Después de haber quitado el artículo de Ganancias de la reforma laboral, el Gobierno empezó a evaluar la posibilidad de impulsar un pacto fiscal con las provincias para avanzar con la reforma tributaria. Sería a partir de las sesiones ordinarias, que comienzan el 1 de marzo. En el Ejecutivo admiten que no hay margen político ni fiscal para impulsar un rediseño impositivo de fondo durante 2026 sin un acuerdo con los gobernadores.
En la Casa Rosada se inclinan por un acuerdo amplio con los mandatarios provinciales, que incluya una coordinación de la baja de Ganancias con la mira en el impacto fiscal. “No podemos mover una baja relevante de impuestos nacionales si las provincias y los municipios no acompañan con los suyos”, expresan en Nación.
En Balcarce 50 quieren evitar tensiones con las provincias en el tratamiento legislativo de los proyectos tributarios y ponen como ejemplo los cambios introducidos en la reforma laboral, donde el oficialismo aceptó retirar la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades. El articulado fue eliminado tras la presión de los mandatarios provinciales, que advirtieron sobre el impacto en la coparticipación.
Las alternativas que analiza la mesa chica del jefe de Estado son limitadas. El círculo presidencial reconoce que no existe todavía un plan progresivo cerrado para promover cambios tributarios en 2026 y advierten que algunas de las opciones -una baja del IVA o su división para que las provincias cobren una parte- hoy no son viables por el impacto en la caja. “Hay ideas que nos gustan, pero no son ejecutables con este margen fiscal”, agregan.
El esquema que gana terreno en el Gobierno es avanzar por partes, con proyectos separados y de bajo costo fiscal, y dejar los cambios estructurales atados a un eventual pacto fiscal. Ese enfoque coincide con los lineamientos del Consejo de Mayo, que planteó una reducción impositiva, pero condicionándolo al equilibrio fiscal y a un acuerdo federal que incluya impuestos provinciales como Ingresos Brutos.
En el equipo económico -que encabeza el ministro Luis Caputo- insisten en que cualquier baja de impuestos deberá estar respaldada por crecimiento económico y mayor formalización. La prioridad inmediata sigue siendo sostener el superávit y cerrar la agenda legislativa de extraordinarias, con la reforma laboral como eje central.
En la Casa Rosada no descartan que la discusión tributaria se extienda durante todo 2026 e incluso que los cambios de mayor alcance se posterguen para 2027. En Balcarce 50 ya hablan de una convocatoria a gobernadores para continuar el trabajo técnico que realizó el Consejo de Mayo.
En la mesa chica de Nación hubo diferencias sobre la forma de abarcar las negociaciones con los mandatarios provinciales por los cambios tributarios dentro de la reforma laboral. En algunos despachos oficiales advierten que dejaron al oficialismo en una posición de desventaja y que se trató de una “imposición más que una negociación”.
