Capello hace una recorrida por la historia y se detiene en los años de números fiscales positivos. No fueron muchos: la Argentina es gastadora. En 1967, por ejemplo, Krieger Vasena logró una mejora de 1,5 puntos porcentuales del PBI a pesar de haber expandido el gasto en 0,8 puntos. Lo consiguió gracias a que los ingresos totales subían al mismo tiempo 2,3 puntos. La clave de ese logro, el primero de la serie analizada, estuvo en el principio del proceso: no bien asumió, el 2 de enero de ese año, el ministro devaluó 40% la moneda, aplicó retenciones a las exportaciones y, así, le permitió al Estado quedarse con la renta extraordinaria de la depreciación. Algo parecido, pero con distinto método, le pasó a Juan Sourrouille en 1985 con el plan Austral.

El programa alfonsinista, que se lanzó el 14 de junio de ese año e incluía desde un ajuste de las cuentas fiscales, la renegociación de la deuda, una reforma monetaria y el congelamiento de precios, salarios y tarifas, terminó con 4,6 puntos porcentuales de mejora a pesar de que el gasto había subido 1,6 puntos. Una vez más, la clave estuvo en la recaudación, que subió 6,2 puntos sobre el PBI. Lo de Milei, en cambio, fue mucho más complicado: ahorró nada menos que 5,6 puntos porcentuales mientras los ingresos caían 0,8. Todo cuesta arriba -según publica La Nación-.

“Ajuste fiscal: o mais grande do mundo”, tituló Capello el slide que contenía la descripción de esos años, durante una presentación que hizo la semana pasada en Mendoza con el economista Ricardo Arriazu. La historia no ayuda. De los 54 años del período 1970-2023, exactamente 43 terminaron con déficit fiscal. Es decir, el 83% de ese tiempo en rojo. Hubo, por lo tanto, 9 años de superávit: uno vino con el Plan Austral, dos con la reforma del Estado y las privatizaciones de la Convertibilidad de Carlos Menem y Domingo Cavallo, y otros seis, por la licuación y el no pago de intereses de la deuda durante los mandatos de Duhalde y Kirchner. El trabajo hace incluso un corte más amplio, y agrega que, desde 1961 hasta hoy, sólo seis años muestran superávit fiscal y de cuenta corriente al mismo tiempo: los comprendidos entre 2003 y 2008. Es decir, apenas un 10% en casi seis décadas y media.

El país cubrió siempre este desfase con las típicas herramientas del indisciplinado fiscal, endeudamiento o emisión monetaria. Hasta el año pasado, la deuda argentina era del 88% del PBI. Ni hablar la inflación, que se instaló en los tres dígitos y, según los últimos registros del Indec, tenía en julio pasado un ritmo del 263,4% anual. Entre 1970 y 2023, dice el Ieral, el déficit del sector público nacional fue del 104%, y la inflación promedio anual, del 192% (o 235% si se excluyeran los 11 años del plan de Convertibilidad). La resultante de todo fue una mejora casi nula en las condiciones de vida de la población. En todo ese período, que incluyó tres defaults, la tasa de crecimiento anual del PBI per cápita de la Argentina fue de apenas 0,7 por ciento.

Son las consecuencias de gastar muy por arriba de lo que se produce, un hábito que no se corrigió con las crisis. Al contrario: en los últimos 20 años, después de la caída de la convertibilidad, se agravó. Según el informe del Ieral, si se incluye también a las provincias, el 76% del gasto entre 2003 y 2023 se fue en personal del Estado, que se llevó 3,4 puntos porcentuales del PBI; jubilaciones, 2,9 puntos, y subsidios económicos, 2,1 puntos.

Hay que repasar la serie y nómina de empleados públicos para entenderlo. En 2005, los trabajadores de los niveles nacional, provincial y municipal eran 2.582.665 y eso representaba un gasto de 8,4% del PBI. El año pasado ya llegaban a 3.874.509, un 11,6% del PBI. Es decir, durante casi dos décadas, mientras la población crecía apenas un 20%, los estatales se expandieron un 50%. La Argentina gasta en personal apenas por debajo de Brasil (12%), pero mucho más que Chile, Uruguay y Perú, donde se destina entre el 6 y el 7% del PBI a esos efectos.

Milei está obligado a corregir esos desequilibrios. Un informe del economista Nadin Argañaraz acaba de especificar que, desde que asumió, el Gobierno se desprendió de 30.936 empleos públicos, el equivalente al 9,1% de la dotación que el Estado tenía en diciembre del año pasado. Encabezan los despidos la administración central, el Correo, la Anses, el Conicet y AYSA. En porcentaje, las mayores caídas de plantilla se centran en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (-58,5%), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (-30,3%), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (-29,7%), la Agencia Nacional de Discapacidad (-28,2%), el Enacom (-26,6%) y el Correo (-24,2%).

Motosierra y licuadora. ¿Pudo haberse ajustado sin alguna de las dos herramientas?, se le preguntó a Capello. “El ajuste necesario es tan grande, y tan importante era el desequilibrio el año pasado, que ninguna medida única podía solucionarlo, sino una conjunción de medidas y decisiones -contestó-. A partir de ahora se debería plantear mejorar la calidad del ajuste, pero sin perder el equilibrio fiscal. Lo deben entender también las fuerzas de la oposición”.

Los datos indican que el apretón fue drástico. El gasto público en los tres niveles -nacional, provincial y municipal- cayó en el primer semestre del año al 32% del PBI, un nivel idéntico al de 2007, muy por debajo de los picos de 2016 y 2020, cuando llegó al 47%. En 2004, no hace tanto, estaba en 27%. Fueron veinte puntos de aumento en 15 años. Una fiesta cara.

En este sentido, señaló que “cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibro fiscal se los digo yo ahora, lo dije antes y lo repito hasta el cansancio: les voy a vetar todo, me importa tres carajos”.

“Cuando nosotros avanzábamos con el ajuste, los pifiadores seriales empezar a cuestionar la calidad del ajuste diciendo ‘mucha licuadora y tijerita’”, dijo.

Asimismo, aclaró que “dentro de las cosas que hicimos que también eran imposibles hasta que las hicimos nosotros, fue llevar la cantidad de Ministerios del Estado a la mitad”.

“Eso no fue gratis obviamente tuvimos que echar gente. En materia de contrato vamos a terminar desvinculando 75.000 personas, ya llevamos 25.000”, indicó en el 10° Latam Economic Forum.

En este marco, destacó que “eliminamos las transferencias discrecionales a las Provincias, eliminamos de cuajo la obra pública, es decir eliminamos contratos”.

“Sabíamos que el Programa iba a generar tensión social y una caída en la actividad”, afirmó.

Finalmente, Milei concluyó: “Cuando ustedes hacen un ajuste, el ajuste lo que hace es aumentar el ahorro. Nosotros habíamos anunciado que iba a haber una contracción de la actividad por eso decidimos hacer una fuerte política de contención social”.

En declaraciones radiales, el representante de la Iglesia Argentina fue consultado acerca del discurso que dio en la misa del inicio del ciclo lectivo para más de mil alumnos y habló sobre la importancia de la educación sobre todo en los sectores más pobres.

En el mismo sentido, cuestionó la suba de precios porque “afecta a los que menos tienen”. “Desde hace años vengo diciendo que la inflación es el impuesto de los pobres y creo que la Argentina tiene esta enfermedad casi endémica que no se termina de ir nunca, del mismo modo que sabemos que el ajuste afecta a los sectores más vulnerables”, insistió.

Tras ello, citó al papa Francisco. “Él siempre decía que hay que tener una economía con rostro humano, que tenemos que ponerle rostro porque son nuestros hermanos los que más sufren y tienen nombre y apellido”, señaló en diálogo con Radio Mitre.

Además, con una metáfora, cuestionó las políticas de ajuste: “Este tiempo es para tragar un jarabe muy amargo, para pasarlo y curarnos. El tema es que algunos después del jarabe tenemos algún caramelo para que se nos vaya el sinsabor de la boca pero otros no tienen el caramelo y quedan afuera y muchas veces para siempre”.

Consultado sobre la gran problemática del narcotráfico en los barrios, García Cuerva respondió: “Yo creo que en realidad es un tema que tiene dos aristas: por un lado está la oferta y por otro la demanda. Hay una gran oferta de droga como propio delito que tiene que ver con lo que se está tratando de frenar, y también está la demanda. Los pibes cuando no encuentran sentido en sus vidas y la angustia existencial es profunda la adormecen con droga”.

Ante este panorama, aseguró que “estamos llegando a situaciones límites en cuanto a la violencia” y consideró que “es importante la presencia del Estado” y que las autoridades de Seguridad que puedan aplicar políticas concretas.

“Tenemos que entender que hablamos de complicidad de gente muy poderosa, de lavado de dinero, sino esto hubiese sido insostenible a lo largo de los años y no hubiese crecido de la manera exponencial que lo hizo”, lamentó.

Es por ello que insistió en que la educación es un instrumento para transformar vidas y “hacernos protagonistas” y habló sobre el mensaje esperanzador que ofreció durante el fin de semana en una homilía en la Catedral Metropolitana ante más de mil jóvenes de todo el país. “La expresión de irse del país que significa la resignación, porque sabemos que muchos pibes no tienen ni para cargar la sube, pero que tiene que ver con bajar los brazos y creer que tendríamos que vivir acostumbrados a que todo esté mal”, señaló.

“Pocas veces las buenas noticias son noticias, esta vez sucedió: había más de mil pibes en la Catedral, hubo que sacar los bancos. Hay mucha gente muy buena en la Argentina, no hay que resignarse”, insistió el arzobispo.

En la misa del comienzo del ciclo lectivo 2024, García Cuerva le pidió a los jóvenes que “soñemos con una Argentina mejor”. “Seguro que escucharon a un montón de gente decir este es un país de porquería y que algunos sueñan con irse. No muchachos, la Argentina somos nosotros. Si nos ponemos las pilas somos más que los narcos, que los corruptos. No dejen de soñar, pónganse las pilas con el estudio porque cuanto más estudien y más se preparen, seguramente mucho más va a poder hacer por nuestro país”, fue el mensaje que les dejó a los chicos.

“El Papa Francisco alguna vez dijo, ‘hagan lío’, y en realidad hacer lío significa ponerle garra a la vida, ponerle entusiasmo, ponerle vida. No da todo lo mismo. Por eso vivan con entusiasmo”, remarcó en la homilía ante las comunidades educativas.

En este sentido, señaló que “la verdad es que esta Provincia le viene aportando hace 100 años más de 300 mil millones de dólares a la Nación”.

“Y esos más de 300 mil millones de dólares se fueron dilapidando durante los distintos Gobiernos”, dijo.

Asimismo, aclaró que “hoy temprano hicimos números de como impactarán las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional en Chubut. Y la verdad es que la devaluación impacta de manera positivo en las arcas provinciales y municipales”.

“Pero a su vez la devaluación genera una pérdida importante del poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados”, indicó.

En este marco, destacó que “nosotros también nos vamos a ajustar el cinturón. Me preocupa no haber escuchado una sola medida a favor de los jubilados”.

“Si el ajuste se quiere hacer con los jubilados, nos vamos a plantar como Provincia y le diremos a Nación que no”, afirmó.

A su vez, resaltó que “a mí la medida que menos me preocupa es la de la eliminación de las transferencias discrecionales porque Chubut recibió 0 pesos del Tesoro Nacional, pero si queremos saber para que se va a usar esa plata”.

“Lo que me gustaría es que ese 1% de la masa coparticipable federal, se coparticipe efectivamente”, concluyó finalmente Torres.

Juan Villafañe, colaborador gremial de UOCRA en Trelew, en diálogo con la prensa valletana, ya había adelantado la semana pasada que concretarían la movilización porque no se había cumplido con los trabajadores, «y no recibimos ni una llamada telefónica, o al menos un mensaje que muestre buena voluntad para abrir el diálogo».

Desde el domingo que los trabajadores nucleados en el gremio comenzaron un paro de actividades por tiempo indeterminado. «El gobierno miente. Los plazos eran viernes y sábado. Nunca se habló de lunes o martes. Ahora no nos vamos del acampe hasta que se cumpla con el pago a los trabajadores. Los obreros cumplieron su parte, ahora le toca a este Gobierno» dijo Villafañe en reclamo al pago urgente de los salarios adeudados.

A esta problemática, se le suma la confirmación de la Cámara de la Construcción que habría decidido bajar un 30% el personal de las obras.
«El Gobierno de Chubut propuso feroz ajuste en obras públicas. Dice que no tiene dinero, pero propone a empresas extender plazos de obras con menos personal. Ajuste de 30% a este paso, va a proponer que las obras duren 4 años, con 3 obreros» denuncian desde la UOCRA de la zona de el Valle.

«No pueden ilusionar así a los obreros, no puede este Gobierno jugar con la vida de los trabajadores y sus familias. Parece que no tienen conciencia de lo que significa que un trabajador regrese a su casa y le diga a su familia que hizo un acuerdo y que para el fin de semana va a poder cobrar lo que se ganó trabajando… pero cuando llega la fecha, esa promesa no se cumple y esa ilusión de la familia se transforma en tristeza por no poder tener el dinero para pagar las deudas, las cuentas, ni siquiera para comprar comida. Eso no lo entienden desde el Gobierno y a eso nos referimos cuando decimos que juegan con el hambre de la gente» expresó Villafañe.

La recesión no cesa y ya van siete meses consecutivos que registran una caída el consumo en las grandes firmas de supermercados. Lo mismo ocurre con las cadenas mayoristas. En enero las ventas en esas bocas de expendio retrocedieron un 10,5% y un 15,2% respectivamente. El derrumbe toma una mayor dimensión en la medida en que en enero de 2018 los supermercados ya habían registrado un retroceso del 2,7% al que ahora se añade ese 10,5%.

Los mayoristas, por su parte, registraron retrocesos de dos dígitos también en diciembre (-12,2%), noviembre (-14,7%) y septiembre (-15,2%).

Por el lado de los supermercados el impacto ya se hizo sentir no solo por el lado de los consumidores sino también desde el punto de vista de sus propios trabajadores toda vez que las cadenas reconocieron un retroceso del 2,8% en la cantidad de empleados que ahora llegan a 98.454 en todo el país.

Éstos, además, vieron sus ingresos reducidos toda vez que los salarios brutos crecieron un 30,9% cuando la inflación en el mismo período llegó hasta un 49,3%. El dato es curioso porque la paritaria del Sindicato de Comercio, con distintas revisiones, se ubicó bastante por encima del 30,9% (entre abril de 2018 y marzo de 2019 llega al 45%). El defasaje, además, podría estar indicando un componente importante de trabajo no registrado o fuera de convenio.

Otro dato de interés que surge del informe es el incremento en los montos de las operaciones afrontadas con tarjeta de crédito que escalaron un 54,7% contra un 37,1% en que lo hizo el volumen general de las transacciones. El dato señala un incremento de las compras de bienes de consumo inmediato con instrumentos de financiación que podrían indicar dificultades en la cadena de pagos.

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, aseguró en la campaña presidencial que Cambiemos tenía “como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero”. A finales de 2016, ya como Presidente, cuando el INDEC dio a conocer que la pobreza por ingresos en el segundo trimestre de 2016 alcanzaba el 32,2% de personas, el jefe de Estado pidió ser evaluado por la evolución de este indicador en su gobierno.

Sin embargo, el mandatario aseguró recientemente en una entrevista con el programa “La Cornisa” -emitido por América- que, si bien Cambiemos dejaría “la misma pobreza o similar” a la que recibieron, será “distinta” porque han “atacado la pobreza estructural”. Pero, ¿es así? En esta nota, un repaso por la situación de la pobreza en el país.

Cómo se mide la pobreza

En la Argentina hay dos mediciones oficiales. La primera -y más conocida- es la que realiza el INDEC cada seis meses y en la que se mide la pobreza por ingresos. Es decir, son pobres los que no tengan determinados ingresos como para cubrir una canasta de bienes y servicios básicos. En enero de 2019 -último dato-, la canasta que mide la pobreza fue de $8.558 por adulto, mientras que la línea de indigencia fue de $3.423.

La segunda es la que realiza el INDEC en los censos (que se hacen cada diez años) y se trata de una medición multidimensional de la pobreza, las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que analizan la situación de la vivienda, las condiciones sanitarias, si existe hacinamiento y la capacidad de subsistencia, como se explicó en esta nota.

“El método de la línea de pobreza es capaz de identificar situaciones de pobreza coyuntural y/o reciente, mientras que el de las NBI permite reconocer carencias de carácter más estructural”, explica en un trabajo Agustín Arakaki, economista investigador del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED).

Qué muestran los datos

En cuanto a la pobreza medida por ingresos, en la primera mitad de 2018 llegó a 27,3%, debajo del nivel de principios de 2016, cuando se volvieron publicar datos oficiales y la pobreza se ubicaba en 31,4 por ciento. Las cifras del segundo semestre de 2018 se publicarán el próximo 28 de marzo y se estima que este indicador aumentó.

Si se analiza la pobreza estructural, de acuerdo con los datos oficiales del INDEC, viene disminuyendo continuamente desde 1980 -primeros datos disponibles-. En 1980 el 22% de los hogares vivía con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), mientras que en 2010 -cuando se hizo el último censo-, este porcentaje bajó al 9% de los hogares del país. Sin embargo, no hay datos oficiales sobre este indicador para la gestión de Cambiemos.

“Esta baja en la pobreza medida por Necesidades Básicas Insatisfechas se verifica a lo largo de todo el período prácticamente independiente de la coyuntura, del partido gobernante o del modelo económico, con lo cual no pareciera ser el resultado de una política explícita”, explicó a Chequeado Arakaki.

Cómo viven los argentinos

De lo que sí hay datos actualizados del INDEC son de las condiciones de vida de los hogares, que se relacionan con la pobreza estructural, pero no se trata del mismo indicador. Estos datos surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que el instituto realiza en 31 aglomerados urbanos, mientras que la pobreza estructural que se mide en el censo analiza todo el país.

Los últimos datos disponibles del primer semestre de 2018 muestran que el 90% de los más de nueve millones de hogares encuestados tiene agua corriente, mientras que cerca del 70% tienen gas y cloacas, casi un 7% vive cerca de basurales (a tres cuadras o menos) y poco más del 2% vive con hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto).

¿Cómo variaron estos porcentajes en los últimos años? Jorge Paz, investigador del Conicet y director del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE), explicó a Chequeado que “estos indicadores estructurales no sirven para analizar un par de años porque las mejoras son mínimas, la mayoría no tuvo cambios estadísticamente significativos y no dependen mucho de los gobiernos de turno”.

En este sentido, Paz señaló que estos indicadores “han mejorado en las últimas décadas y siguen mejorando, pero de a poco”, y concluyó: “No se puede decir que mejoró rotundamente con Cambiemos, como plantea Macri, sino que es el progreso normal que viene teniendo hace años”.

La economía no repunta para el país y para nadie, todos los sectores están tratando de «remarla» ante un escenario de inflación y crisis económica que asusta, y que además, no se le ve solución a corto plazo. Aunque el Gobierno solo a catalogado este caos como una «tormenta», parece que a algunos se les convirtió en un aguacero que no escampa, y es que la industria PyME tiene 10 meses consecutivos en caída libre.

Así lo dio a conocer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que anunció este domingo 24/03 que la producción de las pymes industriales cayó 6,1% en febrero frente a igual mes del año pasado. Con esta caída, se registra el décimo mes consecutivo en baja.

«La caída sigue siendo profunda, pero muestra una pequeña desaceleración. Además, subió a 58,9 % el uso de la capacidad instalada y a 33,1 % la proporción de empresas en alza. Si bien todo es poco, y los niveles de actividad son muy bajos, esas leves mejorías podrían indicar que el fondo de la caída ya se encontró, aunque todavía no alcanzan para marcar un cambio de tendencia», explica el informe de CAME.

En el informe, que se publicó hoy y sus datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial de CAME entre 300 industrias pymes del país, data que «la producción de las Pymes Industriales cayó 6,1 % en febrero frente a igual mes del año pasado y 4,2 % cuando se la compara con enero», y agregaron que «el Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) se ubicó en 74,9 puntos en el mes».

Por su parte, Pablo Bozzano, director ejecutivo de la Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina (CIIECCA), describió en el informe que: «La menor producción refleja la contracción del mercado interno. Algunas empresas están intentando exportar para reactivar las ventas, pero es una tarea difícil ya que los empresarios no están en condiciones de invertir”, sentenció.

Las bajas más acentuadas en la comparación anual se dieron en “Calzado y marroquinería” (-20 %), “Productos de madera y muebles” (-14,1 %), “Productos textiles y prendas de vestir” (-11,4 %), “Productos eléctrico-mecánicos, informática y manufacturas varias” (-10,3 %), “Material de transporte” (-10,2 %), “Productos minerales no metálicos” (-6,1 %), “Alimentos y bebidas” (-3,8 %), “Productos de caucho y plástico” (-3,3 %), y “Productos de metal, maquinaria y equipo” (-3,4 %). Dos rubros que quedaron cerca de revertir la tendencia negativa, en cambio, fueron: “Productos químicos” con una caída anual de 0,5 % y “Papel, cartón, edición e impresión”, que se mantuvo sin cambios frente al mismo mes del año pasado.

Como para dar alguna esperanza a las PyME, CAME explicó en el informe que «a pesar de la difícil situación que continúa atravesando la industria, hubo algunos datos que mostraron leves mejorías. Uno es la cantidad de industrias en alza en la comparación anual, que, si bien siguen siendo pocas, pasaron de 27,5 % en enero a 33,1 % en febrero. La proporción de industrias en baja fue en tanto del 52,8 %, un porcentaje elevado, pero 4,2 puntos menor al 57 % de enero», describen.

En cuanto a la proporción de empresas con rentabilidad positiva se mantuvo sin cambios en 30,6%. Incide que los costos mayoristas subieron fuerte en el mes y no permitieron que el empresario pueda recomponer su ecuación de precios en un mercado que se achicó mucho. “Imposible salir de esta situación con las tasas de interés tan altas y la inflación con tanta presión”, dijo un empresario del sector alimentos de Tierra del Fuego.

Ante esta situación, las perspectivas hacia adelante «se mantuvieron en niveles de mucha cautela», dice CAME. Solo el 28,3 % de las industrias pymes cree que su producción aumentará en los próximos seis meses. Un 66 % cree que se mantendrá o bajará, y otro 6,7 % no puede precisar una tendencia.

Mientras tanto, el 35% de las pymes de la provincia proyecta achicar personal este año. El dato lo indicó un sondeo realizado por la Cámara Argentina de la Micro Pequeña y Mediana Empresa de Córdoba, que también detalló que solo 16% cree que el 2019 será mejor que el año pasado.

Un informe privado reveló que el nivel de cheques rechazados en 2018 creció un 66,2%. Se trata de una estadística sólo comprable con la crisis del 2001.

De acuerdo al último informe publicado por el BCRA, el porcentaje de cheques rechazados sobre el total compensados alcanzó el 5,2% del total. Vale recordar que en el 2001 el porcentaje de cheques rechazados llegó a 5,4%.

A este dato se le suma que el monto de los rechazos (como porcentaje del total compensado entre bancos) que también muestra un crecimiento llegando a niveles récords de 4,5% en 2018. Se trata de un porcentaje superior al registrado entre el 2003 y el 2003.

Desde la consultora de economía política Ficonomics alertaron que “en los últimos meses se observó una creciente preocupación por el estado crediticio de las personas y de las empresas”.

En ese sentido, los especialistas advirtieron que la situación es “alarmante” al señalar que el nivel de cheques rechazados está por encima de lo observado en la crisis de 2001.

Por lo pronto, en el rubro “se observa un alza preocupante tanto en los montos como en la cantidad de cheques rechazados”, señalaron desde la consultora por lo cual indicaron que el sector “parece dar evidencia sobre las complicaciones que está sufriendo la cadena de pagos”.

Según las estadísticas, en 2018 la cantidad de cheques compensados cayó un 2% mientras que los rechazos en cantidad se incrementaron un 66,2%. En ese sentido, desde Ficonomics indicaron ese dato “también nos permite tomar conciencia de la magnitud del desajuste que parece estarse generando en la cadena de pagos”.

La crisis sin frenos del sector automotriz tiene víctima: el fabricante de camiones Iveco acaba de anunciar que suspendió a sus 900 operarios de su planta de Ferreyra, en Córdoba, que sólo funcionarán 1o días en el mes de marzo, según fuentes gremiales.

De esta manera, los empleados del sector automotriz afectados por suspensiones o despidos ya alcanzan los 4.000 en todo el país.

«Iveco informa que en función de los niveles actuales de demanda del mercado y de los stocks existentes se está llevando a cabo un proceso de suspensiones con pago de haberes», expresó la compañía, a pedido de Infobae, sin dar ningún otro detalle ni especificación. Los principales ejecutivos de la empresa están en Expoagro.

«Esta situación de suspensiones semanales, o diarias, se da hace dos o tres meses», dijeron allegados.

Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), la empresa vendió 158 camiones en enero, la mitad que el año anterior. Iveco pertenece a CNH Industrial, un grupo italiano creado de la fusión de Fiat Industrial SpA y CNH, que además tiene otras marcas, como la agrícola New Holland.

«Desde su planta de Córdoba, la única fábrica de camiones que no ha interrumpido su actividad en el país, abastece al mercado local como así también a países del Mercosur, otras naciones de América Latina y Oriente», asegura el sitio web de la empresa, desde donde se detalla que tiene 10 concesionarios y más de 40 puntos de venta y servicio en todo el país.

Suspensiones en todo el sector

«Calculamos 3.500 despidos y 3.000 suspensiones en el sector. Hubo cierres, como el de Metalpar, que dejó sin trabajo a 600 personas. Era una carrocería con mucha integración nacional que dejó afuera a otras 1.500 personas que no son de Smata, pero están en rubros como plástico o vidrios. Otros fueron retiros voluntarios o achicamientos», explicó a Infobae

«Con el recorte de salarios, el trabajador pierde todas las cargas. Me doy cuenta de cómo viene el proceso porque en nuestra obra social hay una demanda ascendente de psicología y psiquiatría, porque no trabajar afecta mucho», agregó el dirigente gremial. Según detalló, hoy el gremio cuenta con 85.000 afiliados.

En los últimos días anunciaron suspensiones en sus plantas Peugeot y Renault, que se sumaron a esquemas de licencias que ya venían implementando otras como Honda, Fiat y General Motors. En el sector aseguran que, salvo el caso de Toyota, la mayoría de las compañías planea tomar decisiones similares en el corto plazo.

Según los datos del Indec, en diciembre del año pasado, la capacidad instalada de la industria alcanzó su nivel más bajo desde 2002. En el caso de la industria automotriz trabajó al 25,6% de su capacidad.

El Gobierno avanza en su programa de ajuste con déficit fiscal cero. El superávit fiscal primario fue de 16.658 millones de pesos en enero. Así lo publicó ayer el Ministerio de Hacienda. Los ingresos del Tesoro subieron 39% interanual, mientras que los gastos (netos de intereses de deuda) se elevaron 33%. Estos datos ponen en evidencia un dato clave sobre la economía. El sector público está haciendo un ajuste de casi 20 puntos en términos reales del gasto. Esto se debe a que la inflación interanual en enero se ubicó en torno de 50%. El déficit fiscal financiero, que computa el pago de intereses de la deuda, se ubicó en 60.038 millones de pesos. Se trata de un alza de 131,9% respecto de enero del año pasado.

En la cartera a cargo de Nicolás Dujovne festejaron los datos del superávit primario. “El sendero hacia el equilibrio de las cuentas fiscales se está transitando de manera ordenada y sostenida. El superávit primario de enero es, en términos reales, el más elevado de los últimos ocho años para un primer mes del año y es el mayor resultado positivo (en términos nominales) en casi 8 años”, dijeron en Hacienda.

En el Tesoro hace 19 meses consecutivos que registran gastos que suben menos que los ingresos. La lectura del Gobierno es que se está cumpliendo con el pedido de los inversores de alcanzar el déficit cero. Pero en la práctica el programa económico hace 19 meses que aplica un ajuste sin éxitos a la vista. La suba del dólar en el mismo período fue de más del 100%, mientras que la inflación interanual se duplicó y la economía pasó a caer a tasas del 7% interanual.

En Hacienda aseguraron que los gastos primarios anotaron una caída del 10,9% en términos reales y hace un año y dos meses que bajan en términos reales. Las autoridades apuntan a mostrar estos números como un éxito de gestión. Pero no dan precisiones de la fuerte inestabilidad macroeconómica del resto de las variables financieras y reales. El presupuesto registra una de estas distorsiones. Las erogaciones por pago de intereses de la deuda, los cuales no se computan en el superávit primario, marcaron un aumento de 157% interanual. Por este motivo el déficit fiscal financiero se ubicó en 60.038 millones de pesos, lo que representa un alza de 131,9% respecto de igual período del año pasado –según publica Página 12-.

“El aumento del tipo de cambio y las modificaciones en el perfil de los vencimientos explicaron esta suba”, argumentaron en el Ministerio de Hacienda. Detallaron que “el año pasado se cubrió parte del programa financiero con importantes colocaciones a principios de año cuyos cupones se pagan este año”. Adelantaron que, con el correr de los meses, el rojo financiero irá moderándose en línea con lo presupuestado.

Desde la cartera a cargo de Dujovne indicaron que el superávit primario de enero tiene un doble mérito. “Se logró un resultado positivo a pesar de haber anotado una fuerte suba de los subsidios (92%) por efecto cambiario”, dijeron. Apuntaron que “hubo también un importante incremento de las transferencias a las provincia, el cual se ubicó en un 70% interanual”. En Hacienda aseguraron que “el superávit de enero marca un importante paso en pos del cumplimiento de la meta fiscal para el primer trimestre anunciada en el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional”.

Los últimos datos que ofreció el Gobierno Nacional sobre 2018 no ayudan a creer en la promesa del Presidente Mauricio Macri de que construirá miles de jardines de infantes. El programa de Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes del Ministerio de Educación tenía, al cierre del año pasado, una ejecución del 70,17 por ciento. Ese porcentaje es sobre un total que ya había sufrido un recorte (pasó de 6 mil millones a 2,9 mil millones).

Para 2019, hay una reducción nominal sobre las partidas a 2,5 mil millones. Esto se suma a otros programas con subejecución, como el de Infraestructura y equipamiento, o el de Innovación de Desarrollo de Formación Tecnológica, que para la misma fecha tenía una ejecución del 69,82 por ciento. El Plan Nacional de Educación Digital sufrió, para este año, un recorte del 58 por ciento.

Se trata de los últimos datos disponibles sobre la ejecución del presupuesto educativo, fechados el 24 de diciembre pasado. En la web de presupuesto abierto del Gobierno Nacional no figuran actualmente datos posteriores y solo está disponible la ejecución de 2019. La subejecución de partidas educativas implica, en los hechos, un recorte sobre el dinero destinado a esa área. Se trata de una política que acompaña al PRO desde sus primeras épocas como gobierno porteño.

En el último dato del Ministerio de Educación nacional, el programa Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles figura como monto final 2048 millones de pesos. Un 70,17 por ciento del total del dinero que estaba disponible, que ascendía a 2920 millones de pesos.

No obstante, ese presupuesto había sufrido previamente un recorte: el monto original en 2018 para jardines, según lo votado por el Congreso, era de 6063 millones de pesos. Si se hace el cálculo sobre ese monto original, lo que realmente se gastó es aún menor: un 33,8 por ciento. Para este año, lo que está presupuestado es 2528 millones de pesos, lo que representa un recorte nominal respecto del monto ya recortado de 2018 de otros 392 millones, luego de un año con una inflación del 47,6 por ciento.

En la campaña 2015, Macri había hecho una promesa sobre los jardines: “Yo me comprometo a construir los tres mil jardines de infantes que faltan”, dijo. Luego cambió este compromiso electoral por diez mil salas. Tampoco lo cumplió: desde el Ministerio de Educación sostuvieron ante el sitio Chequeado que a fines de 2018 había llegado a 1384 salas. A esto se suman denuncias de cierres de salas, como la que hizo la comunidad educativa del jardín del Hospital Ramos Mejía.

Página 12 informó sobre una denuncia penal presentada por la presidenta de la asociación civil Bajo la Lupa, Margarita Stolbizer, por presunta administración fraudulenta de fondos en la construcción de esas aulas. La dirigente focalizó en cinco licitaciones, de las cuales cuatro las ganaron las mismas dos empresas por cerca de 1400 millones de pesos. En el informe, señaló que el dinero se pagó pero las aulas no se habían construido.

La denuncia se basó en un pedido de informes que hizo al Ministerio de Educación nacional, en el cual le requirió que se detallara cuántas aulas se construyeron. En el caso de las licitaciones que denunció Stolbizer, con obras en Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, detallaron que de las 23 obras que tenían que hacer, empezaron 19 y no terminaron ninguna. Lo mismo había ocurrido con otras 43 obras en Chubut, Neuquén y Río Negro: comenzaron 38 y no las terminaron. Para Tierra del Fuego y Santa Cruz, iniciaron otras nueve obras. De nuevo, ninguna terminada, al igual que otras nueve en La Pampa. Cuando hizo su denuncia, en junio del año pasado, Stolbizer advirtió que el plazo de la obra era de seis meses y había pasado el triple de tiempo.

Al igual que con los jardines, con la innovación tecnológica la subejecución fue alta. El Ministerio de Educación tenía disponibles 5808 millones de pesos, de los que gastó 4055 millones, que representan un 69,82 por ciento del total. El presupuesto para 2019 es de 4420 millones, un recorte sobre lo que estaba disponible el año pasado de 1388 millones, que representa una caída nominal del 23,9 ciento. En tanto, el Plan Nacional de Educación Digital cayó de 3400 millones presupuestados el año pasado a 1427 millones para 2019, un ajuste del 58 por ciento.

Otra partida que sigue el camino del recorte es la de “Infraestructura y equipamiento”. Comenzó el año pasado con un presupuesto de 9290 millones de pesos, pero sufrió un recorte a 3403 millones. De ese monto, se ejecutaron 2849 millones, que representan el 83,7 por ciento del total posterior al recorte. Pero, nuevamente, si se compara con el monto que figuraba en el presupuesto, en verdad se utilizó el 30,6 por ciento de los recursos originales. Para 2019, al igual que en los otros casos, hay un monto aún inferior presupuestado: 2614 millones de pesos. Y todavía resta ver cuánto de ese dinero realmente será ejecutado este año. Lo que confirman las tendencias es que el ajuste en educación llegó para quedarse.