que lo que da la licitación”.