La Asociación de Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut manifestó una «profunda preocupación» ante la separación anticipada de la Juez Daniela Arcuri de su cargo de Juez de Ejecución Penal. Según el comunicado, esta decisión excedería las facultades legales y contravendría lo establecido en las Leyes XV Nro 39 y Nro 127. La entidad atribuyó la situación a un requerimiento del Poder Ejecutivo que expresaba desacuerdo con ciertas decisiones judiciales de la magistrada, calificando esto como «inadmisible en un sistema republicano de gobierno» y en contra de los artículos 1 de las Constituciones Nacional y Provincial.

La Asociación subrayó que la confirmación del apartamiento, por parte del Presidente del Superior Tribunal de Justicia, agrava la «afectación institucional» que se denuncia. Esta situación, según la entidad, atentaría contra el ejercicio de la jurisdicción de los Jueces y Juezas Penales y el derecho de los justiciables a la garantía de juez natural, imparcialidad e independencia judicial interna y externa, consagradas en las Cartas Magnas y pactos internacionales de derechos humanos.

Petición de medidas urgentes al Consejo de la Magistratura

El documento, firmado por Andrea Abad y Carina Estefanía, presidente de la Asociación, destaca la necesidad de fortalecer el sistema institucional y del Estado Constitucional de Derecho en Chubut. Por ello, solicitaron al pleno del Superior Tribunal de Justicia y al Consejo de la Magistratura, conforme al artículo 6° del CPP, que adopten «medidas urgentes» para resguardar al Poder Judicial en la impartición independiente de la Justicia.

Por su parte, los jueces penales Ariel Tedesco, Martín Cosmaro, Raquel Tasello, Lilian Borquez, Alejandro Soñis y Mariano Nicosia, de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, enviaron una nota al presidente del Consejo de la Magistratura del Chubut, Rafael Luchelli, el 5 de noviembre pasado. En ella, expresaron su adhesión a la presentación realizada por la propia Magistrada Daniela Alejandra Arcuri el día 30 de octubre de 2025.

Los miembros del Colegio de Jueces ratificaron «en un todo la relación de hechos» contenida en la presentación de la Magistrada y hicieron propia su denuncia, en los términos del artículo 6 segundo párrafo del CPP. Solicitaron al Consejo de la Magistratura que, dentro de sus facultades, «se haga cesar la interferencia indebida» que un funcionario del Poder Ejecutivo y uno de los miembros del propio poder pretenden ejercer sobre la función jurisdiccional.

Los jueces manifestaron una «profunda inquietud» por la intromisión en el ejercicio de la función pública de administración de justicia que compete al Colegio. Pidieron que se arbitren las medidas de resguardo necesarias para asegurar los principios de autonomía e independencia que consagra el artículo 162 de la Constitución Provincial.

En este sentido, señaló que “en definitiva lo que yo hice fue analizar el caso que presentó la Fiscalía a la querella y  la defensa que sometieron a juzgamiento mediante un procedimiento que se llama juicio abreviado”.

“En el juicio abreviado lo que analiza son las evidencias que viene recolectando el Ministerio Público Fiscal durante la investigación y que son las evidencias que luego va a presentar en juicio. Lo que no vemos ahí son las entrevistas que ha tomado el Ministerio Público Fiscal si vemos todo el análisis que han hecho los peritos”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “lo que ocurrió en este caso es que de acuerdo a los hechos descriptos lo que visualiza es que debiera profundizarse un debate mediante los testimonios de los testigos básicamente porque en contra examen pueden surgir algunas cuestiones que debieran haber sido profundizadas en la sentencia”.

“Lo que surge de la evidencia es que podría haber otras personas que deberían haber sido imputadas. Eso implicaría una situación procesal distinta del imputado Abel Reyna”, indicó.

En este marco, recordó que “los motivos del rechazo son cuatro: el primero es de orden constitucional y del orden del Código Procesal Penal que en el Articulo 385, prevé que la figura del abreviado, claramente advierte que justamente para funcionarios públicos que hayan cometido conductas en ejercicio de sus funciones en perjuicio de la administración pública claramente no procede juicio abreviado”.

“Esto se enlaza con el Artículo 173 de la Constitución del Chubut que prevé un modo de juzgamiento distinto para este tipo de casos. Lo otro que advertía es que se deberían haber ampliado determinadas cuestiones y que es necesario un mejor conocimiento en el juicio”, comentó.

Finalmente, Arcuri concluyó que “la pena que se propuso fue una pena de tres años en suspenso. A mi juicio la pena de prisión debiera ser al menos superior. Probablemente en un mes podría estar celebrándose el juicio”.