El juez Alejandro Defranco desestimó el pedido de la Fiscalía para que dos piqueteros de los que destrozaron el Municipio de Trelew el martes permanecieran detenidos. Dijo que, mientras él sea juez, ningún reclamo social será penado con la cárcel.
Defranco sólo le prohibió a Patricio Guajardo (18) y Luis Pichiñán (25) acercarse al edificio. El fiscal general que intervino en la causa, Osvaldo Heiber, había solicitado la apertura de investigación por coacción, privación ilegítima de la libertad y daño agravado contra los dos manifestantes.
El fiscal expuso sobre los hechos ocurridos el 27 de marzo cuando numerosas personas que utilizaron el reclamo de aumentos para sus asignaciones en subsidios, comenzaron a arrojar piedras, baldosas y adoquines contra la fachada del edificio municipal, perjudicando a las personas que se encontraban dentro y a los transeúntes que circulaban por el lugar.
Los daños solamente en vidrios fueron valuados en 25.800 pesos, además de muebles, vehículos particulares y policiales. Por otro lado causaron lesiones en varios efectivos policiales y en un empleado municipal, bloqueando la puerta de ingreso y egreso, sosteniendo con esto la privación ilegítima de la libertad. Además, puso a disposición y lo agregó al expediente respectivo, las fotografías y videos obtenidos por los medios de comunicación, algunas de las cuales fueron exhibidas en la oportunidad.
Heiber pidió realizar diversas medidas, entre ellas una rueda de reconocimiento, a la que debería agregarse como imputado a Miguel Ángel Prudente, sindicado por varios testigos como quien incentivó a la violencia. Ante esto, indicó la necesidad de la prisión preventiva, considerando los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento previstos en el Código respectivo, tratándose de un grave hecho en perjuicio de los funcionarios, empleados municipales y ciudadanos que circunstancialmente realizaban trámites y circulaban por ese sector.
El defensor Abdón Manyauik pidió que declare Prudente, que contó su versión de los hechos, señalando que los agredidos fueron ellos, dando a entender que el origen de los disturbios se produce cuando algunos de su grupo eran obligadas a permanecer dentro del edificio municipal e ingersaban efectivos policiales. Luego el mismo abogado pidió la libertad de sus defendidos, aceptando solo la apertura por daños y lesiones leves. Mas allá de la réplica fiscal, en el sentido de profundizar sobre el fundamento de los delitos esgrimidos, el juez Defranco rechazó toda posibilidad de coacción y privación ilegítima de la libertad, señalando que mientras él sea funcionario judicial no tolerará que como respuesta a un reclamo social se de cárcel a quienes lo realizan de parte del Estado, desestimando la posibilidad que dos personas de 18 y 25 años pudieran ocasionar esos hechos en forma individual.
El magistrado sólo hizo lugar al pedido subsidiario del fiscal, determinando la prohibición de acercamiento al edificio para los imputados, acordando la apertura de investigación por el delito de daños, ordenando la inmediata libertad de los detenidos.
Fuente y Foto: Jornada
