Estafas del IPV en Comodoro: la causa suma 600 damnificados y más de $59 millones perdidos

El juez autorizó una prórroga de cuatro meses para seguir investigando a Vanesa Fita, acusada de participar en una maniobra fraudulenta que afectó a cientos de víctimas entre 2023 y 2024. La Justicia descartó que Fita devuelva el dinero.

martes 05/08/2025 - 20:00
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El juez a cargo del caso autorizó una prórroga de cuatro meses para continuar con la investigación preparatoria que involucra a Vanesa Fita, acusada de múltiples estafas cometidas entre abril de 2023 y febrero de 2024. La extensión fue aprobada luego de una audiencia celebrada esta semana.

La solicitud se fundamentó en la gran cantidad de información que el equipo del Ministerio Público Fiscal debe procesar. “Estos seis meses han resultado insuficientes para procesar la evidencia y dar respuesta a los diversos planteos de los imputados”, explicó el fiscal Martín Cárcamo.

La causa ya registra más de 600 damnificados, aunque solo 180 han presentado denuncias formales. La investigación se enfoca en 594 hechos individuales, en los cuales se busca aclarar la participación directa o indirecta de cada imputado.

Respecto a Vanesa Fita, el fiscal Cárcamo confirmó que “la evidencia reunida hasta ahora permite sostener que se podrá acusar a Vanesa Fita como coautora o autora de los hechos”. Asimismo, indicó que falta definir la responsabilidad de otras cuatro personas imputadas, consideradas partícipes necesarias en esta maniobra fraudulenta.

“La evidencia está permitiendo sostener la participación de estas otras personas. Por el momento, se ha descartado la intervención de terceros ajenos al grupo imputado”, agregó el fiscal.

Por otro lado, se destacó la imposibilidad práctica de recuperar los fondos defraudados. Según Cárcamo, “la evidencia permite sostener que los fondos, a medida que iban ingresando, eran derivados o gastados en otras cuentas, por lo que la posibilidad económica de restitución es bastante incierta”.

Hasta el momento, Vanesa Fita no ha formulado ninguna declaración ni postura formal ante la justicia. El delito bajo investigación contempla penas que van desde uno hasta seis años de prisión.

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