Así lo consideró Miriam Monasterolo, titular de la Oficina de Derechos y Garantías dependiente del Poder Legislativo Autónomo. Indicó que la falta de partidas presupuestarias en ese orden, no ayuda para combatir la inseguridad.
El área que encabeza Monasterolo, tiene como objeto garantizar el cumplimiento de los derechos de los chicos, para en ese sentido articular y gestionar para que la Secretaría de Niñez y Adolescencia de Comodoro Rivadavia, y todos los organismos cumplan con su rol asignado.
En función de eso, ayer tuvieron una reunión junto con el Consejo por la Comisión de Niñez, y Asuntos Sensibles, junto con la especialista del área de Maltrato y Abuso, Dra. Irene Intebi, donde uno de los temas que surgió claro fue la falta de inversión de presupuesto en lo que son políticas sociales.
“Por eso, en la medida en que no podemos ir trabajando en prevención y en generar acciones tanto de prevención de seguridad como de prevención social, cada vez vamos a ir incrementando más los niveles de inseguridad”, adujo Monasterolo, quien agregó que “está comprobado mundialmente que la única manera de poner freno a acciones delictivas no es sólo una fuerte acción represiva, sino que fundamentalmente con mucha inversión social y en salud, las áreas de prevención”.
En ese orden, mencionó a El Comodorense Radio, que se emite por Radiocracia, tanto lo que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones laborales de la policía en equipamiento e infraestructura, como también de proyectos y programas que realmente mejoren las condiciones de vida de la población, y le ofrezcan más educación. “Evidentemente, cuanto más educación, cuanto más salud, menos inseguridad”, subrayó.
Monasterolo manifestó luego que lo que están viendo es como un corrimiento de los programas de las políticas con personal muy escaso para dar respuestas, con muy pocos recursos económicos, con los fondos sin presupuesto. “Eso es lo que hay que apuntalar. Vemos que en los barrios en vez de tener cada vez mayores equipos técnicos y recursos trabajando, sucede lo contrario”, disparó.
Profundizando, estableció que “eso se debe revertir, apuntar a fortalecer la policía comunitaria, que cumpla la tarea de inserción barrial, de generar confianza y estar presente para prevenir delitos, y a la vez que los CPB y Centros de Salud tengan los recursos técnicos necesarios estén trabajando en la inclusión con familias y adolescentes”.
Una oficina devastada
El área que comanda Monasterolo cuenta con dos empleados administrativos que están además abocados al seguimiento de los casos y a la atención de la línea 0800, con una asesora legal, una técnico social. Dicha línea de comunicación está abierta las 24 horas con guardias en las que se van turnando.
Respecto a la falta de recursos para políticas sociales, dijo que no es un tema actual sino que es de larga data, indicando que las últimas gestiones que recuerda que hayan hecho una muy fuerte inversión en el tema social, es de acá a ocho años atrás, donde paulatinamente se ha ido retrocediendo.
Y puso como ejemplo que el Servicio de Protección de Derechos de los Niños, por Ley, es el organismo de aplicación para trabajar en derechos vulnerados y articular con otros programas, se encuentra con 12 profesionales, 10 en ejercicio efectivo, de los 30 que debiera tener por el convenio del año ’97. Además, cuenta con el mismo fondo de políticas para la niñez de 8.000 pesos mensuales que tenía del año ’99, sin que ello se haya modificado.
“En este momento, es como una situación de retención de servicios del personal de operadores porque no se han solucionado sus cuestiones legales y administrativas”, enfatizó. Asimismo, tampoco encuentran otros organismos con los que articular.
Monasterolo sostuvo que hoy, “podemos analizar que por ejemplo para trabajar con chicos con patologías o en algunos casos con problemas de adicciones y otros problemas de salud, anorexia o familias que tienen dificultades para contener situaciones de violencia en su seno, encontramos que el municipio tiene un solo sicólogo para prestar atención a toda la población de Comodoro”.
Otro tanto sucede con el Hospital Regional, en el Centro de Servicios al Adolescente: “para una población 40 mil chicos en un censo de 2008 que habría que actualizarlo, tiene una sola sicóloga especialista en adolescentes. El servicio está sumamente vulnerado. No tenemos hoy un equipo que pueda trabajar realmente en el acompañamiento de familias en situación de maltrato infantil y abuso sexual”, aseguró.
Vinculación con el Estado
De la relación con secretarías del Estado municipal y provincial, Monasterolo expresó que intentan articular permanentemente y en algunas han acordado criterios, pero lo que hacen siempre es reclamar mayor compromiso, presupuesto y políticas. “Hasta ahora lo que venimos haciendo es tratar de sumar. El año pasado hemos intimado al Ministerio de la Familia y la Secretaría de Desarrollo Humano en función de la vulneración de los equipos de trabajo”, manifestó.
Admitió que con estas nuevas gestiones han tenido mucho diálogo y pudieron ir avanzando en algunas respuestas, “pero los presupuestos son muy escasos y ellos están en la misma situación que nosotros. En función de eso, estamos tratando de armar mesas de trabajo y así intentar encontrar a través del trabajo en redes e interinstitucional, las mejores formas de llegar a la familia”, analizó.
Finalmente, remarcó que en algunos casos se trata de problemas específicos donde ellos mismos coordinan las mesas y, ahora, en función de dos proyectos puntuales, -maltrato y abuso-, el Consejo le ha encomendado a la Oficina ser quien articule junto a los responsables de las áreas municipales y provinciales, para ver cuáles serían las mejores respuestas, y por dónde empezar.
