La agenda parlamentaria de Dilma Rousseff está paralizada por las diferencias entre el PT y sus aliados del PMDB. La disputa pone en riesgo desde la reforma del sistema tributario hasta los preparativos para el Mundial 2014.
Dilma Rousseff no consigue aliviar las tensiones con sus aliados del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Ni el nombramiento de nuevos ministros en el Gabinete -maniobra con la que pretendió mejorar el diálogo entre poderes- ni los almuerzos en el palacio presidencial lograron que los legisladores de esa fuerza cedan ante los proyectos de gobierno que duermen en el Congreso hace semanas. De hecho, el bloqueo parlamentario alcanza, incluso, a la agenda de rutina.
«Todo está congelado. Es malo. Y no está mejorando», admitió a la agencia Reuters una alta fuente cercana a la presidente bajo condición de anonimato. Ante tan sombrío panorama, algunos comienzan a preguntarse en qué momento conseguirá el Ejecutivo su ansiada reforma del sistema tributario u otras medidas que líderes empresariales dicen que son necesarias para asegurar que la bonanza económica de Brasil continúe.
Según fuentes del gobierno, la crisis interna se remonta al comienzo del mandato de Rousseff, cuando ésta se negó a designar a líderes del PMDB en puestos gubernamentales clave.
Otra fricción se registró cuando la mandataria anunció el recorte de 30 mil millones de dólares de gastos gubernamentales en sus esfuerzos por impedir que la economía se sobrecaliente. Esa medida también enfadó a los legisladores de ese partido, que todavía están presionando para que sus fondos discrecionales sean restaurados.
Las tensiones alcanzaron su punto cúlmine el mes pasado, cuando el entonces jefe de Gabinete, Antonio Palocci, telefoneó al vicepresidente, Michel Temer -el funcionario de más alto rango del PMDB-, y amenazó con sacar a su partido de la coalición por obstruir una legislación ambiental solicitada por el gobierno.
Aunque Palocci renunció -jaqueado por una investigación por tráfico de influencias y corrupción-, las relaciones entre ambas fuerzas quedaron tirantes, ya que desde el PMDB creen que la presión del otrora funcionario gozaba del beneplácito de Rousseff.
La lucha intestina de la coalición de gobierno podría tener consecuencias en la economía. Aunque posee una aprobación del 75%, Rousseff no parece dispuesta a hacer aún alguna reforma importante. Pero los empresarios -sobre todo los industriales- presionan para que problemas como la mala infraestructura, los altos costos de mano de obra y los impuestos complejos sean atendidos, reclamos con los que el gobierno podría encontrar obstáculos si no soluciona su alianza.
También su cruzada contra la inflación correría riesgos. Los legisladores del PMDB ya han dado muestras de su poder durante la primera semana de gobierno, cuando amenazaron con aprobar una gran alza del salario mínimo.
En el corto plazo, una de las medidas importantes que quedaron como rehenes de la disputa es el proyecto de ley con el que Rousseff pretende que las obras relacionadas con el Mundial de fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016 avancen más rápidamente. Líderes del PMDB señalaron que podrían rechazarlo o modificarlo si no se atienden sus demandas.
Funcionarios del gobierno advirtieron que sin esos cambios, los estadios y otras infraestructuras críticas podrían no estar listos a tiempo para los certámenes deportivos internacionales.
El gobierno brasileño, congelado por roces internos
La agenda parlamentaria de Dilma Rousseff está paralizada por las diferencias entre el PT y sus aliados del PMDB. La disputa pone en riesgo desde la reforma del sistema tributario hasta los preparativos para el Mundial 2014
Dilma Rousseff no consigue aliviar las tensiones con sus aliados del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Ni el nombramiento de nuevos ministros en el Gabinete -maniobra con la que pretendió mejorar el diálogo entre poderes- ni los almuerzos en el palacio presidencial lograron que los legisladores de esa fuerza cedan ante los proyectos de gobierno que duermen en el Congreso hace semanas. De hecho, el bloqueo parlamentario alcanza, incluso, a la agenda de rutina.
«Todo está congelado. Es malo. Y no está mejorando», admitió a la agencia Reuters una alta fuente cercana a la presidente bajo condición de anonimato. Ante tan sombrío panorama, algunos comienzan a preguntarse en qué momento conseguirá el Ejecutivo su ansiada reforma del sistema tributario u otras medidas que líderes empresariales dicen que son necesarias para asegurar que la bonanza económica de Brasil continúe.
Según fuentes del gobierno, la crisis interna se remonta al comienzo del mandato de Rousseff, cuando ésta se negó a designar a líderes del PMDB en puestos gubernamentales clave.
Otra fricción se registró cuando la mandataria anunció el recorte de 30 mil millones de dólares de gastos gubernamentales en sus esfuerzos por impedir que la economía se sobrecaliente. Esa medida también enfadó a los legisladores de ese partido, que todavía están presionando para que sus fondos discrecionales sean restaurados.
Las tensiones alcanzaron su punto cúlmine el mes pasado, cuando el entonces jefe de Gabinete, Antonio Palocci, telefoneó al vicepresidente, Michel Temer -el funcionario de más alto rango del PMDB-, y amenazó con sacar a su partido de la coalición por obstruir una legislación ambiental solicitada por el gobierno.
Aunque Palocci renunció -jaqueado por una investigación por tráfico de influencias y corrupción-, las relaciones entre ambas fuerzas quedaron tirantes, ya que desde el PMDB creen que la presión del otrora funcionario gozaba del beneplácito de Rousseff.
La lucha intestina de la coalición de gobierno podría tener consecuencias en la economía. Aunque posee una aprobación del 75%, Rousseff no parece dispuesta a hacer aún alguna reforma importante. Pero los empresarios -sobre todo los industriales- presionan para que problemas como la mala infraestructura, los altos costos de mano de obra y los impuestos complejos sean atendidos, reclamos con los que el gobierno podría encontrar obstáculos si no soluciona su alianza.
También su cruzada contra la inflación correría riesgos. Los legisladores del PMDB ya han dado muestras de su poder durante la primera semana de gobierno, cuando amenazaron con aprobar una gran alza del salario mínimo.
En el corto plazo, una de las medidas importantes que quedaron como rehenes de la disputa es el proyecto de ley con el que Rousseff pretende que las obras relacionadas con el Mundial de fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016 avancen más rápidamente. Líderes del PMDB señalaron que podrían rechazarlo o modificarlo si no se atienden sus demandas.
Funcionarios del gobierno advirtieron que sin esos cambios, los estadios y otras infraestructuras críticas podrían no estar listos a tiempo para los certámenes deportivos internacionales.
