Las cámaras de seguridad permitieron identificar a un sospechoso de 33 años. Se trata de Marcelo R, quien se encontraba en situación de calle al momento del hecho. Tras la detención, la Justicia lo imputó por el delito de abuso sexual con acceso carnal y permanece bajo prisión preventiva.

El ataque ocurrió alrededor de las 3 de la mañana del 29 de enero en el Pasaje Araya, entre San Luis y Cortada Ricardone. De acuerdo a la reconstrucción, el acusado interceptó a la víctima con la ayuda de un tercero – que al parecer desconocía las verdaderas intenciones de Marcelo R. – y lo llevó por la fuerza hasta el ingreso de un garaje, donde comenzó la agresión.

Según detalló Rosario 3, en ese lugar el ahora detenido atacó a golpes de puño y patadas en la cabeza a la víctima hasta que cayó al piso y se desmayó. Entonces lo violó y antes de escapar volvió a darle otros dos golpes en el cráneo.

El jubilado quedó inconsciente durante varias horas en la calle hasta que los vecinos lo encontraron en ese estado y dieron aviso al 911. Una ambulancia lo trasladó más tarde al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez, donde quedó interando en la unidad de terapia intensiva con traumatismo de cráneo, con pronóstico reservado.

La audiencia judicial para tratar el planteo del sacerdote se llevará a cabo en los tribunales de Morón este jueves 22 de agosto las 11 de la mañana. Por primera vez en un proceso de esta índole, el condenado se representará a sí mismo ante los jueces, el fiscal de ejecución y el particular damnificado. Y es que Grassi se recibió de abogado durante su estadía en la cárcel, por lo que decidió prescindir de los servicios de sus antiguos defensores.

La condena a 15 años de prisión del cura mediático se conoció el 10 de junio de 2009, luego de nueve meses de debate y el testimonio de 130 testigos. Grassi había llegado imputado por 17 hechos, pero los jueces lo encontraron “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima, reiterado en dos hechos, en concurso real entre sí, que a su vez concurren formalmente con corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda”. Estos ilícitos, cometidos en la fundación, fueron perpetrados “en fecha indeterminada, en la mañana de un día sábado o domingo de la última quincena del mes de noviembre de 1996 y el 7 de diciembre de 1996, en la localidad y partido de Hurlingham (…) en perjuicio de O.A.A.”.

En 2010, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense desestimó las impugnaciones y confirmó la sentencia condenatoria. Tres años después, la Suprema Corte de Justicia provincial rechazó los recursos extraordinarios y luego la Corte Suprema, en 2017, dejó firme la condena tras declarar inadmisible un planteo presentado por la defensa del religioso. Con la firmeza del caso, se realizó el cómputo de la pena, que se fijó hasta agosto 2026 por aplicación del instituto procesal conocido como “dos por uno”.

Apelación mediante, ese cálculo quedó bajo revisión de la Cámara de Apelaciones de Morón, que en junio del año pasado declaró la inaplicabilidad de ese beneficio y ordenó fijar la culminación de la condena para el 30 de mayo del 2028, computada desde la detención del cura en 2013.

Así las cosas, el padre Grassi ejercerá este jueves su propia defensa para argumentar sus razones respecto del pedido que le dirigió al presidente del tribunal con el fin de que “dicte resolución concediendo mi libertad condicional a la cual me asiste derecho a partir del día 24 de mayo de 2023″. El Código Penal, en su artículo 13, establece que los condenados a prisión por más de tres años con dos tercios de la pena cumplida “podrán obtener la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento -penitenciario- e informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social”. Ese cuerpo legal también aclara que este beneficio no se aplica para los delitos contra la integridad sexual.

El abogado querellante Juan Pablo Gallego, representante del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina (Casacidn), en diálogo con Infobae adelantó que va a rechazar “que se le conceda el beneficio de libertad anticipada” al sacerdote. “En primer lugar, porque el propio Código Penal lo prohíbe cuando se trata de condenados por delitos sexuales. No obstante esa valla insalvable y suficiente para que se dicte el rechazo, voy a fundamentar el pedido en la negativa que tuvo Grassi para ser periciado en este incidente a fin de determinar cómo se asume actualmente como pedófilo y autor de los delitos por los que fue condenado”.

El letrado también fundará su negativa a la solicitud del condenado “en el informe del Servicio Penitenciario que no lo considera apto para una externación”. También se apoyará en “la presentación de la víctima y la certificación psiquiátrica del daño que le fue causado por Grassi y la repercusión negativa que tendría en su psiquis la obtención de este beneficio indebido por parte de su victimario”.

“Estas razones me convencen de que resulta imprescindible el cumplimiento estricto de la pena fijada”, concluyó.

Además del querellante, formará parte de la audiencia el fiscal de Ejecución Mario Ravizzini. El padre Grassi será trasladado hasta la sede judicial desde el pabellón N°6 de la Unidad Penitenciaria N° 41 de Campana, sector donde se alojan los presos con buena conducta.

Un video aberrante generó conmoción en las últimas horas en las redes sociales por un hecho ocurrido en Bariloche. Según Infobae, una señora de 100 años que ya no podía valerse por sus propios medios fue golpeada y torturada por su cuidadora durante semanas y parte de las agresiones quedaron grabadas.

En la noche del domingo, el sobreviviente de la masacre de Flores e integrante del Observatorio de Víctimas de Delitos, Matías Bagnato, subió el video a su cuenta de Twitter. En el posteo mencionó con nombre y apellido a la mujer que fue acusada en la Justicia por el maltrato a la mujer que tenía bajo su cuidado.

“Esta HDP llamada María Laura Chodilef le pegó, gritó y maltrató brutalmente a la abuela Zulma en Bariloche. Por favor, les ruego que me ayuden y le den RT al video para que nadie más contrate a este monstruo y ningún abuelito más sufra tanto dolor. #ConlosabuelosNO”, escribió Bagnato como descripción del video que dura 21 segundos.

En las imágenes se puede ver cómo Chodilef, de 51 años, le da varias patadas en los pies a la señora, de nombre Zulma, quien no podía acomodar las piernas de manera correcta. En el final del video, también se puede ver cómo la mujer se acerca y le tira un líquido en el rostro con un rociador. Estos hechos fueron filmados durante el mes de agosto.

“Yo tomé conocimiento del caso hace dos meses”, aseguró Bagnato en un diálogo telefónico con Infobae. “Quedé shockeado con lo que pasó, como cualquiera que ve el video. Lo primero que le dije a la familia era que había que agotar todas las instancias antes de hacer público el caso, porque tampoco es lindo estar ventilando las cosas que pasan dentro de una familia. Pero creemos que era necesario difundir esto porque no queremos que esta mujer vuelva a cuidar a ninguna persona mayor, pese a la condena que le imponga la Justicia”, completó.

En los comentarios del posteo de Bagnato escribió un familiar de Zulma, quien aseguró que la señora es muy conocida por la comunidad de Bariloche: hasta los 94 años esquiaba y en los últimos tiempos perdió considerablemente la visión, por lo que comenzó a precisar asistencia permanente en su domicilio.

Además, el familiar indicó que la denuncia fue realizada ante la Justicia, aunque lamentó que la imputación definida por la fiscalía es excarcelable, por lo que teme que Chodilef pueda repetir sus maltratos en otras instituciones o domicilios.

Efectivamente, la causa cayó en manos de la fiscal de la Justicia de Bariloche Silvia Paolini, quien, según el diario local El Cordillerano, imputó a Chodilef por el delito de lesiones leves agravadas por la comisión de alevosía.

En un trabajo conjunto, la fiscal le pidió a la familia de Zulma que registre de alguna manera los maltratos que la anciana sufría por parte de su cuidadora. Así, los familiares instalaron cámaras ocultas en el domicilio y recogieron el material que luego difundió Bagnato en las redes sociales.

“Hay veces que cuando sale un caso así a la luz, la gente se la agarra con la familia y le dicen ‘cómo pudieron dejarla con una mujer así’. Pero lo cierto es que cuando las personas mayores necesitan atención las 24 horas, la vida de sus familiares sigue, tienen que ir a sus trabajos, y a veces están obligados a tener que dejarlos al cuidado de un tercero”, advirtió Bagnato.

La fiscal Paolini solicitó al juez de garantías Sergio Pichetto que habilite formalmente un período de investigación de cuatro meses para indagar en los detalles y que se conozca a fondo hasta dónde llegaron los episodios de maltrato por parte de la cuidadora.

Además del video, la familia aportó a la causa fotografías que acreditan las lesiones sufridas por la señora a causa de los golpes, así como también los certificados médicos y los informes del Cuerpo de Investigación Forense.

Entre las agresiones denunciadas por la familia, también se registraron golpes de puño en la nuca y un episodio en el que la cuidadora le tapó el rostro a Zulma con una servilleta y de modo muy violento.

La propia acusada ya fue notificada por la Justicia de Bariloche de la imputación en su contra y, de acuerdo a los medios locales, por el momento decidió no realizar ninguna declaración. Por su parte, el abogado de la familia de Zulma, Pablo Calello, acompañó la denuncia de la fiscalía.

Sobre el final de la semana pasada, el juez Pichetto aceptó la acusación presentada por la fiscal Paolini y habilitó formalmente el proceso de investigación de cuatro meses al accionar de Chodilef en sus funciones.

Según los registros comerciales, la cuidadora fue incluida en abril de 2019 en la Obra Social del Personal Auxiliar de Casas Particulares. Por el momento, no salieron a la luz otros testimonios de clientes que hayan sido víctimas de sus malos tratos.