Uno de los principales objetivos de la gestión de Javier Milei es revertir décadas de desconfianza y lograr que los ahorros en dólares que permanecen fuera del sistema financiero ingresen a la economía formal. En ese marco, el Gobierno nacional publicó la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, con la que convirtió en operativos los cambios que el oficialismo define como un verdadero cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes.
La normativa pone en marcha lo que desde el Ejecutivo describen como un “blanqueo popular permanente”, un esquema continuo que permite regularizar ahorros informales —incluidos los denominados “dólares del colchón”— y utilizarlos libremente, sin revisiones patrimoniales hacia atrás, siempre que el contribuyente cumpla con la declaración y el pago de impuestos de ahora en adelante.
A través del decreto reglamentario se activó el Régimen Simplificado de Ganancias, se precisaron los alcances del denominado “tapón fiscal” y se aclaró cómo podrán utilizarse fondos no declarados sin que ello derive en fiscalizaciones retroactivas. La implementación y el control del sistema quedaron a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que concentrará la operatoria del régimen, los efectos liberatorios y los nuevos criterios de fiscalización.
La ley había sido sancionada a fines de 2025 y promulgada el 2 de enero de este año, pero hasta ahora persistían dudas sobre su aplicación práctica. Según la interpretación oficial, el nuevo esquema abandona la presunción de culpabilidad fiscal y focaliza los controles únicamente en lo que ocurra hacia adelante, siempre que el contribuyente adhiera al régimen y cumpla con sus obligaciones.
Desde el Gobierno explicaron que “el Régimen Simplificado de Ganancias es una forma de tributar en la que ARCA no va a pedir explicaciones por el patrimonio ni por los gastos personales”. El decreto establece de manera expresa que no se analizarán variaciones patrimoniales ni depósitos bancarios, aun cuando los fondos provengan de períodos fiscales anteriores, algo que antes no estaba explicitado con ese nivel de detalle.
Hasta la reglamentación, incluso contribuyentes cumplidores podían quedar expuestos durante años a fiscalizaciones por incrementos patrimoniales o movimientos bancarios. Con el nuevo esquema, si el impuesto se paga en tiempo y forma, el pasado queda clausurado en términos administrativos y penales. El régimen es voluntario y está dirigido a personas humanas con ingresos de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones, evaluados año por año en los últimos tres ejercicios. Solo quedan excluidos los grandes contribuyentes, unas 900 personas según datos de ARCA.
El organismo fiscal pondrá a disposición una declaración jurada precargada y solo controlará ingresos y deducciones admitidas, sin analizar consumos personales ni patrimonio. El efecto liberatorio se activa si el impuesto del período base se paga en término y solo podrá revisarse si se detectan discrepancias significativas, definidas como diferencias superiores al 15%, montos elevados o uso de facturas apócrifas.
El decreto también fija que, para operar dentro del régimen, los fondos deben ingresar al sistema financiero en el origen o en el destino de la operación. El dinero puede depositarse en la cuenta del contribuyente o directamente en la del vendedor. Se ratifica, además, la excepción para la compra de inmuebles, que podrá seguir realizándose en efectivo. En paralelo, se elevaron los umbrales de información bancaria: las operaciones de hasta $10 millones mensuales no generarán reportes automáticos, una medida que el Gobierno considera clave para dinamizar la actividad económica.
Otro punto central de la reglamentación es la modificación del esquema de sanciones administrativas. Las multas por incumplimientos formales, como no presentar declaraciones juradas, se actualizaron en un 100.000%: para personas humanas, la sanción pasa de $200 a $220.000, y para personas jurídicas de $400 a $440.000. Sin embargo, ARCA no las aplicará de forma automática: primero enviará un recordatorio con un plazo de entre 10 y 15 días hábiles para regularizar la situación. Solo si el contribuyente no cumple, se procederá a la intimación y la sanción, con la posibilidad de reducir la multa en un 50% si se regulariza en tiempo.
La reglamentación llega tras tensiones con bancos y otros sujetos obligados, que reclamaban mayor claridad jurídica. El conflicto se profundizó luego de declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que las entidades financieras no debían exigir más documentación que la constancia de adhesión al régimen. Finalmente, la normativa establece que esa constancia deberá ser considerada un antecedente favorable en materia de prevención de lavado de activos.
También se actualizaron los montos del Régimen Penal Tributario: el umbral para la evasión simple se elevó a $100 millones y el de evasión agravada a $1.000 millones. Para contribuyentes cumplidores, el plazo de prescripción se reduce de cinco a tres años, y se habilita un esquema de regularización voluntaria para evitar o extinguir la acción penal mediante el pago del capital, intereses y una multa adicional.
Hasta el momento, unos 23.000 contribuyentes se inscribieron en el Régimen Simplificado de Ganancias sobre un universo estimado de 600.000 personas humanas. En el Gobierno confían en que la reglamentación acelere las adhesiones.
El trasfondo es el volumen del ahorro informal: aunque el último blanqueo permitió declarar más de US$ 20.000 millones, el Ministerio de Economía estima que aún existen cerca de US$ 200.000 millones fuera del sistema. Con la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, el Ejecutivo apuesta a que el proceso deje de ser excepcional y se transforme en permanente, bajo una premisa clara: mirar solo lo que se declare y se pague de ahora en adelante.
