El Gabinete de Macri está preocupado por el avance de la oleada de amparos contra el tarifazo de energía, que se extiende por todo el país: Chubut, Tierra del Fuego, Mendoza, San Luis Córdoba, Buenos Aires, distritos específicos como Bariloche y también particulares. Sin embargo y a pesar de todos estos recursos presentados, en Chubut específicamente, el 80% de la población deberá pagar los aumentos impuestos por Nación.
Así, mientras los ministros de Energía y del Interior, Juan José Aranguren y Rogelio Frigerio, acordaron ayer con los gobernadores patagónicos una importante reducción a los aumentos tarifarios, trascendió que un día antes el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, había presentado un recurso ante la Corte Suprema.
La Política Online habló con Balbín para conocer la contraofensiva legal del Gobierno. «Presentamos una inhibitoria por una cuestión procedimental. La medida cautelar que dejó sin efecto el aumento del gas en Chubut fue resuelta por un juez federal de la provincia en el marco de un causa contra el Estado Nacional, cuando la Constitución establece que es la Corte Suprema quien tiene competencia en un conflicto entre la Nación y una provincia. Por eso, lo primero que queremos es que la Corte se expida en un plazo razonable sobre si este tema le corresponde a la Corte o al Tribunal Federal de Chubut», dijo el procurador.
En una segunda instancia, el Gobierno apunta a que la Corte Suprema se expida sobre la cuestión de fondo -la faculta del Gobierno de instrumentar el tarifazo- y que haya una única resolución que fije doctrina frente a la pluralidad de sentencias. «Si bien es cierto que se expediría sobre un caso puntual, sentaría precedente para la resolución de las demás causas», explicó Balbín.
«Vamos a apelar la decisión de Recondo. Los cuadros tarifarios se van modificando con el tiempo y la postura del Ejecutivo es que la Audiencia Pública que habilita esta corrección ya se había hecho tiempo atrás», agregó el procurador Balbín haciendo referencia a la audiencia pública que se convocó en 2006, pese a que en luego el aumento no se aplicó. El juez Recondo no consideró que aquel debate público realizado hace diez años cumplimente los requisitos legales para el tarifazo, como argumenta Aranguren.
Es real que la resistencia legal al tarifazo generó un caos de resoluciones judiciales que van desde dejar sin efecto el aumento del gas en Tierra del Fuego por tres meses, como dictó el juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, hasta suspenderlo en las ciudades de Bariloche, Río Gallegos y Rawson.
En Mendoza a pedido del propio gobernador radical Alfredo Cornejo, desde anoche también rige una suspensión judicial a los aumentos, pero en este caso por seis meses para los departamentos del sur que habían quedado afuera de un reciente fallo que suspendió por tres meses los aumentos en todo el resto de la provincia y fijó un tope de alza de las tarifas del 80 por ciento.
«Seguiremos apelando todas las cautelares en todas las Cámaras hasta llegar a la Corte Suprema, si es que la Corte no se expide antes y sienta precedente sobre la constitucionalidad de la reducción de los subsidios», agregó Balbín.
El problema del déficit
Lo cierto es que más allá del litigio legal, las idas y vueltas con el tarifazo tienen un costado macroeconómico. Las metas de reducción del déficit fiscal están en la cuerda floja si el Gobierno no logra reducir los multimillonarios subsidios a la luz y al gas durante el invierno. Sin embargo, se pudo saber que el Gobierno no apelará a estos argumentos en su defensa del tarifazo ante los tribunales.
En caso de la Corte Suprema haga lugar a la presentación del procurador del Tesoro, la primera batalla es estrictamente normativa. Se trata de que la Corte resuelva si está cumplimentado el requisito de la convocatoria a la Audiencia Pública con aquella que data de 2006 o si, como sostienen ambos jueces platenses, para este aumento había que llamar a una nueva audiencia.
Desde una perspectiva estrictamente económica la pelea judicial tiene un costo: Si la Justicia demora más de un mes en expedirse, el objetivo de reducción del déficit no se alcanzará.
El segundo round en la estrategia del gobierno, sería defender la «razonabilidad» de los aumentos, otro requisito constitucional. En este punto hay dos puntos de vista contrapuestos. El Gobierno resalta que cerca del 70% de las tarifas siguen subsididadas. Mientras que los usuarios sostienen que así como están las tarifas son impagables.
Acá también el Gobierno la tiene difícil. En la medida en la que de hecho están renegociando con los gobernadores patagónicos el tarifazo y dieron marcha atrás con los aumentos de hasta el 1800% y los limitaron al 400%, ya parecen haber reconocido que la «razonabilidad» de la medida era cuestionable.
Exceptúan a jubilados de hasta 10 mil pesos
Los jubilados y pensionados que cobren hasta 10.000 pesos y los trabajadores que perciben salarios de hasta 12.000 pesos, que estaban contemplados dentro de la tarifa social, quedarán exceptuados del aumento en la tarifa de gas y volverían a pagar las boletas en base al esquema anterior, mientras que las pymes, comercios y emprendimientos turísticos serán beneficiados con una merma en el porcentaje de los aumentos.
La novedad se conoció esta tarde luego de que la Procuración del Tesoro de la Nación solicitara a la Corte Suprema que intervenga en la demanda promovida contra el Estado nacional en Chubut en la que un juez federal dictó una medida cautelar contra el aumento de la tarifa del gas, en la que el Gobierno ratificó su decisión de apelar todos los amparos que existan contra la medida.
Las modificaciones en las tarifas, que de esta forma volverían al esquema anterior de subsidios, fue dada a conocer por el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, tras participar en una reunión con los ministros de Interior, Rogelio Frigerio; de Energía, Juan José Aranguren; y de Turismo, Gustavo Santos.
La reunión, realizada en la Casa de Gobierno, contó también con la presencia de los gobernadores de La Pampa, Carlos Verna; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, de Neuquén, Omar Gutierrez; de Río Negro, Alberto Weretilneck y el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González.
El mandatario chubutense, en diálogo con Télam, dijo que el Gobierno Nacional formalizará el anuncio durante este jueves y celebró la decisión de que «una cantidad enorme de gente quede afuera del aumento» a los que podrían sumarse, según fuentes gubernamentales, otros actores sociales como los clubes sociales de barrio, un reclamo que también fue manifestado hoy por intendentes del PJ en otra reunión con Frigerio.
El anuncio de hoy tendría dos ejes: la reducción en el gas a nivel general y en particular para la región patagónica; mientras que para las provincias del centro y norte del país las rebajas harían foco en la tarifa de electricidad.
Fuentes gubernamentales dijeron a Télam que en la reunión se produjeron «avances concretos» y que sigue firme la decisión de poner un tope de 400 por ciento para los usuarios residenciales de las provincias patagónicas. A lo que se sumarían los nuevos anuncios para jubilados y asalariados que perciben haberes menores a 10.000 y 12.000 pesos, respectivamente y que hasta el momento estaban englobados dentro de la tarifa social.
