Desde la Casa Rosada aseguraron que las grabaciones difundidas fueron editadas y forman parte de una “operación de manual” con fines electorales. La controversia se desató a menos de tres semanas de las elecciones bonaerenses, lo que alimenta la hipótesis oficial de una utilización política del caso.
Reacción oficial
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que la Casa Rosada enfrenta la situación “con tranquilidad” y afirmó que tanto el presidente Javier Milei como su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, están al margen de cualquier responsabilidad. “Es una operación armada, no hay nada que los involucre”, remarcó.
En la misma línea, distintos funcionarios insistieron en que la publicación de los audios busca erosionar al oficialismo en un momento de alta sensibilidad política.
Investigación judicial y medidas inmediatas
El caso ya llegó a la Justicia. El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaron allanamientos en los domicilios de Diego Spagnuolo, exdirector de la Andis, apartado de su cargo tras el escándalo. En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y hasta una máquina contadora de billetes. También se realizaron operativos en casas de familiares vinculados a la distribución de medicamentos.
La investigación apunta a determinar si existió un sistema de retornos ilegales ligado a la gestión de fondos y programas de la agencia.
Apoyo desde el sector privado
En paralelo, el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, salió en defensa del Gobierno a través de la red social X, donde calificó la denuncia como una “opereta absurda” y advirtió que se trata de un intento de desestabilización. Su respaldo fue replicado por varios referentes oficialistas, que reforzaron la idea de un ataque político planificado.
Escenario político y electoral
El escándalo estalló en un contexto de fuerte disputa electoral. Para el oficialismo, la elección en la provincia de Buenos Aires será clave, y la aparición de audios que vinculan a un organismo sensible como la Andis tiene un fuerte componente simbólico: la gestión de políticas sociales y la atención a sectores vulnerables.
Analistas advierten que la causa judicial podría condicionar la agenda de campaña y desgastar al Gobierno, aun cuando logre instalar su tesis de la “operación política”.
