“Lo bueno es que vienen como testigos y no como imputados, es más tranquilo. La Dra. Banfi también le dijo a la Dra. Arcuri que en la audiencia de juicio abreviado, era una posibilidad que los imputen”, sostuvo. En ese marco, indicó que tienen la misma lista de testigos con la fiscalía, es compartida.

Iglesias señaló que “esto tiene que ver con la existencia de algún dato procesal de que ese juicio abreviado se llevó a cabo y no se quitó. La idea es que el juez si bien no tuvo contacto con el caso, puede llegar a tenerlo en el curso del debate y encontrarse con que alguien quiso declararse responsable de este hecho”.

“Entonces, juzgar a alguien, escuchar que yo pida la resolución y a la vez sentir, leer, o tener contacto directo o indirecto no es una cuestión de mala fe, es una cuestión objetiva”, enfatizó el letrado.

A esta instancia se llegó luego de que la jueza Daniela Arcuri rechazara el acuerdo de juicio abreviado en el que las partes fijaban una pena en suspenso y a Reyna lo inhabilitaban perpetuamente a cargos electivos, cuando debió ser a la función pública.

El juicio oral y público comenzó el último miércoles en la Oficina Judicial de Comodoro y es presidido por el juez penal Jorge Odorisio. El Ministerio Público Fiscal está representado por la fiscal general, Camila Banfi, mientras que el acusado es asistido por Iglesias.

A Reyna se lo acusa por haber cometido fraude para beneficiar a determinadas personas con la adjudicación de viviendas, así como de haber percibido coimas y también de pedirle favores sexuales a una mujer, madre de un chico discapacitado.

Este mediodía se realizó la audiencia de juicio abreviado contra el ex delegado zonal del IPV, Abel Reyna, quién fuera acusado de corrupción al entregar viviendas en barrio Ciudadela a cambio de favores sexuales.

En la audiencia de este viernes, Reyna fue condenado a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos electivos. Asimismo, se espera que el lunes 25, la jueza Arcuri resuelva su homologación.

La Jueza Daniela Arcuri decidió que Dario Acosta sea condenado a 600 horas de trabajo comunitario y el pago de 8000 pesos mensuales durante dos años. Por su parte, Vanesa Medina Consoli y Raquel Antimilla pagarán 1.500 pesos por mes durante un año además de realizar 144 horas de trabajo comunitario; mientras que la abogada Claudia Leonori pagará 5000 pesos por mes durante un año y deberá cumplir también con la misma cantidad de trabajo comunitario que las acusadas Medina Consoli y Antimilla.

Asimismo, el juicio abreviado para quien fuera el delegado zonal, Abel Reyna, quedará pendiente debido a que su defensor, Guillermo Iglesias, argumentó no poder presentarse ante el Tribunal por estar saturado de audiencias.

Durante la lectura del dictamen la jueza Daniela Arcuri,  expresó que si bien el principal responsable es Reyna, “hay terceros que participaron en la maniobra pero que no están imputados en la causa”.

Por el momento no hay información desde la delegación de Comodoro Rivadavia sobre el procedimiento a seguir en caso de tener que revisar las adjudicaciones realizadas de las 81 viviendas.