El Gobierno, a través del Boletín Oficial, promulgó la nueva Ley de Energías Renovables, que el mes pasado aprobó el Congreso de la Nación y que entre sus puntos más trascendentes promueve que al 31 de diciembre de 2017 la contribución de las fuentes de energía renovables alcance el 8% del consumo de energía eléctrica nacional. Además, prevé que para 2025 el uso de energía renovables llegue al 20%.
Entre los aspectos destacados de la nueva ley -conocida en el sector como ‘la Ley Guinle’ por su impulsor el chubutense senador por el FpV- figura la conformación de un fondo fiduciario (Foder) para respaldar el financiamiento de proyectos de inversión, para el que se destinaría el 50% del ahorro en combustibles líquidos generado por la sustitución con energías renovables y cargos específicos a la demanda.
Otro punto central lo constituye la obligación con penalidad a los grandes usuarios de energía eléctrica, en especial lo que tienen un consumo igual o superior a 300 kw (kilovatios) para el cumplimiento individual de la metas de consumo de energías renovables que fija la ley. Además, amplía la definición de Fuentes de Energías Renovables al biodiesel y a los residuos sólidos urbanos.
La Ley tiene su origen en el proyecto presentado por el senador Marcelo Guinle para modificar la Ley 26.190, que propone ampliar las políticas que favorecen la inversión en energías renovables a través de la promoción de líneas de crédito, el otorgamiento de beneficios impositivos.
La concreción de la Ley, aun con la promesa incorporada de recibir diferentes exenciones y beneficios impositivos en caso de cumplir con el propósito planteado, genera incertidumbre y preocupación en las empresas por algunos puntos específicos.
Por ejemplo, la puesta en marcha de proyectos de energía eólic, solar, geotérmica o de minicentrales hidroeléctricas demandará una inversión de entre US$ 2 y 3 millones por megawatt (Mw) instalado; es decir, para incorporar una potencial ‘verde’ de 2000 Mw, el equivalente al 8% del consumo de energía, se precisarán desembolsos de entre US$ 4000 y US$ 6000 millones dentro de los próximos dos años.
La meta parece utópica teniendo en cuenta que los proyectos deben ser nuevos y que el sector de energías renovables consiguió en la última década inversiones por apenas US$ 250 millones.
Las multas para quienes no cumplan con el objetivo de contratar un 8% de su demanda con fuentes alternativas de generación ascienden a US$ 200 por cada MWh excedido. El impacto de una sanción, trasladado a grandes cantidad de energía que consumen las industrias electrointensivas, sería sideral, según informó El Inversor Online.
