Vázquez, sindicó a Calcaterra como el gestor del millonario negocio junto al ex secretario de Transporte. La información fue dada a conocer por Omar Lavieri. De acuerdo a la publicación, Jaime pidió 5 millones de dólares para empezar a hablar y después para que la empresa IECSA confeccionara el pliego de licitación a su medida exigió otros 15 millones de dólares.

En el marco del acuerdo de colaboración entre Vázquez y Picardi que aún no fue homologado por el juez Marcelo Martínez, el asesor de Jaime reconoció haber sido un intermediario y confesó haber cobrado dinero que le dio Jaime por la gestión que hizo para que la empresa IECSA de Calcaterra se quedara con el millonario negocio del Soterramiento, que luego fue repartido con ex funcionarios del ministerio de Planifiación para acelerar el expediente.

Angelo Calcaterra, ex dueño de Iecsa, primo de Mauricio Macri, debió presentarse como imputado en la causa donde se investigan coimas en el soterramiento del tren Sarmiento. Está acusado de irregularidades para conseguir el direccionamiento de esa licitación en la que el fiscal Franco Picardi determinó que se pagaron coimas y el juez Marcelo Martínez de Giorgi presume que podría ser cierto. El empresario presentó un escrito y no contestó preguntas. En el texto, le echó la culpa a la brasileña Odebrecht, que era nada menos que su socia en aquel mega-emprendimiento.  “Si lo hizo Odebrecht fue por su cuenta”, dijo, aprovechando que esa empresa reconoció sobornos millonarios a raíz del caso Lava Jato en Brasil. “La obra del soterramiento no fue ilegal”, añadió. La fiscalía, sin embargo, ya había presentado pruebas concretas sobre pagos y ahora –por un reciente convenio con Brasil– se incorporarán las delaciones premiadas de ex ejecutivos de Odebrecht, donde surge que las coimas eran manejadas por su socia argentina. Cuando Calcaterra se presentó muy tranquilo en la causa de los cuadernos Gloria, que goza de mucha mayor espectacularidad que la del Sarmiento, se ofreció como imputado colaborador y pintó otra realidad, en un expediente donde sabía que no había demasiadas evidencias concretas más que fotocopias de las anotaciones del chofer. Dio la versión de que había aportado dinero para campañas del kirchnerismo, y que lo hizo bajo presión, como si fuera una víctima. Luego lo complicó Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, cuando lo incluyó a su empresa el Club de la obra pública y sus retornos, en un período que también abarca a sus dueños anteriores, los Macri.

Cuando declaró por los cuadernos, sabiendo evidentemente que volvería como si nada a su casa, Calcaterra buscaba evitar quedar comprometido por su ex subordinado en Iecsa Javier Sánchez Caballero, que estaba preso y tratando de convertirse en arrepentido para recuperar su libertad. Ambos terminaron unidos en la versión de los pagos para la campaña el lunes de la semana pasada. Sánchez Caballero, también está imputado en la causa del soterramiento, debe declarar en dos semanas, y en hay algunos elementos contundentes que incluso colaboran con desvirtuar el relato ofrecido en la causa de los cuadernos Gloria. Por ejemplo, existen e-mails secuestrados de la computadora del ex director de Odebrecht en Brasil Mauricio Couri Ribeiro, donde decía que sus tratativas para conseguir contratos en Argentina eran a través de la socia local y que Sánchez Caballero le pedía 20 millones de dólares. Lo que se detectó en esta investigación, según explicó en un dictamen el fiscal Picardi, es que efectivamente hubo pagos que se hicieron a una sociedad fantasma llamada Controles y Auditorías Especiales (CAESA), por auditorías inexistentes. Ese sello de goma era manejado por Manuel  Vázquez, que era mano derecha del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Calcaterra alega que Iecsa asentó esos pagos en sus balances, pero para la fiscalía no es prueba de nada, sólo una posible forma de blanqueo, ya que dio por constatado que la sociedad en cuestión era una simple pantalla. Según la policía brasileña hubo coimas recibidas por CAESA llegaban a través de un circuito de empresas y sociedades offshore, lo que incluye a las firmas Pribont Corporation S.A y Klienfeld Services Ltd).

Otro tema que amaga con complicar la situación de Calcaterra, Sánchez Caballero y otros de los involucrados en el soterramiento, es que serán incorporadas al expediente las declaraciones que ofrecieron bajo la modalidad de delación premiada los ex ejecutivos de Odebrecht en Brasil. El acuerdo ya está firmado y ahora resta que cada fiscalía avance en su propio pacto con sus pares del país vecino. Para este caso, será clave la confesión de Luiz Antonio Mameri, quien dijo que las coimas eran manejadas por su socia argentina, o sea, Iecsa (aunque la unión de empresas adjudicatarias también incluía a la italiana Ghella y a española Comsa).  Picardi ya le pidió también a Bonadio las fotocopias de los cuadernos del chofer de Roberto Baratta –ex mano derecha de Julio de Vido en el ministerio de Planificación– para determinar si en ellos hay información útil para su investigación. Baratta y De Vido, están citados a indagatoria también por Martínez de Giorgi, igual que Jaime y empresarios de Ghella, Comsa y Odebrecht. Ya desfilaron otros, como el ex secretario de Obras Públicas, José López, que se negó a declarar, y Rafael Llorens, ex secretario legal de Planificación, negó sobornos.  Los brasileños que fueron delatores en Brasil, con el nuevo acuerdo de cooperación con ese país, no podrán ser involucrados aquí.

Si bien ambas investigaciones aluden coimas en obra pública, la metodología elegida por los jueces y fiscales es bien distinta. En la causa del soterramiento nunca hubo detenidos aunque se ha producido prueba y hay llamados a indagatoria. Ni Martínez de Giorgi ni Picardi consideran que hay peligro de fuga o entorpecimiento de los ex funcionarios o de los empresarios. Un dictamen de Picardi aseguraba la existencia de un mecanismo de cartelización y tomaba como referencia la confesión de Odebrecht en Estados Unidos, de que pagó en Argentina 35 millones de dólares en sobornos entre 2007 y 2014. En la causa de los cuadernos hay detenidos que se espera que “canten”. El que dice algo que les interese al juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, que apunte –por ejemplo a Néstor y Cristina Kirchner o a Julio De Vido– sale en libertad. El secreto de sumario por ahora dificultó saber si hay otras pruebas que respalden las supuestas coimas que, en rigor, solo reconoció el empresario Wagner.

Calcaterra debía presentarse hoy por el soterramiento, pero se anticipó ayer con un escrito donde niega el pago de coimas y dice que si existió alguna irregularidad fue “administrativa”. Insistió con que no hubo nada ilegal y cuestionó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Pero no tuvo margen, por el encuadre de la investigación, para argumentar supuestos pagos voluntarios ni le convenía decir que le dio dinero a Sánchez Caballero, porque el material del expediente muestra otra cosa. Acá optó por echarle la culpa a la empresa, que admitió coimas, pero que casualmente era su socia.

Primero vino la satisfacción oficial por la explosión de una causa que golpeaba al kirchnerismo. Luego el operativo para despegar rápidamente al primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, de las presuntas coimas. Ahora es el momento de preocuparse por el impacto económico. Como venían advirtiendo algunos sectores del oficialismo, la causa de los cuadernos puede tener un impacto sobre los créditos para la construcción y sobre la obra pública. Si bien en la Casa Rosada aseguran que sin condenas no hay posibilidad de rescindir contratos, si el caso sigue creciendo puede que no les quede otra opción. Además, hay preocupación por que la causa los salpique: ya comenzó el operativo para mostrar el Cambiemos hizo las cosas de forma distinta con la obra pública. Y hasta hay oficialistas que buscan explicar la crisis económica actual con las sospechas de corrupción en el gobierno anterior.

Hasta ahora, la posición que sostienen en el oficialismo es no anular obras públicas hasta que no haya una condena, aunque hay debate interno sobre qué hacer. Algunos ministros, como el de Energía, Javier Iguacel, tienen pensado avanzar con auditorías, en especial sobre las represas de Santa Cruz que están a cargo del empresario Gerardo Ferreyra. Hace tiempo que el Gobierno busca desplazar a Ferreyra –dueño de Radio del Plata, cuyos trabajadores denuncian un vaciamiento– y hacer negocios únicamente con los socios chinos de esas obras del sur.

No obstante, no es la única empresa involucrada que tiene contratos con Energía. También está Esuco, de Carlos Wagner, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción que la semana pasada complicó la coartada de la mayoría de los empresarios de que eran aportes electorales. Además, están BTU, Isolux, Impsa y Iecsa, la ex empresa de los Macri.

Existen sectores del Gobierno que plantean que hay que buscar cualquier resquicio para rescindir contratos con las empresas involucradas en la causa que instruye el juez Claudio Bonadio o, de mínima, excluirlas del Registro de Obra Pública, de forma tal de despegarse lo más posible del caso. Tras una semana en la que Calcaterra estuvo en el centro de la escena, pero salió caminando, en el Gobierno siguen de cerca qué otros posibles ribetes de la causa pueden impactarle.

No obstante, la avidez por anular contratos no es generalizada. Otros señalan que un freno a la obra pública podría ser devastador para la economía en el peor momento de la gestión de Cambiemos. Un tercer sector tiene una mirada proempresaria, no importa cuál sea el contexto: indican que anular contratos termina espantando inversiones y que los empresarios tienen derechos adquiridos. Sobre todo, hay preocupación por aquellas empresas que entraron en el sistema de Participación Público Privada (PPP), el caballito de batalla del oficialismo para reactivar la obra hacia 2019, en pleno ajuste de las cuentas públicas.

Todo esto se debatió en un encuentro en la Rosada la semana pasada. Estuvieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sus coordinadores Mario Quintana y Gustavo Lopetegui y los tres ministros que manejan obra pública: Iguacel, Guillermo Dietrich, de Transporte, y el de Interior, Rogelio Frigerio. A ese grupo se sumó la pata judicial: estuvo también el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías –que colaborará con las auditorías que se hagan–, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el lilito Fernando Sánchez.

Si por ahora el Gobierno no se puede diferenciar por echar empresas, la estrategia se centra, entonces, en insistir en que, desde su llegada en 2016, manejó las cosas de forma muy distinta al kirchnerismo. En esa línea, habló el subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal del Ministerio del Interior, Ricardo Delgado. “Hemos cambiado la lógica de la obra pública”, sostuvo. Dijo que el Registro de Constructores que está a su cargo viene sancionando a las empresas involucradas en casos de presunta corrupción. “El registro prevé un listado de sanciones bajo distintas causas a aquellas empresas que incumplen”, detalló. “Desde que asumimos, sancionamos ya a veinte empresas y también suspendimos a algunas”, aseguró. Mencionó a Odebrecht, Electroingeniería, Isolux, CPC (de Cristóbal López) y las empresas de Lázaro Báez.

Otra línea que está explorando el oficialismo es la de vincular la actual crisis económica con la causa de los cuadernos, como forma de restarle responsabilidad al Gobierno actual por lo que está ocurriendo y obviar las decisiones económicas que tomó en los últimos dos años y ocho meses. Quien buscó hacer esa conexión es el presidente del bloque de Cambiemos en Diputados, Mario Negri, quien dijo que “el kirchnerismo se jactó de ‘invertir’ en obra pública y subsidios al transporte y la energía el 30 por ciento del Presupuesto, que en total es el 25 por ciento del PBI. Sobre esos montos los sobreprecios confesados eran mínimo el 10 por ciento”. “El 0,75 por ciento robado por cada uno de los 12 años es igual al 9 por ciento del PBI. Es decir, UNA VEZ Y MEDIA el déficit fiscal, que es el 6 por ciento del PBI. ESO explica la inflación y la pobreza. ESA es la verdadera razón por la que el Estado ahora se tiene que ‘ajustar’. Porque lo saquearon”, aseguró el dirigente radical, con mayúsculas incluidas.

No fueron 11.300.000 dólares. Fueron entre 100.000 y 200.000 dólares. Sesenta veces menos que lo que dice el chofer. No fue para ganar licitaciones ni para facturar con sobreprecios, sino que el dinero se tuvo que entregar para las campañas electorales del kirchnerismo. O sea que no cometieron una estafa al estado sino que fueron víctimas de una extorsión. Estos son los nuevos ingredientes de la causa de la fotocopia de los cuadernos que no deja de producir sorpresas, algunas casi humorísticas. Ayer, a primera hora, se presentó a declarar Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. El empresario era titular de Iecsa a la que de acuerdo a las fotocopias de los cuadernos se le achaca pagos por 11.300.000 dólares en 12 visitas del secretario de Roberto Baratta a la empresa. Hay otras dos visitas en que el chofer escribano no pudo estimar las cifras. Calcaterra actuó de arrepentido un rato, dijo que su número dos, Javier Sánchez Caballero, le pagó al secretario de Baratta por orden suya y que entregó, en cuatro pagos, entre 100.000 y 200.000 dólares para las campañas electorales de 2013 y 2015. Una curiosidad es que de esa manera, Calcaterra ayudó a financiar la campaña de Daniel Scioli contra su primo, algo que no suena demasiado creíble. Un rato más tarde el empresario se fue tranquilamente de Comodoro Py a su casa con el rango de imputado–colaborador, dejando atrás numerosos interrogantes, entre ellos por qué no fue detenido de entrada, la semana pasada: nadie saca 11 millones de dólares de una empresa sin el visto bueno del dueño. En el edificio de Retiro parece que nadie se puso colorado y no sabemos la reacción del más puntilloso chofer del mundo quien, supuestamente, le pifió en el cálculo en un 98,23 por ciento.

Como adelantó PáginaI12 el domingo, en exclusiva, el número 2 de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, se convirtió ayer en el segundo “arrepentido”. Y esgrimió el argumento que también adelantó este diario: que no pagaron coimas para conseguir obras o poner sobreprecios sino que fueron presionados para aportar a las campañas electorales. Pagar coimas para ganar una licitación hubiera sido un fraude con el que ganarían mucha plata. Poner sobreprecios, lo mismo. El delito es cohecho. En cambio en el caso de las campañas electorales, los empresarios no tienen de qué arrepentirse porque fueron víctimas de un delito, una extorsión del kirchnerismo. Lo mismo sucede si argumentan que pagaron para cobrar antes: según los juristas, también es extorsión, porque el funcionario público exige dinero a cambio de un derecho que ya tiene el acreedor.

El combo de CEOs macristas, todos defendidos por el mismo estudio de abogados de Ricardo Rozental, uno de los preferidos de Macri, obedientemente usaron los mismos argumentos y se fueron a sus casas en libertad. El fiscal y el juez sí tuvieron la delicadeza de no detener al número 1 de Iecsa, el primo presidencial, pese a que era cantado que era responsable de cualquier pago. La “confesión” de ayer demuestra las maniobras del expediente: ser primo del Presidente tiene sus privilegios.

Ayer, otros dos empresarios, que no están detenidos, repitieron la cantinela: que los extorsionaron y les pidieron plata para la campaña electoral. El kirchnerismo hace dos años y medio que dejó el poder, pero ahora Alejandro Ivanisevich de Emgasud y Manuel Santos Uribelarrea de la empresa agropecuaria MSU le dijeron a Bonadío que los obligaron a aportar.

El show de ayer continuó con otro impacto. El dúo Carlos Stornelli–Claudio Bonadio mandó a detener a Héctor Zavaleta, ex ejecutivo de Techint. En los diarios de viaje del chofer se consignan nueve visitas de Baratta a la empresa del hombre más rico de la Argentina, Paolo Rocca. Dice que el funcionario se llevó plata en bolsos, pero no sabe cuánto. Lo llamativo es que, nuevamente, detuvieron a un ejecutivo pero no al dueño que, como sucedió en el caso de Iecsa, seguramente fue el que dio las órdenes de que se pagara.

En cambio, Rodolfo Poblete, del Grupo Romero, quedó detenido tras presentarse y negarse a declarar ante Bonadio. Además, allanaron tres domicilios que supuestamente le pertenecen.

El ex integrante de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, dijo durante el fin de semana que los cuadernos pueden ser un indicio, no una prueba. Es decir que si en un cuaderno o su fotocopia se consigna que hay un cadáver en el jardín, es necesario encontrar el cadáver. Los cuadernos no son una prueba en sí mismos. En el expediente judicial todavía no apareció ningún cadáver: ni una cuenta bancaria clandestina ni una sociedad en el exterior ni una bóveda. En el día de ayer hicieron circular la versión de que un empresario tiene filmado el pago de dinero: sería una evidencia de importancia. Por supuesto que también sería deseable la aparición de los cuadernos, que Centeno dice que quemó, pero que no hay razón para creerle. Según su ex pareja, se trata de un hombre inestable y su opaca carrera de sargento en el Ejército se terminó cuando le tiró una granada a un compañero que, aparentemente, le  hacía bullying. Por esa razón estuvo preso. Aún así, no perdió su precisión para escribir, aunque su memoria vaciló respecto si tenía guardados los cuadernos o los había quemado. Fue con Stornelli a dos domicilios a buscar el material y después declaró que lo quemó.

Hay causas judiciales paralelas en que el proceso fue totalmente diferente a la del chofer arrepentido. En el expediente sobre el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, instruido por Marcelo Martínez del Giorgi y el fiscal Franco Piccardi y en la causa por las plantas potabilizadoras, a cargo de Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado, se investigan licitaciones, sobreprecios, coimas, pagos de Odebrecht y demás maniobras. El método no es el de las detenciones irregulares, sin juicio y sin condena, con la virtual extorsión de los detenidos, sino una investigación meticulosa de los contratos y el movimiento de dinero. Angelo Calcaterra está citado a indagatoria; Carlos Wagner, de Esuco y ex titular de la Cámara de la Construcción, está procesado y nuevamente citado a indagatoria. Como es obvio, en esas causas también están investigados, como corresponde, los funcionarios públicos.

Durante el día de ayer, Bonadio rechazó la recusación presentada por Anibal Ibarra y Roberto Boico, defensores de Oscar Parrilli. Planteos similares harán Juan Pablo Alonso y Alfredo Huber, abogados de Baratta, mientras que el conocido penalista Maximiliano Rusconi, letrado de Julio De Vido, ya adelantó que pedirá la nulidad de todo lo actuado. El relato del periodista de La Nación, Diego Cabot, que contó que directamente le llevó las fotocopias a Carlos Stornelli  –era jefe de Seguridad de Boca Juniors cuando Macri era presidente del club xeneize–  porque lo conocía, es una evidencia palmaria de cómo se manejaron las cosas. Se vieron en un bar, charlaron de cine, después en una vivienda y después Cabot fue a la fiscalía. La totalidad de los juristas consultados por este diario coinciden en que se trató de un caso del llamado forum shopping, es decir de elección del juez como en un shopping. Será la Cámara Federal la que tendrá la palabra ahora, tanto sobre las recusaciones como sobre las excarcelaciones. Cualquiera de los planteos tiene diagnóstico pesimista en Comodoro Py, que ha sostenido las más increíbles ilegalidades y hoy funciona como sucursal de la Casa Rosada.

El panorama es el de la ofensiva judicial–política–mediática, muy similar a Brasil o Ecuador, donde el gran objetivo es golpear o inclusive sacar de la cancha a lo que el establishment llama “el populismo”. Para eso no importa si se trata de originales o fotocopias; si detienen a unos y no a otros; si el que declara lo que se pretende se va libre en minutos y si se acepta a cualquier arrepentido aún antes de verificar su versión.

Mientras Ángelo Calcaterra ya se convirtió en imputado arrepentido en la causa por los cuadernos de la corrupción, la diputada Elisa Carrió, y una de las más fervientes defensoras del Presidente Mauricio Macri, se refirió al tema a través de dos mensajes en su cuenta de Twitter.

Más allá de destacar el “dolor” que siente Macri por la investigación que pesa sobre su primo, afirmó: “no hay impunidad para nadie”.

Lo que está pasando representa un cambio enorme en la Argentina, empresarios cercanos al presidente se presentan en la justicia, no hay impunidad para nadie. Este es el acuerdo para fundar @cambiemos que hicimos @mauriciomacri y yo.

— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 6 de agosto de 2018

La diputada manifestó que lo que está ocurriendo por estas horas, tras la confesión de Calcaterra de pagar sobornos, es parte del cambio. Este es el acuerdo para fundar @cambiemos que hicimos @mauriciomacri y yo”, expresó en el primer mensaje.

Se el dolor que significa en lo personal para el Presidente porque es una persona muy querida, pero ante la justicia debemos responder todos. Yo lo acompaño y lo sostengo.

— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 6 de agosto de 2018

“Se pagó por orden mía”, dijo Ángelo Calcaterra, primo de Macri, quien declaró hoy ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornellli para sumarse a la lista de “arrepentidos” que están implicados en el escándalo de los cuadernos K. En su declaración, Calcaterra habló de «aprietes» y de exigencias de dinero para las campañas de 2013 y 2015, momentos en que IECSA estaba en crisis.

Con esta declaración, Calcaterra se mostró dispuesto a colaborar con la justicia y consiguió obtener una exención de prisión que le permita seguir en libertad y, además, que se le concediera la libertad al CEO de IECSA, Javier Sánchez Caballero, quien estaba preso desde el miércoles.

«No habló». «Ni hablaron ni se vieron». «Cien por ciento decisión de Angelo«.  Los voceros oficiales del Gobierno aseguraron que Mauricio Macri y su primo hermano, el ex dueño de IECSA, una de las empresas mencionadas en los cuadernos de Oscar Centeno, no tuvieron ningún contacto que lo haya llevado a Calcaterra a presentarse a las 7:20 de la mañana en el despacho del juez Claudio Bonadio para asumir sus responsabilidades en el escándalo de las coimas.

Sin embargo, una versión contraria circuló durante el fin de semana en boca de los amigos del arquitecto que es hijo de María Pía Macri, la única hermana de Franco Macri, llevado al lugar de jefe de las empresas de la familia una vez que Mauricio Macri decidió dedicarse a la política y abandonar cualquier posibilidad de dedicarse a los negocios.

Según publica hoy Infobae, a su redacción llegó el domingo por la tarde  la información de que esa comunicación había existido. Habría sido escueta y concreta. Una pregunta, tal vez un anticipo de una decisión que Calcaterra había tomado.  Un amigo de ambos, incluso, precisó: «Mauricio no lo incentivó, no fue necesario».

Durante la semana, el Gobierno envió mensajes muy claros a favor de que los empresarios se acojan a los beneficios de la ley del arrepentido y facilite el accionar de la justicia. La Unidad de Investigación Financiera y la Oficina de Anticorrupción se pusieron a disposición de la investigación y los ministerios de Justicia y Seguridad reforzaron en la opinión pública la nueva capacidad del Estado para llevar adelante una investigación de alta complejidad.

Además, habían tenido la posibilidad de conocer la manera en la que actuó Emilio Odebrecht, el patriarca de la compañía brasileña que promovió la aprobación de la ley del arrepentido en su país, consciente de que los nuevos tiempos de la transparencia exigían nuevas generaciones de empresario. Se presentó ante la justicia y dejó en falsa escuadra a su propio hijo, que siguió negando su participación en las coimas aun después de condenado, hasta que finalmente no tuvo más remedio que confesar y negociar una megamulta que la compañía se comprometió a pagar en cuotas, durante 23 años.

Hoy por la mañana, una diputada de Cambiemos que sigue especialmente las causas contra la corrupción no ocultaba su satisfacción por la decisión de Calcaterra de presentarse a la justicia. «El Presidente es un faro en este momento, porque queda claro que tomó la decisión de que no haya más impunidad en la Argentina y está entregando a su familia, que es lo que siempre a uno más le duele. No solo desde los distintos ministerios se está aportando prueba fundamental, sino que dio la instrucción de que aquellos empresarios que no se arrepientan no seguirán siendo parte del registro de proveedores del Estado, un golpe muy grande porque muchas de estas empresas viven de la obra pública».

Agregó que «es recontraloable de parte de él haber salido hacia arriba, haberse puesto a liderar esto, y también a ordenar a algunos dentro de Cambiemos que no querían dar esta batalla y a los que estaban negociando con Pichetto una ley de extinción de dominio que esté atada a la condena firme, o sea que tardaría añares en ejecutarse, y Macri tomó el tema y lo está encauzando».

Cuando faltaban 10 minutos para la apertura de los juzgados, a las 7:20, se registró la primera sorpresa de la semana en Comodoro Py, el edificio judicial donde se encuentra el despacho de Claudio Bonadio, el magistrado que instruye la causa de los cuadernos.

El empresario Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y dueño de IECSA durante los años en los que se habrían desarrollado los hechos descriptos por el chofer Oscar Centeno, se presentó espontáneamente para brindar información vinculada al escándalo de los bolsos.

Fuentes de la investigación adelantaron a Infobae que el empresario confirmó parte de lo escrito por el chofer de Roberto Baratta. Habló de «aprietes» y de «extorsión» de ex funcionarios que exigían dinero para las campañas electorales de 2013 y 2015.

Se supone que el mecanismo era similar al relatado por otros ejecutivos de compañías importantes: desde el gobierno kirchnerista exigían retornos en efectivo para liberar los pagos por las obras públicas que estaban en marcha.

Tras su declaración, Calcaterra se convirtió en imputado arrepentido. Se sumó a la la lista del chofer Oscar Centeno y los empresarios Juan De Goycochea y Javier Sánchez Caballero. Luego quedará en libertad.

En tanto, Carlos De Goycoechea (Isolux) también podría recuperar la libertad por su ingreso al programa de protección de testigos e imputados. El desafío del fiscal Stornelli, de todas maneras, es comprobar la asociación ilícita que supuestamente lideraban Néstor Kirchner y Cristina Fernández que podría implicar unos 160 millones de dólares en coimas entre sus funcionarios durante Década Ganada y empresarios.

El ex propietario de la empresa IECSA Angelo Calcaterra se encuentra en los tribunales federales de Comodoro Py desde las 7:30 de este lunes 6 agosto para declarar ante el fiscal Carlos Stornelli en el marco de la causa que investiga una supuesta sociación ilícita liderada por el matrimonio ex presidencial Kirchner durante la Década Ganada.

Según enforma el portal Urgente24, quien habría solicitado su colaboración en la causa fue el propio ex CEO de la compañía Javier Sánchez Caballero. Ambos estarían en la misma línea de Juan Carlos de Goycoechea. Este último es el primer empresario arrepentido que justificó el sistema de sobornos en la empresa Isolux por extorsión del número 2 de Julio De Vido (Planificación Federal), Roberto Baratta. Ocurre que eso no fue denunciado por Calcaterra y Sánchez Caballero durante la era K y, mucho menos, en estos dos años y medio de mandato M, por lo que tendrán que explicar otros puntos flacos que se presentan.

De todas maneras, Stornelli espera que se arrepientan otros empresarios y aporten datos para lo que en definitiva se investiga: una asociación ilícita liderada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Lo que Sánchez Caballero está dejando entrever es que, si bien él firmaba, lo pactado no era sino por orden de Calcaterra.

«Es muy probable que haya más allanamientos y es mucho más probable que haya más detenidos. Conozco al juez, cómo piensa y las pruebas», dijo Stornelli durante el fin de semana a La Nación.

Estas declaraciones activaron todas las alarmas de emergencia entre aquellos que lo escuchaban desde sus mansiones, debido a que podían ser citados por la Justicia e incluso detenidos en esos domicilios.

La detención de casi 20 personas sin incluirse a Calcaterra era muy difícil de sostener.