El Bloque del FpV presentó un proyecto de Ley para regular los alcances de las disposiciones constitucionales que legislan sobre la designación de los Ministro del Superior Tribunal de Justicia y los requisitos para ocupar dichas magistraturas previstas en los artículos 155, 164,166 y 165 de la Constitución Provincial.
En los fundamentos recuerdan que en la Constitución Provincial se establece como atribución del Gobernador la designación con acuerdo de la Legislatura a los magistrados del STJ, al Procurador General y al defensor General de la Provincia y que en el artículo 166 hace referencia a las mayorías necesarias para que el Poder Legislativo preste el acuerdo requerido para tales designaciones, que el artículo 164 establece los requisitos para ser ministro del STJ y que el 165 establece cuáles pueden ser las causales de destitución de los mismos.
Asimismo, sostienen que esos artículos son coherentes con las normas de la Constitución Nacional que legisla en materia de designación y remoción de los Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “es pertinente que en Chubut, en concordancia con las disposiciones a nivel nacional, se reglamente el ejercicio de proponer miembros del STJ estableciendo parámetros para la mejor selección del candidato propuesto de modo que su designación contribuya de modo cierto en aporte a un efectivo mejoramiento del servicio de justicia”.
Consulta ciudadana
Por otro lado, el proyecto presentado por el Bloque del FpV, establece que es necesario que se tengan en cuenta para la designación de los Ministros las diversidades de género, las especialidades profesionales, probadas aptitudes físicas y psíquicas necesarias para el desempeño de la magistratura, la integración del cuerpo con sentido regional, la integridad moral e idoneidad técnica del candidato y su compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos.
Asimismo el proyecto ordena un procedimiento de consulta a la ciudadanía respeto de la capacidad técnica, moral y el compromiso de los propuestos con el sistema democrático y con el respeto de los Derechos Humanos permitiéndole en tal sentido a los ciudadanos, individual o colectivamente, a los colegios y a las asociaciones que agrupan a sectores del ámbito profesional, académico o científico, a las organizaciones no gubernamentales con interés en el tema, hacer conocer en forma oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones que pudieran tener respeto de la propuesta de nombramiento.
