El funcionario provincial asistió a la audiencia, acompañado por el secretario de Seguridad, Federico Massoni. Tenían que responder por las imputaciones formuladas por el fiscal Fernando Rivarola; representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y abogados particulares y de la Defensa Pública que promovieron tres habeas corpus por los múltiples abusos policiales cometidos en Chubut desde que se instauró la cuarentena.

“Entendemos que la situación fue extrema y vamos a trabajar para capacitar mejor al personal policial”, sostuvo Grazzini, quien acotó: “asumimos el compromiso de cambiar las formas”.

Massoni habló al inicio de la audiencia de ayer en la tarde explicó que con el decreto de adhesión a lo dispuesto por el Gobierno Nacional derogará sus polémicas resoluciones que les sirvieron de paraguas a quienes promovieron “excesos” en Comodoro, Trelew, Madryn y otras localidades.

Sin embargo, al finalizar la audiencia el fiscal jefe Fernando Rivarola dijo que “lo único que voy a agregar es que en el Ministerio Público Fiscal, siguiendo instrucciones del Procurador General y por imperio legal, vamos a continuar investigando todas las denuncias que se han presentado, se resuelva lo que se resuelva”.

Cabe acotar que se trata de presuntas detenciones ilegales a ciudadanos que realizan actividades proporcionadas por el Decreto 297/2020. También hay casos de apremios ilegales por parte de agentes de la policía al momento de las detenciones.

Esta medida es un fuerte golpe para el superministro, que habia justificado el abuso policial en diversos puntos de la provincia, e incluso restado importancia a las denuncias públicas de maltratos verbales, psicológicos y físicos.

Las nuevas disposiciones aprobadas por la jueza, indican que desde hoy no pueden sonar las sirenas, tampoco se podrán solicitar los permisos en los controles vehiculares ni cuestionar que transite mas de dos personas en un vehículo. Todas las medidas han sido derogadas hastq que exista un DNU legal firmado por todos los ministros y publicado en el Boletín Oficial.

Además, se solicitó la apertura de un canal de diálogo entre el ministerio de Seguridad, los organismos de Derechos Humanos y la concejal Mariela Flores de la ciudad de Trelew.

La medida tomada por la jueza Moreno indica que es importante explicar que las denuncias por los malos tratos o abusos policiales siguen su curso; y que dio por veraces los dichos de los accionantes, y por esto ordenó el cese de esas prácticas policiales, estableciendo cómo debe manejarse la Policía quienes desde hoy deberán respetar el Código de Seguridad de Nación.