El gobierno de Estados Unidos anunció el inicio de un retiro parcial y selectivo de las sanciones económicas que durante años limitaron la exportación de petróleo venezolano, con el objetivo de permitir nuevamente la venta y el transporte de crudo y derivados hacia los mercados internacionales.
La medida, comunicada tras la reciente operación estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro, supone un giro en el manejo de uno de los mayores reservorios de petróleo del mundo y reconfigura el mapa energético regional.
La flexibilización de sanciones está centrada exclusivamente en el sector energético y apunta a reactivar la comercialización de petróleo venezolano bajo estrictos mecanismos de control financiero. Según informó el Departamento de Energía de EE.UU., las operaciones comenzaron de manera inmediata con una primera fase que contempla la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo.
De acuerdo con el comunicado oficial, estas transacciones “continuarán de manera indefinida”, siempre que se realicen a través de canales autorizados y compatibles con la legislación estadounidense y los criterios de seguridad nacional.
Uno de los ejes centrales del nuevo esquema es el manejo de los ingresos. Washington precisó que todos los fondos obtenidos por la venta de petróleo y derivados serán depositados inicialmente en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos internacionales de primera línea. El objetivo, señalaron, es garantizar la trazabilidad, legitimidad e integridad de los recursos, en contraste con los mecanismos opacos que dominaron la gestión petrolera venezolana en la última década.
“Todos los ingresos se liquidarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos”, indicó el Departamento de Energía.
El presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo que la medida permitirá reorganizar el flujo de crudo venezolano hacia mercados formales. Recordó que, en los últimos años, una parte importante de las exportaciones se canalizó mediante intermediarios y destinos alternativos para evadir sanciones, y afirmó que ahora el petróleo venezolano volverá a circular “bajo supervisión directa de Washington”.
Además de levantar parcialmente las restricciones comerciales, el esquema contempla medidas técnicas para recuperar la capacidad productiva del sector petrolero venezolano, fuertemente deteriorado por años de desinversión, mala gestión y fuga de personal especializado.
Estados Unidos autorizó la importación de equipos, repuestos y servicios para campos petroleros, con el fin de detener el declive de la producción y propiciar un aumento de corto plazo. Estas autorizaciones abrirán la puerta a la participación de empresas energéticas estadounidenses y de otros países en tareas de modernización y mantenimiento.
Otro componente clave es el suministro de diluyentes. Washington confirmó que crudo liviano estadounidense será enviado a Venezuela para mezclarlo con el petróleo pesado y extrapesado —que constituye la mayor parte de las reservas venezolanas— y mejorar su calidad para la exportación.
El acuerdo incluye además compromisos sobre la infraestructura eléctrica venezolana, considerada estratégica para el funcionamiento del sistema energético. El Departamento de Energía advirtió que la red eléctrica del país se encuentra en condiciones precarias, con una caída de más del 30% en la generación en los últimos años. Funcionarios estadounidenses adelantaron que trabajarán en la mejora del sistema eléctrico por considerarlo indispensable para sostener cualquier recuperación económica y productiva.
Según lo informado, la implementación de esta nueva política será objeto de evaluación continua y podrá ajustarse en función de la evolución de la situación política y económica de Venezuela. Bajo este esquema, solo las operaciones autorizadas por Estados Unidos serán legales, mientras que cualquier intento de evadir el control será pasible de nuevas sanciones.
Con este movimiento, Washington busca no solo reactivar el comercio energético regional, sino también impulsar la recuperación de una infraestructura clave para la economía venezolana y sentar las bases para un crecimiento sostenido del sector petrolero bajo supervisión internacional.
