En una resolución que abre debate sobre el alcance de la filiación y el derecho a la identidad, una jueza de Familia de Comodoro Rivadavia decidió respetar la voluntad de un adolescente que pidió mantener como padre legal al hombre que lo reconoció al nacer, a pesar de que una prueba genética confirmó que no es su progenitor biológico.
La causa se inició tras la realización de un estudio de ADN que despejó dudas sobre la paternidad. A partir de ese resultado, la madre del joven solicitó la impugnación del reconocimiento filial y la fijación de una nueva filiación conforme a la verdad biológica.
Sin embargo, la jueza de Familia Laura Lorenzón rechazó el planteo luego de escuchar al adolescente —quien tenía 16 años al momento de ser oído— y ponderar su deseo expreso de conservar el apellido y el vínculo jurídico con quien lo reconoció al nacer.
En uno de los tramos centrales del fallo, la magistrada sostuvo que “la verdad biológica no opera de modo automático ni excluye el análisis integral del interés superior del niño”. En ese sentido, remarcó que si bien la biología permite despejar incógnitas, no resuelve por sí sola el entramado jurídico que define el estado civil de una persona.
El tribunal consideró además que el pedido de la progenitora para fijar de inmediato una nueva filiación resultaba prematuro. Recordó que el estado de familia es materia de orden público y requiere un proceso judicial con plenas garantías de defensa para todas las partes involucradas.
Tampoco hizo lugar al cambio de apellido solicitado. “El nombre y el apellido no son meros datos registrales sino componentes esenciales de la identidad personal”, expresó la sentencia, al advertir que cualquier modificación impacta en la construcción subjetiva y social del niño.
Otro de los aspectos destacados de la resolución es que, mientras la definición definitiva sobre la filiación deberá seguir su curso procesal, la obligación alimentaria no puede quedar en suspenso. Por ello, la jueza dispuso que el padre biológico continúe abonando la cuota alimentaria y, además, actualizó su monto, priorizando la protección efectiva del adolescente.
La decisión pone en el centro el interés superior del niño y reafirma que el derecho a la identidad excede la verdad genética, al considerar también la historia, los vínculos y la voluntad de quien es protagonista del proceso.
